Los trabajadores han perdido el 10% entre el 2008 y el 2014

Los salarios de los trabajadores se redujeron un 0,7 % entre 2008 y 2014, según el Índice de Precios del Trabajo (IPT) que publica este viernes por primera vez el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se tiene en cuenta que en este periodo se acumuló una inflación del 8,5%,según el INE, se llega a la conclusión de que los salarios perdieron una media del 9,2% de poder adquisitivo durante la crisis. Es decir, el mismo trabajador con el mismo sueldo podía comprar en el 2014 el 10% menos que en el 2008. El caso más extremo corresponde a los empleados públicos. Entre el 2008 y el 2014, los sueldos en la administración pública cayeron de media el 7,1%, según la nueva estadística del INE. Si el dato se suma al de la inflación acumulada (8,5%), la pérdida de poder adquisitivo del sueldo de los funcionarios supera el 15% (el 15,6%). En los ocho años de la estafa económica neoliberal organizada por banca, oligarquía y sus gobiernos fascistas (entre el 2008 y el 2014) la caída media salarial del 0,7% se concentró sobre todo, en la administración pública (-7,1%), entre el colectivo de directores y gerentes (-7%), en los contratos indefinidos (-1,2%) y en las empresas de 200 o más trabajadores (-2,5%).

Además, los datos de la nueva encuesta revelan que la devaluación salarial afectó más a los hombres (-1,4%) que a las mujeres (+0,3%) y a los trabajadores con una antigüedad entre 11 y 20 años (-4,3%); también se cebó más entre los trabajadores nacionales (-1,2%) que los extranjeros (+9,7%). En Catalunya los sueldos han perdido el 11,4% de su valor tras bajar el 1,2% y acumular una inflación del 10,22% desde 2008. Por comunidades autónomas, Andalucía arroja el ajuste mayor (-4%), mientras que en Catalunya ha sido del -1,2%, muy por encima de la media estatal del -0,7%. La nueva estadística, de periodicidad anual, pone de manifestó la magnitud de la devaluación salarial producida durante la crisis. “Los datos del Índice de Precios del Trabajo nos da la razón sobre la intensa pérdida de poder adquisitivo durante la crisis”, valora la UGT. Otras estadísticas salariales elaboradas también por el INE habían desmentido, hasta ahora, la existencia de tal devaluación. El despido masivo de trabajadores temporales, mientras se mantenían los empleados fijos, con mayores sueldos, hacía subir las medias salariales y daban una foto distorsionada de lo que en realidad le estaba pasando a cada trabajador.

El nuevo índice, sin embargo, parte del diseño de una "cesta básica" estandarizada de diferentes puestos de trabajo y realiza un seguimiento anual de los salarios por hora asociados a esa muestra, explica el INE. Es como si se hubiera diseñado un centro de trabajo imaginario en el que hay un número determinado de diferentes tipos de asalariados representativos de la realidad española (por sectores, comunidad autónoma, edad, sexo, nacionalidad, tipo de contrato, etcétera), que permanece invariable cada año y sobre los que se hace un seguimiento anual de los salarios por hora de cada puesto de trabajo. "El nuevo Índice del Precio del Trabajo (IPT) publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirma que la devaluación salarial fue más dura a lo largo de la etapa de destrucción de empleo que la mostrada por la evolución del salario medio publicado por el Instituto", sentencia CCOO.

Prácticamente toda la pérdida de poder adquisitivo de los salarios (el 9%) se concentró en los años 2011, 2012 y 2013, en los que, además, 1,54 millones de trabajadores perdieron su empleo. En los años 2009 y 2010 todavía subían los salarios, a pesar de que el paro aumentó en ese periodo en casi 1,5 millones de personas, hasta superar los 4,7 millones. El 2014, por su parte, fue el año en el que la economía española salió de la recesión y volvió la creación de empleo (433.900 puestos) y la subida de los salarios (el 0,8%, según el IPT).

CCOO ha expresado sus “dudas” sobre la nueva estadística publicada por el INE tras haber detectado “importantes incoherencias difíciles de explicar” entre sus conclusiones. En concreto, a CCOO le llama la atención el fuerte aumento de los salarios de entrada en el 2010 (13,1%) y el 2014 (12%), frente a una caída de los trabajadores que ya estaban en plantilla. También expresa su sorpresa por el fuerte aumento del salario de los contratos temporales en el 2010 y el 2014 (6,6% y 4,4%) frente al de los indefinidos (-0,5% y +0,3%), así como por la más favorable evolución de los sueldos de los jóvenes y los de los extranjeros. En los datos de carácter sectorial también llama la atención, por ejemplo la evolución de los sueldos en la hostelería, que reflejan una subida nominal del 14,8% entre el 2008 y el 2014 (reducida al 6,3% si se descuenta el efecto de la inflación), que contrasta con la devaluación media del 0,7% de la media laboral (-9,2% si se incluye el efecto de la inflación).

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, considera que “sería conveniente que en los próximos días se activasen más los contactos” sobre el pacto para subir los salarios en 2017, y opina que “si actuamos con diligencia y no dejamos pasar las semanas” es posible presentar el acuerdo al final del año.
Los sindicatos plantean para el 2017 una subida salarial de entre el 1,8% y el 3% para contribuir a la recuperación económica. Los empresarios se sitúan en la banda baja de la propuesta sindical (1,8%), o incluso más baja, en la misma referencia del 2016 (el 1,5%). En declaraciones a los periodistas tras intervenir en la II Jornada sobre VIH y discriminación laboral, Fernández Toxo destacó que las organizaciones sindicales tienen un objetivo “más ambicioso” que la subida salarial de 2017 y es lograr un acuerdo “de mayor alcance” y con vigencia de dos o tres años, lo que requiere “más frecuencia de reuniones en las próximas semanas”.

En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, agregó que “ahora entramos en el proceso de negociación en serio”. Las organizaciones sindicales pretenden hablar de empleo, de brecha salarial entre hombres y mujeres o de la precariedad en las condiciones de trabajo, y Toxo recordó que el próximo día 24, en la reunión que mantengan los sindicatos con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, plantearán la necesidad de un plan de choque por el empleo.
Asimismo, volvieron a hacer un llamamiento al Gobierno para que “atienda la demanda” de la subida del salario mínimo interprofesional a 800 euros el año que viene y 1.000 euros a final de la legislatura, pues “sería una buena señal de que han entendido qué está pasando con el empleo y la economía”, informa El Periódico.

Así se hunde la SS: menos empleo fijo y a jornada completa

El deterioro de la calidad en el empleo está teniendo efectos negativos sobre las condiciones de trabajo de muchos ocupados. Pero también sobre las cuentas de la Seguridad Social. Un dato lo acredita. Apenas el 48% de los asalariados cotizantes tiene un empleo indefinido a tiempo completo. Es decir, que menos de la mitad de los trabajadores por cuenta ajena tiene un puesto de trabajo estable o con una jornada similar a la ordinaria (39 horas semanales). En concreto, y según datos de la propia Seguridad Social, únicamente 6,41 millones de asalariados son indefinidos a tiempo completo, mientras que 6,93 millones están empleados a tiempo parcial (aunque su contrato sea de carácter indefinido); son fijos discontinuos (trabajan durante una parte del año); tienen un contrato temporal (a tiempo completo o parcial), o han firmado un contrato de aprendiz, formación o prácticas.

Pensiones: subir un 2% anual salarios y financiación por presupuestos

El nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy que previsiblemente será investido presidente este próximo sábado va a convertir en prioritaria la reforma de la financiación del sistema de la Seguridad Social, que a finales de este año acumulará un déficit cercano a los 19.000 millones de euros. Como primera idea para garantizar la sostenibilidad de las pensiones planea la extracción de las de Viudedad y Orfandad de la caja común para que sean sufragadas vía Presupuestos, algo que paliaría el agujero del sistema durante varios años, elevar los salarios al menos un 2% al año, tal y como pide Mario Draghi (BCE), propiciaría un incremento de los ingresos por cotizaciones sociales. El pago de este tipo de pensiones va a costar este año 19.900 millones al erario público, cantidad superior a la del agujero del propio sistema.

Corrupción, enchufismo y fascismo, marca del PP en la Universidad más carca y monárquica

Hoy es un plagio indecente cometido por el rector Fernando Suárez. Ayer la universidad se negaba a retirar el doctorado honoris causa a Rodrigo Rato pese a estar imputado por las tarjetas black y ser un mafioso criminal. Antes de ayer, el mismo rector daba clases en un campus no autorizado, contrataba profesores a dedo retorciendo el sistema (saltándoselo incluso) o esquivaba las sentencias del Tribunal Supremo para readjudicar, a las mismas personas, unas plazas que la justicia había tumbado. Raro es el mes en el que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), pública, no sea noticia por su repugnante fascismo y corrupción marca PP y monarquía.

Y no precisamente por sus logros académicos o de investigación. La URJC fue creada en 1996, cuando el muy corrupto y nazi Alberto Ruiz Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid y Gustavo Villapalos su consejero de Educación. Se convirtió en ese momento en la sexta universidad pública de la región. Maneja un presupuesto de 122.216.259 euros, según sus propias cuentas, para atender a casi 40.000 alumnos, 605 miembros del PAS (personal de administración y servicios) y 1.434 PDI (personal docente e investigador) repartidos por cuatro campus oficiales y uno no autorizado en el que daba clase el propio rector Suárez.

Fernando Suárez, rector, en su toma de posesión ante el expresidente Ignacio González y Montserrat Gomendio
La universidad se ha convertido en una especie de coto cerrado en el que si desentonas, quedas señalado, relatan de forma anónima varios de sus empleados, que prefieren no dar la cara porque temen por sus puestos de trabajo. El rector, Fernando Suárez Bilbao, maneja el centro con mano de hierro, lo que provoca en el centro una especie de omertá en la que es difícil conseguir información. Por ejemplo, llamar o escribir al servicio de comunicación pidiendo respuestas es, la mayoría de las veces, una pérdida de tiempo. La centralita ni siquiera atiende las llamadas y remite a la web. Para encontrar teléfonos de departamentos hay que armarse de paciencia.

Prácticamente desde su inauguración, la URJC es conocida en el mundo universitario de la región como "la universidad del PP", igual que la Carlos III se asocia al PSOE (porque se creó durante mandatos socialistas) o el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense a Podemos (de allí surgió el partido). En el caso de la URJC, la universidad ha sido noticia por contratar empleados que tienen relación familiar con personas del PP. Entre ellos se encuentran nombres como Isabel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla (prima del exministro), Margarita Cifuentes Cuencas (hermana de la presidenta de la Comunidad de Madrid), Isabel Mayor Bastida (sobrina del exministro Jaime Mayor Oreja), o María del Mar Alarcón (cuñada del exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados). También está en nómina Francisco Marhuenda, director de La Razón y exjefe de gabinete de Rajoy.

Contrataciones ilegales y nepotismo nazi

La política de contratación de la URJC también ha dado que hablar en los últimos tiempos por varias causas. Algunas directamente por ser ilegales. Durante la época del anterior rector, la universidad hizo caso omiso de la tasa de reposición que había impuesto el Ministerio de Hacienda por la crisis (solo se podía reponer al 10% de los funcionarios que se jubilaban) y contrató al menos a 25 personas. El Tribunal Supremo fue anulando una a una todas las plazas: la universidad había excedido la tasa de reposición en un 2.400%.

¿Qué hizo el centro? Ignorar las sentencias hasta que no pudo más (tuvo a un vicerrector ejerciendo pese a que legalmente ni era profesor de la URJC) para luego volver a convocar las mismas plazas (en un teórico concurso público) que están ganando, una a una, las mismas personas a las que les fueron anuladas. Este mismo año la URJC también admitió en los tribunales que había estado pagando 10.000 euros anuales de menos a uno de sus profesores visitantes, pese a que las remuneraciones en la universidad están perfectamente estipuladas por tablas según las categorías.

El caso sacó a la luz una política de contratación de profesores visitantes cuanto menos muy particular. Esta figura, el profesor visitante, permite a las universidades contratar profesionales de prestigio para realizar estancias de manera puntual. Está totalmente regulada por ley en cuanto a las características que deben reunir los profesores en cuestión (prestigio, venir de otro centro, etc.) y no pueden estar más de dos años en el centro.

Su presencia en las universidades suele ser anecdótica, apenas un 1% de los profesores. En la URJC uno de cada cinco docentes (20%) ha sido contratado bajo esta figura, que permite saltarse los concursos y contratar a dedo. A dedo también se han adjudicado varias plazas tanto de PAS como de PDI según han denunciado en varias ocasiones profesores del centro. Convocatorias en las que no se especifican los requisitos necesarios para presentarse o que solo se hacen públicas en la intranet del centro –cuando deben ser abiertas a todos los ciudadanos del país que puedan presentarse– son habituales en la URJC, según algunos empleados.

Plagio y amenazas del rector

El mismo rector se ha visto envuelto en algunas situaciones comprometidas durante su primer mandato, que acaba este mismo curso, pero también cuando estaba en el equipo del anterior regidor, Pedro José González-Trevijano. El caso más reciente es el plagio del 68% de un artículo que publicó en 2006. Pero no es el único. Cuando uno mete su nombre completo en Google (Fernando Suárez Bilbao) el primer link que aparece lleva a una información en la que El Mundo revela un turbio episodio en el que amenazó a otro profesor del centro para que apoyara la candidatura de su entonces jefe para repetir cargo. El caso se sobreseyó en los tribunales porque la grabación se declaró no válida pese a que la Fiscalía la admitía.

Suárez también se vio salpicado por la gestión que hizo la URJC del campus de Aranjuez. El Centro de Estudios Superiores Felipe II de Aranjuez, un centro privado de titularidad pública creado hace 15 años por el Ayuntamiento de la localidad con el permiso de la Comunidad, existe. La universidad se hizo cargo de él en verano de 2014 con permiso para impartir cinco grados. La universidad ignoró el aviso del Gobierno regional y decidió ofertar 14 grados. El propio rector dio clase en alguno de ellos, cobrando el complemento de movilidad de 500 euros mensuales que él mismo se autoconcedió. Por dar clases en un campus no autorizado en grados no autorizados por la Comunidad de Madrid.

La universidad también estuvo en el disparadero por negarse, durante meses, a retirar el doctorado honoris causa que había concedido a Rodrigo Rato, exvicepresidente económico. Cuando Rato fue detenido acusado de una retahíla de cargos por el escándalo de las tarjetas black, la universidad alegó que no podía retirarle la mención. La presión de estudiantes y algún profesor llevó a la URJC a ceder y anunciar que "estudiaría" el tema. Ocho meses de estudio después, decidió retirar la mención honorífica, informa eldiario.es.

Escuela pública rica, escuela pública pobre

Hay escuelas públicas en Catalunya que hacen pagar a las familias de sus alumnos por actividades que se realizan fuera del horario escolar pero que tienen carácter prácticamente obligatorio. O que presionan, a través de los niños, para que los padres abonen cuotas de material y de excursiones y salidas escolares, porque si no se pagan el alumno queda excluido. Son colegios, todos ellos de titularidad pública (no estamos hablando ahora de la concertada), que han llegado a pedir al ampa -y por tanto a las familias- que les ayuden a financiar actividades que se hacen en horario de clase, por ejemplo en Inglés, o a adquirir mobiliario y tecnología. El Síndic de Greuges alerta del riesgo de segregación que se está produciendo entre centros públicos por razones económicas y socioculturales. Hay colegios en BCN que solo escolarizan un 10% de alumnos extranjeros, mientras centros del mismo barrio tienen más del 25%.

Nepotismo a chorro en el PP: todos los Nadal colocados

El Consejo de Ministros ha designado a Eva Valle nueva directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, un puesto en el que sustituye al actual ministro de Economía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. La nueva directora de la Oficina Económica de Moncloa es cuñada del titular de Industria, su antecesor en el puesto. Eva Valle es esposa de Alberto Nadal, hermano gemelo del ministro. Alberto Nadal fue nombrado la semana pasada como nuevo secretario de Estado de Presupuestos en el Departamento de Cristóbal Montoro; en la anterior legislatura fue secretario de Estado de Energía, en el Ministerio que ocupa ahora su hermano, en una sobredosis de nepotismo, enchufismo y corrupción descarada de Rajoy y los franquistas del PP-PSOE.

Eva Valle era hasta ahora, de hecho, la número dos de Álvaro Nadal desde su puesto de directora general de la Secretaria Técnica de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y de Asuntos Económicos Internacionales en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Anteriormente, entre 2012 y 2013, había trabajado como directora general de Economía Internacional en esta misma Oficina Económica. Valle llegó a la Oficina procedente del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde fue subdirectora general adjunta de la División del Sistema Monetario Internacional, y previamente, asesora del director ejecutivo para España en el FMI, del secretario de Estado de Energía y Pyme y de la Dirección General del Tesoro.

El Consejo de Ministros ha acordado asimismo nombrar secretaria de Estado de Comercio a María Luisa Poncela García, en sustitución de Jaime García-Legaz, que será propuesto para presidir la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). Además, Pablo Zalba ha sido designado presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Álvaro Nadal y el falso doctorado en Harvard

El titular de Energía, Turismo y Agenda Digital nunca ha corregido el currículum con el que le han presentado en diferentes foros económicos, donde le han atribuido un doctorado en la prestigiosa universidad estadounidense. El que calla, otorga, dice el refrán. Y eso es exactamente lo que ha pretendido todo este tiempo Álvaro Nadal, el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. El currículum es diferente en distintos lugares, desde distintos foros económicos donde ha impartido conferencias hasta en la web del PP, pero todas tienen en común un doctorado en la prestigiosa universidad de Harvard o, al menos, cursos de doctorado en la misma. En la web del PP se afirma que el nuevo ministro de Energía fue a Harvard, "donde realizó los cursos de doctorado desde 1997 hasta el 1998".

El nuevo Gobierno de Rajoy: más de lo mismo... o peor

Pocas sorpresas en el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, que el presidente ha anunciado este jueves a última hora de la tarde tras comunicárselo al monarca en el Palacio de la Zarzuela. Nombres como el de Alfonso Dastis, en Exteriores, Íñigo de la Serna, en Fomento, y la catalana Dolors Montserrat, en Sanidad, Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital; Juan Ignacio Zoido, de Interior en sustitución del nefasto y vilipendiado Fernández; y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que dirigirá Defensa, lo que da una visión global de la coherencia del gobierno: más de lo mismo.

Rajoy y un Gobierno con muchas propiedades y bien forrado

Los diez miembros del Gobierno de los que se conocen sus bienes en detalle (faltan las declaraciones de De la Serna, De Guindos y Dastis por no ser diputados y las de Nadal porque no están publicadas en la página web del Congreso de los Diputados), suman 73 inmuebles en propiedad, tanto directa como a través de sociedades. La mayor “propietaria” inmobiliaria del Gobierno es Isabel García Tejerina, que cuenta con 28 inmuebles en su haber a través de la participación que ostenta del 20% en dos empresas: Isabel La Católica SL y Huerta del Rey SL. Fátima Báñez es la otra gran propietaria del Ejecutivo, con nueve inmuebles declarados: una vivienda en Madrid y otra en Huelva adquiridas por Báñez y otras cuatro viviendas, un solar y dos fincas rústicas en Huelva procedentes de una herencia.