dissabte, 30 de juliol de 2016

El juez cita a Rus, Llopis y el dueño de Engloba por los empleados ficticios

El próximo mes de septiembre no se presenta precisamente cómodo para el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (PP). El juez del caso Imelsa le ha citado el próximo 9 de septiembre para que dé explicaciones acerca de las contrataciones ficticias en la empresa pública, según una resolución del juzgado. El exgerente de la sociedad y principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, Marcos Benavent, reconoció ante la Guardia Civil que la empresa era una agencia de colocación para favores y compromisos varios y que Rus era conocedor de estas irregularidades. No será el único dirigente popular que se siente frente al titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Ese mismo día, unos minutos antes, acudirá su jefe de gabinete y persona de máxima confianza Emilio Llopis.

Las pesquisas de esta pieza separada han perdido cierto fuelle. El primer informe de la UCO alertaba del cobro de indemnizaciones superiores a lo que establece la Ley. La investigación implicaba a numerosos ex cargos públicos cuyo despido habría supuesto un quebranto económico para los fondos públicos. No obstante, la documentación aportada por los imputados y sus explicaciones han borrado los indicios en su contra. De tal forma que el juez decidió archivar la causa para la mayoría de los investigados.

La otra irregularidad, el pago de nóminas a trabajadores que nunca trabajaron para la empresa pública, sí se ha confirmado en las comparecencias de los propios beneficiados. Alguno admitió que trabajaba en la Diputación de Valencia, otro que cobró de Imelsa porque así se lo dijo Benavent e incluso el caso de una mujer que, ante su delicada situación económica, pidió una ayuda al gerente y este le dio una nómina sin necesidad de ir a trabajar. El exseleccionador nacional de Ciclismo, Francisco Antequera, indicó que su labor era informar de los eventos deportivos, aunque no supo precisar quién era su responsable.

Rus repetirá visita en el juzgado una semana después. El juez le ha convocado también para que explique el supuesto amaño en la adjudicación del centro telefónico de la Diputación de Valencia. Entre los comparecientes de los primeros días de septiembre también destaca José Vedri, dueño de la agencia de comunicación de Engloba. Se trata de uno de los principales investigados en la trama global de comisiones a cambio de contratos en administraciones públicas. El empresario podrá dar explicaciones acerca de por qué dos empleados de su agencia cobraban la nómina de Imelsa. Los propios asalariados admitieron que esta situación se mantuvo durante unos meses.

Una de las situaciones más extrañas es la del futbolista José Ángel Mullor, que percibía su sueldo de jugador del Olimpic de Xàtiva desde la empresa pública. El abogado del deportista pidió recientemente el archivo. El juez lo ha rechazado. La Audiencia tiene la última palabra. El caso Imelsa cuenta por el momento con tres piezas separadas. Estas irregulares contrataciones se completan con la investigación del blanqueo y delito electoral del Grupo Municipal del PP y el citado amaño del call center, informa Las Provincias.

La fiscalía pide al TS que se investigue a Rita Barberá por blanqueo


La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que abra una causa contra la exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP, Rita Barberá, por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Valencia, en el marco de la operación Taula, por la que se imputaron a nueve concejales del partido. El fiscal ha reclamado que designe un magistrado instructor para iniciar la investigación en un informe. En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Valencia: Las universidades han contratado a 125 profesores saltándose la ley


El último informe de la Intervención de la Generalitat ha revelado que las cinco universidades valencianas no respetan de manera escrupulosa la legalidad vigente. La Cuenta General, el exhaustivo dosier que analiza toda la contratación del sector público, muestra que la gestión de las instituciones académicas contiene varias irregularidades. Todas coinciden en repetir, con mayor o menor intensidad, la contratación ilegal de personal docente e investigador. Se trata, según detalla el trabajo de los auditores, de profesionales que ya han agotado el periodo de contratación máximo previsto por la ley y que ya no podrían seguir en la institución. Sin embargo, los centros quieren seguir contando con estos empleados, y los convierten en personal interino. Esto se consigue a través de la controvertida figura del «profesor contratado doctor interino», en realidad un coladero de amigos y clientelismo del PP.

Algo huele a muy podrido en el Banco de España, el FROB y el PP

Las empresas aprovechan los periodos de descanso de los españoles, en los que éstos bajan su atención de la actualidad, para sacar algunos muertos de sus armarios. Las vísperas de las vacaciones de agosto, Navidad o Semana Santa, así como los puentes festivos largos, siempre deparan sorpresas. Este viernes nos desayunamos con la destitución del consejero delegado del Popular, Francisco Gómez, después de que el banco tuviese que recurrir a una ampliación de capital y anunciase un desplome del 50% en su beneficio. ¿Qué sabe y esconde Restoy para irse ahora del Banco de España?

Gómez fue ascendido a consejero delegado por Ángel Ron procedente del área de control de riesgos, pero una empresa no puede sobrevivir sólo gracias a los ajustes. No supo deshacerse a tiempo de la cartera inmobiliaria y descuidó la inversión en nuevas tecnologías en la relación con sus clientes, entre otros aspectos. El negocio típico del Popular funciona, aunque con márgenes más ajustados, y una vez recapitalizado Ron logrará enderezar el rumbo de la entidad. La segundo sorpresa provino del Banco de España. El subgobernador, Fernando Restoy, en el ojo del huracán desde hace meses, anunció su retirada por la puerta de atrás. Restoy se va a presidir el Instituto de Estabilidad Financiera, uno de los muchos organismos dependientes del Banco Internacional de Pagos (BPI), sin apenas relevancia.

No se sabe si el exgobernador, Jaime Caruana, y actual presidente del BIS, le echó una mano a instancias del Gobierno o él mismo decidió poner tierra por medio, ante la complicada deriva de los interrogatorios que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, celebró esta semana con varios directivos del Banco de España sobre la salida a bolsa de Bankia. Restoy presidió la reunión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aprobó la salida a bolsa de Bankia en 2011, en ausencia del presidente del organismo, Julio Segura, ausente por enfermedad.

En junio de 2012, Luis de Guindos aceptó su nombramiento a propuesta del PSOE, como subgobernador, y luego accedió a presidir el Frob, el fondo para la reestructuración de las antiguas cajas de ahorro. Bajo su mandato, el Frob emitió un informe favorable a la salida a bolsa de Bankia, que contradice el documento elaborado por los peritos a petición del magistrado. Andreu mostró esta semana una gran beligerancia en el interrogatorio a Julio Durán, actual director de Estabilidad Financiera y uno de los redactores del melifluo informe sobre Bankia encargado por el Frob.

-"¿Le parece bien instrumentalizar instituciones públicas en su beneficio?", preguntó Andreu sobre una maniobra que apunta al propio Restoy. La Asociación de Inspectores también pidió en febrero su dimisión en un comunicado, después de la demoledora sentencia del Supremo sobre el debut de Bankia en el parqué. El exdirector de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, salió también esta semana en apoyo del Banco de España. ¡Faltaría más! Si fue responsable de la debacle del sistema financiero, junto con el ex subgobernador, Javier Arístegui, y el exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo).

Así lo atestigua un informe del FMI conocido el viernes, que pone los pelos como escarpias entre los implicados. El FMI desvela que, primero en 2006 y luego en 2010 y 2011, se expresó a la ex vicepresidenta, Elena Salgado, y al gobernador Ordóñez "las dudas sobre la suficiencia de las ayudas para restablecer la solvencia de las cajas de ahorro". Cada vez existen más evidencias de que Salgado y Ordóñez, con la connivencia de acólitos como Restoy o Martínez Tello, instrumentaron una operación política para sacar a bolsa Bankia, haciendo caso omiso de las advertencias del organismo internacional. Tanto Mafo como Martínez Tello mienten cuando aseguran que nadie previó la crisis y el derrumbe del sector.

Restoy es la primera de las cabeza de turco que puede cobrarse el juez Andreu, al autorizar desde la CNMV la operación de Bankia. Por eso huye. El Banco de España quedaría en muy mal lugar ante su posible imputación o inhabilitación. Es incomprensible que el actual gobernador, Luis María Linde, proteja a los anteriores autores materiales de la quiebra de gran parte de las cajas de ahorro y del engaño bursátil de Bankia. Sólo cabe una explicación: que gran parte de la dirección del Banco de España estaba en el ajo.

Mariano Herrera, director de Supervisión, fue el otro firmante del informe sobre Bankia a instancias de Restoy. Y para colmo de males, el subdirector de Supervisión, Pedro Comín, fue el encargado de la inspección de Bankia previa a su estreno bursátil. ¿Cómo es posible que el sistema financiero español siga bajo su supervisión? La marcha de Restoy debería ser la punta de lanza de una remodelación más profunda en la cúpula de Banco de España. Algo huele a podrido, informa El Economista.

¿Qué sabe Restoy para irse ahora del Banco de España?

Fernando Restoy abandona el Banco de España, donde ocupaba el cargo de subgobernador. Se va como presidente del Financial Stability Institute (FSI), que depende del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS), que dirige Jaime Caruana. Restoy cierra un círculo, para abrir otro, al encontrarse, precisamente, con Caruana, ex gobernador del Banco de España, y ex jefe de Restoy. Los dos guardan todos los secretos del sistema financiero español, que ha cambiado por completo desde el inicio de la crisis en 2007-2008. ¿Porque, qué sabe Restoy para irse ahora del Banco de España? Sabe lo suficiente para "apoyar a los supervisores de todo el mundo en su tarea de mejorar y fortalecer los sistemas financieros", como se apunta en la página del Banco Internacional de Pagos.

Y es que Restoy fue el hombre determinante en todo el proceso de reestructuración y saneamiento del sistema bancario español durante los últimos cinco años. Fue, como subgobernador del Banco de España el presidente del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Entre 2012 y 2015 presidió el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), --negoció con los consejeros autonómicos para fusionar las cajas de ahorro- y, desde enero de 2014 es miembro del Consejo Supervisor del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE).

Es decir, tiene todo el análisis de la situación real de cada una de las entidades financieras europeras, de sus fortalezas, y, principalmente, de todas sus debilidades. Pero el papel de Restoy es más importante, si se quiere atender lo que ha sucedido en España desde los años 2000. En esa época gobernaba el PP, como ahora. Y, como en la legislatura 2011-2015, gobernaba por mayoría absoluta.

Eran años de ingresos enormes por parte del Estado, con el sector de la construcción a todo trapo, y con los bancos en una posición boyante y generosa, con facilidades de todo tipo para conceder créditos a particulares y a grandes promotores de la construcción. Y Restoy se atrevió en el Boletín Económico del Banco de España en septiembre de 2003 a explicar que "la magnitud de la sobrevaloración podría llegar al 20%". Se refería a los precios de los inmuebles, y a la excesiva 'generosidad' de los bancos.

¿Pero qué ocurrió? El ministro de Economía, Rodrigo Rato, estalló y mostró su colera por el atrevimiento del Banco de España. No había burbuja inmobiliaria, no pasaba nada, el Estado seguía ingresando cantidades ingentes, y el patrimonio de los españoles aumentaba con la adquisición de viviendas, aunque lo que ocurría es que se estaba produciendo una enorme bola de endeudamiento. Rato mostró sus quejas de inmediato ante Jaime Caruana, exigiendo explicaciones inmediatas por tal atrevimiento. Y Caruana hizo lo propio con Fernando Restoy. Los 'jefes' políticos, el Gobierno, pretendían anular la tan cacareada independencia del Banco de España. Pero Restoy no se arrugó, y Caruana hizo lo que pudo para contentar a Rato, pero se motró firme al lado de Restoy.

Fernado Restoy, que ahora acude a la llamada de su ex jefe en el Banco de España, era uno de los autores del artículo del Boletín. Formaba parte del núcleo duro del servicio de estudios del Banco de España. Y le explicó a Caruana que el análisis que se había realizado se basaba en un enorme número de datos macroeconómicos y estimaciones, como se hacía siempre. No había dudas de la certeza del informe. Rato acabó con el asunto. "No creo que estemos ante una situación de burbuja. Los propios datos del Banco de España fijan un exceso de precios de la vivienda, pero que no se pueden entender como una burbuja como la que vivimos con los valores tecnológicos en 2000", señaló el ministro, adalid durante décadas, por parte de los dirigentes del PP, de la seriedad en las políticas económicas.

También se debe recordar que, junto a Rato, aparecieron algunos banqueros, como Emilio Botín, presidente del Banco Santander, quien dio cobertura al ministro. "No hay burbuja, y en este sentido el informe del Banco de España, que yo he leído a fondo, no ha sido bien interpretado". Restoy mantuvo sus tesis. Caruana también, pero el poder político se impuso. Caruana dejó el Banco de España en 2006. Luego llegó Miguel Angel Fernández Ordóñez, que tampoco pudo –o no quiso- frenar la tormenta que amenazaba la economía española. Ahora los dos se reencuentran. Saben perfectamente todas las grandezas y miserias del sistema bancario español, informa Economía Digital.

ERC i CDC tiren endavant BCN World malgrat la CUP

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha reunit amb les empreses preseleccionades per a desenvolupar el projecte turístic del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, el nou BCN World, que no té el suport de la CUP. Els representants de Melco, Hard Rock i Grup Peralada han reafirmat el compromís d'inversió en el que treballen des de fa més de dos anys. Avui han signat un acord amb l'Incasòl, empresa pública que el desembre del 2014 va fer efectiva una opció de compra amb La Caixa per garantir el control del sòl per part de la Generalitat. L’acord garanteix que l’empresa o empreses guanyadores del concurs de llicències de casino adquiriran els terrenys del CRT.

Cadascuna de les empreses ha fet efectiu un dipòsit de 2,5 milions d'euros amb la signatura. Aquests terrenys del CRT són els que el Pla Director Urbanístic (PDU) preveu per a usos hotelers, comercials, de joc i de convencions. Els encarregats de fer efectiu aquest pagament han estat el director executiu de Melco, Frank Tsui; el vicepresident de Hard Rock, Nelson Parker, i el president del Grup Peralada, Miquel Suqué. "Avui és el moment més trascendental dels que hi ha hagut fins ara amb el projecte: arribem més lluny que mai, és el pas més sòlid", ha subratllat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. També ha insistit en el fet que en el projecte del CRT hi ha hagut en tot moment un "control públic permanent" gràcies a la llei, el propi PDU, el concurs de llicències i el control del sòl.

El titular de Territori també ha destacat que es tracta d'una iniciativa que genera "moltes esperances a Tarragona i les Terres de l'Ebre" i que l’acord per la compra del sòl demostra que Catalunya “genera solvència, credibilitat i seguretat jurídica”entre els inversors internacionals. “Per als ciutadans suposa llocs de treball i la Costa Daurada serà encara més un referent turístic perquè es podrà diversificar l’oferta i desestacionalitzar-la”, ha descrit. Els operadors han celebrat una reunió de treball amb el president Puigdemont, que els ha agraït el compromís i interès demostrat durant els darrers mesos. L'ha acompanyat el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.

Hard Rock, Melco i Grup Peralada són empreses qualificades en la primera fase del concurs de llicències de casino de la Generalitat. Una vegada s'aprovi definitivament el PDU, previst pel novembre, s'encetarà la segona fase del concurs de casinos, ha recordat el conseller Josep Rull després de la reunió. Això es resoldrà abans de l'estiu del 2017 i es preveu que els treballs d’urbanització i edificació comencin per aquestes dates.

El conseller ha concretat que el proper 27 de setembre finalitza el període d’exposició pública i que, una vegada s’obri la segona fase del concurs, la Generalitat donarà 90 dies a les empreses preseleccionades perquè puguin presentar els seus projectes. “Això ens permet igualment mantenir el calendari que ja teníem previst”, ha aclarit Rull. Tal com estableixen les bases del concurs publicades al DOGC el 10 de setembre de 2015, hi ha un seguit de condicions per aconseguir l'autorització de casino relacionades amb la contractació de personal, acords amb el SOC i les universitats, així com requeriments mediambientals o reinversions socials i culturals en benefici del territori, informa é-notícies.

La fiscalía pide al TS que se investigue a Rita Barberá por blanqueo

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que abra una causa contra la exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP, Rita Barberá, por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Valencia, en el marco de la operación Taula, por la que se imputaron a nueve concejales del partido. El fiscal ha reclamado que designe un magistrado instructor para iniciar la investigación en un informe. En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

El magistrado consideraba en su exposición que, habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al TS, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, que tiene la condición de aforada, informa Público.

La ruina de los grandes proyectos de ocio valencianos


Radiografía de un pozo sin fondo. Así podría resumirse el contenido de los informes de auditoría de empresas públicas recogidos en la Cuenta General de la Generalitat valenciana que acaba de publicar la Conselleria de Hacienda. El retrato contable y financiero actualizado de los grandes proyectos arquitectónicos y de ocio que deslumbraron (algunos siguen haciéndolo hoy) al conjunto de los españoles por la audacia de sus diseños y la osadía de sus promotores no puede ser más desalentador. Pasarán años, puede que hasta dos o tres generaciones, antes de que las arcas autonómicas puedan digerir el volumen de deuda, quebrantos económicos y consecuencias judiciales de iniciativas que, incluso, están condenadas a desaparecer, como puede ser la Ciudad de la Luz de Alicante. La Ciudad de las Artes pierde 100 millones, el Circuito de Cheste no podría sobrevivir sin oxígeno público y la Ciudad de la Luz aún generará indemnizaciones millonarias a expropiados.

Sevilla pide sacar al asesino y traidor Queipo de la Macarena

Sevilla condena el golpe de Estado fascista de julio de 1936. La ciudad certifica su compromiso con la Memoria Histórica y el reconocimiento a las víctimas de la represión franquista. El Ayuntamiento en pleno repudia además al general "genocida" Gonzalo Queipo de Llano y rechaza "que los restos de este militar golpista continúen enterrados en la Basílica de la Macarena". Todo de forma unánime excepto el punto de sacar a Queipo de la Macarena, un punto que ha contado con la oposición del PP y la abstención de Ciudadanos.

La declaración institucional llega tras una moción con motivo del 80 aniversario del alzamiento golpista contra la II República que, con su fracaso, provocó la guerra civil española. Una propuesta que ha sido aprobada de forma unánime por todos los partidos con representación local: PP, PSOE (que gobierna en solitario y en minoría), Participa Sevilla, Ciudadanos e IU, proponentes del acuerdo. Excepto en la cuestión exhumatoria de Queipo de Llano. "No podemos enterrar en el olvido a quienes padecieron la barbarie fascista, a los miles de hombres y mujeres que fueron asesinados por defender sus ideales de democracia, justicia y libertad", dice la declaración institucional. Un manifiesto que pide la necesidad de "que se respete y se dé un tratamiento digno a los lugares donde reposan los restos de miles de víctimas del genocidio y la posterior represión franquista".

Queipo, un maníaco asesino enterrado donde su familia quiere, según el PP


La concejal de IU, Eva Oliva, pide tratar la memoria democrática "sin tapujos y sin ser maquillada". El régimen franquista "contó su versión de la historia y condenó al olvido las violaciones de derechos humanos", sostiene. España es, como ha recordado Oliva, el segundo lugar del mundo con más desaparecidos, tras Camboya. El concejal de C's, Javier Moyano, valora por su parte que se pueda seguir trabajando en la dignificación de las personas tras lo sucedido en el país. Mientras, la edil de Participa Sevilla, Cristina Honorato, ha relatado el "desgarrador periodo de la historia" a través de la lectura de los testimonios de dos personas del movimiento memorialista.

La responsable municipal de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales de Sevilla, Adela Castaño, ha recordado que el Ayuntamiento está trabajando en la mesa de Memoria Histórica. El Consistorio busca, en ese foro, la participación ciudadana y de los expertos desde "el consenso, el diálogo y el entendimiento, buscando la verdad, la justicia y la reparación". Así, junto al cambio de nombre de las calles, se abordará la señalización de las fosas del cementerio y su análisis. "Es de justicia que los familiares sepan donde está su familia, que los puedan enterrar con dignidad", concluye.

La moción ha sido aprobada de forma unánime en todos los puntos, salvo el relativo a sacar de la Basílica de la Macarena los restos de Queipo de Llano, un punto en el que C's se ha abstenido y el PP ha votado en contra. El portavoz adjunto del PP, Gregorio Serrano, ha señalado que "cualquiera que lea la biografía de Queipo de Llano no puede más que repudiarlo". "Traicionó a su rey, a la República y al propio Franco", añade.

Entienden los populares, sin embargo, que el exgeneral está muerto y enterrado "donde su familia y su hermandad han determinado". "Nosotros no somos nadie como Ayuntamiento para mostrar nuestro rechazo a lo que diga su hermandad y su familia, que quieren que esté allí, igual que hay multitud de familias que tienen a sus familias en fosas comunes y que están deseando poder enterrarlos con dignidad", ha dicho.

Con la moción aprobada, el Ayuntamiento de Sevilla declara:
1. Nuestra más firme condena al golpe de Estado militar llevado a cabo el 18 de julio de 1936, que en la ciudad de Sevilla se cobró la vida de miles de personas, siendo imposible todavía hoy, transcurridos 80 años, reconstruir las cifras y los nombres de las víctimas.

2. Nuestro compromiso con la dignificación de la memoria de todas las personas que murieron en Sevilla como consecuencia de esta sublevación militar golpista y la posterior represión franquista.

3. Nuestro reconocimiento a las y los milicianos republicanos que dieron su vida luchando por la libertad y la democracia y, de forma muy especial, a las columnas de mineros procedentes de Huelva que vinieron a Sevilla a combatir a los golpistas y a defender a la República.

4. Nuestro repudio al general genocida Queipo de Llano, que ordenó fusilar a cientos de ciudadanos junto a la muralla de la Macarena, y nuestro rechazo más absoluto a que los restos de este militar golpista continúen enterrados en la Basílica de la Macarena, al constituir esto una clara ofensa para los familiares de las víctimas del franquismo y para el conjunto de los y las demócratas.
El estallido "militar fascista" acabó, "tras tres años de cruenta guerra civil, con el legítimo Gobierno instaurado por las urnas y dio paso a casi cuatro décadas de una brutal dictadura encarnada en la figura de Francisco Franco".

Reconocer "el pasado negro de nuestra historia"


El régimen franquista, continúa el texto, en ese periodo "impuso una historia oficial que ocultó las cifras de la represión y condenó al olvido los hechos acontecidos y las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población civil". De ahí, "mientras no se afronte la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación moral y jurídica de expresos, guerrilleros, represaliados, exiliados y enterrados clandestinamente, no existirá en nuestro país una democracia plena".

La moción aprobada por unanimidad del plenario sevillano reconoce "el pasado negro de nuestra historia" y tiende a garantizar "tres derechos universales como son la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas". En España, prosigue la exposición de motivos, "aún permanecen zonas de olvido y continúan conservando su validez los procesos ante los tribunales militares franquistas por los que fueron perseguidas y condenadas las personas demócratas que no sólo resistieron legítimamente el golpe de Estado, sino que fueron víctimas de las atrocidades de la dictadura".