dissabte, 3 de desembre de 2016

Sant Cugat en el centro de la corrupción de CDC

Dos de los principales casos de corrupción que se han destapado en Cataluña en los últimos años pasan por los despachos del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès: el caso del Palau de la Música y el caso Petrum (las comisiones de obra pública del 3%). No se trata de sospechas. Hay evidencias documentales que así lo demuestran. Pero la actual alcaldesa de la ciudad, Mercè Conesa, y su antecesor en el cargo, Lluís Recoder, son especialistas en lanzar las pelotas fuera y nunca han querido asumir sus responsabilidades, y han afirmado que todo ello eran insinuaciones malévolas.

Otros cargos que aparecen en el epicentro de esta trama municipal son los ex-gerentes del ayuntamiento Jordi Turull (actual presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí) y Pau Villòria (actual secretario general del departamento de Cultura y hombre clave en la polémica privatización de la ATLL), que coordinaban la acción municipal cuando pasaron estos hechos judicializados; y el gerente de Promusa, la sociedad privada municipal que funciona, en la práctica, como un ayuntamiento bis y que dirige Lluís Hosta.

En la documentación localizada en los ordenadores del Palau de la Música después de la intervención judicial se encontró una anotación que refleja como funcionaba la trama Ferrovial-Fèlix Millet-Convergencia. El Ayuntamiento de Sant Cugat adjudicó en 2002 -cuando Lluís Recoder era el alcalde, Jordi Turull era el gerente municipal y Lluís Hosta el director de Territorio- las obras de construcción del pabellón deportivo PAV3 por un importe de 4,1 millones de euros a la empresa Ferrovial. (Al final, estas obras sufrieron un encarecimiento del 19% respecto al presupuesto adjudicado debido a "modificaciones no previstas").

Una vez adjudicado este contrato a Ferrovial, Fèlix Millet se puso en contacto con Pedro Buenaventura, su hombre de confianza en la empresa madrileña, para reclamarle que pagara al Palau de la Música el 4% de su importe: exactamente, 167.000 euros. A su vez, como especifica la documentación confiscada, el 2,5% de la comisión fue a la Fundación Ramon Trias Fargas de CDC y el 1,5% restante se quedó en el Palau de la Música.

Toda esta martingala está perfectamente documentada, pero hay una pregunta que hasta ahora nadie ha respondido: cómo supo Fèlix Millet que el ayuntamiento había adjudicado la construcción de un pabellón deportivo a Ferrovial y que, por lo tanto, ya podía reclamar la comisión del 4%, informa El Triangle.

La Generalitat quiere comprar el Hospital General de Catalunya

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha anunciado este viernes una oferta de compra del Hospital General de Catalunya de Sant Cugat del Vallès al grupo Quironsalut, su propietario, por entre 50 y 55 millones de euros. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Comín ha explicado que la oferta de compra incluye no solo el edificio y el equipamiento, sino absorber a los 1.200 trabajadores que tiene el hospital, que "pasarían del convenio privado al público y, por tanto, mejorarían sus condiciones".

El Gobierno facilita que más de 2.000 ayuntamientos suban el IBI

Las medidas tributarias del Gobierno esconden algunos otros posibles incrementos fiscales, como el que afecta al impuesto de bienes inmuebles (IBI), el principal instrumento de financiación de los ayuntamientos y entes locales. El boletín oficial del Estado (BOE) publica este sábado el real-decreto ley con medidas tributarias, entre las que están los coeficientes de actualización de los valores catastrales, sobre los que se aplica este gravamen municipal. Entre los municipios que han solicitado la revisión están Badalona, Manresa, Martorell, Sant Boi de Llobregat, Vic, Banyoles, Lloret de Mar, Olot, Puigcerdà, Lleida, Tarragona, Salou o Vila-seca.

Un total de 2.422 municipios, que suponen alrededor de uno de cada tres de los existentes, incluidos en una orden de Hacienda de septiembre pasado solicitaron esta medida, que debe incorproarse en los Presupuestos del Estado para que pueda entrar en vigor. Ante la imposibilidad de aprobar unas cuentas públicas antes del 31 de diciembre, el Gobierno ha optado por la vía del real decreto-ley. En caso contrario, los ayuntamientos no podrían aprobar a tiempo las ordenanzas fiscales para el 2017.

La actualización de estos valores, que suelen situarse en torno al 50% del precio de mercado de las viviendas, no tiene por qué suponer directamente un aumento de los tipos de gravamen. Estos están dentro de unos límites que pueden manejar los consistorios. Pero el hecho de aumentar la base sobre los que se aplica el tributo supone un incremento del mismo, a no ser que el ayuntamiento decida bajarlos. En todo caso, en el plan presupuestario provisional remitido a Bruselas por el Gobierno establece en el IBI la obligatoriedad de "aplicar tipos de gravamen que garanticen el mantenimiento del importe global de la cuota íntegra". Tampoco permite tipos de gravamen reducidos. En el documento se estimaba un amento de la recaudación de unos 24 millones de euros.

Entre los municipios que han solicitado la revisión están Badalona, Manresa, Martorell, Sant Boi de Llobregat, Vic, Banyoles, Lloret de Mar, Olot, Puigcerdà, Lleida, Tarragona, Salou o Vil-seca. En el mismo real-decreto ley se prorroga para el 2017 de la vigencia del impuesto de patrimonio, lo que supone un balón de oxígeno para las autonomías. Una de las más beneficiadas es Catalunya, ya que recauda la mitad del total del gravamen. Para el ejercicio próximo tiene previsto obtener 517 millones, según el proyecto de Presupuestos para el 2017, informa El Periódico.

Feijóo se sube el sueldo un 7,5% y un 7% a sus conselleiros

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cobrará un 7,5% más en 2017, mientras los diez conselleiros que integran su Gobierno también incrementarán en algo más de un 7% sus nóminas, de modo que el coste total del Ejecutivo autonómico superará los 700.000 euros, según el proyecto de presupuestos que el titular de Hacienda, Valeriano Martínez, entregó este sábado en el Parlamento de Galicia, para iniciar su tramitación en la Cámara. El sueldo de Feijóo ascenderá el año que viene a casi 73.000 euros. Es un 7,5% más que los en torno a 67.500 que tenía consignados este año, y un 8,6% más que la nómina que se fijó en 2013, cuando, en plena crisis, se había reducido el sueldo en un 7%.

En 2014 y 2015 lo mantuvo congelado y en 2016 ascendió un 1%, como las retribuciones del conjunto de los empleados públicos. Por su parte, el vicepresidente, Alfonso Rueda, y los otros nueve conselleiros –Hacienda, Medio Ambiente, Infraestruturas, Economía, Educación, Sanidad, Política Social, Medio Rural y Mar– tienen asignados casi 63.000 euros para el próximo ejercicio, un 7,06% más que este año. Entre todos ellos, el Gobierno de Núñez Feijóo supone algo más de 707.000 euros en nóminas, un 7% más que los 660.052 de 2016, cuando el coste había subido un 23% fundamentalmente por el aumento del número de consellerías.

Mientras, la Xunta sigue gastando casi 5 millones de euros (4,98, en concreto) en el personal eventual de gabinete, sobre todo en el que depende de Presidencia (1,56 millones) y Vicepresidencia (más de 750.000 euros). Por consellerías, la que más recibe para estas aportaciones es Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (más de 490.000 euros), seguida de Economía, Emprego e Industria (unos 395.000 euros). Por su parte, Hacienda, Medio Ambiente, Infraestruturas, Sanidade, Política Social, Medio Rural y Mar destinan a personal eventual de gabinete, cada una de ellas, unos 255.000 euros.

Mientras, el conselleiro maior de Contas tendrá un sueldo en 2017 de algo más de 67.500 euros, que, sumados los trienios, asciende a casi 75.500. Los cuatro conselleiros de este organismo percibirán un total de 253.730 euros, esto es, que cobrarán unos 63.400 euros cada uno, sin contar trienios. En el caso del Consultivo, su presidente recibirá 67.500 euros, y el coste de las nóminas de los siete conselleiros alcanzará los 444.000 euros (otros 63.500 euros cada uno, aproximadamente), según infolibre.

Podemos tacha la subida del SMI de "insulto" a los españoles

“Estamos contentos, el Gobierno se ha plegado”. Este el mensaje que el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha enviado después de que los socialistas lograran pactar con el PP una subida del 8% del salario mínimo, la mayor en 30 años, hasta los 707 euros. El incremento, de 52,4 euros mensuales, es considerado dentro de las filas del PSOE como una victoria frente a los 800 euros que pidió Podemos para 2018, cuya petición fue aprobada por el Congreso la semana pasada. “Habríamos querido subir el SMI 250 euros pero eso es fabular”, ha dicho en clara referencia a la formación morada, que considera "un insulto” el acuerdo de PP-PSOE.

El “protegido” de Eloi Badia (BenComú): 7.165 euros al mes más pagas extras

Por el código de autoregulación salarial del grupo de Barceona en Comú, el concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, tiene asignado un sueldo neto de 2.200 euros mensuales. En cambio, su hombre de confianza en el Área Metropolitana, Joan Pinyol, director del departamento de Medio Ambiente, no se aplica la misma limitación. Según informa la web www.sueldospublicos.es, Joan Pinyol tiene asignado un salario anual de 100.310 euros (7.165 euros por 14 pagas), casi como el de un consejero de la Generalitat.

El ataque nazi a las pensiones se extiende por toda la UE

Europa sufre desde hace tiempo lo que los demógrafos denominan "invierno demográfico" que no es otra cosa que el envejecimiento acelerado de la población a causa de la falta de nacimientos, precisamente como consecuencia de las políticas fascistas neoliberales, la miseria generalizada y la depauperización de la clase trabajadora expoliada por una oligarquía de ladrones, genocidas y nazis que copan los gobiernos de Europa, amparándose en leyes electorales tan fascistas como antidemocráticas, y mientras los supuestos partidos de izquierda se miran el ombligo y se preocupan solamente por los supuestos derechos de transexuales, homosexuales y sus amigos de juerga. Los datos son elocuentes: en 2015 había 96 millones de mayores de 65 años en los 28 países que conforman la UE. Es un 18,9% de la población total; un 18,5% en España.

La tendencia, sin embargo, va a ir a más si no cambian las políticas de explotación salvaje y no se equiparan derechos y apoyo a la familia e hijos como los que existen el la Europa del norte y jamás existieron en los del sur, aparte de precisamente el apoyo a las familias numerosas, tan ricas como reaccionarias y miembros de sectas criminales como el Opus Dei.

En 2050, según los estúpidos y jamás coincidentes cálculos de la derecha nazi y demagógica (ya el fascista Joaquín Leguina (PSOE) vaticinó lo mismo para el año 2.000 que obviamente no ha sucedido), un 30% de los europeos tendrá más de 65 años. Además, la tasa de dependencia (indicador que mide el número de pensionistas frente a los activos) de la UE alcanzará el 50% en 2050, es decir, que por cada 100 personas que trabajen habrá 50 jubilados en Europa. Actualmente esa tasa no supera el 30%. Ante este escenario, la propia Comisión Europea (CE) viene reclamando desde hace años el retraso progresivo de la edad de jubilación hasta los 70 años en 2060.

A este fenómeno demográfico hay que sumar los estragos económicos y laborales de las políticas de austeridad que han barrido Europa desde el inicio de la crisis en 2008: el aumento del paro y mayor precarización del empleo han provocado que a la mayoría de los países de la Unión Europea (UE) no les cuadren las cuentas cuando se trata de pagar las pensiones de sus mayores.

Tentados por ahorrarse miles de millones de euros, no hay país de la UE que en los últimos años no haya hecho reformas en su sistema de pensiones o al menos no se lo haya planteado. Dichas reformas se han realizado en cada país a su propio ritmo e intensidad, pero con el objetivo compartido —aunque muchas veces no declarado por los Gobiernos europeos— de reducir el gasto público en pensiones. En todos los casos las reformas han sido regresivas y han implicado un retraso en la edad de jubilación, la introducción de un factor de sostenibilidad basado en la esperanza de vida y en los años cotizados para determinar la cuantía de la pensión, el bloqueo de su revalorización con respecto al IPC, más años de cotización, una pérdida importante de poder adquisitivo de los pensionistas y, en suma, un recorte generalizado en la cuantía de la prestación ya sea en un futuro no muy lejano o con efectos inmediatos como es el caso de Grecia.

La oleada de reformas —recortes los llaman otros— ha terminado por afectar a la propia estructura del sistema de pensiones que regía hasta ahora en Europa. Este es un cambio importante: muchos gobiernos europeos han optado por combinar el sistema de reparto que siempre ha imperado en el viejo continente con fórmulas de capitalización en las que sean los trabajadores los que financien su pensión a través de sus aportaciones a fondos de pensiones u otras formas de ahorro. En definitiva: la UE pretende pasar de la solidaridad intergeneracional a que cada generación se haga cargo de su propia jubilación. De momento los planes marchan según lo previsto. Las previsiones de Bruselas apuntan que con las reformas realizadas, en 2060 los países de la UE invertirán menos recursos en las pensiones de los que invierten ahora. Los países de la Eurozona, por ejemplo, dedicarán a las pensiones un 12,4% de su PIB en 2020, pero sólo un 12,3% cuarenta años después.

En el caso español, antes de las reformas las previsiones sostenían que España dedicaría más del 15% PIB a pagar las pensiones en 2050; con las reformas de 2011 y 2013 España empleará en pensiones un 11,8% del PIB en 2020 para llegar al 12,3% en 2050 y descender al 11% en 2060. En ese sentido, en el del gasto, España es el segundo país con la segunda pensión más alta de Europa, con 2.567 euros al mes. Sólo nos supera Luxemburgo con casi 4.800. Pero lo que importa es la perspectiva, o sea, la pensión media de jubilación. En España es de 1.037 euros al mes. En la UE de los 28 la pensión está ligeramente por encima de los 800 euros.

Otra consecuencia de las reformas es más inmediata: 23 de los 28 países de la UE habrán subido hasta el 2020 la edad de jubilación. El objetivo es llegar de forma progresiva hasta los 67 años de edad oficial de jubilación en la próxima década. Las subidas hasta 2020 oscilarán entre un mínimo de 9 meses, en el caso de Alemania, y un máximo de dos años y medio, en el de Croacia. En este apartado también surten efecto las reformas: en 2014 la edad media real de jubilación en la Unión Europea era de 63,6 años y en 2020 ya sera de 64,4 años; en 2040 alcanzará los 65 años y los 65,3 en 2060.

El aumento de la edad de jubilación colocará a los españoles entre los europeos con mayor edad de jubilación oficial en 2020, solo superados por los griegos, que lo harán a los 67, franceses (entre 62 y 67), italianos (66 años y 11 meses), holandeses (66 años y 8 meses), polacos (67), finlandeses (entre 63 y 68 años) y suecos (entre 61 y 67 años). Muchos países de la UE empezaron a elevar su edad de jubilación de forma progresiva a partir de las reformas de 2011 con el objetivo de alcanzar esa edad en la próxima década. España no dejará de subir la edad de jubilación hasta alcanzar los 67 años en 2027. Otros lo habrán hecho mucho antes.

En cuanto al tiempo necesario de cotización, aquí también hay mucha diversidad, si bien hay elementos comunes: todos han incrementado el tiempo mínimo de cotización necesario para cobrar el 100% de la pensión. Para ello habrá que haber cotizado entre los 37 años de España y 45 de Austria o Alemania, informa Público. Europa no siempre ha estado unida, pero en lo que se refiere al recorte de las pensiones ningún país ha dudado en seguir los dictados de Bruselas. Las próximas generaciones de europeos tendrán que trabajar más tiempo para tener una pensión pública peor si no cambian sus gobiernos neonazis y se someten al dictado tiránico de las oligarquías fascistas.

El PP veta la propuesta para subir las pensiones


El Gobierno del PP ha registrado un escrito en el Congreso reclamando la paralización de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que firmó el PSOE y otros grupos de la oposición para subir las pensiones en 2017 una media del 1,2%, alegando que su aplicación supondría un coste para el Estado de más de 1.150 millones de euros sin que se detalle de dónde deberían salir. El veto de Rajoy, que al registrarse a última hora del lunes no ha podido ser analizado aún en la Mesa del Congreso, se une a los otros trece que tiene presentados el Gobierno a leyes presentadas por la oposición y que amenazan con acabar con un nuevo conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. El IPC de noviembre del 0,7% hace perder poder adquisitivo a los pensionistas.

Valencia: las viviendas sociales, ocupadas o inhabitables

O están ya ocupadas o están en obras para su reforma o son inhabitables. Y a las puertas aguardan aproximadamente 9.000 personas con riesgo de quedarse sin techo por falta recursos. Está es la complicada situación que atraviesa el parque de viviendas de alquiler social que gestiona la Generalitat. Se trata de hogares destinados a los más necesitados: personas que se quedan en la calle por un desahucio, víctimas de malos tratos protegidas por la ley o familias con recursos mínimos en riesgo de exclusión social. En definitiva, un salvavidas público para el derecho a la vivienda digna que funciona con el sistema de alquiler con bonificaciones de hasta el 90% para las personas menos pudientes. En su gestión está implicada la Conselleria de Vivienda, en colaboración con Igualdad y Políticas Inclusivas y los servicios sociales municipales.

Según los últimos datos facilitados por Vivienda, el parque público de hogares sociales se compone de 13.542 casas. «Desde la conselleria se están haciendo grandes esfuerzos para dignificarlo, pues la falta de inversión del anterior gobierno autonómico dejó como herencia 700 viviendas en estado ruinoso», criticaron fuentes del departamento.

Pero lo cierto es que desde el cambio de legislatura en 2015 los presupuestos tampoco parecen haber llegado para ampliar el parque de hogares. Y eso que la demanda social lo pide a gritos. Según los datos facilitados por Vivienda, a principios de noviembre había alrededor de 9.000 solicitudes pendientes. Son 3.600 personas más que a principios de octubre de 2015. Es decir, la lista de espera se ha incrementado un 66% en poco más de un año. En esta tesitura, la estrategia de la Generalitat se ha centrado en reformar esos 700 inmuebles que se encontró deteriorados e inhabitables en verano de 2015. Hasta la fecha se han arreglado y entregado a personas necesitadas 329. El resto o están en obras (41 pisos) o pendientes de valoración para acometer la reforma en breve (108).

De esas 329 viviendas entregadas desde el inicio de la legislatura, 58 se han cedido a afectados por los desahucios, un colectivo que en mayo podría engrosar aún más las listas de espera al finalizar la moratoria gubernamental que les permite permanecer en sus casas. Según Vivienda, otros 36 pisos han ido a parar a víctimas de malos tratos. Con las matemáticas en la mano, resulta obvio es que el parque de viviendas sociales sigue siendo escaso en relación a esas 9.000 personas en lista de espera. Es decir, aún reformando todas las casas ruinosas y dejando el parque actual en perfecto estado, la bolsa de solicitantes sólo se reduciría en un 4%.

Preguntada por una posible ampliación del número de viviendas sociales, la Generalitat alude al proyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda que se está debatiendo esta semana en Les Corts. «La conselleria deberá desarrollar en un plazo máximo de dos años un plan plurianual de rehabilitación y ampliación del parque público que incluirá también la adaptación de un 10% de las viviendas para personas con diversidad funcional», expusieron ayer fuentes de Vivienda, informa Las Provincias.

55.000 empleos menos en sanidad tras el verano

El sindicato de funcionarios CSIF denuncia que el sector sanitario ha perdido 54.739 puestos de trabajo desde el final de verano, encadenando tres meses de destrucción de empleo (19.604 en septiembre y 32.899 en octubre y 2.236 en noviembre), según los datos de la Seguridad Social conocidos hoy. Según el sindicato estas cifras constatan el abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo de las Administraciones Públicas y recuerda que la pérdida de puestos de trabajo ha coincidido con la campaña de la gripe y la bajada de temperaturas en toda España, con el previsible incremento de la presión asistencial.

Para el CSIF estas cifras de interinidad “no son razonables teniendo en cuenta que son ámbitos fundamentales de nuestro Estado del Bienestar y por tanto no pueden estar sometidos a esta variación, como ocurre en otros ámbitos como la hostelería, los servicios o el campo”. Por ello, el sindicato exige la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para fijar una oferta de empleo público para 2017 “acorde a las necesidades de nuestras administraciones públicas, sin tasa de reposición y que evite el abuso de la contratación del personal interino”.

Podemos tacha la subida del SMI de "insulto" a los españoles

“Estamos contentos, el Gobierno se ha plegado”. Este el mensaje que el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha enviado después de que los socialistas lograran pactar con el PP una subida del 8% del salario mínimo, la mayor en 30 años, hasta los 707 euros. El incremento, de 52,4 euros mensuales, es considerado dentro de las filas del PSOE como una victoria frente a los 800 euros que pidió Podemos para 2018, cuya petición fue aprobada por el Congreso la semana pasada. “Habríamos querido subir el SMI 250 euros pero eso es fabular”, ha dicho en clara referencia a la formación morada, que considera "un insulto” el acuerdo de PP-PSOE.

La PAH convoca protestas hoy para denunciar la pobreza energética

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) han decidido dar un paso al frente ante los últimos acontecimientos. La muerte de Rosa, la anciana de Reus que murió en su casa por un incendio que se originó por una vela prendida que utilizaba para alumbrarse al ser víctima de la pobreza energética, ha provocado que estos dos importantes colectivos se lanzasen a las calles. Ambas plataformas han convocado para este viernes a las siete de la tarde una movilización en cada ciudad española para denunciar esta situación. “Igual que las muertes por desahucios, de nuevo ha quedado claro que la pobreza energética mata y llevamos tiempo alertando de ello”, han recalcado desde la PAH.

El paro aumenta en 24.841 personas en noviembre

El paro registrado se ha incrementado en 24.841 personas en noviembre, hasta un total de 3.789.823. Suma cuatro meses seguidos con aumentos. Así lo ha anunciado hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se trata de su cuarta subida mensual consecutiva tras las de agosto (+14.435 desempleados), septiembre (+22.801) y octubre (+44.685). Aunque noviembre tradicionalmente es un mal mes para el mercado laboral, en los últimos tres años había mejorado. Así, en 2013, 2014 y 2015 el paro descendió en 2.475, 14.688 y 27.071 desempleados, respectivamente.