divendres, 4 de novembre de 2016

La alcaldesa de Berga puede ir a prisión si vuelve a desobedecer

El juez que ha ordenado la detención de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, la ha dejado en libertad después de que la alcaldesa haya declarado en el juzgado, pero la obliga a fijar un domicilio y un teléfono de contacto y la advierte de que si vuelve a desobedecer una nueva citación, podría ordenar nuevamente la detención, "que en su caso podría elevarse a prisión", para garantizar que se presente.

El magistrado entiende que, de momento, Venturós debe quedar en libertad, "teniendo en cuenta las circunstancias de los hechos, la pena que se le puede llegar a imponer, que tiene domicilio fijo y que no burlará la acción de la justicia".

La CUP critica al Govern por la detención de Venturós por los Mossos

La alcaldesa de Berga, Monste Venturós, ha declarado este mediodía en el juzgado de la localidad cuatro horas después de su detención por parte de los Mossos d’Esqadra por plantar en dos ocasiones al juez que le investiga por mantener la estelada en el Ayuntamiento. A la salida del juzgado, la alcaldesa, de la CUP, ha tildado su detención de "ataque antidemocrático e insultante contra el pueblo catalán" y ha asegurado que continuará obedeciendo el mandato popular que tiene el Ayuntamiento. Puigdemont dice apoyar a la alcaldesa. Colau, Domenech o Tardà critican la detención de Monse Venturós.

La CUP critica al Govern por la detención de Venturós por los Mossos

La alcaldesa de Berga, Monste Venturós, ha declarado este mediodía en el juzgado de la localidad cuatro horas después de su detención por parte de los Mossos d’Esqadra por plantar en dos ocasiones al juez que le investiga por mantener la estelada en el Ayuntamiento. A la salida del juzgado, la alcaldesa, de la CUP, ha tildado su detención de "ataque antidemocrático e insultante contra el pueblo catalán" y ha asegurado que continuará obedeciendo el mandato popular que tiene el Ayuntamiento. Puigdemont dice apoyar a la alcaldesa. Colau, Domenech o Tardà critican la detención de Monse Venturós.

Venturós ha salido acompañada de su abogado Benet Salellas, también de la CUP, quien ha discrepado de la estrategia de la Generalitat en el caso, por la detención por parte de los Mossos “a primera hora de la mañana y cuando se encontraba sola” y ha preguntado al Govern “qué estrategia tiene de cara a las detenciones” que llegarán en el futuro y ha enmarcado los hechos en “una escalada de represión contra el independentismo”. En este sentido, Salellas ha instado al Govern a decidir “si está con la Justicia española o con los cargos electos independentistas de este país”. Ambos han coincidido en acusar a la justicia española de “privar de libertad” a personas por “la expresión de ideas” y han subrayado que la permanencia de la estelada en el ayuntamiento responde al “mandato popular”.

En las inmediaciones del juzgado de Berga se han concentrado unas 150 personas entre vecinos y gente llegada de toda Catalunya para mostrar su solidaridad con Montse Venturós, así como líderes políticos independentistas como el presidente del grupo de Junts pel Sí, Jordi Turull, quien ha recibido algunos abucheos por la participación de la policía catalana. También estaban Isaac Peraire, secretario de organización de ERC, Dionís Guiteras, vicepresidente de la Diputación de Barcelona, el edil de Vic también investigado Joan Coma Roura, David Saldoni, alcalde de Sallent, Jordi Sànchez, presidente de la ANC, Chema Clavero, presidente de Súmate...

La CUP ha convocado concentraciones en solidaridad con Venturós para las 19 horas de esta tarde en el centro de distintas localidades catalanas como Barcelona, Girona, Reus, Lleida, Tortosa, Figueres, Sort, Vilafranca del Penedès, Sabadell, Mataró e incluso Palma.

Puigdemont dice apoyar a la alcaldesa de Berga


El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la consellera de Presidencia, Neus Munté, han criticado la detención de la alcaldesa de Berga y el president, Carles Puigdemont, ha expresado su apoyo a la alcaldesa de Berga, Montse Venturós (CUP), tras ser detenida por los Mossos d’Esquadra por orden judicial, en lo que Puigdemont cree que hay “persecución de ideas”.

“Mi apoyo a Montse Venturós y a los cargos electos que sufren persecución por sus ideas. La libertad de expresión no es ningún delito”, ha afirmado el presidente de la Generalitat en su cuenta de Twitter. La consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Neus Munté, también ha lamentado lo ocurrido y critica “una persecución” del Gobierno central. “Todo mi apoyo a Venturós y al resto de cargos electos e institucionales ante el auténtico problema: déficit democrático y persecución del Gobierno del PP”, ha tuiteado Munté.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha utilizado también las redes sociales para darle su apoyo y pedir no “judicializar” la política. Por su parte, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domenech, cree que es “especialmente grave que se detenga a una alcaldesa por ejercer el derecho de libertad de símbolos”. Ha dado su opinión en ‘El món a RAC1’, donde ha precisado condena que sea delito colgar una estelada. Además, ha añadido que si ellos gobernaran duda mucho que detuvieran a un alcalde.

El diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, también ha acusado al Estado de tener como único objetivo “destruir la complicidad del conjunto del independentismo” al detener a Montse Venturós. En varios apuntes en Twitter, Tardà ha alertado de que “la violencia judicial y la represión se acentúan”, por lo que ha pedido que nadie se eche atrás y todos presten apoyo a la alcaldesa.

Els Mossos detenen l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), ha estat detinguda aquest divendres cap a 2/4 de 8h del matí per agents dels Mossos d'Esquadra. La policia, que segons apunten les primeres informacions anava de paisà, ha anat a buscar la batllessa al seu domicili, en un moment en que es trobava sola a casa, segons ha denunciat el diputat de la CUP i advocat de Venturós, Benet Salellas. Els Mossos han escortat l'alcaldessa fins a la comissaria de la capital del Berguedà per prendre-li declaració per haver desobeït la citació que el passat dia 18 d'octubre la cridava a declarar al jutjat per no haver retirat l'estelada abans de les eleccions del 27 de setembre i del 20 de desembre del 2015, tal i com li ordenava la Junta Electoral Central.

Thierry Meyssan: "la familia Saudita ha financiado ilegalmente a Hillary Clinton"

La investigación del FBI sobre los emails privados de Hillary Clinton ya no está relacionada con una negligencia en materia de normas de seguridad sino con un complot tendiente a sustraer a los servidores del gobierno federal todo rastro de su correspondencia. Esto parece incluir intercambios de mensajes sobre financiamiento ilegal o la corrupción de terceros vinculados a las relaciones del matrimonio Clinton con la Hermandad Musulmana y los yihadistas. La reactivación de la investigación del FBI sobre los mensajes privados de Hillary Clinton ya no tiene que ver con un problema de seguridad sino con una serie de manejos que pudieran llegar incluso a caracterizarse como crímenes de alta traición. Además, según un despacho de Petra, la agencia oficial de Jordania, fechado el 12 de junio de 2016, la familia real de Arabia Saudita ha financiado ilegalmente un 20% de la campaña electoral de Hillary Clinton. Foto: Hillary Clinton y la jefa de su equipo, Huma Abedin.

Técnicamente, en vez de utilizar los servidores de seguridad del Estado federal, la secretaria de Estado usó un servidor privado que había instalado en su domicilio para poder utilizar internet sin dejar rastros en una máquina del gobierno federal. El técnico privado de la señora Clinton había limpiado ese servidor antes de la llegada del FBI, de manera que ya no era posible saber el por qué de la instalación de ese dispositivo. El FBI observó inicialmente que el servidor privado no garantizaba el mismo nivel de seguridad que el servidor del Departamento de Estado. Por tanto, la señora Clinton había cometido una falta en materia de seguridad. Pero el FBI confiscó posteriormente el ordenador del ex miembro del Congreso estadounidense Anthony Weiner, el ex esposo de Huma Abedin, la jefa del equipo de trabajo de Hillary Clinton. Y en ese ordenador aparecieron una serie de correos electrónicos de la ex secretaria de Estado.

Anthony Weiner es un político judío, muy vinculado a los Clinton, que ambicionaba ser alcalde de Nueva York. Pero tuvo que dimitir como consecuencia de un escándalo esencialmente puritano: Weiner había enviado SMS eróticos a varias mujeres. Huma Abedin se separó de él oficialmente, pero en realidad no lo dejó. Huma Abedin es estadounidense y se educó en Arabia Saudita. Su padre dirige una revista académica –en la que la propia Huma fue durante años secretaria de redacción–, publicación que recoge regularmente las opiniones de la Hermandad Musulmana. Su madre preside la asociación saudita de mujeres miembros de la Hermandad Musulmana y trabajaba con la esposa del presidente egipcio Mohamed Morsi, otro representante de la Hermandad Musulmana. Su hermano Hassan trabaja para el jeque Yusuf al-Qaradawi, el predicador y consejero espiritual de Al-Jazeera.


Durante un viaje oficial a Arabia Saudita, la secretaria de Estado visita el colegio Dar al-Hekma con Saleha Abedin –la madre de Huma– quien preside la asociación de Hermanas miembros de la Hermandad Musulmana.
Huma Abedin es actualmente un personaje central de la campaña electoral de Hillary Clinton, junto a su director de campaña, John Podesta, quien fue jefe de personal de la Casa Blanca bajo la presidencia de Bill Clinton. Podesta es además el agente de influencia encargado de promover los intereses de Arabia Saudita en el Congreso de Estados Unidos, tarea por la cual percibe mensualmente la módica suma de 200 000 dólares. El 12 de junio de 2016, la agencia de prensa oficial de Jordania publicó una entrevista del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Ben Salman, quien defendía la modernidad de su familia argumentando que la familia real saudita financió –ilegalmente– en un 20% la campaña electoral de Hillary Clinton… a pesar de tratarse de una mujer. Al día siguiente, la agencia anulaba el despacho que contenía esa información y afirmaba que su sitio web había sido pirateado.

Huma Abedin no es la única persona de la administración Obama vinculada a la Hermandad Musulmana: El medio hermano del presidente, Abon’go Malik Obama, presidente de la Fundación Barack H. Obama, es también tesorero de la Obra Misionaria de la Hermandad Musulmana en Sudán. Abon’go Malik Obama se halla directamente a las órdenes del presidente sudanés Omar el-Bechir.

Un miembro de la Hermandad Musulmana es miembro del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. Desde 2009 hasta 2012, fue Mehdi K. Alhassani. No se sabe quién lo sustituyó, pero la Casa Blanca negaba que hubiera un miembro de la Hermandad Musulmana en el Consejo de Seguridad Nacional, hasta que se supo que Alhassani era efectivamente miembro de la cofradía. Rashad Hussain, embajador de Estados Unidos ante la Conferencia Islámica, también pertenece a la Hermandad Musulmana. Otros miembros de la cofradía debidamente identificados ocupan cargos menos importantes en la administración Obama. Pero vale la pena mencionar en particular a Louay M. Safi, actualmente miembro de la Coalición Nacional Siria y ex consejero del Pentágono.

En abril de 2009, dos meses antes de pronunciar su famoso discurso en El Cairo, el presidente Obama recibió secretamente una delegación de la Hermandad Musulmana con su medio hermano Abon’go Malik Obama en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Abon’go Malik Obama es el tesorero de la Obra Misionera de la Hermandad Musulmana en Sudán. Anteriormente, había invitado a su investidura a Ingrid Mattson, la presidenta de la Asociación de Hermanos y Hermanas Musulmanes en Estados Unidos.

Por su parte, la Fundación Clinton empleó como responsable de su proyecto «Clima» a Gehad el-Haddad, uno de los dirigentes mundiales de la Hermandad Musulmana, quien había sido hasta entonces responsable de un programa de televisión coránica. Su padre fue uno de los cofundadores de la Hermandad Musulmana en 1951, cuando la CIA y el MI6 decidieron reactivarla. Gehad dejó la Fundación Clinton en 2012 para convertirse, en El Cairo, en vocero del entonces candidato a la presidencia de Egipto Mohammed Morsi, y posteriormente pasó a ser vocero oficial de la Hermandad Musulmana a escala mundial.

Sabiendo que todos los líderes yihadistas del mundo provienen de la Hermandad Musulmana o de la orden sufí de los Naqchbandis –los dos componentes de la Liga Islámica Mundial– sería interesante tener un poco más de información sobre las relaciones de la señora Clinton con Arabia Saudita y la cofradía.

Resulta, por otro lado, que en el equipo del adversario de Hillary Clinton, Donald Trump, está el general Michael T. Flynn, quien trató de oponerse a que la Casa Blanca creara el Emirato Islámico (Daesh) y dimitió de su cargo de director de la Defense Intelligence Agency (DIA, la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa) en señal de protesta. Y junto a él, también como miembro del equipo de Trump, figura Frank Gaffney, un «cold warrior» histórico, actualmente catalogado como «complotista» por haber denunciado… la presencia de miembros de la Hermandad Musulmana en el gobierno federal.

Por supuesto, desde el punto de vista del FBI, todo respaldo a las organizaciones yihadistas constituye un crimen, sin importar la línea política de la CIA. En 1991, el FBI –y el senador John Kerry– provocaron la quiebra del BCCI –banco pakistaní registrado en las Islas Caimán y ampliamente utilizado por la CIA en todo tipo de operaciones secretas con la Hermandad Musulmana, el mismo esquema que esa agencia estadounidense de inteligencia suele emplear con los cárteles latinoamericanos de la droga, informa Red Voltaire.

El FBI registra correos vinculados con Hillary Clinton

Los agentes del FBI que investigan el manejo de la información clasificada de Hillary Clinton en un servidor de correo electrónico privado obtuvieron una orden de registro sobre un ordenador del excongresista Anthony Weiner, informaron este lunes varios medios estadounidenses. Mientras la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investigaba los archivos de Weiner por presuntamente mantener conversaciones sexuales con menores, los agentes encontraron otros correos que podrían estar vinculados al caso de Clinton, aunque este ya fue cerrado en julio pasado. El FBI ya tenía su orden de registro sobre el caso del exlegislador, quien fuera marido de una de las más cercanas asesoras de la aspirante demócrata, Huma Abedin, pero no contaba con permiso para investigar los correos por la investigación vinculada con la exsecretaria de Estado.

Trump acusa a Clinton de "crimen de la peor atrocidad"

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó hoy que la reapertura a apenas once días de las elecciones de la investigación del FBI en contra de su oponente, Hillary Clinton, por el escándalo de los correos, solo puede responder a un "crimen atroz". "El FBI nunca habría reabierto este caso en este momento a menos de que se trate de un crimen de la peor atrocidad", dijo Trump en un acto en Cedar Parks (Iowa) mientras sus seguidores coreaban el grito de guerra "lock her up" ("enciérrenla").

La FADSP rechaza a Dolors Montserrat

El nombramiento como ministra de Sanidad de Dolors Montserrat i Montserrat, la única catalana en el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, no ha gustado nada a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que lamenta que el cargo lo asuma "una persona ajena al mundo de la salud y sin conocimiento alguno sobre el sistema sanitario y su funcionamiento". Para la FADSP, de este modo, "a costa de los presupuestos públicos y con el sueldo de ministro vamos a sufragar el aprendizaje de la Sra. Monserrat", que jura o promete el cargo este mismo viernes. Dolors Montserrat Montserrat y su madre son propietarias de una empresa que debe 2 millones de euros a Hacienda.

La federación de entidades, además, interpreta que la decisión es "una muestra más del profundo desprecio del PP y del Sr. Rajoy hacia la Sanidad Pública que no augura nada bueno y hace sospechar que va a continuar la política sistemática de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización".

Montserrat (1973), hija de la miembro del PP catalán del mismo nombre, ha ejercido la abogacía con despacho propio, centrado en el derecho urbanístico, inmobiliario y ambiental, y ha sido regidora en su localidad natal, Sant Sadurní d'Anoia, y diputada por Barcelona en el Congreso. Será la cuarta ministra de Sanidad de Rajoy, después de Ana Mato, Alfonso Alonso y Fátima Báñez. La mayoría de las competencias relacionadas con su cartera están en manos de las comunidades autónomas.

La empresa de Dolors Montserrat y su madre, en la lista de deudores de Hacienda


En Hacienda saben quién es Dolors Montserrat Montserrat. Ella y su madre son propietarias de una empresa que debe 2 millones de euros a Hacienda. En la lista que publicó Hacienda a principios de año aparece Montserrat Operador Logistico SL, empresa de la familia de Dolors Montserrat, madre e hija. Según las informaciones de algunos medios de comunicación, a principios de año la empresa de Montserrat tuvo que hacer una suspensión de pagos. Montserrat tiene una flota de medio centenar de camiones y camiones-cisterna. Sus instalaciones incluyen naves logísticas en Vilafranca del Penedès y Valls, con 70.000 metros cuadrados de almacenes, parte de ellos provistos de temperatura controlada. Además, gestiona otros 40.000 metros cuadrados de naves industriales de terceros.

El nuevo Gobierno de Rajoy: más de lo mismo... o peor

Pocas sorpresas en el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, que el presidente ha anunciado este jueves a última hora de la tarde tras comunicárselo al monarca en el Palacio de la Zarzuela. Nombres como el Alfonso Dastis, en Exteriores, Íñigo de la Serna, en Fomento, y la catalana Dolors Montserrat, en Sanidad, Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital; Juan Ignacio Zoido, de Interior en sustitución del nefasto y vilipendiado Fernández; y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que dirigirá Defensa, lo que da una visión global de la coherencia del gobierno: más de lo mismo.

La venta de pisos de Botella, a los tribunales

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias por la enajenación del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 viviendas de alquiler al fondo Magic Real Estate Blackstone, gestionado por Fidere. Esas viviendas pertenecían a 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que, a través de esta operación llevada a cabo en el 2013 por el Ejecutivo de Ana Botella, obtuvo 128,5 millones de euros. Un dinero que se sumó a otras ejecuciones llevadas a cabo por el propio ayuntamiento con el objetivo de saldar parte de la deuda de la EMVS, que por entonces rondaba los 630 millones de euros.

El fiscal jefe, Miguel Ángel Torres, se refiere a esta operación en un informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Madrid, según el cual “los intereses económicos públicos pueden experimentar un quebranto económico injustificado y puede existir un beneficio injustificado en los compradores” en el proceso de venta de pisos sociales a este fondo buitre. El informe recoge el análisis jurídico de las operaciones de venta de patrimonio de los años 2012 y 2013 llevadas a cabo por el consistorio madrileño. “Todo lo cual evidencia una gestión y administración poco ajustada a los intereses de la EMVS, por el posible quebranto que esa política de ventas puede haber originado al patrimonio de la EMVS y por derivación al del Ayuntamiento de Madrid, de cuyos fines e intereses sociales la EMVS se aparta al enajenar estas viviendas a entidades jurídicas”, sentencia el informe.

El Tribunal de Cuentas ha valorado en 2,3 millones de euros la pérdida de patrimonio del Ayuntamiento de Madrid y la EMVS en su “deficiente gestión” de las 18 promociones de la EMVS enajenadas al fondo Magic Real Estate Blackstone. “Se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado”, concluye, informa El Boletín.

El PSOE pide abrir el caso contra Ana Botella y los pisos de fondos buitre

El Grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 38 que reabra el caso de la venta de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Blackstone, que dejó desprotegidas a las familias afectadas. En el escrito dirigido al juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba, que decretó el cierre provisional del caso, la solicitud alega que existen “nuevos argumentos de prueba” para la reapertura, entre ellos un demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Madrid. Las viviendas se vendieron a Blackstone por la mitad de su valor, entre otras graves irregularidades.

Los abusos del fondo buitre al que Ana Botella vendió 1.860 viviendas sociales

Alquileres más altos, precios del agua disparados y desahucios sin alternativa son algunas de las consecuencias de la venta de pisos protegidos a Blackstone. Los inquilinos de las 18 promociones de casas que el equipo de Ana Botella vendió al fondo buitre Magic Real Estate-Blackstone por 120 millones de euros han visto cómo sus viviendas, de origen social, se han convertido en pisos sometidos a las exigencias del libre mercado más feroz, en el que se mueven sus nuevos caseros: los fondos de inversión. A Arancha Mejías, presidenta de la plataforma de afectados por la venta, el trabajo de destapar los comportamientos del fondo buitre y las dudosas condiciones del proceso de venta –cercadas ahora por un informe de la Cámara de Cuentas– le ha costado caro. Le ha costado su casa. Fidere (filial de Blackstone) le ha remitido un burofax en el que le informa de que no le renueva el contrato. Recopilamos algunas de las situaciones denunciadas por los afectados en estos años.

Erdogan detiene a los líderes del partido de la izquierda kurda

Figen Yüksekdag y Selahattin Demirtas, colíderes del izquierdista y prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP, la tercera fuerza del Parlamento turco, con 59 de los 550 escaños totales), fueron detenidos en la madrugada de este viernes junto con otros 9 diputados elegidos democráticamente en los comicios de noviembre del pasado año. Un comunicado gubernamental remitido a la prensa indicó que los 11 parlamentarios “han sido detenidos por no comparecer al llamarles a testificar los fiscales en una investigación sobre algunos diputados acusados de ofensas criminales, después de que entrara en vigor una reforma constitucional para levantar la inmunidad de algunos miembros del Parlamento”. Foto: Un coche bomba provoca al menos 8 muertos y más de 100 heridos en la capital oficiosa del Kurdistán turco horas después de la redada.

La prensa turca detalló que Yüksekdag y Demirtas fueron detenidos en sus casas (en Ankara y Diyarbakir, respectivamente), como parte de una investigación antiterrorista que se lleva a cabo en varias provincias del país eurasiático de manera simultánea. En un comunicado, la Fiscalía de Diyarbakir (en el sudeste del país y considerada la capital oficiosa del Kurdistán turco) ordenó las detenciones y la inspección de la sede del HDP en Ankara debido a acusaciones de ser “miembros de una organización armada terrorista y por propaganda terrorista”, todas ellas “sospechas basadas en pruebas sólidas”. Otro comunicado del Ministerio del Interior indicó que se habían emitido órdenes de detención contra cuatro diputados más del HDP, dos de los cuales se encuentran en el extranjero.

La investigación judicial que ha resultado en las detenciones gira en torno a unas protestas ocurridas en octubre del 2014, en las que se enfrentaron activistas de la izquierda kurda y simpatizantes islamistas con motivo del asedio de los yihadistas del Estado Islámico a la ciudad kurdosiria de Kobani. Así, la justicia turca acusa al HDP de haber incitado a la violencia durante estos altercados, que concluyeron con varios muertos. Además, Ankara argumenta que existen vínculos entre el HDP y el grupo armado prokurdo del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado terrorista también por Washington y Bruselas.

Poco después de las detenciones, en torno a las ocho de la mañana hora local (dos horas menos en España), un coche bomba causó al menos 8 muertos y más de 100 heridos en Diyarbakir, según ha confirmado el primer ministro turco, Binali Yildirim, quien ha revelado a la prensa que un supuesto miembro del PKK también murió en la explosión. Tanto Yildirim como el diario progubernamental 'Sabah' han acusado a miembros del PKK como responsables directos del brutal atentado.

Según 'Sabah', la explosión se produjo cerca de las sedes de la Policía Antiterrorista y Antidisturbios, y los agentes se enfrentaron a los atacantes después de la explosión. Varios vehículos y edificios aledaños quedaron dañados por el coche bomba, tras cuya explosión acudieron al lugar ambulancias y equipos de bomberos y salvamento. Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram, Youtube, Skype y otras webs y servicios de mensajería fueron cortados por el Gobierno durante la redada y las horas posteriores a la explosión, en una maniobra de censura que ya es todo un clásico en Turquía durante momentos delicados.

Turquía continúa bajo el estado de emergencia tras la intentona golpista del pasado 15 de julio, lo cual permite al Gobierno maniobrar con más margen contra sus enemigos, al no estar el Ejecutivo sujeto a los controles y las garantías constitucionales de un periodo normal.

Els Mossos detenen l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), ha estat detinguda aquest divendres cap a 2/4 de 8h del matí per agents dels Mossos d'Esquadra. La policia, que segons apunten les primeres informacions anava de paisà, ha anat a buscar la batllessa al seu domicili, en un moment en que es trobava sola a casa, segons ha denunciat el diputat de la CUP i advocat de Venturós, Benet Salellas. Els Mossos han escortat l'alcaldessa fins a la comissaria de la capital del Berguedà per prendre-li declaració per haver desobeït la citació que el passat dia 18 d'octubre la cridava a declarar al jutjat per no haver retirat l'estelada abans de les eleccions del 27 de setembre i del 20 de desembre del 2015, tal i com li ordenava la Junta Electoral Central. Hores d'ara, Montse Venturós es troba als jutjats de Berga i s'ha convocat a les 9h, davant d'aquest edifici, una concentració de suport a la batllessa. Fonts dels Mossos d'Esquadra han justificat la detenció de Montse Venturós argumentant que han rebut una ordre judicial i l'han complert com a policia judicial que són.

Montse Venturós va plantar la justícia per segona vegada aquest 17 d'octubre passat, quan estava citada a comparèixer al Jutjat d'Instrucció número 1 de la ciutat, i com la darrera vegada, el 5 d´abril, va desobeir i no s´hi va presentar. La citació era en qualitat d'investigada per delicte electoral per no haver fet cas dels requeriments de la Junta Electoral Central de retirar l´estelada del balcó de l'ajuntament de Berga en les eleccions autonòmiques del 27 de setembre i en les generals del 20 de desembre del 2015. L´alcaldessa de Berga ja va avançar aquell dia que si hi ha una tercera citació judicial tampoc hi aniria, malgrat el risc d´inhabilitació. Venturós declarava aleshores que «la desobediència és una eina bàsica per fer front a la judicialització per part de l´estat espanyol de qüestions eminentment polítiques».

El 17 d'octubre més de 200 persones es van aplegar, a les 7 del vespre, a la plaça de Sant Pere per donar suport a l'alcaldessa. Sota el lema «Berga no la despenja», a l'acte hi van assistir diferents representants polítics del Berguedà -i d´altres comarques de la Catalunya Central-, encapçalats pel president del Consell Comarcal, David Font; alcaldes com el de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, el de Solsona, David Rodríguez, o el de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire; i càrrecs nacionals com Jordi Turull, president del grup parlamentari de Junts pel Sí (JxS), la senadora Mirella Cortès i la també bagenca i republicana Adriana Delgado, l´advocat de la dirigent local Benet Salellas i Joan Coma, el regidor de Capgirem Vic (CUP) que s´enfronta a una petició de la fiscalia de l´Audiència Nacional, a qui demana que el citi a declarar com a investigat per un presumpte delicte d´incitació a la sedició.

Els suports també van arribar de les files de l´esquerra independentista amb un comunicat del Casal Panxo, bressol de la militància política de la dirigent. L´entitat denuncia «els atacs judicials de l´Estat espanyol» i dóna suport «a aquest acte de desobediència a la justícia espanyola. Una justícia manipulada per un Estat que, contra les cordes, es nega a respondre políticament a una demanda popular clara».

L'acte va tenir una durada de mitja hora i va consistir en intervencions breus de representants de l´Assemblea Nacional Catalana, de JxS, ERC, la CUP i l´alcaldessa. El cants de «Els Segadors» va cloure la concentració. L'alcaldessa de Berga es refermava aleshores en la decisió de desobeir. «Ens reafirmen en la desobediència, continuarem negant-nos a declarar perquè creiem i entenem que hi ha una criminalització contra el poble català per exercir el seu dret a l´autodeterminació, recordem que és un dret inalienable». Va denunciar les «ràtzies judicials espanyoles» assegurant que «aquesta és la fórmula amb què l'estat ens vol atemorir, però això ja no és possible», ja que «la sobirania popular està per damunt de la legalitat que ja només reconeix una minoria». Montse Venturós va assegurar que «no temem la inhabilitació» malgrat ser conscients que «evidentment hi haurà represàlies per part de l´estat espanyol».

La dirigent berguedana va recordar el 17 d'octubre que no es treia l´estelada del pal de la façana consistorial perquè existeix un acord de ple del 6 de setembre del 2012 en el qual es va donar llum verd a una moció de l´Assemblea Nacional de Catalunya de Berga en què el consistori berguedà s´adheria a la campanya «Penja-la i no la despengis fins a la independència», perquè es col·loqués de manera permanent l´estelada al pal del balcó consistorial, informa Regió7.

Juicio oral contra Chaves y Griñán

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha acordado la apertura de juicio oral contra 26 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, investigados en la causa de los ERE (en la pieza sobre el 'procedimiento específico'), entre los que están los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A todos ellos se les enjuiciará por un delito continuado de prevaricación y por otro de asociación ilícita. Además, 18 de ellos serán también juzgados por un presunto delito continuado de malversación. El órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa es la Audiencia de Sevilla.

Era el paso esperado después de que las partes se pronunciaran. La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán seis años de cárcel por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que para Chaves solicita diez años de inhabilitación especial por un único presunto delito de prevaricación continuada. Después de que el último día del pasado mayo, el juez Álvaro Martín decidiera continuar el procedimiento, la Fiscalía presentó su escrito de acusación en esta pieza separada.

Según informa el TSJA en un comunicado, la apertura de juicio oral se acuerda contra las siguientes 26 personas por un delito continuado de prevaricación y otro de asociación ilícita: Manuel Chaves González y José Antonio Griñán Martínez, ex presidentes de la Junta de Andalucía; Gaspar Zarrías Arévalo, exconsejero de Presidencia; José Antonio Viera Chacón,exconsejero de Empleo; Antonio Fernández García,exviceconsejero y exconsejero de Empleo; Magdalena Álvarez Arza,exconsejera de Economía y Hacienda; Carmen Martínez Aguayo,exviceconsejera y consejera de Hacienda; Francisco Vallejo Serrano,exconsejero de Innovación; Agustín Barberá Salvador, exviceconsejero de Empleo; Justo Mañas Alcón,exviceconsejero de Empleo; Gonzalo Suárez Martín,exviceconsejero de Innovación; Jesús Mª. Rodríguez Román,exviceconsejero de Innovación; José Salgueiro Carmona,exviceconsejero y consejero de Hacienda; Francisco Javier Guerrero Benítez,director general de Trabajo; Juan Márquez Contreras,director general de Trabajo; Daniel Alberto Rivera Gómez, director general de Trabajo; Juan Francisco Sánchez García, secretario general de Empleo y director Finanzas IFA/IDEA; Javier Aguado Hinojal,secretario general de Trabajo y de Empleo; Lourdes Medina Varo, secretaria general tecnica de Empleo; Antonio Estepa Giménez,secretario general de Hacienda; Antonio Vicente Lozano Peña, director general de Presupuestos; Manuel Gómez Martínez, interventor general de la Junta; Miguel Ángel Serrano Aguilar,director general de IFA/IDEA; Jacinto Cañete Rolloso,director IFA/IDEA; Antonio Valverde Ramos, director IFA/IDEA, y Francisco del Río Muñoz, jefe del gabinete jurídico de la Junta.

Además, 18 de ellos, serán juzgados también por indicios de un delito continuado de malversación: José Antonio Griñán Martínez, José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Justo Mañas Aleó, Jesús Mª Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez Martínez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos.

Asimismo al resultar indicios de un delito continuado de malversación, el juez acuerda que presten fianza -para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes- los 18 procesados por ese delito de malversación. En las diligencias consta que no se han creado las piezas de responsabilidad civil sobre cuatro de estos procesados, por lo que el juez establece las siguientes fianzas para ellos: 6.229.108 euros para José Antonio Viera Chacón; 4.214.702 euros para José Antonio Griñán Martínez; 4.214.702 euros para Carmen Martínez Aguayo; 3.763.332 euros para Francisco Vallejo Serrano.

Según se indica en el auto, "para la determinación de estas cuantías se ha atendido al criterio de los ejercicios durante los cuales se participó, presuntamente, por los acusados en la malversación, ponderando el número de implicados que hubo en cada uno de esos ejercicios, de lo que cabe seguir un reparto de la responsabilidad en atención a ese número de responsables, aunque finalmente pueda acabar siendo exigida de un modo solidario. Así mismo, se ha ponderado la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de estas sumas, por lo que se aplica una reducción hasta el 10% de la cantidad cuantificada por el Ministerio Fiscal en cada ejercicio, lográndose así la suma total que se exige afianzar a cada acusado".

Sobre los otros 14 acusados por indicios de delito continuado de malversación, el juez establece que se traigan a este procedimiento las piezas de responsabilidad civil creadas en la causa de los ERE. Además, en el auto el juez establece el plazo de 30 días para que las defensas presenten escritos frente a las acusaciones formuladas. Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, informa el diario.es.

El PSOE de Sevilla contrata a una exalcaldesa condenada

La jefa del PSOE de Sevilla, colocada al servicio de Susana Díaz, y secretaria del Parlamento andaluz, Verónica Pérez (foto), ha contratado como asistente personal en la Cámara autonómica a la exalcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez Nogales, condenada en 2014 a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio. El nombramiento se produjo el pasado 24 de octubre, pero ha salido a la luz este miércoles, tras su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA). Se trata de un puesto de personal eventual, con un salario estipulado de 1.645 euros netos al mes, y que depende exclusivamente de Pérez, es decir, no necesita pasar por la comisión de régimen interior de la Cámara ni se rige por el régimen de incompatibilidades que sí afecta a los cargos públicos. Dos grupos de la oposición, PP y Podemos, han cuestionado la legalidad de este nombramiento y exigen explicaciones al presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán.

La ex alcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez Nogales, fue condenada hace dos años, junto a otros cuatro ediles socialistas, por la concesión de una licencia de obras solicitada por un vecino de Gerena para la ampliación de su vivienda. Las obras contaron con un informe favorable del secretario-interventor del Ayuntamiento (también condenado), y con un informe en contra del arquitecto municipal. La exalcaldesa y el resto de acusados dimitieron “para no dañar al partido y para dar ejemplo a los ciudadanos”, pero recurrieron el fallo condenatorio.

El pasado mes de julio la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó los recursos de apelación, confirmando “en todos sus extremos” la sentencia anterior contra los cinco ediles socialistas. Sin embargo, el fallo de la Audiencia, al que ha tenido acceso Público, añade un matiz al que se acoge el PSOE de Sevilla para justificar que el nombramiento de Gutiérrez como secretaria personal de Verónica Pérez en el Parlamento es “absolutamente legal”. La sentencia advierte de que “la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo será para el empleo o cargo que los acusados tuvieran en el momento de la comisión de los hechos”. Es decir, que Gutiérrez está inhabilitada durante ocho años para ocupar una concejalía, puesto que ostentaba cuando fue condenada, pero no para desempeñar la labor de secretaria en el Parlamento.

Desde la dirección del PSOE de Sevilla entienden que este nombramiento puede cuestionarse desde el punto de vista ético, pero no legal, puesto que el fichaje “respeta escrupulosamente los términos de la sentencia”. Además, añaden que la condena contra Gutiérrez “nada tiene que ver con un delito por corrupción, sino que se desprende de una decisión administrativa que se adoptó para ayudar a una familia sin recursos, y que contó con el informe favorable del interventor municipal”. Desde la presidencia del Parlamento andaluz defienden la misma tesis que el PSOE, niegan cualquier atisbo de ilegalidad y confirman que no se procederá a abrir ningún tipo de investigación al respecto.

La oposición, en cambio, ha cargado duramente contra los socialistas. El PP acusa a Verónica Pérez de haber “contratado a dedo a una exalcaldesa socialista inhabilitada para la prestación de cargo público, sin rubor de ningún tipo, saltándose la ley y las sentencias judiciales”. Desde Podemos, el diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe apremia a la líder del PSOE sevillano y al presidente del Parlamento a dar explicaciones sobre el fichaje “con dinero público” de la ex alcaldesa condenada.

Desde Podemos, el diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe apremia a la líder del PSOE sevillano y al presidente del Parlamento a dar explicaciones sobre el fichaje “con dinero público” de la ex alcaldesa condenada.
El partido morado recuerda que el reglamento interno de personal del Parlamento “establece que el personal eventual tendrá que cumplir los mismos requisitos que los funcionarios”, y una de estas condiciones es “no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme” (artículo 6.2 del Estatuto de personal de la Cámara). La presidencia del Parlamento rechaza que este artículo de sea de aplicación al caso de la ex alcaldesa, en tanto que no está inhabilitada para el puesto que le ha asignado Verónica Pérez, y acusa a Podemos de “falta de rigor, inconsistencia y de valerse de todo para hacer política”, informa Público.