dilluns, 5 de setembre de 2016

¿Hay que odiar a Rusia? Hacia una Nueva Guerra Fría

RAPHAEL PORTEILLA: El libro de R. Charvin es una verdadera invitación a reflexionar sobre el estado del derecho internacional y las relaciones internacionales tal como se presenta y se justifica por el discurso dominante a partir de un prisma sin duda un poco provocador, pero asumido, Rusia. El autor se encarga de indicar claramente que se puede o no estar de acuerdo con las políticas y posiciones de V. Putin, que lo que importa aquí es la historia tal y como la ordenan los occidentales y los entresijos en torno a la demonización de una nación y las lógicas subyacentes que permiten construir un enemigo potencial.

Tras el prólogo, ¿quién recuerda que Rusia perdió 22 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial y que al salir de ella, según una encuesta realizada en mayo, el 45'57% de los franceses encuestados respondieron la Unión Soviética a la pregunta: ¿quién contribuyó en mayor medida a la derrota de Alemania? Y sólo el 20%, los EE.UU. En 2004, con la misma pregunta, los porcentajes se invirtieron. ¿Cómo se explica este cambio?

Teniendo en cuenta este hecho y la sentencia dictada por aquellos que no estarían posiblemente allí en el 2016 sin su ayuda ("Rusia no es Europa"), R. Charvin todavía se emplea muy bien y con un estilo claro en desmantelar el proceso de propaganda que se ha construido para legitimar el hecho de que Rusia no es tolerada por las fuerzas occidentales sólo en tanto sirva a sus intereses.

Organizado en tres capítulos siempre muy documentados aún si se hubiera deseado que ciertos datos y hechos descritos fueran mejor referenciados, este libro ofrece una notable crítica del derecho internacional y de la historia de las relaciones internacionales construidas por los occidentales, lo que el autor denomina "el vuelo de la historia" para el provecho de un Occidente en crisis multiforme y que está buscando un nuevo enemigo, predibujando una nueva guerra fría.

En el primer tiempo de la obra (El caso Vasily Kononov), R. Charvin lleva a cabo un análisis detallado de la manera cómo Letonia ha condenado a una antiguo resistente por crímenes de guerra cuando sus actos eran defendiendo a su patria contra los nazis. Sobre la base de este ejemplo, poco conocido en efecto, R. Charvin demuestra cómo se asimilaron los actos de resistencia, en poco menos de 50 años, a un acto criminal, haciendo de Kononov el chivo expiatorio de una política anti-rusa casi racista. Esta justicia política es responsable en última instancia no sólo de juzgar un antiguo resistente sino también la justicia de Nuremberg, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado, relativizando el contexto histórico de la época, para conservar solamente la dimensión "derecho-del-homista", que para el autor es la manera actual de olvidar y falsificar la historia.

En el segundo capítulo (El proceso de la Resistencia), R. Charvin profundiza su análisis concretamente a través del mal conocido "Plan Ost" elaborado por el régimen nazi para colonizar Rusia y reducir su población. La resistencia rusa que se desarrolló posteriormente fue poco o en absoluto integrada en la historia oficial reduciendo el papel de ese pueblo y, más ampliamente toda la resistencia en el Este. Por contra, varias páginas se dedican a subrayar cómo la colaboración en Europa occidental o central seguía siendo muy discreta, en los diferentes análisis académicos participantes en la construcción de esta historia incompleta, aunque valorando siempre a un único ganador reconocido: EE.UU. Por otra parte, para R. Charvin la Guerra Fría tuvo también como objetivo privar a los rusos de su victoria favoreciendo la banalización de los fascismos y del nazismo. Para el autor esta supresión progresiva -pero no completa- tiende al rechazo del mundo occidental bajo la dirección estadounidense de cualquier compartición del poder y los recursos en un contexto de globalización liberal.

En fin, el tercer capítulo (Rusia percibida por Occidente) se lee como una contribución a la construcción de la figura del enemigo a través de los ojos de los historiadores, el ojo de los juristas y los usos políticos del pasado. El conjunto está diseñado, según el autor, para producir una sensación de miedo (al estilo de Chomsky en la fabricación del consentimiento) que será después utilizada para facilitar la demonización que en gran medida es alimentada por los medios de comunicación.

Ahí estriba todo el interés de este libro, poner en perspectiva nociones tan fundamentadas como el revisionismo histórico y el negacionista en el prisma de la historia occidental en busca de enemigo. Así, para el autor, la principal preocupación de la política exterior de Estados Unidos es la de mantener la desintegración de la ex Unión Soviética, acentuarla si es posible. Para hacerlo, se trataría de relegar a Rusia a los márgenes de la historia de la Segunda Guerra Mundial.

La conclusión afronta el anticipar preguntándose si finalmente esta construcción (negación de hechos históricos trivialización del nazismo, demonización) no se lleva a cabo para justificar una nueva Guerra Fría por venir...

Sin duda un poco pesimista, este libro también es realista y lúcido; en cualquier caso, será difícil decir: "no sabíamos..."

Traducido por Carles Acózar Gómez para Investig'Action

Karl Marx (1818-1883), un ecologista antes de tiempo

Elisabeth Beague: A menudo se olvida que Karl Marx es, ante todo, un filósofo. Sin embargo, debido a que sus ideas, demasiado contestatarias, no fueron del agrado de los poderes fácticos, nunca pudo obtener una cátedra en una universidad. Entonces, intentó el periodismo pero, de nuevo, fue atacado y se vio obligado a exiliarse. Se propuso un objetivo científico: el análisis de las condiciones sociales y económicas en las que se lleva a cabo el proceso de producción y explicó cómo las relaciones de dominación y subordinación eran ellas mismas producto de las relaciones capitalistas de producción.

La cúpula de CDC con Mas amañaba los contratos y cobraba el 3%

Las agendas de los cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de empresarios detenidos en el caso del 3% revelan que la cúpula del partido dirigía la trama de amaño de concursos y cobro de comisiones. Los cuadernos del ex tesorero Andreu Viloca, del ex director general de Infraestructuras Josep Antoni Rosell o del ex consejero delegado de la constructora Copisa acreditan que altos cargos del partido, entre los que se encuentra un ex conseller de Artur Mas, decidían qué empresas se debían presentar a los concursos, se reunían tres veces con ellas para pactar los cobros y emitían facturas falsas para blanquear las comisiones. Las agendas reflejan anotaciones como «consultar a Pte.» que se investiga si se refieren a Mas.

Miembros de la cúpula de CDC dirigieron las contribuciones en forma de comisión de empresarios al partido -a veces en forma de 3% y en otras ocasiones con porcentajes mayores- y orientaron los concursos públicos para favorecer a las empresas que contribuían con donaciones, según aseguran a EL MUNDO fuentes conocedoras del procedimiento judicial. Así se ha podido deducir del cruce de datos de las agendas intervenidas a Andreu Viloca, ex tesorero de Convergència; Xavier Tauler, ex consejero delegado de la constructora Copisa, y Josep Antoni Rosell, ex director general de Infraestructuras. Tres de los principales imputados en la denominada operación Petrum, en la que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han logrado acreditar por primera vez documentalmente el pago del célebre 3% que denunció Pasqual Maragall en 2005.

«Consultar con Pte.», reza una anotación que se investiga si se refiere a Artur Mas

En la documentación intervenida, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, figuran entre otras dos anotaciones que pueden resultar especialmente comprometedoras para la cúpula del partido, así como pruebas fehacientes de la supervisión de las operaciones por parte de al menos un ex conseller del Govern de Artur Mas. Una de estas anotaciones, aparentemente explícita, pertenece a uno de los adjudicatarios de obra pública, que escribe de su puño y letra que hay que «elevar a Còrsega» cuestiones relacionadas con las asignaciones de contratos.

Còrsega es la calle en la que estaba situada la sede de CDC desde que Jordi Pujol adquiriese el inmueble a la eléctrica Enher en 1998. La otra anotación plantea directamente: «Consultar con Pte.». Los investigadores están intentando desentrañar si esa abreviatura significa «presidente» y si en este caso pudiera referirse al propio ex presidente Artur Mas o si alberga algún otro significado. De manera paralela, en las agendas -electrónicas y manuscritas, y estas últimas especialmente detalladas- quedaron reflejadas decenas de reuniones de empresarios receptores de las adjudicaciones con Viloca y Rosell antes, durante y después de la asignación de las obras y de las donaciones.

Con frecuencia, ambos iban a esas reuniones -en especial el que fuera director general de Infraestructuras- inmediatamente después de reunirse con superiores políticos del partido. Del contenido de esos cuadernos se desprendería, además, a juicio de los investigadores, que eran ellos quienes decidían qué empresas debían presentarse a cada concurso público e incluso quienes determinaban cuál debía de ser la composición de las UTE (Unión Temporal de Empresas) que debían concurrir a cada uno de los concursos de obra pública de Cataluña.

Al contrario de lo afirmado por los dirigentes del partido, que tras el último movimiento de la operación Petrum sostuvieron que la adjudicación de obra pública en Cataluña había sido «modélica» -así la calificó el propio Mas- y que los concursos no tenían nada que ver con las aportaciones económicas realizadas por los empresarios al partido o a la Fundación Catdem, las investigaciones descubren una realidad completamente distinta.En primer lugar, llama la atención que la Fundación y el partido funcionasen de forma práctica bajo el criterio de «unidad de caja». De este modo, según las fuentes consultadas, desde Catdem se sufragaron gastos de todo tipo correspondientes al partido político, incluidas las nóminas. También habría quedado registrada la existencia de servicios simulados realizados por miembros del partido a Catdem.

Ese sería el procedimiento utilizado para ocultar o blanquear las aportaciones empresariales: los donantes hacían llegar su aportación a la Fundación y ésta la trasvasaba al partido contratando servicios ficticios que habrían sido abonados con facturas falsas.El cruce de las anotaciones de los propietarios de las agendas con los empresarios, las fechas y las obras adjudicadas han arrojado alguna luz sobre parte de los procedimientos empleados. A los investigadores les llama la atención, por una parte, el rápido crecimiento experimentado por un grupo de empresas modestas que han estado formando parte de UTE (Unión Temporal de Empresas) a las que les eran asignadas obra pública junto a empresas mucho más grandes, a veces líderes en el sector, que no hubieran necesitado de la participación de las primeras.

Por otra parte, se han detectado asignaciones de proyectos a empresas que no quedaban en los primeros lugares en los informes económicos, pero que subsanaban esta carencia en los informes técnicos, que ofrecen un mayor margen para la subjetividad. El contenido de las agendas ha permitido deducir también un patrón de comportamiento. Si se toma como ejemplo una de las empresas investigadas, queda constancia de una reunión inicial de Rosell, el ex director general de Infraestructuras, con un alto cargo del partido el 11 de abril de 2011. El día siguiente se produce la adjudicación y una reunión del ex tesorero Viloca con los responsables de la empresa.

En realidad, quedan registradas 13 reuniones del ex tesorero de Convergència con los propietarios de la empresa entre el 13 de marzo y el 8 de octubre, y tres encuentros del ex director general de Infraestructuras con esas mismas personas entre diciembre y abril de 2014. La publicación de la primera adjudicación por un importe de más de dos millones y medio de euros tuvo lugar en mayo de 2014. Habría al menos otra más por un montante de más de siete millones. Finalmente hay constancia de dos donaciones demostradas a Catdem por parte de la empresa, una de ellas ese mismo año por valor de 104.000 euros.

Los detalles de los concursos se "elevaban a Còrsega"

El tesorero
Los manuscritos intervenidos desvelan que el ex tesorero de CDC y administrador de Catdem, Andreu Viloca, era uno de los principales enlaces con las empresas investigadas, que consultaban a los dirigentes del partido sus movimientos.
El director general
Siguiendo una estructura piramidal, los altos cargos de CDC daban las instrucciones para amañar los concursos en reuniones con el ex director general de Infraestructuras que, a continuación, las trasladaba personalmente a las empresas.

La prueba de que Maragall dijo la verdad


La Guardia Civil y Anticorrupción descubrieron en la denominada 'operación Petrum' un documento que acreditaba el pago del 3% de comisiones a CDC, tal y como denunció el ex presidente socialista Pasqual Maragall en 2005. La constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, anotó el pago de esta comisión a cambio de obras públicas en 2009 en cinco municipios.

Ancianos abandonados por falta de personal en los geriátricos públicos

La falta de personal para cubrir la asistencia en la mayor residencia pública de la Comunidad Valenciana, ubicada en Carlet, ha generado que los ancianos residentes hayan sufrido privación de atención durante los últimos meses. Esta ausencia del número adecuado de trabajadores en la plantilla del centro ha provocado también como consecuencia inmediata que no se hayan tomado medidas de seguridad ni los protocolo de caídas, según el comité de empresa de la residencia, que denuncia que el último caso -que aparece en la fotografía de arriba- se produjo una noche de la pasada semana cuando un anciano, ante la carencia de personas que vigilaran su estado, llegó a soltarse la sujeción y cayó de la cama a pesar de que también disponía de barandillas para evitar las caídas.

Este accidente demuestra que la dirección de Carlet todavía no ha asignado los trabajadores necesarios para cubrir la atención de las personas residentes. De hecho, desde el comité de empresa se advirtió que el anciano «estuvo horas para desprenderse de la sujeción física y como no había nadie que controlara su estado llegó a caerse. Una evidencia que confirma que los encargados de la supervisión carecen de tiempo para comprobar el estado de los mayores», indicaron las mismas fuentes que apuntan a la dirección.

Estos hechos han encendido las alarmas de la desatención que la dirección de la residencia de Carlet otorga a sus internos, hasta el punto de que el comité de empresa ha manifestado su preocupación tanto verbalmente como por escrito dicha falta de personal a los responsables de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Sin embargo la solución todavía no ha llegado porque «tras el verano», según exponen en sus escritos los responsables del comité, «no hemos recibido respuesta alguna». El personal afectado describe que sus tareas se basan en cubrir las necesidades básicas diarias de residentes: lavar, levantar, duchar, vestir, dar de comer, etc.

La residencia de Carlet es la de mayor tamaño -dependiente de la Administración- de la Comunidad Valenciana y dispone de siete plantas de personas dependientes y, a excepción de una de las plantas (la segunda), se internan usuarios de alta dependencia. En cada planta hay 40 residentes ubicados en dos módulos -20 en cada módulo-, estos módulos están separados por un largo pasillo. La carencia de personal se detecta porque «todas las mañanas tendría que haber cuatro auxiliares en la planta -dos para cada módulo-, pero a excepción de los lunes y algún jueves son sólo tres auxiliares por planta-, lo que obliga a uno de ellos a estar pasando de un módulo a otro».

En la misma denuncia se expone que otros días sólo hay dos auxiliares por planta, «un para cada módulo; y alguna que otra noche hay plantas en las que no hay ninguna auxiliar». Esta situación se ha agravado al dejar de sustituir a los profesionales durante las vacaciones de las auxiliares. Durante varios domingos sólo había un auxiliar para atender a los 40 residentes -20 en cada módulo-».

Desde la Conselleria de Igualdad se confirmó ayer que han hallado dificultades para cubrir la falta de plantilla de Carlet «porque muchos trabajadores prefieren ir a otros centros». Junto a esto, se añade que todavía hay limitación para contratar a personal, un escollo que impide cubrir las bajas y vacaciones de los trabajadores asistenciales, informa El Mundo.es.

Podem vol «conèixer la veritat» dels sobrecostos de les Autopistes d'Eivissa

Els diputats de Podem Salvador Aguilera i Aitor Morrás han registrat aquest divendres la seva proposta de Pla de Treball per a la Comissió no permanent de Recerca sobre la planificació, l'adjudicació, l'execució i la gestió de les Autopistes d'Eivissa. La proposta té com a objectiu esclarir el sobrecost de les autopistes, que de vuit milions d'euros que costaven inicialment van acabar costant 150 milions. En ella demanen 44 compareixences, entre les quals destaquen les de Jaume Matas, Abel Matutes, Estela Matutes i Pere Palau, a més de Francesc Antich i Xico Tarrés, i Jaume Font.

Així, ressalten que dins de la propostes figuren responsables polítics autonòmics, insulars i estatals, empresaris de les obres, professors experts, afectats per les expropiacions, activistes, entre els anys 2003 i 2015. A més, demanen tota la documentació que es va generar en aquest període i que pot ajudar a esclarir la recerca. «Per transparència i salut democràtica pensem que és important que compareguen tant els representants del PP com els de el PSIB perquè puguen donar explicacions», ha destacat Morrás.

En aqueix sentit, Podem espera que PSIB i MÉS acceptin finalment les compareixences que proposen. «Entenem que no hi ha gens que amagar i estem convençuts que finalment les acceptaran en honor de la transparència i la salut democràtica», ha afegit el diputat, informa dBalears.

La Policía apunta que Fernández Díaz fue grabado por personal de Interior

La investigación que encargó a la Policía Nacional el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, para tratar de averiguar quién grabó las dos reuniones que mantuvo en su despacho con el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso ha concluido, de forma preliminar, que el sonido fue registrado desde el interior de la estancia, se empleó una grabadora convencional para captarlo y el micrófono estaba situado en una posición elevada, según han revelado a El Confidencial fuentes de Interior. Todavía no se ha identificado al autor de las grabaciones, pero todos los indicios apuntan a que fueron realizadas desde dentro del propio ministerio.

Por un lado, los investigadores han descubierto que De Alfonso recibió tratamiento vip en las dos visitas que realizó a Interior –el 2 y el 16 de octubre de 2014– para abordar con el ministro los diferentes casos de corrupción que afectaban a políticos catalanes e intentar coordinarse para impulsarlos. Ni De Alfonso ni sus pertenencias pasaron por los controles de metales que hay en la entrada del recinto, ni tampoco fue sometido a ningún tipo de inspección visual. De hecho, su nombre ni siquiera consta en el registro de visitas de ese departamento. Si llevaba un micrófono, pudo introducirlo sin dificultad en el despacho de Fernández Díaz. Pero este es el único indicio que arroja sombras de duda sobre el antiguo responsable de la lucha contra el fraude en Cataluña.

El resto de las pruebas que maneja la Policía va en otra dirección. En primer lugar, la investigación ha determinado, con la colaboración de agentes encuadrados en la Jefatura de Sistemas Especiales, la sección del cuerpo encargada de facilitar los medios técnicos para escuchas y seguimientos, que es imposible que los audios se captaran desde el exterior del ministerio. Ningún instrumento habría podido penetrar en el despacho de Fernández Díaz para conseguir un sonido tan nítido como el de las grabaciones desveladas por 'Público'. Los agentes de esa unidad acudieron el pasado julio a la sede de Interior para inspeccionar la edificación y comprobar la ubicación del despacho de su máximo responsable. Su conclusión fue tajante: hay que descartar que las grabaciones se efectuaran desde la calle.

Los investigadores también han arrojado luz en estas 10 semanas de indagaciones sobre el tipo de dispositivo que se utilizó para registrar el contenido de los encuentros. Contemplando ya únicamente que las escuchas se realizaron desde dentro del edificio, efectivos de Policía Científica han resuelto que las voces de Fernández Díaz y De Alfonso fueron captadas mediante una grabadora convencional. A su juicio, hay que desechar que se empleara un teléfono móvil porque habrían quedado marcas características en el sonido que no han sido detectadas en ninguno de los cortes analizados. Es decir, que el responsable de la filtración, necesariamente, fue capaz de colocar en la estancia del máximo responsable de Interior un dispositivo que no fuera detectado por los interlocutores. Y si uno de ellos fue el autor, que no llamara la atención del otro.

Con todo, el hallazgo que aporta más pistas sobre la autoría tiene que ver con el lugar en el que supuestamente se encontraba la grabadora. Las fuentes consultadas por El Confidencial revelan que la Policía ha dictaminado que el micrófono debió estar en una posición elevada, probablemente a la misma altura en la que se estaba produciendo la conversación, y además a una distancia similar de Fernández Díaz y De Alfonso. Los cortes ofrecidos por 'Público' (los únicos que han podido ser analizados por los investigadores) permiten concluir, asimismo, que el micrófono no se habría movido de sitio durante el tiempo que duraron las reuniones. Se aprecia claramente cómo la grabadora registra sonidos antes y después de que el ministro y el exjefe de la OAC entren y salgan de la habitación. Al final de una de las reuniones, se escucha a los interlocutores alejarse del punto de grabación mientras hablan. El micrófono debió estar en un lugar fijo.

La conclusión evidente es que, en este punto de las pesquisas, todo indica que la grabación tuvo que ser realizada desde dentro del ministerio. De Alfonso pudo pasar los controles con el micrófono en su cartera pero, para ser el autor de los cortes difundidos, habría tenido que colocar un aparato de grabación en el despacho de Fernández Díaz antes de que este acudiera a las citas, lograr que el ministro no advirtiera nada extraño durante las tres horas y media que duraron las reuniones y, tras los dos encuentros, conseguir que la grabadora permaneciera en la misma posición para recuperarla tiempo después por algún método que parece difícil de explicar. En conjunto, la única hipótesis viable es que los audios fueron captados por alguien de Interior, aunque eso no implica que el máximo responsable del departamento estuviera al corriente de las grabaciones

Las primeras reacciones a la publicación de los audios refuerzan esa tesis. Fernández Díaz negó desde el principio tener nada que ver con el escándalo y se declaró su mayor víctima, pero también evitó atribuirlo a su interlocutor. De Alfonso rechazó igualmente ser el responsable de las cintas, pero fue más tajante a la hora de ofrecer su propia explicación de los hechos. En su opinión, era evidente que alguien había colocado un micrófono oculto en el despacho del ministro. De Alfonso incidió en la “nitidez absoluta” de los diálogos. “Eso no se consigue con móvil”, afirmó.
Las pesquisas podrían terminar identificando al autor, pero parecen haber entrado en vía muerta. La Fiscalía del Tribunal Supremo concluyó el pasado 14 de julio que no hay ningún indicio de delito en el contenido de las conversaciones y que, por tanto, no procede abrir una investigación contra el ministro.

El Partit Demòcrata Català (PDC), antigua Convergència de Catalunya, presentó este viernes una nueva querella para intentar que el Supremo reconsidere la opinión de la Fiscalía e impute a Fernández Díaz por sus presuntos ataques a políticos catalanes, pero no hay ningún elemento nuevo que prevea un cambio de posición en el Ministerio Público. La única posibilidad de que el caso tenga recorrido en los tribunales y las pesquisas lleguen hasta el final es que el ministro o De Alfonso denuncien que, con los audios, se violó su privacidad. Sin embargo, dos meses después de que trascendieran, eso todavía no ha ocurrido, aseguran las fuentes consultadas por El Confidencial.

García Fuster: "el PP conocía la existencia de la supuesta cuenta opaca"

La cajera del grupo municipal del PP, Mari Carmen García Fuster, ha iniciado su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. La investigada ha anunciado que únicamente iba a responder a las preguntas de su abogado y no al resto de partes. La responsable ha arremetido contra el Partido Popular, formación investigada en esta causa por blanqueo, y ha dicho que sí conocía la existencia de la supuesta cuenta opaca, según los informes de la Guardia Civil.

Se trata de la segunda vez que comparece. La primera citación de la cajera del PP se debió a las supuestas donaciones de 1.000 euros de afines a la formación. Sostuvo que eran colaboraciones voluntarias y que en ningún caso se devolvió la aportación en dos billetes de 500 euros. Sin embargo, su revelación de que existía un recaudador de fondos para el partido y la negativa a desvelar la identidad hizo sospechar de la posible comisión de un delito electoral, el nombre técnico de la financiación ilegal.

Los especialistas de la Guardia Civil elaboraron un informe que concluye que el PP de Valencia utilizaba una cuenta opaca del Grupo Municipal -sin control ni del partido ni del Tribunal de Cuentas- para sufragar las campañas electorales. No sólo la última de 2015 sino también los comicios de 2011. Gracias a ese dinero, de procedencia desconocida, se costeaban gastos electorales. De tal forma que podían exceder el límite de gasto.

Por el momento, la investigación se dirige contra Fuster, que era la dirigente que manejaba la cuenta bancaria, y contra la administradora de la candidatura local, Carmen Tello. Esta última responsable también comparece hoy. En esta pieza separada del caso Imelsa también está investigado por blanqueo el propio PP como persona jurídica. Un hecho sin precedentes en España, informa Las Provincias.

La CUP apoyará a Puigdemont y rechaza nuevas elecciones

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha asegurado este lunes que dará apoyo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la moción de confianza a la que se someterá el 28 de septiembre. En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Gabriel ha dicho que a partir del 28 de septiembre se debe continuar la legislatura iniciada: “Es un sí a acabar de continuar la legislatura que iniciamos y a seguir trabajando”. “No hay motivos para convocar nuevas elecciones”, ha aseverado Gabriel tras asegurar que los diez diputados de la CUP dirán ‘sí’ a mantener la confianza en Puigdemont.

En materia de presupuestos, ha indicado que la CUP se reunirá esta semana con el departamento de Economía de la Generalitat para abordar las cuentas, que, según ha dicho, no se trataron en la reunión que mantuvo el viernes con Puigdemont, sino sólo cómo se abordaría el debate en torno a las mismas. La CUP quiere ver reflejadas en los presupuestos algunas propuestas básicas para la formación de “sentido común”, como la voluntad de ruptura con el Estado español y partidas que acompañen la celebración del referéndum unilateral de independencia, además de acabar con los recortes.

“Queremos que los prespuestos reflejen este objetivo de legislatura”, ha indicado Gabriel, que ha añadido que los ‘cupaires’ no conocen las cuentas y que confían en poder trabajarlas conjuntamente y no encontrarse con una propuesta cerrada. Sobre si mantendrán nuevas reuniones con Puigdemont antes del 28 de septiembre, ha expresado su disposición: “Mantendremos las reuniones que hagan falta”, informa La Vanguardia.

Juicio a los multimillonarios Carceller acusados de urdir una trama para no pagar impuestos

La Audiencia Nacional acoge desde este lunes un acontecimiento poco frecuente en la justicia española, la vista oral contra dos de los empresarios más ricos del país. Demetrio Carceller Coll y su hijo, Demetrio Carceller Arce (foto), se enfrentan a la petición de la Fiscalía de elevadas penas de prisión por delitos relacionados con la gestión de la fortuna familiar, que germinó siendo el abuelo del clan ministro de Industria del régimen franquista, entre 1940 y 1945. Los Carceller son hoy los dueños de la cervecera Damm, de la petrolera Disa (la más importante de Canarias), son los mayores accionistas de la constructora Sacyr (13% del capital) y poseen la cadena de restaurantes Rodilla, dentro de un gran ramillete de sociedades. Anticorrupción pide 48 años de cárcel para el padre y 14 para el hijo, Carceller Arce, al frente hoy del emporio familiar de Damm, Rodilla y la petrolera Disa.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Demetrio Carceller Coll, ya anciano, de 13 delitos de fraude fiscal y otro de blanqueo de capitales. Para su hijo, Demetrio Carceller Arce, al frente hoy del imperio, solicita 14 años como cooperador en cuatro de esos delitos fiscales y también en el de blanqueo. En total, los Carceller habrían hurtado a las arcas públicas más de 72 millones de euros solo en los ejercicios fiscales para los que no ha prescrito el delito.

Según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil, el padre y su mujer habrían residido durante años en secreto en la localidad madrileña de Galapagar. En secreto porque pretendían hacer creer a Hacienda que lo hacían en Portugal y Reino Unido desde 1990, donde tampoco pagaban impuestos. El heredero del emporio tenía en 2011 entre 1.200 y 1.400 millones de euros, según un cálculo del diario ‘El Mundo’. Mientras, el padre andaba por ahí con fajos de billetes para evitar dejar rastro con tarjetas de crédito, afirman los investigadores.

El escrito de acusación de Anticorrupción señala que Carceller Coll ocultó ser el dueño de los paquetes de acciones en distintas empresas a través de un entramado societario compuesto por estructuras fiduciarias tipo ‘trust’, radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo, Antillas Holandesas y Madeira. El apellido Carceller no podía dejar de aparecer en los papeles de Panamá. Según publicaron El Confidencial y La Sexta, la familia es cliente del bufete Mossack Fonseca desde 1995.

Algunos datos publicados por estos medios eran del conocimiento de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción que, sin embargo, no encontró indicios de delito en algunos de los hijos. No así en el patriarca, Carceller Coll, quien ha tenido que hacer frente a una fianza de 476 millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria, impuesta en su momento por el instructor del caso, el juez Pablo Ruz. Su hijo, Carceller Arce, exvocal de Cepsa y también consejero de Gas Natural a propuesta de Repsol (de la que Sacyr tiene un 8,34%), debió presentar bienes por valor de 236 millones. Con el 30% de la petrolera Disa, más la totalidad de las acciones de Damm, reunieron el aval que les impuso la justicia para evitar el embargo, a la espera de una sentencia firme.

El juez Ruz decidió enviar a los Carceller a juicio en noviembre de 2013, pero la Sala de lo Penal estimó un recurso de la defensa de los empresarios que dejaba fuera del banquillo al actual gestor del emporio, Demetrio Carceller Arce. La avanzada edad del padre y su estado de salud hacen improbable que pise la cárcel si acaba condenado. De hecho, el juicio se retrasó sine die en enero pasado por el agravamiento en el estado de salud de Demetrio Carceller Coll. Para dar forma a todo el entramado defraudatorio, los Carceller contaron presuntamente con la ayuda del abogado de Barcelona Gabriel Pretus Labayen, cuyo apellido ya dio nombre a la Operación Pretoria, una trama de corrupción y blanqueo en la que se vieron envueltos destacados dirigentes de CiU. Petrus y Jesús Serrano Flores, colaborador de la familia, completan la nómina de acusados que se sentarán en el banquillo a partir de este lunes.

Además de ministro de Franco, Demetrio Carceller Segura fue uno de los fundadores de Falange y ferviente defensor de la Alemania nazi. El investigador José Ramón Villanueva Herrero le considera “el iniciador de la corrupción a gran escala” en España. El también historiador Josep Fontana describe así la actividad de Carceller Segura como ministro de Franco: “Ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de explotación, negocios bancarios, establecimientos de industrias o su ampliación, o de comercio, ni una sola actividad industrial, comercial o de la banca españolas podía realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller”, informa eldiario.es.