dimarts, 26 de juliol de 2016

Francia: Uno de los terroristas de la iglesia estaba fichado por la policía

El Dáesh se ha atribuido la autoría de la toma de rehenes que ha dejado tres muertos y un herido grave en una iglesia del norte de Francia. Los fallecidos son el cura de la parroquia de Saint Etienne du Rouvray, cerca de Ruán, que fue degollado, y los dos hombres armados que retuvieron a varias personas en el templo. Otro de los rehenes fue herido gravemente y se encuentra en estado crítico. Antes de que el grupo Estado Islámico colgara su comunicado en internet, el presidente francés, François Hollande, adelantó que los dos atacantes habían afirmado actuar en nombre del Dáesh antes de ser abatidos por las fuerzas del orden. Los yihadistas entraron en la iglesia de Saint Etienne du Rouvray, cerca de Ruán, poco después de las 9:30 de la mañana portando armas blancas. Una vez en el interior del templo secuestraron al padre Jacques Hamel de 86 años (foto), dos monjas y dos fieles.

La investigación puesta en marcha por las autoridades francesas ha llevado a la detención de un adolescente de 16 años para ser interrogado. La policía también ha registrado las viviendas en las que residían los dos terroristas. Una de ellas se encontraba a tan solo 300 metros de la iglesia atacada. Aunque por el momento no se han dado a conocer las identidades de los terroristas, según fuentes judiciales uno de ellos estaba fichado por la policía y llevaba un brazalete electrónico para tenerlo controlado. Él habría sido el autor del asesinato del sacerdote, el padre Jacques Hamel, que trabajaba hacía más de una década en esta iglesia de Saint Etienne du Rouvray.

El yihadista vivía con sus padres y había sido encarcelado en 2015, tras ser detenido en Turquía cuando se disponía unirse al grupo Estado Islámico. Uno de sus amigos ha declarado a medios franceses que llevaba semanas repitiendo que iba a atacar una iglesia.

Nueva resolución de la ONU condena la ocupación israelí de territorios palestinos

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECSOC, en inglés) ha emitido una resolución para condenar la ocupación israelí de los territorios palestinos. Mediante la citada resolución, el ECSOC repudió el lunes “las consecuencias económicas y sociales de la ocupación del régimen de Israel sobre las condiciones de vida del pueblo palestino, en especial en la parte oriental de la ciudad de Al-Quds (Jerusalén) y en los ocupados altos de Golán sirios”. La resolución también acusa al régimen de Tel Aviv de la pobreza que vive la nación palestina en Judea y Samaria, en la ocupada Cisjordania, así como de la alta tasa de desempleo en la Franja de Gaza.

Además, el ECSOC critica a Israel por “haber impedido los esfuerzos para establecer un desarrollo sustentable” en los ocupados altos de Golán, por los que este régimen es responsable del “deterioro de la situación económica y la condición de vida” en esta región, agrega. Sin embargo, el embajador del régimen israelí ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Danny Danon, tachó esta resolución de “partidista” y “sin fundamento”, al argumentar que el ECSOC no mencionó las peores condiciones humanitarias en Siria, país que desde el 2011 es escenario de sangrientos conflictos armados.

Las autoridades israelíes tienen previsto construir 770 nuevas viviendas en el asentamiento de Gilo, ubicado en un territorio ocupado entre Al-Quds y Beit Lahm (Belén). Ante esta decisión, el enviado especial de la ONU para Oriente Medio, Nikolay Mladenov, reiteró que, según las normas internacionales, los asentamientos israelíes son "ilegales" y urgió a este régimen usurpador a que ponga fin a semejantes políticas y que revoque las decisiones adoptadas al respecto.

De acuerdo con las cifras de la ONU, más de 700.000 palestinos se vieron desposeídos de sus hogares y de sus raíces con la ampliación de los asentamientos ilegales, y sus descendientes —hoy más de cinco millones repartidos en su mayoría entre la Franja de Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y El Líbano— han heredado una historia de exilio y desplazamiento, infoma Hispan TV.

Vicenç Navarro: ¿Es el crecimiento del desempleo y de la precariedad consecuencia de la revolución digital?

Hace unos días que publiqué un artículo (La falacia del futuro sin trabajo y de la revolución digital como causa del precariado, Público, 12.07.16) en el que indicaba que los datos empíricos existentes no avalan la ampliamente extendida creencia de que la revolución digital es una de las causas (sino la mayor causa) del elevado desempleo y precariedad en los mercados de trabajo de los países capitalistas más desarrollados, creencia que vaticina que en un futuro próximo casi el 50% de los puestos de trabajo existentes hoy habrán sido destruidos, creando un futuro sin trabajo. En el artículo mostré datos que no apoyaban tal creencia.

Como era de esperar, el artículo creó una predecible avalancha de comentarios, algunos favorables y otros desfavorables. Algunos estaban basados en una tergiversada lectura de mi artículo, pues no negué en él que la revolución digital podría destruir empleo. En realidad señalé que sí que podría destruir empleo, señalando los sectores económicos donde ello podría ocurrir. Ahora bien, indiqué que si bien tal revolución digital (como la robótica) puede destruir trabajo, lo cierto es que también puede crear empleo. Por regla general la robótica ha permitido abaratar los precios de los productos, con lo cual se crea en el mismo o en otros sectores un aumento de la demanda específica o general, que contribuye al crecimiento de la actividad económica y a la creación de empleo. Por otra parte, la misma aplicación de la robótica requiere la creación de empleo. Todas las revoluciones tecnológicas anteriores, desde la introducción de las cadenas de montaje y las máquinas de vapor, hasta la introducción de la electricidad, han ido acompañadas de un aumento de la actividad económica y de la creación de empleo.

Como indiqué en el artículo, la evidencia científica acumulada durante todos estos años muestra que el impacto de la revolución digital sobre el empleo (y sobre los salarios) depende primordialmente del contexto político que configura la aplicación de tal revolución tecnológica. La robótica, por ejemplo, puede destruir empleo o puede permitir sustituir trabajo repetitivo por otro más intelectualmente estimulante, o puede facilitar la reducción del tiempo de trabajo, pasando a ser de 30 horas en lugar de las 40 horas de trabajo semanales.

¿Ha aumentado la productividad durante el periodo de la supuesta revolución digital?


Pero la crítica que creo que merece mayor atención es aquella que reconoce que, si bien en el pasado las nuevas tecnologías, como las máquinas de vapor o la electricidad, no habían destruido empleo, esta revolución –la digital– sí que ha destruido empleo, pues al aumentar la productividad (ahora un trabajador puede hacer el trabajo de muchos antes) se aumenta la destrucción de puestos de trabajo, y con ello aumenta el desempleo. Y frente a los datos que yo mostraba en el artículo de que, durante los años conocidos de revolución digital, la productividad apenas había aumentado, permaneciendo en unos niveles muy bajos, mis críticos señalaban que yo estaba errado, pues si hubiera incluido un periodo mayor hubiera visto un aumento muy marcado de la productividad a partir de la década de los años noventa en el pasado siglo XX. En tal crítica se reconocía que el crecimiento de la productividad fue muy bajo (1,7% de crecimiento anual) durante la década de los años setenta (1971-1980), y también muy bajo (1,7%) en los años ochenta (1981-1990). Ahora bien, los autores de tal crítica añadieron que el crecimiento fue mucho más rápido (2,3%) en la siguiente década (1991-2000), crecimiento que se mantuvo alto (2,4%) en la siguiente década (2001-2010). Y dichos autores atribuían tal expansión de la productividad a la revolución digital.

El problema en este argumento es que al tomar el cambio anual de la productividad medido por décadas (la de los años setenta versus los años ochenta, versus los años noventa, versus la primera década del siglo XXI), no estamos comparando manzanas con manzanas, sino con rábanos. Hay que comparar los datos del crecimiento de la productividad anual por ciclos económicos y no por décadas. El periodo 2000-2010, por ejemplo, incluye un periodo de fuerte crecimiento de la economía y de la productividad al principio de la década, seguido de otro periodo caracterizado por un crecimiento económico y un aumento de la productividad muy débil, que no alcanzó a ser del 1,0%. En realidad, tanto el crecimiento económico como el crecimiento de la productividad fueron mucho más bajos después del 2005 que los que hubo durante todo el periodo 1975-1995. Si se analiza el crecimiento de la productividad en los sectores no agrícolas de EEUU, puede verse (U.S. Bureau of Labor Statistics) que tal crecimiento es muy bajo. Si la revolución digital hubiera sido tan efectiva y extendida como mis críticos sostienen, tendríamos que haber visto un gran crecimiento de la productividad. No lo vimos.

¿Cómo se explica el desacoplamiento del crecimiento de la productividad y el crecimiento de empleo?

Otro argumento que se aduce a favor del impacto negativo de la revolución digital en el empleo es que mientras que los periodos anteriores de gran crecimiento económico y de gran aumento de la productividad fueron acompañados de una gran creación de empleo, a partir del año 2000 el crecimiento económico y de la productividad no ha ido acompañado de un crecimiento de ese empleo. Y ello se atribuye, de nuevo, a la revolución digital.

Pero tal como acabo de indicar (y expandí en mi artículo anterior), el crecimiento de la productividad no ha sido mayor, sino al revés, ha sido menor que en épocas anteriores. Podría argumentarse que ello se debe a que tal revolución digital ha sido menos extensa de lo que se asume, o que el impacto de esta revolución digital depende de otras variables, de las cuales las políticas –como yo sostengo en mi tesis- son las determinantes. Es siempre necesario no confundir el crecimiento de la productividad en un sector de la economía con el crecimiento de la productividad promedio en toda la economía. Una cosa es el establecimiento de una tecnología y otra es su difusión. Por otra parte, toda la evidencia apunta a que las variables políticas, y muy en particular la relación capital-trabajo (lo que solía llamarse la lucha de clases), son determinantes para entender la evolución del empleo.

La precariedad en España


Los datos muestran claramente que la precariedad en el mercado español ha crecido masivamente durante los años de la Gran Recesión. Tal fenómeno ha ocurrido con especial intensidad en el sur de Europa (y muy en especial en Grecia, España y también en Portugal), donde el mundo empresarial ha tenido históricamente un gran poder, mientras que el mundo del trabajo ha sido débil (con sindicatos débiles y con partidos de izquierdas divididos y en conflicto). Estas son las raíces del enorme crecimiento del desempleo, de la baja tasa de ocupación, del gran deterioro del mercado de trabajo y del descenso de los ya muy bajos salarios. Y son también estos países los que tienen unos de los gastos públicos por habitante en las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar más bajos de la UE-15 (el grupo de países económicamente más avanzados de la UE). En ninguna de estas situaciones la revolución digital ha tenido mucho que ver con tales hechos. En realidad, tal revolución digital está mucho más atrasada en el sur que en el norte de Europa.

¿La recuperación económica? La precariedad continúa siendo altísima


He escrito extensamente mostrando que las políticas públicas neoliberales (las políticas de austeridad, causa de los enormes recortes del gasto público social, y las reformas laborales, responsables del enorme deterioro del mercado del trabajo) han tenido un impacto muy negativo en el mundo del trabajo, causando una disminución de las rentas del trabajo a costa del crecimiento de las rentas del capital (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Editorial Anagrama, 2015). España es uno de los países de la UE-15 que tiene unas de las rentas del trabajo más bajas. En este país, los ingresos salariales han alcanzado un récord a la baja: en el año 2013 representaron solo un 47,2% del PIB. A principios de la crisis, en 2007, eran casi el 50% del PIB.

Últimamente el gobierno español alardea de que España es el país de la UE-15 que crea más empleo, sin aclarar que la gran mayoría de este empleo es precario, precariedad que alcanza dimensiones masivas entre los jóvenes que consiguen tener trabajo. En realidad, la situación entre los jóvenes es incluso peor de lo que señalan estos datos, en sí deprimentes. Y ello se debe a que estas cifras ocultan que un número muy elevado de jóvenes ha tenido que exiliarse para encontrar trabajo y otros han abandonado la búsqueda de trabajo, alargando deliberadamente el periodo de estudios.

Una nota importante que cabe señalar es que la precariedad aparece tanto entre los trabajadores con elevadas cualificaciones como entre los poco cualificados. La precariedad se presenta no solo en el comercio, la construcción, el turismo, los servicios domésticos y el trabajo agrícola, sino también en sectores de elevada cualificación y en personal cualificado, tales como los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los abogados o los maestros. Los contratos cortos, temporales, con salarios bajos, se han estado expandiendo en estos sectores, que se consideraban protegidos. Y, de nuevo, ello tiene poco que ver con la revolución digital, y sí mucho que ver con la debilidad del mundo sindical o asociativo.

El ataque al mundo del trabajo


Esta debilidad del mundo laboral explica también la gran pérdida de protección social entre los trabajadores. Entre 2010 y 2014, el gasto en prestaciones por desempleo se ha reducido casi en un 25% a pesar del gran crecimiento del desempleo. Según datos de la EPA, las personas que llevan dos años o más en el paro representan casi el 45% del total de los desempleados, con más de 1,6 millones de hogares en los que ninguno de sus miembros tiene trabajo. Y entre los trabajadores, solo entre 2010 y 2013 el salario medio había descendido en 600 euros. En realidad, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el número de trabajadores pobres (es decir, que ingresan menos de lo que se considera el umbral de pobreza en España) ha pasado a ser uno de los más altos de la UE-15. La disminución de los salarios y del empleo ha sido la mayor causa del crecimiento de la pobreza, ya en sí muy alta antes de la Gran Recesión. Casi el 30% de la población española está en situación de riesgo de pobreza. La media de ingresos familiares es en España de 26.775 euros, y la media de los ingresos individuales es de 10.531 euros, habiendo descendido (en ambos casos desde 2009) un 11% en las rentas familiares y un 7% en las individuales. De nuevo, la revolución digital ha tenido muy poco que ver con estos hechos. La principal causa ha sido la avalancha del mundo del capital (que ha sido el promotor de las políticas neoliberales) en contra del mundo del trabajo, que ha ido perdiendo en este conflicto.

Y las consecuencias económicas, sociales y humanas han sido enormes. En realidad, estas políticas de austeridad y de reformas laborales han creado un enorme problema de falta de demanda, la principal causa del escaso crecimiento de la UE y de España. El descenso de los ingresos al Estado es el resultado de ello, como bien muestran los datos. A pesar del “enorme” aumento del número de cotizantes a la Seguridad Social (que es presentado errónea y maliciosamente por parte del gobierno Rajoy como señal de su éxito en la creación de empleo), los ingresos a la Seguridad Social apenas han crecido. Mientras, la cuantía del gasto público dedicado a crear empleo se ha visto reducida a la mitad durante la Gran Recesión, y como he indicado anteriormente, el gasto en el seguro público de desempleo ha disminuido (desde 2010) casi un 25%. Todo ello ha tenido un coste humano tremendo. Es bien conocido que las crisis económicas tienen un coste elevadísimo para la salud, la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones. Esta realidad está bien documentada (ver el libro de Vicenç Navarro y Carles Muntaner, The Financial and Economic Crises and Their Impact On Health and Social Well-Being, Baywood, 2014).

En España la situación es incluso más acentuada. La siniestralidad laboral creció un 3,3% en los primeros seis meses del año, una situación en la que casi dos trabajadores mueren, como promedio, por condiciones laborales cada día. La “violencia” laboral es mayor que cualquier tipo de violencia en España. Y digo violencia porque un gran número de tales muertes, aunque son evitables, no se evitan. Esta violencia es resultado del miedo que el trabajador precario tiene a perder el empleo. Y, de nuevo, esto tiene poco que ver con la revolución digital.

Vicenç Navarro: Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona. Artículo de Público.

Vicenç Navarro: El ataque frontal a las pensiones públicas

Parece, a primera vista, una paradoja que uno de los grupos de la población que votó más a favor del Partido Popular ha sido el de los pensionistas, precisamente uno de los grupos poblacionales más perjudicados por las reformas que se han realizado durante estos años en los que tal partido gobernó España. Tales reformas continúan teniendo un impacto devastador en los beneficios que reciben estas personas a través de la Seguridad Social. Una de las causas de tal paradoja es la baja calidad de los medios a través de los cuales la población, incluyendo los ancianos, recibe información.

Estos medios se caracterizan por su escasísima diversidad, dominados en su gran mayoría (en el caso de los medios públicos) por partidos políticos de persuasión neoliberal o socioliberal, o por intereses financieros, es decir, los bancos, a los cuales deben gran cantidad de dinero y a los que no quieren antagonizar (en el caso de los medios privados). Estos intereses financieros no desean que se conozca lo que está pasando con las pensiones públicas en este país, pues son ellos (y a través de su claramente excesiva influencia sobre el Estado y sobre los partidos neoliberales y conservadores, como el Partido Popular) los que han liderado el mayor ataque frontal a las pensiones públicas que se conoce en la Unión Europea de los Quinze (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). Y aquellos que crean que esta frase es una exageración, les aconsejo que vean los datos.

Hacienda detecta 1,6 millones de inmuebles con valor catastral falseado

Después de dos años y medio año de rastreo literal de buena parte de la geografía de España, Hacienda ha detectado más de 1,6 millones de inmuebles cuyo valor no aparecía convenientemente reflejado en el catastro. Al actualizar el valor de este elevado número de propiedades, la recaudación del impuesto de bienes inmuebles (IBI) se ha visto incrementada en 1.206 millones de euros, según datos del propio ministerio. El rastreo, que se centra en 4.000 localidades, supone 1.200 millones más de IBI. Una de las imágenes usadas en el plan de regularización catastral que arrancó en el 2014.

Este plan de regularización, puesto en marcha en colaboración con los municipios en el 2014 y que se prolongará hasta principios del próximo año, se basa en el cotejo de la información reflejada en el catastro con la procedente de imágenes recogidas a través del satélite y aviones, y la labor sobre el terreno de inspectores. ¿Qué tipo de fraude ha aflorado para alegría de las arcas municipales que alimenta en buena parte el IBI? Desde inmuebles nuevos que no figuraban en el catastro, pasando por aquellos que han sufrido ampliaciones y rehabilitaciones, los que han cambiado de uso... Capítulo aparte merecen las piscinas no declaradas: aunque en la media de toda España –salvo Euskadi y Navarra, que no participan– representa el 5% de los casos detectados, las diferencias son abismales entre territorios.

Uno de cada cinco casos de fraude descubiertos en la provincia de Barcelona se debe a una piscina fantasma, al igual que pasa en Granada. Le siguen, con un 15% de los casos, la Comunidad de Madrid y Murcia. En toda España, hay un reparto muy equilibrado en el tipo de engaño. La nueva construcción de viviendas representa un tercio del total, seguida de las ampliaciones y rehabilitaciones (31%) y las reformas y cambios de uso no reflejados en el catastro (29%).

Casas por las que sólo se tributa el suelo, viviendas de un piso que ahora tienen otros dos, edificios antiguos sometidos a importantes obras de rehabilitación... Hacienda ha comprobado más de 18 millones de inmuebles –prácticamente la mitad de los existentes– de 4.154 localidades que lo han pedido. De ellos, detectaron irregularidades con respecto al catastro en 1.615.000 inmuebles. Es decir, en el equivalente 8,6% del total. Los mayores niveles más de fraude en el valor catastral se registran en Aragón (16,9%), Galicia (15,4%), Extremadura (13,4%), Castilla-La Mancha (11,4%) y Baleares (11%). Entre las que presentan incumplimientos más bajos figuran Madrid (3,9%), Murcia (4,7%), Catalunya (5,9%) y Comunitat Valenciana (6,1%)

La regularización de estas propiedades, con el consiguiente aumento de su valor catastral, no conlleva multas para las construcciones ilegales (en este plan Hacienda sólo analiza si el valor declarado es el correcto; la posibilidad de legalización de las obras realizadas o del inmueble es un proceso que corresponde a cada ayuntamiento). Sin embargo, todos los propietarios cazados han tenido que abonar una tasa de 60 euros –con la que se financia el programa, explica desde el ministerio–, así como pagar el IBI recalculado con el incremento del valor del inmueble, además de los atrasos por como máximo los cuatro años anteriores. Según los cálculos del fisco, de media, el recibo del IBI urbano para los infractores inmueble se ha incrementado en 178 euros y la liquidación de atrasos han subido en 474 euros (en Catalunya, 238 y 640 euros respectivamente).

Los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda se corresponde a las viviendas de 4.154 municipios, donde ha finalizado el proceso de regularización catastral. Mientras otros 2.177 están en proceso de comprobación o a la espera de que se inicie la inspección. Esta bolsa de más de 6.300 municipios supone el 83% de las localidades de España y un porcentaje similar del total del parque de inmuebles. Fuentes del fisco recuerdan que este plan de regularización catastral, asistido por imágenes aéreas y de satélites, equivale “décadas” de trabajo ordinario de inspectores, informa La Vanguardia.

La jueza procesa al PP por destruir los ordenadores de Bárcenas

El PP está a solo un paso de tener que sentarse en el banquillo de los acusados por uno de los tentáculos del 'caso Bárcenas'. La titular de juzgado de instrucción número 32 de Madrid ha procesado al partido de Mariano Rajoy por la presunta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero de la formación en la sede nacional. Lo ha hecho en un auto por el cual se declara concluida la instrucción y se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado, mediante el cual también propone juzgar a la tesorera y gerente, Carmen Navarro; al asesor jurídico, Alberto Durán; y al director del sistema de información del partido, José Manuel Moreno. A todos les imputa los mismos delitos que al PP.

Con esta decisión, la jueza cierra la instrucción y da el primer paso para sentar al PP en el banquillo, tras desestimar la petición de archivo que planteó la Fiscalía y el propio Partido Popular. Se trataría de la primera vez que una formación política es procesada. El juzgado dará ahora traslado de la causa a la fiscalía y a las acusaciones personadas con el objeto de que, en el plazo de 10 días, soliciten el sobreseimiento o la apertura del juicio oral. Ahora bien, esta resolución puede ser recurrida ante el propio juzgado en caso de que sea de reforma y ante la Audiencia Provincial de Madrid si es de apelación.

Sostiene la jueza Rosa María Freire que existen indicios de que el PP cometió un delito de daños informáticos "por no haber establecido un modelo de gestión y organización adecuado para impedir la comisión de este delito" ya que en la actualidad "no existe un inventario de los elementos informáticos en su sede".

Pese a que tanto el PP como sus tres responsables investigados afirmaron ante juez que el borrado se hizo según el protocolo de la formación política, la magistrada afirma que "no existe un protocolo interno de seguridad". Añade que Durán es responsable por "haber ordenado la destrucción de los discos duros con el fin de eliminar los archivos que contuviese", que Moreno también lo es por "haber ejecutado la orden a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello", y que "Navarro conocía sobradamente las circunstancias".

Respecto al delito de encubrimiento, la jueza argumenta que viene determinado por el conocimiento de todos los implicados sobre la investigación por financiación ilegal del PP que dirigía el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Y también, destaca el auto, "por la determinación de impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que Bárcenas guardaba en los ordenadores portátiles usados por él a lo largo de los años de su desempeño como tal pudiesen acceder a la investigación, acordando su destrucción física con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer (...) lo que se almacenaba en su interior". Sobre las dudas del PP y de la fiscalía respecto al testimonio de Bárcenas, la jueza manifiesta "no apreciar contradicciones palmarias" con relevancia para impedir la continuación del procedimiento.

Es más, afirma que su relato en sede judicial se apreció "coherente, firme y meticuloso"; y que el ejercicio de memoria en su segunda declaración sobre la información que contenían los discos duros "aparece justificada por el tiempo transcurrido y por la necesidad de localizar un soporte en papel en el que decía tenía una relación pormenarizada de sus archivos informáticos (...) y que sorprendentemente para él no pudo localizar".

La causa se inició a raíz de una querella por daños informáticos y encubrimiento presentada por una acusación particular del 'caso Bárcenas' liderada por IU ante el ahora exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien remitió las actuaciones al juzgado de instrucción número 32 de Madrid, que acordó el archivo provisional, lo que fue recurrido por las acusaciones. Pero la causa se perdió y la jueza citó a las partes para que aportaran toda la documentación que tengan, con el fin de reconstruir la causa perdida y dar trámite al recurso.

Cuando la causa fue reconstruida, la jueza dio traslado del recurso para que lo resolviera la Audiencia de Madrid, que acordó el pasado enero reabrir el caso de la destrucción de los discos duros al entender que "el archivo provisional se adoptó sin practicar diligencia de investigación alguna", informa El Periódico .