dimarts, 7 de juny de 2016

En prisión por pagar 79,20 € con una tarjeta falsa

Alejandro Fernández, el joven granadino condenado a cinco años de cárcel por pagar 79,20 euros con una tarjeta que resultó ser falsa, ha ingresado voluntariamente en el centro penitenciario de Albolote. El joven ingresa en prisión después de que no hayan prosperado las distintas acciones que ha emprendido para evitar este desenlace, entre ellas la petición de un indulto que el Gobierno le ha denegado. El joven, que ha llegado a la prisión acompañado de familiares, ha dicho a los periodistas justo antes de entrar que no se va a "rendir" y que piensa "pelear", aunque sea ya recluso, por un cambio en un sistema que considera "injusto" y "antiguo".

Ha recordado que el caso se remonta a hace seis años, periodo en el que no ha cometido ningún delito. "He estado seis años esperando a que se haga justicia y ahora quieren que pague cinco más", ha lamentado. Antes de su llegada a la cárcel, ha criticado que existan informes desfavorables de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía a su indulto, que fue rechazado por el Consejo de Ministros el 18 de marzo, cuando él está "totalmente reinsertado en la sociedad", con un "trabajo y una vida estable". Ha considerado que "cometió un error" y que su entrada en prisión es una "injusticia".

Asimismo, ha explicado que fue en 2010, con 18 años recién cumplidos, cuando se dirigió a Málaga con un amigo que le dio una tarjeta con su nombre y apellidos que resultó ser falsa, con la que pagó en un supermercado bebidas alcohólicas para su acompañante y un batido de chocolate para él, por los que pagó esos 79,20 euros. El desconocía el fraude y que su amigo, hoy en busca y captura, perteneciera a un grupo dedicado a clonar tarjetas. "Era una persona de mi confianza, veinte años mayor que yo, y que me había ayudado mucho. Cuando me dijo que era una tarjeta monedero para no llevar dinero encima, con mi nombre, yo pensé que era verdad", ha sostenido.

Su abogado, Javier Gómez Rosales, ha lamentado en declaraciones que el ingreso en prisión de su cliente se haya producido tras no salir adelante ninguna de las medidas que se han tomado para evitarlo. Igualmente, ha querido aclarar que los informes desfavorables al indulto que han emitido la Fiscalía y la Audiencia Nacional "no son vinculantes, de modo que el Ministerio de Justicia se lo podría haber concedido igualmente", especialmente teniendo en cuenta que es una condena "desproporcionada".

También ha censurado que Alejandro Fernández ingrese en prisión sin que el Gobierno le haya trasladado oficialmente la negativa a concederle el indulto y por tanto sin conocer "realmente en qué se ampara el Ministerio para decirle que no". De hecho, estudia emprender algún tipo de acción contra esa "falta de información" que a su entender ha padecido su cliente, en tanto que los informes desfavorables de la Audiencia y el Ministerio Fiscal no le fueron comunicados hasta el lunes pese a que fueron emitidos en septiembre de 2015.

A partir de ahora, "la lucha se centrará en que Alejandro permanezca en la cárcel lo menos posible", según ha agregado el abogado, que presentó recientemente un recurso de reposición ante la Audiencia Nacional, que lo condenó inicialmente a 12 años de prisión por pertenencia a banda organizada y estafa y después le rebajó la pena a cinco.

Cristina de Borbón defraudó a Hacienda según los técnicos del Gestha

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han mostrado sus discrepancias respecto a las consideraciones efectuadas este martes por varios peritos de la Agencia Tributaria (AEAT) respecto a la Infanta Cristina, al manifestar que ésta sí podría haber cooperado en los delitos fiscales imputados a su esposo, Iñaki Urdangarin, en los años 2007 y 2008.En un comunicado, Gestha ha señalado no compartir las declaraciones de los peritos porque considera "difícil" entender el papel desempeñado por la exduquesa en la sociedad que comparte al 50 por ciento con su marido, Aizoon, en la que, "estando en régimen de separación de bienes, participa como propietaria del 50 por ciento de un capital de tan solo 3.000 euros, cuando su marido podría haber constituido una sociedad limitada unipersonal".

Después de que una de las peritos haya rechazado atribuir fraude fiscal así como cualquier otra actuación irregular a la Infanta por el hecho de ser socia de Aizoon -de la que se habría servido Urdangarin para defraudar 337.138 euros en 2007 y 2008-, desde Gestha subrayan que la eventual responsabilidad penal de doña Cristina "no se ha visto disminuida por lo manifestado por los peritos en el proceso".

De hecho, los técnicos aseveran que para determinar la cooperación en el delito fiscal es indiferente si la Infanta no era administradora de hecho ni socia de control o, del mismo modo, no participara en la gestión.En concreto, la AEAT considera que tanto el Instituto Nóos como las sociedades satélites constituidas para vaciarlo de fondos son una simulación, es decir, sociedades sin estructura, por lo que "la responsabilidad por el comportamiento omisivo de la esposa del socio surge no por su condición de accionista, sino por el mismo riesgo creado al utilizar y participar en una sociedad familiar que no es más que una mera pantalla o simulación".

A juicio de Gestha, "es muy probable" que la esposa de Urdangarin y la de su exsocio Diego Torres, Ana María Tejeiro, "estuvieran contribuyendo a defraudar al fisco con su participación en las respectivas sociedades simuladas y además se beneficiaron de ello", ya que el dinero que recibía Aizoon no se quedaba en su cuenta, sino que se disponía del mismo por sus socios sin que tampoco estos declarasen esos dividendos en su impuesto sobre la renta.

De este modo, afirman los técnicos, tanto la Infanta como Tejeiro "también podrían haber colaborado en la ocultación de esos beneficios".Gestha recuerda en su nota que Aizoon apenas celebraba juntas, el personal que tenía no era apto para el desempeño de su actividad, dentro del personal se incluía el servicio doméstico de la familia Urdangarin-Borbón, la sociedad funcionaba como caja única al no repartir dividendos y sus ingresos se empleaban en gastos familiares que realizaba el matrimonio. Además, la sociedad tenía radicadas sus oficinas en el mismo domicilio familiar, que era alquilado por el matrimonio a la misma sociedad, "alquiler que cobraban los esposos por mitades" mientras que la Infanta "incluso firmó el contrato de alquiler".

Dolo o elemento subjetivoLos técnicos señalan así que la posible responsabilidad penal de la Infanta y de Tejeiro "pivota sobre el dolo o elemento subjetivo del delito contra la Hacienda Pública. Es decir, si ambas eran conscientes o no de que eran socias de sus maridos en sociedades instrumentales que ellos utilizaban para canalizar sus ingresos personales y no los de las sociedades, ya que éstas no tenían estructura por ser meras pantallas".Según los técnicos, como para la comisión del delito fiscal "basta con el dolo eventual o dolo de representación", Gestha considera que tanto la Infanta como Tejeiro podrían haber sido conscientes de que formaban parte de sociedades instrumentales y que, "por la irregularidad misma que comportaba la anormalidad de esa situación, la permanencia en ellas suponía aceptar un peligro probable de que se pudiera defraudar a Hacienda ocultando ingresos que debieron de haberse declarado en renta y deduciéndose gastos indebidos".

Desde Gestha sostienen así que la Infanta "podría haber llegado a pensar que los beneficios de operar por vía de esta simulación que era Aizoon serían elevados".En cualquier caso, señalan, "parece que se desentendió de ello y del peligro que ella misma podría haber generado, a pesar de que estaba en situación de haberlo evitado y tenía el deber jurídico de hacerlo al ostentar el 50% del capital social y ser ella la posible corresponsable del riesgo de defraudación generado. Además, contaba con asesores externos a los que fácilmente podría haber acudido", informa El Mundo.

Cuatro Borbón lavaron cuatro millones de Suiza con la amnistía del PP a sus ladrones


Cuatro familiares de Juan Carlos se acogieron en 2012 a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para los ladrones y fascistas del reino. Todos están en la línea sucesoria a la corona española, justo por detrás de los descendientes directos del monarca emérito. La infanta de España Alicia de Borbón Parma, su hijo, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias y dos de sus nietos regularizaron en total 4.000.816 euros que escondían en el banco suizo Lombard Odier. En total, esa otra rama de la saga de los Borbón pagó 73.437 euros en impuestos por hacer aflorar ese dinero escondido en una sucursal de Ginebra. La cuota abonada a Hacienda representa solo el 1,84% de los fondos que guardaban esas cuentas secretas.

76 años de cárcel para Correa y 40 para 'El Albondiguilla' sólo por la pieza de Boadilla

La Fiscalía pide 76 años y 7 meses de cárcel para el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; 40 años y 9 meses para el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, 'El Albondiguilla', y otros 23 años y medio para el exdiputado del PP Alfonso Bosch por la actividad de esa red en esa localidad madrileña. En su escrito de acusación, la Fiscalía reclama además 64 años y 7 meses de prisión para el considerado número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, y otros 22 para el exconcejal José Galeote, en una causa en la que acusa a un total 27 personas así como al PP en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros de la red. Según el escrito, la red mafiosa pagó a los políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas de Boadilla, unos pagos que en el caso de José Galeote ascendieron a 557.609 euros, en el de González Panero a 1.800.000 euros y en el de Bosch a 941.652 euros. El Ministerio Público considera partícipe a título lucrativo al PP por haberse beneficiado con la actuación de la trama entre 2001 y 2009.

El Ministerio Público ha presentado contra 27 procesados y personas jurídicas, entre ellas el Partido Popular. Considera partícipe a título lucrativo a la formación política por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009. El partido será juzgado también como partícipe a título lucrativo por las actividades de la primera época de la Gürtel y las actividades de la red en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo; mientras que está considerado como responsable civil subsidiario en el juicio por la contabilidad B de la formación.

En la pieza separada sobre Boadilla del Monte, Anticorrupción reclama a la Audiencia Nacional la imposición de trece años y medio de cárcel para la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán; once años para el supuesto blanqueador y ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín; diez años y dos meses para el empresario Jacobo Gordon; y siete años y un mes para el también empresario José Luis Ulibarri.

Entre los acusados, figuran también el contable de la red José Luis Izquierdo, que se enfrenta a siete años y medio; el empresario Alfonso García-Pozuelo, para quien pide cinco años y ocho meses; y el asesor Luis de Miguel, que afronta cinco años de prisión. Las penas más bajas, de dos años y medio, están dirigidas a Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, María del Carmen García Moreno y José Francisco Pastor de Luz. La lista de procesados está formada también por el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad Cesar Tomás Martín Morales; al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo; al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico; el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel; José Luis Martínez Parra; Rafael Martínez Molinero; Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz; Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo.

Regalos y comisiones

La Fiscalía cree que los acusados percibieron pagos o regalos por su intervención, entre los que Galeote recibió 557.609 euros, González Panero 1,8 millones, Martín Morales un cobro de 1,3 millones y Alfonso Bosch otro de 941.652 euros. Francisco Correa percibió por los contratos adjudicados a sus empresas 2,1 millones e ingresó 2,7 millones en concepto de comisiones por su intermediación a favor de empresas ajenas a su grupo y Pablo Crespo 593.000 euros. Acusa a los principales encausados de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La Fiscalía cree que los acusados percibieron pagos o regalos por su intervención, entre los que Galeote recibió 557.609 €, González Panero 1,8 M., Martín Morales 1,3 M. y Bosch otro de 941.652 €
La causa investiga la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes. Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), a la que controlaban "de facto" a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

Según la Fiscalía, el entramado estaría integrado por el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, que habría actuado de modo permanente desde 2002; José Galeote -exconcejal y padre del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote- por su intervención entre 2001 a 2003; el exalcalde González Panero y el funcionario municipal César Tomás Martín Morales desde su creación y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor, que participó su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) en 2003. Este grupo habría favorecido la contratación de Sufi, filial de Sacyr, pilotada por Naranjo Anegón; las sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo; la mercantil UFC, de José Luis Ulibarri; Teconsa, gestionada por José Luis Martínez Parra; Artas Consultoría, tras la que se ocultarían algunos miembros del grupo liderado por Correa; así como otras firmas de eventos vinculadas al cabecilla de la Gürtel.

Una parte de las comisiones percibidas por Martín Morales, González Panero y Crespo se habría ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas. La cuenta que habría utilizado Crespo, a nombre de Mall Business, se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de 1,557.227 euros a junio de 2012.

Por su parte, el fiscal destaca que una de las cuentas empleadas por González Panero, a nombre de la entidad 'Longridge International', fue bloqueada por las autoridades suizas con un saldo de 120.379,73 euros a fecha de 31 de diciembre de 2015. La Fiscalía considera que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a UFC y a la EMSV de un mínimo de 960.000 euros por el canon dejado de abonar por la entidad Artas Consultoría; y otra pérdida de 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Correa y que estaría destinado al PP y a Alfonso Bosch.

Los salarios españoles son un 39% más bajos que la media de la UE

Los datos reflejan, con claridad, la intensa devaluación salarial que se ha producido en España desde el surgimiento de la crisis. Si en 2008, cuando estalló la burbuja de crédito, el salario medio por hora trabajada se situaba en España un 32,2% por debajo de la eurozona, en 2015 esa distancia se ha ido hasta el 39%. En términos absolutos, eso significa que mientras en España el salario medio por hora alcanza los 15,8 euros, sin cotizaciones sociales, en la zona del euro se sitúa en 22 euros. Los datos los ha publicado este lunes Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea (UE), y muestran que el ajuste salarial ha sido especialmente intenso a partir de 2012. Desde entonces (en un contexto de muy baja inflación), la hora trabajada apenas ha crecido en España un 0,6%, mientras que en la eurozona el incremento ha sido del 4,8%. Si la comparación se hace con el comienzo de la crisis, resulta que el salario medio ha subido en España un 10,5%, por debajo del 16,4% que ha crecido en la eurozona (19 euros en la UE).

La moderación salarial española es una especie de reacción contraria a lo que sucedió antes del estallido de la crisis, toda vez que en los años inmediatamente anteriores el incremento de los salarios fue sensiblemente superior, lo que afectó negativamente a la competitividad exterior de la economía española. Si en 2008 el salario medio por hora trabajada llegó a representar el 76% de la media de la zona euro, ahora supone el 72%.

Como recuerda Eurostat, los salarios son un factor determinante en la competitividad de las empresas, si bien este indicador también está condicionado de forma muy relevante por factores como el coste del capital (por ejemplo, los intereses de los préstamos y dividendos sobre el capital) o elementos ajenos al precio de los productos, como la innovación, la relación marca/producto o el posicionamiento en el mercado. Según los datos de Eurostat, el salario medio por hora trabajada en la UE de los Veintiocho se estimó en 25,03 euros en 2015, y en 29,50 euros en la zona euro (incluyendo cotizaciones). Sin embargo, este promedio oculta diferencias significativas entre los Estados miembros de la UE, con costes laborales por hora que oscilan entre los 1,4 euros de Lituania (el país con sueldos más bajos) a los 35,6 euros de Dinamarca, el país de la UE que paga más alto a sus trabajadores.

Si se incluyen todos los costes salariales, en particular las cuotas sociales, el país más caro (sin tener en cuenta los avances en productividad) sigue siendo Dinamarca (41,3 euros a la hora), mientras que el más barato es Bulgaria, apenas 4,1 euros por cada 60 minutos de trabajo. Los costes no salariales, en todo caso, siguen siendo muy determinantes en la competitividad de las empresas. La mayor proporción para el conjunto de la economía estaba en Francia en 2015 (un 33,2%), Suecia (32,1%), Italia (27,9%), Bélgica, Lituania (ambos 27,8%) y la República Checa (27,1%). Los porcentajes más bajos de los costes no salariales para toda la economía se registraron en Malta (6,6%), Luxemburgo (13,5%), Irlanda (13,7%), Dinamarca (13,9%) y Croacia (14,9%).

Eurostat, igualmente, recoge información sobre la llamada cuña fiscal, que mide la carga de las contribuciones fiscales y de seguridad social en relación con los costes laborales. La cuña fiscal de la Unión Europea fue del 34,9% en 2014. Las cargas fiscales más elevadas respecto de los salarios más bajos se registraron en Bélgica, Hungría, Alemania, Francia, Austria, Italia, Letonia, Rumania y Suecia (todos por encima del 40%). Por el contrario, las cargas tributarias más reducidas se registraron en Malta, Irlanda y el Reino Unido (por debajo del 30%), informa El Confidencial.

La estafa de una 'crisis' de ladrones y fascistas: más beneficios empresariales y menores salarios


El PIB español roza ya los niveles con los que entró en el túnel de la crisis en 2007, pero a la salida algo ha cambiado en su composición: las rentas salariales son más bajas, mientras que los beneficios de las empresas son superiores. Según los datos corregidos de efectos estacionales y del calendario del Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB a precios de mercado se situó en 276.631 millones de euros en el cuarto trimestre de 2007, sólo un 0,6% más que en el primer trimestre de este año, que se ha situado en 274.817 millones. La inercia de la actividad económica, que creció en los primeros tres meses de 2016 un 0,8% respecto al cierre de 2015, hacen pensar que, como avanza el Gobierno en funciones, España logrará superar los niveles de renta y PIB previos a la crisis, si no a finales de 2016, al menos a principios de 2017.

Francia: 7 días de protestas contra la reforma laboral de Hollande

Los trabajadores ferroviarios franceses cumplen este martes siete días consecutivos de huelga contra la reforma laboral del Gobierno, también en demanda de mejoras en sus puestos de trabajo. Hace tres meses aproximadamente comenzaron las protestas contra este proyecto que según sus detractores perjudica los derechos de la masa laboral y beneficia solo al empresariado, en un país donde la tasa de desempleo se ubica en 10 ciento. El primer ministro Manuel Valls se apegó en mayo a un polémico y antidemocrático recurso constitucional para que el texto se considerara aprobado en primera lectura en la Asamblea Nacional. Este mes, tendrá lugar el examen en el Senado. Valls se refirió el sábado a la “solidaridad” para llamar a los ferroviarios a cesar el movimiento lo más rápidamente posible.

En el seno del gobernante Partido Socialista de François Hollande muchas voces han expresado su desacuerdo con relación a un plan que da al empresariado mayores poderes en materia de organización del tiempo de trabajo y de despidos. Por esa razón, los trabajadores de los ferrocarriles siguen sus acciones de calle hasta lograr una negociación o al menos ser escuchados. La última reunión de negociaciones sobre la organización del trabajo de los ferroviarios, cuyas discusiones comenzaron en marzo, tuvo lugar ayer lunes pero el encuentro terminó sin un consenso entre las partes.

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), la huelga fue seguida el lunes por casi el 8,5 por ciento de los empleados, desde el 15 por ciento de los últimos días de la semana pasada. Para este martes está prevista la supresión de un tercio de los trenes de alta velocidad, 40 por ciento de los otros de largo recorrido, 40 por ciento de los regionales y la mitad de los de cercanías en París. En el caso de los que conectan con España, se cancelarán dos tercios de los trenes habituales.

También en algunas refinerías petroleras el personal sigue movilizado. Además, los sindicatos de pilotos de la aerolínea Air France convocaron una huelga del 11 al 14 de junio, en plena celebración de la Eurocopa de fútbol, para protestar contra una modificación de las reglas de remuneración.

Por su parte, el presidente francés, François Hollande, insiste en que el Gobierno no retirará el plan laboral, al tiempo que el primer ministro Manuel Valls opina que dar marcha atrás sería "un error político". Por su parte, los sindicatos exhortan a reforzar la movilización, teniendo en la mira una manifestación para el 14 de junio en París, informa Telesur.

Rebenten un caixer automàtic amb un explosiu a Tamariu

A Tamariu, petit nucli al nord de la Costa Brava, van sentir un fort espetec, com si es tractés d'una explosió al voltant de quarts de sis de la matinada a la zona del passeig de Mar. Ràpidament van alertar la Policia Local de Palafrugell i quan hi va arribar la patrulla es va trobar amb una bona sorpresa: el caixer automàtic del Banc Popular rebentat i els vidres de la immobiliària del costat també rebentats. Ràpidament van mobilitzar els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà, que s'hi van desplaçar per investigar el succés. Van comprovar que efectivament s'havia produït un robatori amb algun tipus de material explosiu. Ahir el matí al lloc hi havien treballant els experts en explosiu dels Mossos, els Tedax, així com policia científica i agents de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) de Girona, que està al càrrec del succés. Aquest tipus de robatori és inusual a la província de Girona, tant que podria ser l'únic que s'ha produït fins ara.

El succés, que va tenir lloc al voltant de quarts de sis del matí, va provocar un fort ensurt i segons testimonis, van veure dues persones que després de l'explosió que va rebentar el caixer tant de la part de davant com de darrere van fugir encaputxats amb el botí que havien anat a buscar. Es dóna el cas que aquest caixer automàtic, en ser en una àrea turística, podria no tenir gaire quantitat de diners en ser un dilluns. La quantitat d'euros sostrets, ahir no va transcendir. Els Mossos busquen els autors del robatori i per això ahir al matí van ser a la zona buscant tot tipus de pistes que els portin cap als delinqüents. Els lladres han de tenir certa expertesa per dur a terme aquest tipus de cop perquè cal dominar una mica la tècnica d'explosius per no posar en risc la resta d'edificis. Aquest tipus de robatori s'ha dut a terme en zones de l'àrea metropolitana de Barcelona en alguna ocasió i el mètode conegut com a Plof Kraak és el més habitual i alhora perillós, segons han destacat en alguna ocasió els Mossos.

Consisteix en primer lloc, a posar una mànega amb càrrega explosiva a la part d'expulsió dels bitllets del caixer mitjançant un filferro que feien servir com a guia. Després cal donar un impuls elèctric a l'explosiu per mitjà d'una pila de petaca perquè es produeixi una explosió. Posteriorment, l'ona expansiva fa que la porta posterior del caixer surti disparada i sigui possible emportar-se els diners i els sobres. Els investigadors estan estudiant el mètode i l'explosiu usat a Tamariu, informa Diari de Girona.

Calafell retira els honors als Pujol i a Franco

Totes les referències sobre l'expresident Jordi Pujol seran eliminades dels espais públics, físics o virtuals, de Calafell. El ple de l'Ajuntament d'aquesta localitat del Baix Penedès ha aprovat per unanimitat aquesta decisió arran d'una moció presentada pel PSC, partit que governa amb el PP i UAM. L'acord comporta la substitució de plaques commemoratives on consta el nom de l'expresident per altres on no se'n faci cap referència, així com l'esmena del llibre d'honor del Consistori, on l'exMolt Honorable va deixar la seva signatura. També s'esborraran totes les referències a Jordi Pujol contingudes en webs i comptes de xarxes socials del municipi i se li retiraran tot els honors que el ple li hagués atorgat.

Així mateix, l'Ajuntament instarà l'emblemàtica entitat Bot Salvavides a retirar la condició de padrina d'honor a Marta Ferrusola. L'esposa de l'expresident, imputada i investigada com ell a l'Audiència Nacional, va rebre el 1989 aquesta distinció, que fou renovada el 2014. A banda de l'aprovació d'aquesta moció, ha destacat una altra decisió simbòlica del ple: la revocació del títol d'alcalde "honorífic i perpetu" atorgat el 1964 al dictador Francisco Franco. Tot el ple n'ha votat a favor, excepte un regidor del PP, que s'ha abstingut, informa El Triangle.

El TS obliga la Generalitat a retornar al personal laboral la part meritada de la paga extra de 2012

Nova rebolcada a la posició de CDC i ERC en relació amb les retallades a les pagues extres. El Tribunal Suprem ha condemnat el govern de Catalunya a retornar al seu personal laboral la part meritada de la paga extra de desembre de 2012, segons afirma la UGT de Catalunya. La decisió se suma a la sentència que va emetre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el novembre de 2013 en relació amb el recurs de cassació 227/2014, que va fallar en el mateix sentit.

La justícia ha declarat il·legal la supressió de la part meritada fins al 15 de juliol de 2012, ja que considera que l’aplicació de la retallada no pot tenir efecte retroactiu. Aquesta decisió referma els arguments jurídics esgrimits per la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya en relació amb aquest cas. La sentència s’uneix a altres veredictes ja guanyats per la UGT de Catalunya en el sentit i implica que tot el personal laboral de la Generalitat de Catalunya (uns 12.000 treballadors i treballadores) podrà reclamar el 54,16% de la paga de Nadal. Al març passat, la Generalitat havia retornat un 24% per decret estatal, però de nou la justícia condemna l’Administració a abonar també el 30% restant.

Quan l’any 2012 va decidir no pagar la paga extraordinària als funcionaris es va deixar, sembla, un serrell en el procés legal. Va aplicar la retallada des de 1 de juny però el decret no es va publicar fins 44 dies més tard. Els sindicats immediatament van reclamar aquesta diferència en les taules de diàleg social, però no hi va haver manera. UGT va iniciar la reclamació per la via legal. Al cap de dos anys s’havien presentat unes 2000 denuncies. I han començat a arribar les sentències, més de 200 i totes van contra la posició de la Generalitat.

Segons va calcular fa uns mesos la UGT, el cost per a la Generalitat d’aquestes sentències s’acostaria als 500 euros per persona. La xifra es redueix perquè la Generalitat ha tornat el 24% fruit del decret estatal. En el cas de les denuncies individuals, en molts casos les sentències obliguen a ingressar els diners com a molt tard dos mesos després d’emetre’s el veredicte, informa Diari del Treball.

60.000 personas atrapadas en una estafa piramidal española

«Gane dinero sin salir de casa». «Si invierte 1.000 euros en este producto, conseguirá 300 de beneficios solo en el primer mes». «Incluye incentivos: con dos ventas directas, un bono triplica la inversión inicial». Sacarse un extra sin hacer nada es, cuanto menos, tentador. Con este tipo de argumentos, resulta difícil resistirse. Si, además, no se llega a fin de mes, es imposible decir no. Pero detrás de estas lisonjas no suele estar el paraíso deseado ni el prometido, sino un negocio oscuro y muchos dolores de cabeza. A Paquita, la sobrina de los Alcántara en la serie de televisión 'Cuéntame', le propusieron esta temporada entrar en un «gran negocio» llamado La Pirámide en el que al mes de invertir dinero ya recuperaría el montante, a los dos, lo duplicaría, a los tres, lo triplicaría...

Lo único que tenía que hacer era convencer a un par de socios nuevos para que entraran. Le sonó tan bien que puso todos sus ahorros y los perdió porque era una estafa. La historia de Paquita es una ficción, pero el caso es más real de lo que parece... y más actual. Los negocios o ventas piramidales «existen desde hace un siglo, pero en los últimos años han experimentado un repunte», confirma Javier Ibáñez, director de la Cátedra Garrigues de Derecho de Sociedades en la Universidad Pontificia Comillas.

El esquema Ponzi: Es la estructura piramidal más sofisticada: una persona es la figura central del negocio. Se llama así por Carlo Ponzi, un italiano cuyo golpe más importante fue en 1919. Prometía un 50% de beneficios en 45 días, o 100% en 90 días, solo comprando cupones postales descontinuados. 40.000 personas invirtieron cerca de 15 millones de dólares. Devolvió una tercera parte.

Rogério Alves de Silva. Este brasileño tiene 24 años, pero su nombre ya ha estado relacionado con ventas piramidales investigadas por la Policía. A los 21 se presentaba como consejero delegado de BlackDever, una empresa cerrada por la justicia brasileña al ser calificada de estafa. Un año después, volvió a los negocios desde Madrid con WishClub, que prometía beneficios por difundir sus propios anuncios en internet y vender su revista. Desmanteló la empresa en agosto de 2014 mientras la Policía lo investigaba. Aún no hay conclusiones en firme.

«Estamos recabando información y hablando con abogados. Pero el proceso es lento, difícil y delicado». Quien habla es un inversor de Fort Ad Pays, una empresa de origen español cuyo reciente colapso ha atrapado «a entre 40.000 y 60.000 personas». Quieren, pero no pueden, recuperar su dinero porque la firma no es capaz de devolverles lo invertido: solo paga 10 dólares al día por persona por «problemas técnicos», explican sus responsables. Al parecer, Fort Ad Pays, que se define como «una plataforma de publicidad de ganancia compartida», prometía beneficios con solo comprar espacios para anuncios en internet, sin hacer nada más. «Hay gente que invirtió cien dólares y otros diez mil». Ahora no obtienen ni los réditos. Los administradores admiten que la situación «es delicada», pero que su proyecto es «serio y viable» y que están estudiando nuevas vías de ingresos para hacer frente a las deudas. Los inversores, en cambio, se temen lo peor.

El primer caso de estafa piramidal en la historia data de 1899, cuando el contable William F. Miller montó una oficina en Brooklyn en la que prometía el 10% de ganancias mensuales sobre lo invertido. Robó lo que hoy serían 22 millones de euros y lo condenaron a 10 años de cárcel, una broma en comparación a los 150 años que le cayeron al responsable del mayor fraude de este tipo de todos los tiempos: Bernard Madoff. Le cazaron en 2008 después de más de cuatro décadas al pie del cañón. Estafó 45.000 millones de euros. El gurú de Wall Street desarrolló en su grupo de empresas un «esquema Ponzi» de libro, la estructura piramidal más sofisticada.

Todos los negocios de este tipo se basan en conseguir socios. Los primeros reciben los beneficios prometidos con las inversiones de los segundos y así sucesivamente. Pero tienen un techo: los expertos calculan que a los dos años ya no se consigue nuevos miembros. Madoff fue un virtuoso. Ahora bien, no todas las ventas piramidales ni todos los negocios de marketing multinivel son estafas. Para que lo sean tienen que darse dos condiciones: «Que haya un traslado de patrimonio de una persona a otra sin justificación y un propósito de engaño consciente», detalla Ibáñez, que recomienda desconfiar por sistema: «Nadie da duros a cuatro pesetas».

A principios de este año, la Guardia Civil dio al traste con el entramado de GetEasy, un supuesto fraude de 'marketing online' que llevaba meses en el punto de mira de los investigadores. La empresa, creada en agosto de 2013, realizaba sus operaciones en Portugal, Brasil y España. Su señuelo era el de siempre: ganar dinero rápido, en este caso mediante la compra de unos geolocalizadores de coches que se alquilaban a terceros. Prometían 300 euros de beneficios al mes si se invertían 1.200 euros.

GetEasy operaba desde Macao, un paraíso fiscal, algo muy habitual en este tipo de negocios. La empresa que gestionaba el unete, la moneda virtual española que hizo desaparecer los ahorros de 50.000 inversores, estaba radicada en otro, San Vicente y las Granadinas. Esta trama fue desmantelada el pasado verano, hubo más de 20 detenidos. Su presunto ideólogo intenta ahora eludir su responsabilidad depositándola en el informático con el que trabajaba mientras se acostumbra a un nivel de vida más modesto del que llevaba cuando ingresaba hasta 40.000 euros al día, según algunas fuentes. «Lo habitual es que lleven un tren de vida muy alto», confirma el abogado sevillano Juan Sánchez Zabala, experto en estafas.

El actual repunte de las ventas piramidales se debe «a lo prolongado de la crisis», apunta Javier Ibáñez. Según el docente, la necesidad ejerce como caldo de cultivo perfecto. «Habrá personas a las que la codicia les haya podido, pero el grueso de afectados de Fort Ad Pays son gente que buscaba dinero para pagar la comida y la luz», subraya nuestra víctima. Nada de bañarse en euros como el Tío Gilito. En general, muchos estafados son «personas vulnerables por ignorancia, porque no saben el idioma, porque son jóvenes y les falta experiencia...», apoya Ibáñez. Así es muy fácil que cale el mensaje de los principales captadores: «Tienen un gran poder de persuasión y manipulación». «Denunciar es lo primero que hay que hacer cuando uno empieza a sospechar algo», apunta el letrado Sánchez Zabala. A partir de ese momento se inicia el proceso para acabar con la farsa. «Lo normal es que no sean casos muy largos», subraya. «Desde la reforma del Código Penal de octubre, la fase de investigación o instrucción no debería durar más de seis meses en los casos sencillos y hasta 18 meses en los complejos». Luego, llega la fase de enjuiciamiento, que se puede alargar «hasta los dos años».

Aunque no siempre es así. En el 'caso Forum Filatélico' se tardaron ocho años en cerrar la investigación. Este conglomerado empresarial, que nació en 1979, ofrecía intereses altos por invertir en sellos. El escándalo estalló en 2006, cuando la Audiencia Nacional registró y precintó las oficinas de esa entidad en toda España tras la acusación de la Fiscalía de cometer supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y delito contra la Hacienda pública. El agujero patrimonial superaba los 2.800 millones de euros y los afectados sumaban casi 300.000. En 2014, el juez Pablo Ruz procesó a los 32 responsables y les impuso una fianza civil de casi 4.000 euros. Aunque las víctimas todavía esperan una solución: hace unas semanas volvieron a echarse a la calle para denunciar la inutilidad de los procedimientos judiciales, penal y concursal, y la gestión ruinosa de los administradores. «Los partidos políticos se han lavado las manos», aseguran.

Y a sus bolsillos, el dinero vuelve con cuentagotas: los afectados de Forum solo han recuperado un 20,5% y los de Afinsa, un 10%, la mitad en el último año. Recuperar la inversión «es difícil», reconoce Sánchez Zabala. «La responsabilidad civil no recae en las instituciones», sino en el dueño del negocio. Así que solo se consigue «si este tiene patrimonio» del que pueda tirar el juez, pero «la mayoría no tienen nada a su nombre, se declaran insolventes». Y esto deja a las víctimas tocadas no solo en la cartera: «Muchas son incapaces de pasar página», informa Las Provincias.

Cuatro Borbón lavaron cuatro millones de Suiza con la amnistía del PP a sus ladrones

Cuatro familiares de Juan Carlos se acogieron en 2012 a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para los ladrones y fascistas del reino. Todos están en la línea sucesoria a la corona española, justo por detrás de los descendientes directos del monarca emérito. La infanta de España Alicia de Borbón Parma, su hijo, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias y dos de sus nietos regularizaron en total 4.000.816 euros que escondían en el banco suizo Lombard Odier. En total, esa otra rama de la saga de los Borbón pagó 73.437 euros en impuestos por hacer aflorar ese dinero escondido en una sucursal de Ginebra. La cuota abonada a Hacienda representa solo el 1,84% de los fondos que guardaban esas cuentas secretas.

El patrimonio oculto de los Borbones constituye la primera entrega de 'Los papeles de la Castellana', una investigación conjunta de las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal a partir de una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org. Los expedientes tienen su origen en varios despachos de asesoría tributaria ubicados en la Castellana, el corazón de los negocios de Madrid, y ponen al descubierto las fórmulas que distintas empresas y fortunas españolas han utilizado para ocultar su patrimonio en el extranjero. En el caso de la saga de los Borbón-Dos Sicilias, parte de los fondos que guardaban en Suiza procedía de la herencia de María Cristina de Borbón-Parma Habsburgo, sobrina de Alfonso XIII y también tía del rey Juan Carlos, que falleció en Viena en 2009.

Tres años después de su muerte, su hermana Alicia de Borbón-Parma Habsburgo –infanta de España y viuda del antiguo heredero de la Corona española Alfonso de Borbón– acudió a la amnistía fiscal para regularizar 2.363.946 euros de cuentas en Suiza. Alicia de Borbón presentó su Declaración Tributaria Especial por vía telemática ante el Ministerio de Hacienda el 29 de noviembre de 2012, de acuerdo con la documentación en poder de eldiario.es. Y pagó por hacer aflorar ese dinero ante la Agencia Tributaria 51.880 euros, el 2,2% del dinero amnistiado.

El suyo no fue un episodio aislado en la familia. Su hijo, Carlos de Borbón, primo y amigo personal del anterior monarca, el primero en la línea sucesoria de la Corona solo por detrás de los descendientes del Rey Juan Carlos hasta su fallecimiento en octubre de 2015, también se acogió a la amnistía fiscal. Carlos de Borbón regularizó dinero guardado en Suiza durante las mismas fechas que el resto de la familia. Aunque los fondos en las cuentas de Ginebra rozaban los 1,3 millones de euros, la base imponible por la que tributó fue de 194.074 euros que, según él mismo detalló en su declaración especial, tenían su origen en “el incremento de rentas positivas no declaradas generadas en el período 2008-2010”. Como todos los amnistiados, pagó solo el 10% de esas ganancias, no del dinero total aflorado. En su caso, fueron 19.407 euros: el 1,5% de su fortuna en el extranjero.

Durante los años en que Carlos de Borbón mantuvo todo ese patrimonio en Suiza era mucho más que un primo segundo del rey Juan Carlos I: llegó a mantener una estrecha amistad con él. Hasta el punto de que, en 1994, el monarca llegó a situarlo en la línea sucesoria de la Corona cuando le concedió el título de infante de España.

Dos hijos del infante Carlos de Borbón, Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans y su hermana Cristina, también regularizaron fondos de Suiza a través de la amnistía ese mismo 28 de noviembre de 2012 y ambos por idénticas cantidades: 177.735,33 euros. Los rendimientos declarados de esos capitales sumaron 10.743,86 euros. Cada uno de los dos hermanos pagó al fisco una cuota de 1.074 euros y ambos justificaron que se trataba de “rentas positivas no declaradas generadas en el período 2008-2010”. Los dos hermanos son los siguientes en la línea sucesoria de la Corona Española, justo después de los herederos del rey emérito Juan Carlos I. Aunque el grueso del dinero regularizado por los Borbones procede presumiblemente de la herencia de María Cristina de Borbón –fallecida en 2009–, varios integrantes de la familia tenían cuentas en Ginebra desde mucho antes. En el caso de Alicia de Borbón fueron creadas en noviembre de 1995. Las cuentas opacas estaban a nombre de la fundación Toledana y la sociedad Toledana Equities, ambas radicadas en Panamá.

Su hijo, Carlos de Borbón, también era beneficiario desde hace décadas de dos cuentas secretas en el banco suizo Lombard Odier. Ambas se mantuvieron ocultas a la Agencia Tributaria desde su apertura en 1980. En una el infante aparece como beneficiario desde ese mismo año y en la otra como persona autorizada a partir de 1996. Sus cinco hijos –Pedro, Cristina, María, Inés y Victoria de Borbón y Orleans– crearon en 2009 otra cuenta conjunta en Suiza para recibir la parte que les correspondía en el testamento de su tía-abuela fallecida ese mismo año en Austria.

Una hermana de Carlos de Borbón, Inés de Borbón, está imputada por blanqueo en la trama Púnica. Ante la Audiencia Nacional reconoció hace unos meses que también ella había acudido en 2012 a la amnistía fiscal. En su declaración ante el magistrado Eloy Velasco dijo desconocer la cantidad de dinero que tiene fuera. Su abogado fue más preciso: en la documentación presentada ante la Agencia Tributaria admitió que tenía 3.603.349 euros en Suiza. Ninguna de las personas aludidas en este reportaje ha querido responder a las preguntas de eldiario.es.

Vicenç Navarro: La crueldad y/o incompetencia del Banco de España

En un momento de gran descrédito de las políticas públicas neoliberales que se han estado imponiendo (y digo imponiendo, pues no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes) en los países de la Eurozona, incluyendo España, el Banco de España (el Vaticano del neoliberalismo en este país), que actúa más como el lobby de la banca privada que como un banco central, acaba de publicar un informe sobre la situación económica de España en el que, una vez más, aparece el mismo recetario de propuestas que se han ido aplicando durante todos estos años de gobernanza del país por parte del Partido Popular, y que ha tenido unas consecuencias desastrosas para el bienestar de las clases populares (que han sufrido enormemente con la aplicación de tales políticas). Hoy, una de cada tres personas menores y cuatro de cada diez jóvenes están en riesgo de pobreza, siendo esta tasa de riesgo de pobreza seis puntos por encima de la media europea. Casi el 40% de las familias monoparentales están también en situación de riesgo de pobreza.

Completando esta fotografía deprimente de la realidad, nos encontramos con un gran deterioro del Estado del Bienestar. Es ampliamente reconocido que los servicios públicos como la sanidad y la educación se han deteriorado como resultado de los “recortes” del gasto público. Los salarios han bajado y la precariedad ha subido como consecuencia de las reformas laborales, sin que aumentara el porcentaje de la población ocupada, habiendo alcanzado España el nivel más elevado de desempleo en la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español) después de Grecia. El salario mínimo (en porcentaje sobre el salario medio) está muy por debajo de la media europea.

Pero al impacto sumamente negativo sobre el bienestar y calidad de vida de las clases populares que han tenido las políticas promovidas por el Banco de España y por el gobierno Rajoy, hay que sumarle el enorme daño al quehacer económico. El Estado español, que estaba en superávit cuando se inició la crisis (2007), y que tenía una deuda pública de solo algo más de un 30% del PIB, hoy tiene un elevado déficit y en un nivel de deuda pública que sobrepasa ya el 100% del PIB. A la luz de estos datos, es sorprendente el grado de adhesión del Banco de España al dogma liberal, cuando las políticas inspiradas por este dogma han sido claramente desacreditadas al analizar sus resultados. Es difícil sostener que tales políticas hayan conseguido lo que proclamaban que deseaban. En realidad, tales políticas han causado un gran dolor entre las clases populares, consiguiendo lo opuesto a lo que en teoría decían desear.

Y a pesar de esta obviedad, continúan perjudicándonos, con la impunidad y pomposidad que les da el poder (y las grandes cajas de resonancia que les proveen los mayores medios de información y persuasión), señalando que hay que continuar flexibilizando el mercado de trabajo, bajando los salarios y recortando el gasto público (y específicamente el gasto público social). Este mensaje de que hay que privatizar y desmantelar el Estado del Bienestar nos llega a Catalunya (y a todos los pueblos y naciones de España) a través no solo del presidente del Banco de España, sino también de los miembros del consejo de gobierno de tal institución, a los que se les ofrecen grandes cajas de resonancia en sus afirmaciones de que nos gastamos demasiado en el bienestar público.


La teoría neoliberal y sus errores

La teoría que utiliza el equipo de dirección del Banco de España (incluyendo su presidente, el Sr. Luis María Linde) es que el mayor problema de España es su supuesta falta de competitividad. De esta lectura derivan que hay que disminuir los salarios para vender los productos más baratos en el exterior, basando su estrategia de recuperación y estímulo de la economía en la necesidad de expandir el crecimiento de las exportaciones. Pero este mensaje se ha mostrado poco creíble en base a los datos procedentes tanto de España como de otros países –sobre todo en Latinoamérica- que quisieron salir de la crisis a base de las exportaciones, devaluando la demanda doméstica a base de bajar los salarios. En todos ellos esta estrategia ha fracasado, y por causas muy comprensibles. En realidad, durante los años de gran crisis las exportaciones en España han ido bien, sin descender. Es más, subieron sin que ello significara una salida de la crisis. Y ello es fácil de entender.

El mayor estímulo de la economía no procede de las exportaciones, sino de la demanda doméstica, que a su vez procede de dos factores: el número de asalariados y el nivel de sus salarios, por un lado, y el gato público por el otro. Estos dos factores son claves para entender el consumo y la demanda doméstica, el crecimiento económico y la producción de buen empleo.

La evidencia de ello es clara y contundente. La manera como EEUU salió de la Gran Depresión fue a base de un gran aumento del gasto público y una expansión de la población ocupada y de los salarios (mediante el estímulo de la sindicalización, incentivada por las políticas del gobierno federal). Algo parecido ocurrió inmediatamente después de la II Guerra Mundial en Europa, en donde las economías estaban en recesión. La solución fue un gran aumento del gasto público (estimulado por el Plan Marshall), el establecimiento del Estado del Bienestar y un crecimiento de los sindicatos. Y ahora que estamos en una situación que para millones de españoles es semejante a la Gran Depresión, el Banco de España aconseja bajar los salarios y reducir y desmantelar el Estado del Bienestar.

Está claro que o son incompetentes (lo cual no descarto para el equipo de dirección del Banco de España), o son tan fanáticos con su dogma neoliberal que a pesar de todo siguen siendo insensibles al enorme daño que están causando. En realidad es justa la pregunta de cómo pueden ser tan insensibles. Y la respuesta es también fácil de ver. Es su servilismo y docilidad hacia el capital financiero (a la banca privada) y hacia el mundo empresarial, que están consiguiendo lo que siempre desearon. Hoy las rentas del capital en España (como porcentaje de las rentas totales) son ya superiores a las rentas del trabajo. Una situación única en la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al que tiene España). Y ahí está la raíz del problema.

La pobreza de la demanda y la pobreza de la población y del sector público se deben a que la mayoría de ingresos al Estado proceden de las rentas del trabajo. Al descender estas, desciende la demanda y aumenta la pobreza. Pero el Banco de España prefiere ignorar esta situación. Quiere que continúen la precariedad, los bajos salarios y los recortes. Y todo ello propuesto por un presidente y unos consejeros que tienen los contratos más rígidos y más estables, y unos de los salarios más altos que hay en España, los cuales, desde la élite y casta donde viven, aconsejan que se haga lo opuesto para todos los demás. Así es el Banco de España.

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universidad Pompeu Fabra. Ex Catedrático de Economía, Universidad de Barcelona. Autor, junto con Juan Torres, del libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero