dijous, 26 de maig de 2016

McDonald’s bajo investigación de las autoridades tributarias en Francia

La policía francesa registró la semana pasada la sede de McDonald’s Corp. en Francia en relación con una investigación por fraude fiscal, lo que suma a la cadena de comida rápida a la lista de compañías estadounidenses que están bajo sospecha en Francia por la forma en la que pagan impuestos. Los agentes de policía de la unidad anticorrupción y de crimen financiero participaron en el registro de la sede de la multinacional en Guyancourt, al oeste de París.

Un agente de policía dijo que durante el registro se analizaron documentos y computadoras. Por su parte, “McDonald’s Francia puede confirmar que se llevó a cabo un registro en la sede de la compañía el 18 de mayo de 2016”, anunció hoy un portavoz de la cadena, que añadió que “McDonald’s está cooperando completamente con las autoridades en este asunto”.

La fiscalía investiga a Trias por malversar y pagar el alquiler de los "okupas"

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación de oficio al exalcalde de la ciudad Xavier Trias (CiU) por un delito de malversación, al haber estado pagando durante un año el alquiler del conocido como 'banc expropiat' del barrio barcelonés de Gràcia con fondos municipales. El espacio se llama así porque se ubica en una antigua sucursal de la expoliada CatalunyaCaixa, okupada en 2011. Trias compró la "paz social" en Gracia antes de las elecciones pagando el alquiles millonario a los 'okupas'. Los pagos ascendieron a 65.500 euros en un año a la inmobiliaria propietaria de la finca. El local fue vendido por Catalunya Caixa al empresario y especulador inmobiliario Manuel Bravo Solano. Además, la entidad bancaria emprendió acciones judiciales para el desalojo del local y, según los okupas, Bravo Solano les ofreció 12.000 euros para que se fueran, pero hicieron caso omiso de la oferta.

La fiscalía ha encargado a la Policía Nacional que investigue los pagos del alquiler del local ocupado, que ascendieron a 65.500 euros en un año, a la inmobiliaria propietaria de la finca. CiU asumió el coste del alquiler poco antes de las elecciones del 2015 "ante la inminencia del desalojo". El objetivo, justificaron, era continuar pagándolo hasta finales del 2015 y mientras tanto "buscar una solución que concilie el derecho del propietario y el mantenimiento de la actividad del local". Colau se negó a seguir con el pago del alquiler.

La fiscal jefe Anna Magaldi ha decidido abrir esta investigación a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre que el anterior alcalde de CiU, Xavier Trias, decidió suscribir un contrato de arrendamiento de un año con la empresa propietaria de la finca, Antartic Vintage, con "el fin de evitar el desalojo del referido local y, por tanto, los eventuales indicentes que pudieran producirse" por parte del colectivo okupa.

El decreto de incoación firmado por la fiscala jefa destaca que también se ha tenido conocimiento a través de la prensa que el nuevo equipo de Gobierno surgido tras las elecciones no ha renovado el contrato. Anna Magaldi argumenta en su escrito que según la legislación vigente corresponde a la fiscalía incoar las diligencias que estime oportunas cuando "tenga conocimiento de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado". En este caso, ha sido a través de los medios de comunicación, informa El Periódico.

Trias compró la "paz social" en Gracia antes de las elecciones pagando el alquiler millonario a los 'okupas'

El ex primer teniente de alcalde barcelonés Joaquim Forn firmó un contrato con el propietario del local de Gracia que okupa el Banco Expropiado por temor a que un desalojo comportara "disturbios". Entre los numerosos regalos que se ha encontrado el nuevo gobierno barcelonés bajo las alfombras del Ayuntamiento está el contrato blindado que CiU y su consistorio firmaron con la empresa Antártico Vintage SL. A principios del año pasado, la gente de los movimientos sociales de la villa de Gracia vivía pendiente de la espada de Damocles que pendía sobre uno de los centros sociales de referencia del barrio, el 'Banco Expropiado'. El espacio se llama así porque se ubica en una antigua sucursal de la expoliada CatalunyaCaixa, okupada en 2011.

Vídeos: Els aldarulls de Gràcia s'estenen a Nou Barris


Les protestes pel desallotjament del Banc Expropiat al barri de Gràcia s'han estès aquesta nit fins al districte de Nou Barris, on han cremat deu contenidors, i les flames han afectat el frontal d'un vehicle aparcat i van provocar el trencament de vidres d'una porteria d'un comerç del carrer Alloza. L'Ajuntament de Barcelona calcula que el valor de reposició del material malmès serà d'uns 10.000 euros. En concret, van cremar cinc contenidors al mateix carrer Alloza (davant del número 21), dos al carrer Petrarca (davant del número 3) i tres al carrer Vinyar, cantonada amb el carrer Joaquim Valls. A aquests , cal sumar els dos contenidors cremats a Gràcia i els 60 bolcats, dels quals sis tenen danys estructurals. Aquí, els danys pugen a uns 3.500 euros.

Valencia: La jueza de caso IVAM designa a dos peritos para que tasen piezas sospechosas

La jueza del conocido como caso IVAM, que investiga a la exdirectora del centro, Consuelo Císcar (PP), por las irregularidades en la gestión del museo, ha designado a dos de los tres peritos propuestos por Bellas Artes para que valoren las 13 piezas sobre las que hay sospechas de haber pagado sobrecostes. Según ha informado el TSJusticia valenciano, las dos designadas que realizarán funciones de auxilio judicial son dos vocales de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español. La jefa del Área de Colecciones del Museo Reina Sofía y la subdirectora general de Promoción de las Bellas Artes. Ambas deberán redactar el informe que la instructora encargó hace seis meses y del que depende el avance de la causa.

La subdirectora general de Promoción de Bellas Artes comunicó al Juzgado la imposibilidad de aceptar el cargo de perito judicial por formar parte, desde noviembre de 2015, del consejo rector del IVAM en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su rechazo no ha sido aceptado por la jueza, que no aprecia causa que le imposibilite realizar la prueba pericial encargada, ya que la técnico no formaba parte del consejo rector del IVAM en el periodo objeto de investigación, es decir cuando se adquirieron las obras de arte que debe valorar.

Tanto el fiscal como la Abogacía de la Generalitat habían pedido a la magistrada que no aceptara la renuncia de la perito designada. En su auto, la jueza se remite al artículo 462 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual "nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del juez para desempeñar un servicio pericial si no estuviere legítimamente impedido". El artículo 468, que también cita la magistrada en la resolución, menciona, como únicas causas de recusación de peritos, "el parentesco de consaguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo, el interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante y la amistad íntima o enemistad manifiesta".

En la resolución, notificada hoy a las partes, la jueza fundamenta su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual "la imparcialidad de los peritos judiciales designados viene determinada por su condición de funcionarios públicos cuya actuación debe estar dirigida a servir con objetividad e imparcialidad a los intereses generales". El Juzgado de Instrucción 21 investiga a Císcar, a cuatro exsubdirectores del IVAM y a un empresario, por delitos de malversación, prevaricación y falsedad. El avance de la causa por los supuestos sobre costes en la adquisición de obras de arte y en la edición de publicaciones pende del informe encargado a Bellas Artes hace seis meses.

La falta de esa pericial dilata la instrucción, que tiene un plazo máximo de 18 meses, e impide tomar declaración a la exdirectora del museo valenciano y a los otros cinco imputados. La instructora considera que de las diligencias practicadas hasta el momento "resulta indiciariamente la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM, tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones".

La magistrada cree que se habrían pagado "importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor" y que esta práctica redundaba en "un claro lucro para terceros". Según la jueza, estos hechos "habrían supuesto un evidente perjuicio a los fondos públicos con los que se gestiona este museo". En la causa están investigados (imputados) además de Císcar, otras cinco personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM como subdirectores de distintas áreas, informa Las Provincias.

El Poder Judicial exige a Rajoy que desbloquee la investigación del IVAM

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado amparo al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga a la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Consuelo Císcar, a cuatro exsubdirectores y a un empresario. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el CGPJ ha urgido al Ministerio de Cultura "a que elabore el informe requerido por la magistrada hace cinco meses y del que depende el avance de la causa en la que se investigan delitos de malversación, prevaricación y falsedad".

Ernesto Ekaizer: La cruzada del PP contra los jueces busca una ‘tregua’ ante el 26-J

El PP necesita frenar la hemorragia que suponen las noticias sobre sus infinitos casos de corrupción en los medios de comunicación. Es una estrategia: congelar ya las investigaciones judiciales ante las elecciones generales del 26 de junio. Empezó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en febrero cuando culpó de facto a los jueces de torpedear la investidura de Mariano Rajoy. Le ha seguido la presidenta de la Comunidad de Madrid, la “renovadora” con apoyo de Ciudadanos, Cristina Cifuentes, al lamentar el pasado martes, día 24, la actividad “inusitada” de los jueces en época electoral. Y ha puesto la guinda el portavoz parlamentario Rafael Hernando al afirmar ayer en Catalunya Ràdio que el juez José de la Mata, que puso una fianza por responsabilidades civiles al Partido Popular, ha sido “director general del partido Socialista”.

Fuentes judiciales consultadas señalan que la subida de tono obedece a un cálculo político. Los casos de corrupción que se están investigando en varias regiones de España, especialmente Valencia y Madrid, más el cierre de la instrucción en el caso Bárcenas o Contabilidad B del PP y en piezas separadas de Gürtel, se van a extender antes, durante y después de las elecciones del 26 de junio. Además, se está elaborando en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia la sentencia del primer juicio de Gürtel (la pieza Fitur) cuyo juicio terminó el pasado 14 de abril.

El PP necesita frenar la hemorragia que suponen las noticias sobre sus infinitos casos de corrupción en los medios de comunicación. Por esta razón, el portavoz ha elevado el tono con un ataque directo al juez De la Mata. La falsificación de la realidad no podía ser más flagrante. El juez De la Mata ocupó la plaza del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que quedó vacante al descabezar, sin fundamento legal, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al juez Pablo Ruz, en diciembre de 2014.

Lesmes intentó que esa plaza quedara en manos de un juez amigo, el magistrado Carlos Valle, de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Era el juez que últimamente le había echado una mano a Esperanza Aguirre en su escapada de los agentes de movilidad y la policía municipal tras el incidente de tráfico en la Gran Vía madrileña, en abril de 2015. Valle parecía animarse a presentarse al concurso. Pero a última hora se echó atrás. El juez De la Mata, que había sido director de Justicia en con el ministro socialista Francisco Caamaño, ganó la plaza.

Pero tanto la causa de Gürtel 1999-2005 como Papeles de Bárcenas estaban prácticamente cerradas. De la Mata dictó el auto de apertura de juicio oral de Papeles pero como es sabido es la pieza que se limita a transcribir lo que piden el ministerio Fiscal y las acusaciones. El juez no añade nada de su cosecha. En el caso del PP, el juez se guió por la abogacía del Estado, que representaba a Hacienda en la causa.

Lo dice en el auto de 28 de mayo de 2015. “En relación con la cantidad de 1.024.987,14€ –Impuesto de Sociedades 2007–, que deberá afianzar el PP se sigue en este extremo el escrito de acusación de la Abogacía del Estado. Por tanto, de las cantidades que se indican podría resultar responsable civil subsidiario el PP, exclusivamente como consecuencia de la relación de dependencia de los acusados Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Paez con el mismo, dados los cargos que ocupaban en el año 2007”. Eso es todo. Por tanto, gente con estudios como Cifuentes y Hernando saben lo que se hacen. Lo que revela el grado de putrefacción político-judicial reinante es la servidumbre de Carlos Lesmes y de la Comisión Permanente del CGPJ. Hacen como si aquí no pasara nada, informa el ARA.

Citados a declarar varios exaltos cargos de Jordi Pujol por las comisiones sobre las nóminas de funcionarios

El instructor del caso Pujol en la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar a varios exaltos cargos en la Generalitat de Cataluña bajo los gobiernos de Jordi Pujol como testigos en el marco de la investigación de los hechos denunciados por un antiguo directivo del banco Natwest Mark. Según explicó esta persona, que trabajó entre 1987 y 1995 como director de la principal oficina barcelonesa de la entidad, los Pujol se beneficiaron de una operativa que les hacía llegar grandes cantidades en efectivo a partir de la gestión de las nóminas de los empleados públicos de la Generalitat.

En concreto, se acumulaban saldos en las cuentas y se pagaba un porcentaje del 3% en efectivo, según el denunciante, que se entregaba en los despachos, entras ellos el que tenía el primogénito del ex presidente, Jordi Pujol Ferrusola, en la calle de Ganduxer de Barcelona. De la Mata ssopecha que buena parte de los capitales que durante la presidencia de Jordi Pujol acumuló la familia del entonces Molt Honorable procedían de estas supuestas comisiones, "propinas" pagadas por la cesión a las entidades bancarias de seguros sociales, del IRPF y otras recaudaciones de las que, depositadas, se obtenían beneficios.

Entre los citados a declarar el 13 de junio figuran Antonio Paradell, ex gerente del Incasòl, Leticia Giraldi, tesorera del mismo ente, Antonio Herce, ex director financiero de los Ferrocarriles de la Generalitat, y Francesc Xavier Ruiz del Portal, exdirector general de Hacienda, informa El Triangle.

Los Pujol, acusados de enriquecerse con sueldos de funcionarios


Un exdirectivo de banca ha declarado a la Policía, a petición del juez, que la familia Pujol se enriqueció, entre los años 80 y 90, gracias a los sueldos de los funcionarios de la Generalitat. El testigo trabajó en el banco Natwest Mark (posteriormente absorbido por Banco Sabadell), que en esa época gestionaba las nóminas de los empleados públicos de empresas del Gobierno catalán; entre otras, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) y Ferrocarriles de la Generalitat (FGC). El banco daba al Gobierno catalán “un porcentaje”, en efectivo, de los rendimientos obtenidos gracias a esas nóminas. Los pagos servían, siempre según su versión, para pagar “aguinaldos” a altos cargos de la administración autonómica y, también, a la familia Pujol.

Los Pujol ocultaron el dinero de Andorra en cinco fundaciones de Panamá y Belice


La familia Pujol utilizó un entramado societario con ramificaciones internacionales para tratar de evitar que la fortuna que había acumulado durante tres décadas en Andorra pudiera ser descubierta por las autoridades españolas.

Hallan en una cueva de Francia dos círculos de piedra neandertales de 175.000 años

Iluminados y protegidos con antorchas, sabemos que los neandertales se adentraron en la cueva de Bruniquel, en el sur de Francia, dejaron atrás las primeras cavidades, donde los gigantescos osos hibernaban y avanzaron a través de largas galerías hasta donde no llegaba ninguna luz, lo bastante amplias para no tener que agacharse, y bordearon los pequeños lagos del interior de la cueva hasta que, a 336 metros de la entrada, encontraron una cámara enorme, de 30 metros de longitud por 20 de anchura y 5 de altura. Allí construyeron dos anillos de piedras con fragmentos de estalagmitas. En el centro del anillo más grande, de casi siete metros de diámetro, situaron dos pequeñas acumulaciones de estalagmitas, como un Stonehenge en miniatura. Con la diferencia de que en Stonehenge se calculaba el movimiento del sol y los astros celestes y estos anillos se crearon en la penumbra de las teas. Y de que Stonehenge fue construido por Homines sapientes hace 4.500 años y los anillos neandertales hace unos 175.000 años.

Son la obra más antigua que se ha descubierto de los antiguos pobladores de Europa. Un descubrimiento que demuestra que los neandertales tenían “un nivel de organización social más complejo de lo que se pensaba hasta ahora” y que eran capaces de realizar actividades en las profundidades de las cuevas, según los resultados de la investigación que se presentan esta semana online en la revista Nature.

Reproducción en 3D de las construcciones de estalagmitas halladas en la cueva de Bruniquel (CNRS Photothèque)
“Esto no era un campamento ni un lugar donde vivían. ¿Para qué iban a ir tan lejos de la luz del día?”, declara por correo electrónico Jacques Jaubert, prehistoriador de la Universidad de Burdeos (Francia) y primer autor de la investigación. Según Jaubert, “podríamos asumir algún tipo de comportamiento simbólico o ritual”, pero advierte que la función de los anillos de estalagmitas se desconoce. Las construcciones fueron descubiertas en 1990 en la Cueva de Bruniquel, situada en el sur de Francia ante un meandro del río Aveyron. Sin embargo, no se han podido fechar hasta ahora. La datación de 176.500 años (con un margen de error de 2.100 años) es lo que indica que fueron obra de neandertales, ya que es la única especie conocida en el sur de Europa en aquella época.

Imagen en 3D de los círculos de estalagmitas.

Sin embargo, no se han encontrado fósiles de neandertales ni herramientas de piedra en la cueva de Bruniquel. Los investigadores tampoco han estudiado todavía si los restos de otros animales hallados en las cámaras de la cueva más próximas a la entrada tienen marcas de cortes o algún otro signo de actividad humana, informa Jaubert. Las construcciones, que incluyen los dos anillos y cuatro acumulaciones de piedras, están formadas por unas 400 piezas. Sumadas, pesan 2,2 toneladas. La mayoría de estas piezas, con un peso medio de 5,5 kilos, tienen unos 30 centímetros de longitud, lo que indica que fueron talladas expresamente del mismo tamaño para elaborar las construcciones.

Si el anillo grande mide casi siete metros de diámetro, el pequeño mide poco más de dos. Las paredes, formadas por hasta cuatro capas superpuestas de estalagmitas, llegan a cuarenta centímetros de altura. Debió ser un trabajo de semanas o meses para un grupo de varios neandertales. El número de individuos que participó en la construcción no se ha podido determinar. Muchas de las piezas presentan manchas oscuras causadas por fuego. Asimismo, en uno de los anillos se ha encontrado un fragmento de hueso de 6,7 centímetros de longitud, probablemente de un oso o de un gran herbívoro, que fue sometido a altas temperaturas. Todo ello demuestra que los neandertales de Bruniquel ya controlaban el fuego y explica que pudieran adentrarse hasta el fondo de la cueva.

“Es un descubrimiento excepcional”, declara Robert Sala, director del Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes) en Tarragona. “Se suma a otras investigaciones que en los últimos años han cambiado la imagen de los neandertales al demostrar que ya tenían comportamientos modernos. Pero tiene el gran valor de la datación de 175.000 años, porque los comportamientos modernos de los neandertales se habían observado en fechas más recientes y quedaba la duda de si los habían adquirido imitando a los Homo sapiens, que se extendieron por Europa hace poco más de 40.000 años. Ahora queda claro que los neandertales tenían comportamientos que consideramos modernos y que no los copiaron de nadie”, informa La Vanguardia.

Mallorca: Juicio oral contra Pepote, Moisés y Durán (PP) por el videomarcador que costó 2,3 millones

El Govern convocó, en agosto del 2016, un concurso internacional para dotar de un videomarcador de lujo al futuro velódromo Palma Arena. La instalación tenía que costar poco menos de dos millones de euros. Un correo del dueño de Nimbus, una agencia de publicidad próxima al PP, a su cuñado, directivo de la empresa que meses después ganó el concurso, ya daba por hecha la adjudicación del contrato y habla de la adjudicación dos meses antes del concurso (junio del 2006). Según el instructor, el concurso se amañó en favor de esa empresa, que luego dio un patrocinio al Mundial de Ciclismo en Pista. De nada les ha servido al exdirector general de Deportes del Govern en 2006, José Luis (Pepote) Ballester (foto) y al exedil de Cort del PP Rafael Durán el responsabilizar de la contratación del videomarcador de esa instalación al exgerente de la misma Jorge Moisés, dado que ayer el juez José Castro activó el juicio oral contra los tres y otras cuatro personas relacionadas con ese avanzado equipamiento, que costó casi 2,3 millones de euros.

Castro dio por finalizada la instrucción de la pieza separada 18 y dejó en manos de la fiscalía anticorrupción y del Govern del Pacte acusar a algunos, o a todos, de los siete imputados de fraude y malversación. Además de los tres excargos políticos mencionados, el instructor mantiene que también participaron en el amaño del concurso para adjudicar el videomarcador y en el desvío de fondos públicos otros cuatro implicados: dos vinculados a Odeco Electrónica S.A. y a su filial Smartvisión S.A.S., Juan Carlos Rovira del Canto, representante legal) y Ricardo Arroyo Botana, directivo de las compañías; el publicista dueño de Nimbus Miquel Romero, cuñado de Arroyo Botana; y el técnico Sebastià Rotger.

Según mantiene el instructor, el presunto amaño del concurso para el videomarcador se produjo meses antes de la licitación, como lo demostraría un correo electrónico de Romero dirigido a su cuñado Arroyo. En ese mensaje el publicista afín al PP (Nimbus llevó las campañas electorales de ese partido en 2003 y 2007) le dice a su cuñado que "cuando te concedan el presupuesto del velódromo de Palma firmaremos un contrato con Odeco como patrocinador del Mundial (de Ciclismo en Pista)". Romero le pidió a su cuñado un patrocinio de 150.000 euros para el campeonato que se celebró en mayo del 20007 en el velódromo Palma Arena, dinero que cobró Nimbus.

El magistrado afirma que de las cuatro empresas que se presentaron al concurso para el videomarcador dos eran de la misma compañía (Odeco y Smartvisión) y nadie de la mesa de adjudicación reparó en esa relación. Esos licitadores fueron los que obtuvieron las puntuaciones más altas y, finalmente, el contrato fue adjudicado (el 11 de diciembre del 2006) a Smartvisión. El juez destaca que las ofertas de las dos compañías eran idénticas, aunque una de ellas estaba supuestamente elaborada en Francia y la otra en Badalona. Las plicas venían firmadas el mismo día y por la misma persona, que era imposible que estuviese en Francia y España a la vez.

El Govern de Jaume Matas decidió gastarse un poco menos de dos millones en el videomarcador, que era uno de los equipamientos estrella del velódromo por sus avances tecnológicos. Sin embargo, el aparato costó unos 300.000 euros más que fueron pagados a Odeco France, que había absorbido a Smartvisión, sin expediente administrativo alguno. Castro responsabiliza de esos pagos a Rotger, un técnico que no tenía autorización para autorizar gastos suplementarios fuera del concurso.

Rafael Durán era presidente del consorcio público para la construcción del Palma Arena y en su reciente declaración aseguró que su papel no era decisivo en ese organismo y que el gerente del velódromo era el que se ocupó de la adjudicación del videomarcador. Por su parte, Pepote Ballester también se desmarcó del día a día en las obras del Palma Arena y explicó que su trabajo principal versaba sobre los clubes y las entidades deportivas, informa Diario de Mallorca.

Juez Castro: "Yo sí que no miento"


El magistrado que instruyó el caso Nóos, José Castro, se atiene a la decisión del juez que investiga a Manos Limpias, Santiago Pedraz, de no citarle para declarar sobre la reunión clandestina que -asegura- le pidió el abogado de la infanta Cristina, aunque ha afirmado al respecto: "Yo sí que no miento". "Si yo mando un escrito es para que le hagan caso, si no se le presta atención habrá que soportar y aquietarse a esa decisión", ha dicho hoy Castro en declaraciones a Televisión Española, sobre la decisión de Pedraz de no llamarle a declarar como testigo en la causa abierta a Manos Limpias y Ausbanc.

Vídeos: Els aldarulls de Gràcia s'estenen a Nou Barris

Les protestes pel desallotjament del Banc Expropiat al barri de Gràcia s'han estès aquesta nit fins al districte de Nou Barris, on han cremat deu contenidors, i les flames han afectat el frontal d'un vehicle aparcat i van provocar el trencament de vidres d'una porteria d'un comerç del carrer Alloza. L'Ajuntament de Barcelona calcula que el valor de reposició del material malmès serà d'uns 10.000 euros. En concret, van cremar cinc contenidors al mateix carrer Alloza (davant del número 21), dos al carrer Petrarca (davant del número 3) i tres al carrer Vinyar, cantonada amb el carrer Joaquim Valls. A aquests , cal sumar els dos contenidors cremats a Gràcia i els 60 bolcats, dels quals sis tenen danys estructurals. Aquí, els danys pugen a uns 3.500 euros.
Com en la nit anterior, es van retirar preventivament 60 contenidors a Gràcia, tot i que al final se'n van bolcar 60 més i dos van acabar calcinats. A més, es van fer pintades, es van trencar vidres d'entitats bancàries, d'una botiga d'esports i d'una altra de telefonia i es van cremar tres caixers. Per la seva banda, els Mossos van practicar una detenció mentre que hi va haver un mínim d'onze ferits. Un periodista de La Directa, a més, denunciarà un agent per trencar-li un dit amb un cop de porra. D'altra banda, al carrer València número 31, es va cremar un altre contenidor, tot i que fonts municipals desconeixen aquest dijous al matí si tenia a veure amb les protestes de Gràcia. En aquest cas, reposar-lo costarà uns 1.000 euros. Cal recordar que els danys en mobiliari públic van pujar a quasi 65.000 euros en les properes nits.
                                        
El Departament d'Estat dels Estats Units va emetre aquest dimecres a la tarda dues piulades per demanar als seus compatriotes que si es trobaven a Barcelona no s'acostessin a Gràcia, en especial a la Travessera de Gràcia número 181, on fins dilluns hi havia el Banc Expropiat, pels aldarulls que s'estan produint aquesta setmana. En dues piulades, el govern nord-americà adverteix que hi ha manifestacions amb centenars de participants i que acaben amb aldarulls i que espera que aquests s'allarguin fins diumenge que ve.


Segona nit de càrregues policials a Gràcia

Segona nit de càrregues policials al barri de Gràcia de Barcelona després del desallotjament del Banc Expropiat. Una dotzena de persones que ha participat en manifestació de protesta contra el desallotjament ha reobert les planxes metàl·liques amb què s'havia tapiat el Banc aquest dilluns. Pocs minuts després, els Mossos d'Esquadra han carregat amb cops de porra contra el grup que havia reobert aquesta antiga sucursal bancària ocupada. Fins aquest moment la manifestació havia transcorregut sense incidents, informa Nació Digital.

El paro y los recortes por la estafa neoliberal han matado 260.000 personas de cáncer

Los altos niveles de desempleo y los recortes en sanidad durante la crisis económica se asociaron con un aumento de la mortalidad por cáncer, según un nuevo estudio publicado en la revista médica The Lancet. Los autores de la investigación han estimado que se han producido más de 260.000 muertes adicionales por cáncer en los países de la OCDE entre los años 2008 y 2010, de las que casi 170.000 se produjeron en la Unión Europea. "El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo, por lo que entender cómo los cambios económicos afectan a la supervivencia del cáncer es crucial", asegura Mahiben Maruthappu, investigador del Imperial College de Londres y autor principal del estudio.

La investigación ha sido realizada por Maruthappu junto a un equipo de investigadores de las universidades de Harvard, Oxford y Londres, y es el primer análisis global que estudia los efectos del desempleo y los recortes en la mortalidad por cáncer. Para ello se han utilizado datos del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud de más de 70 países, con una población total de 2.000 millones de personas y se han analizado las tendencias durante las dos décadas transcurridas entre 1990 y 2010. Los resultados mostraron que el aumento del desempleo estaba asociado a un aumento de las muertes en todos los tipos de cáncer, pero que fue más fuerte para los cánceres tratables. En concreto, los investigadores estimaron que un aumento del 1% en la tasa de paro estaba asociado a 0,37 muertes adicionales de todos los cánceres por cada 100.000 personas.

Sin embargo, Maruthappu aclara que este efecto desaparecía en aquellos países que tienen una cobertura de salud universal, "especialmente en los casos de cánceres tratables como el de mama, próstata y cáncer colorrectal". El problema radica, según los autores del estudio, en que en los países que carecen de sanidad universal, las personas desempleadas tienen un limitado acceso a la atención sanitaria, "lo que podría manifestarse en diagnósticos tardíos y tratamientos insuficientes". "Afortunadamente, España tiene cobertura universal, por lo que no creemos que la crisis reciente y el desempleo hayan aumentado la mortalidad por cáncer en nuestro país", explica Miguel Martín, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Sin embargo, este oncólogo advierte de que este estudio "debe servirnos de aviso para el futuro". Según Martín, "si reducimos la cobertura o introducimos restricciones importantes en las prestaciones sanitarias, podríamos encontrarnos con un aumento de la mortalidad por cáncer también en España".

Los recortes también se asocian a mayor mortalidad


A este respecto, el estudio también encontró que la mortalidad por cáncer aumentaba a medida que disminuía el gasto en la sanidad pública, de forma que una disminución de un 1% respecto al PIB estaba asociado con 0,0053 muertes adicionales de todos los cánceres por cada 100.000 personas.

Aunque las cifras varían de un país a otro, Maruthappu ha explicado a eldiario.es que "los recortes en la sanidad pública están asociados con más muertes por cáncer incluso en aquellos países que tienen cobertura universal" y asegura que "si los recortes no van acompañados de mejoras en la eficiencia, la calidad de la atención sanitaria se verá resentida y los niveles de mortalidad podrían seguir aumentando". Los autores aseguran que el estudio publicado hoy solo señala una asociación entre la mortalidad, el desempleo y el gasto en la sanidad pública, aunque no se ha podido demostrar una relación directa de causa y efecto. Sin embargo, "la correlación cronológica entre el aumento del desempleo debido a la crisis económica mundial y el posterior cambio en la mortalidad por cáncer, indican una potencial relación causal".

En cualquier caso, los investigadores concluyen que, a pesar de las limitaciones del estudio, "los hallazgos sugieren que tanto el desempleo como los recortes en sanidad están significativamente relacionados con la mortalidad por cáncer" y que una sanidad universal "reduciría la asociación entre el desempleo y la mortalidad", lo que ofrece una "evidencia a favor de la adopción de sistemas de salud universales en todos los países".

Rajoy promete a Bruselas en secreto más recortes si gana las elecciones

"Una vez que haya un nuevo Gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas", le escribe el presidente en funciones a Juncker por carta. Un “contexto político complejo”: esa es la principal baza del Gobierno para explicar los incumplimientos del déficit y tratar de evitar una sanción, según la carta que Mariano Rajoy ha enviado al jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

El fascio endurece el pacto secreto TiSA para privatizar más servicios públicos

Los cincuenta países que negocian el pacto secreto TiSA mantienen el rumbo para abrir las puertas de los servicios públicos al sector privado. A pesar de las crecientes críticas a la política comercial de la Comisión Europea en nombre de los 28, Bruselas ha fijado su posición en las conversaciones del acuerdo que afectará a prácticamente todos los servicios, desde los postales hasta los transportes, a pesar de la exigencia del Europarlamento a que el Trade In Services Agreement (TiSA, en inglés) deje fuera los servicios públicos. Y todo ello tiene lugar en una atmósfera de secretismo aún más densa que la que envuelve el TTIP. Una nueva filtración de WikiLeaks a la que Público ha tenido acceso en exclusiva en España muestra que las negociaciones han mantenido, e incluso endurecido en algunos aspectos, la línea hecha pública por este diario entre junio y julio de 2015.

Uno de los documentos filtrados recoge la obligación de los estados de informar al resto de países -y por tanto a sus empresas- antes de aprobar normativas que puedan afectar a sus intereses comerciales. Y, mientras algunos de los estados negociadores piden acotar esta imposición, EEUU, Canadá y otros tantos exigen que se mantenga ante prácticamente cualquier escenario. Esto afectaría incluso a las medidas adoptadas de urgencia por los respectivos gobiernos, ya que incumplirían la cláusula que obliga a dar una “oportunidad razonable” al resto de estados firmantes para hacer comentarios en base a sus intereses o los de sus empresas. El TiSA impone que las partes tengan “tiempo suficiente” para comentar, sin acotar ningún periodo temporal concreto, y establece que los estados “deben considerar” sus aportaciones.

Y, si EEUU logra imponer su posición, la obligación de dar cuentas al resto de estados se aplicaría a las regulaciones “a cualquier nivel de gobierno”, por lo que según los expertos de WikiLeaks esto obligaría hasta al más pequeño de los ayuntamientos a informar sobre las normativas que planee aprobar por su posible impacto en los intereses económicos y financieros de los inversores extranjeros. Por otro lado, el documento establece restricciones a las tasas que cada uno de los países puedan imponer al resto por los procedimientos para prestar servicios a lo “razonable”, y la UE respalda que la cantidad fijada no pueda superar el coste administrativo.

El análisis de la organización que dirige Julian Assange advierte que el texto encuestión “lleva las negociaciones mucho más allá de los aspectos legítimamente vinculados al comercio, hasta el territorio de una agenda política profundamente liberalizadora”. Advierte que tal y como está contemplado hoy el TiSA “obstruye” la capacidad normativa de los estados para imponer la desregulación que los lobbies corporativos están exigiendo a los negociadores. El referido documento es el borrador del anexo sobre Regulación Nacional de la ronda de reuniones del 10 de octubre de 2015, una versión actualizada del escrito fechado en febrero de ese mismo año al que este diario accedió a mediados del pasado año.

También recoge la propuesta alternativa de EEUU en esta materia,fechada en 2014, y sorprende como parte de sus postulados han sido incluidos de forma casi literal en la versión del acuerdo filtrada. En marzo de 2013, prácticamente en el momento en que se lanzaron las negociaciones, entonces vicepresidente de la Coalición de Industrias de Servicios, Samuel di Piazza, llegó a afirmar ante el Congreso de EEUU que el TiSA debe "modificar o eliminar regulaciones", como recuerdan desde la organización de Assange.

En el mismo año, la National Retail Federation estadounidense llegó a pedir que el acuerdo suavice las regulaciones en lo que respecta a los tamaños de los locales y a las horas de apertura y cierre para lograr "eficiencias operativas" y trabajar "relativamente libres de regulación gubernativa". "Los borradores del TiSA filtrados y los documentos estratégicos de los negociadores revelan que los lobistas corporativos están en lo cierto al pensar que podrán comenzar su causa desreguladora", sentencia el análisis de WikiLeaks.

Normativas menos“gravosas de lo necesario”

El marco de actuación del acuerdo es enorme -desde las normativas sobre la expedición de licencias para prestar servicios hasta, posiblemente, los estándares técnicos-, y en función de qué propuesta tenga un mayor apoyo, más duro será el acuerdo final. Una de ellas es impedir que las regulaciones sean “más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio”; otra que estén basadas en “criterios objetivos y transparentes” relacionados con su prestación, lo que situaría en un segundo plano los objetivos ambientales o sociales.

El acuerdo también pretende acelerar los tiempos a la hora de tomar decisiones normativas en las que haya que contar con las opiniones de estos estados. Los acota a “periodos de tiempo razonable”, sin “retrasos injustificados”. Los expertos de WikiLeaks cuestionan si dentro de lo “razonable” entraría un estudio de impacto ambiental sobre una nueva normativa, pero la respuesta de nuevo depende la propuesta que finalmente se imponga, o del nivel de inconcreción del lenguaje que plantee este texto.

El capital huye de una Europa hundida y arruinada por el neoliberalismo fascista

Los gestores de fondos están retirando dinero de los mercados europeos de acciones y deuda debido a sus preocupaciones sobre el fracturado ambiente político en el continente, las bajísimas tasas de interés, la debilidad de los bancos y la prolongada postración económica resultante de la suicida, corrupta y antisocial política neoliberal de las oligarquías europeas y sus representantes del PP en Bruselas, una minoría que ha impuesto políticas criminales para esconder su corrupción sistemática y sistémica.