El Gobierno británico ha aprobado la ley de vigilancia más reaccionaria del mundo. La Ley de Poderes de Investigación 2016 ha recibido la aprobación real este martes. La ministra del Interior elogia la normativa asegurando que proporciona “transparencia sin precedentes y protección sustancial de la privacidad”. Sin embargo, activistas proderechos humanos denuncian que “es una de las leyes de vigilancia más extremas jamás aprobadas en una democracia”. En este sentido, advierten que abrirá el camino a los regímenes autoritarios “para justificar sus propios poderes de vigilancia intrusivos”. Entre otros, la normativa requiere que las compañías de comunicación almacenen los datos (es decir, a qué hora, a quién y cuándo se produjo la conversación, no el contenido; el historial de internet y de las apps del teléfono móvil) de los usuarios durante 12 meses. La Policía, servicios de seguridad y agencias oficiales tendrán acceso sin precedentes a esta información.
La ley también proporciona a servicios de seguridad y Policía nuevos poderes para hackear ordenadores y teléfonos y recopilar datos a gran escala. Exige la firma de un juez antes de que la Policía pueda tener acceso a los datos de los periodistas, pero la medida ya ha sido descrita como “una pena de muerte para el periodismo de investigación” en el Reino Unido. Por otra parte, desde principios de los 90, los servicios secretos británicos estaban obteniendo todos los datos de los usuarios de las empresas de comunicación sin conocimiento de los ciudadanos. En su día, el que fuera empleado de la CIA y NSA, Edward Snowden, denunció la situación. Ahora la nueva normativa legaliza esta práctica al hacerla pública, lo que significa que las autoridades tendrán, entre otros, acceso hasta reservas de viajes, transacciones de bancos o historiales médicos.
¿Estamos realmente hablando del mayor (e incluso ilegal) 'Gran Hermano' del mundo y nadie se ha enterado? El propio Tim Berners-Lee -creador de World Wide Web, un sistema para organizar, enlazar y navegar páginas en Internet- ha dicho que se avecinan días “oscuros, muy oscuros”. “La normativa no tiene lugar en una democracia moderna, socava nuestros derechos fundamentales online”, apunta.
'La normativa no tiene lugar en una democracia moderna, socava nuestros derechos fundamentales online', apunta Tim Berners-Lee, creador de World Wide Web, quien asegura que se avecinan días 'oscuros, muy oscuros'
En las últimas horas, más de 140.000 personas han firmado una petición impulsada por Tom Skillinger pidiendo su derogación. “Las autoridades serán capaces de hackear, leer y almacenar cualquier información del ordenador o teléfono de cualquier ciudadano sin tan siquiera el requisito de una prueba de que éste sea sospecho de algo”, asegura la petición. Al superar las 100.000 firmas, la Cámara de los Comunes está obligada a debatirla, pero nada más.
Lo cierto es que, a excepción de 'The Guardian', la noticia ha pasado casi desapercibida en los medios de comunicación. Pero según Javier Ruiz, responsable de políticas del influente Open Rights Group, “estamos hablando del sistema de retención de datos más avanzado del mundo”. “Entre una de las cosas que lo hace único es que cuenta con un buscador que puede cruzar los datos de cualquier ciudadano”, explica. “En definitiva, si alguien a quien quieren investigar se encuentra un día cualquiera en Trafalgar Square a las 12 de la mañana y consulta, por ejemplo, una página web, las autoridades podrán saber quiénes consultaron a esa misma hora esa página, que otras búsquedas hicieron o a quien llamaron”, señala. “Es solo un mínimo ejemplo de todo lo que se puede hacer. El Gobierno asegura que es una búsqueda más selectiva que evita tener información confidencial de lo que se llamada víctimas colaterales, pero nosotros consideramos es un salto enorme de la investigación del Estado sobre la información”, añade.
El experto denuncia que la normativa ha pasado de puntillas por Westminster, donde los diputados apenas han tenido tiempo de estudiar “un asunto sumamente técnico y complejo, pero con enormes repercusiones para la población”. En este sentido, apunta que todo ha sido una estrategia del Ejecutivo que, aprovechando que ahora toda la atención está puesta en el Brexit, ha conseguido aprobar la ley por la vía rápida antes de finales de año.
La prisa vendría por el hecho de que el actual “Data Retention and Investigatory Powers Act" de 2014 -conocida como Dripa- expira el 31 de diciembre de 2016. Después de que los tribunales del Reino Unido determinaran que esta normativa era ilegal, el Gobierno británico apeló al Tribunal de Justicia Europeo, que en los próximos meses deberá dictar sentencia. En caso de que corrobore lo ya dicho por los jueces del Reino Unido, según Ruiz, se podría dar el caso de que muchas partes claves de la nueva legislación aprobada este martes “sean declaradas ilegales”, incluidas las restricciones sobre la forma en que los datos personales confidenciales de los ciudadanos pueden ser utilizados y consultados.
Con la ya criticada “Regulation of Investigatory Powers Act 2000”, las autoridades podían acceder a los datos de cualquier ciudadano que consideraran sospechoso. En su día, Edward Snowden reveló que la ley se utilizaba para el espionaje masivo de internet. Ahora, la nueva ley "legaliza esas prácticas de espionaje de masas, que antes eran de legalidad cuestionada, pero no hay cambios de base en lo que es acceso a datos o contenidos, que ya era posible en el anterior régimen", señala Ruiz. Aunque es cierto que en determinados casos, como con los periodistas, se necesita de una firma del juez, los activistas señalan que al magistrado no se le dan todos los detalles para probar que, en efecto, esa persona es sospechosa. Denuncian, por tanto, un “hackeo en masa por parte del Estado”.
“Filtro”. La nueva legislación introduce lo que denomina “filtro”, término que en realidad es un buscador para cruzar todos los datos de comunicación (no los datos médicos o de transporte) que se tengan de los ciudadanos. Se puede saber, por ejemplo, qué páginas estaban consultando todas las personas que se encontraban a una hora precisa en un mismo punto.
La muy controvertida “Directiva de conservación de datos de 2009” de la UE obligó a todos los ISP y proveedores de servicios de telecomunicaciones que operan en Europa a recoger y retener los números entrantes y salientes del teléfono de un abonado, las direcciones IP, datos de localización y otros datos clave de tráfico de telecomunicaciones y de Internet para un período de seis meses a dos años. Un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Irish Digital Rights Ireland se remitió al Tribunal de Justicia Europeo, que en 2014 declaró que la Directiva no era válida.
El Ejecutivo británico modificó entonces algunos párrafos -poniendo algunas “posibles limitaciones”- y aprobó la “Data Retention and Investigatory Powers Act 2014” (Dripa) con validez sólo hasta finales de 2016.
Esta “ley parche” fue declarada ilegal por los tribunales del Reino Unido. Ahora el Tribunal de Justicia Europeo deberá dictar sentencia al recurso interpuesto por el Ejecutivo. La nueva ley aprobada el martes no sólo obliga a guardar los datos durante un año, sino que además expande esta obligación a cualquier tipo de empresa de comunicación, es decir, también se guardan whatsapp, Instagram…
Entre los diputados que llevaron la Dripa hasta los tribunales se encontraba David Davis. Cuando era un parlamentario sin cartera, el 'tory' llegó a decir que “el Gobierno británico está tratando a la nación entera como sospechoso”. Sin embargo, al ser nombrado ministro del Brexit por Theresa May se ha desligado del caso. Si ahora el Tribunal Superior de Justicia ratifica la sentencia de los jueces británicos sobre la Dripa, partes claves de la nueva legislación aprobada este martes podrían ser, por tanto, ilegales. “El problema es que ahora con el Brexit se complica todo porque Reino Unido ya no tendrá que acatar la legislación europea”, asegura el experto. En cualquier caso, Ruiz adelanta que la legalización de espionaje a este nivel puede crear “futuros problemas” al Reino Unido, ya que habrá muchas organizaciones europeas que cuestionen la legalidad, dentro del marco europeo de protección de datos, de mandar datos a Londres una vez abandone el bloque.
Por su parte, la ministra del Interior insiste que “en un momento de gran amenaza a la seguridad, es esencial que los servicios de inteligencia tengan el poder que necesitan para mantener a las personas seguras”. “Internet presenta nuevas oportunidades para los terroristas y debemos asegurarnos de tener las capacidades para enfrentar este desafío. Pero esta ley está sujeta a estrictas salvaguardias y una supervisión rigurosa”, informa El Confidencial.
