divendres, 3 de juny de 2016

La UE congela la prórroga a España para reducir el déficit

La treta legal empleada por la Comisión Europea en mayo para conceder un año extra de déficit a España ha chocado con las reservas del Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los gobiernos, cuyo servicio jurídico emitió este martes un dictamen muy crítico con los procedimientos seguidos que, en la práctica, paraliza la concesión de ese balón de oxígeno al gobierno de Mariano Rajoy. De momento, no puede darla por sentada: el alivio sólo podrá llegar acompañado de una sanción inédita por violar sus compromisos de reducción de déficit. El informe jurídico, solicitado por Alemania, arremete contra la treta legal empleada por Juncker para dar un año más a Rajoy para reducir el déficit sin imponerle una multa y ha enfurecido al Eurogrupo. Su presidente Jeroen Dijsselbloem, le ha pedido firmeza y ha advertido del desgaste para la credibilidad de la Comisión.

Los juristas del Consejo así lo establecen. Bruselas no debió tomar la decisión de dar un año de prórroga a España sin antes evaluar las consecuencias de los repetidos incumplimientos pasados de las metas de déficit, afirma el informe jurídico según fuentes diplomáticas consultadas por La Vanguardia, cuya existencia ha revelado esta mañana Cinco Días. El examen legal fue promovido por Alemania y otros países, furiosos con la decisión de la Comisión Europea de conceder una prórroga a España para cumplir sus decisiones de déficit utilizando como base legal el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento pero aplazando a su vez la aplicación del brazo correctivo, la fase en que se encuentra España y que obliga a una vigilancia especial.

“Los servicios jurídicos del Consejo comparten la opinión de Alemania”, afirman fuentes diplomáticas; el dictamen “establece que no deberías utilizar el brazo preventivo para interferir con el correctivo, como ha hecho la Comisión Europea”. Bruselas tiene previsto examinar “a primeros de julio” la situación de España y Portugal y tomar una decisión sobre las consecuencias del incumplir sus metas de déficit (en el caso español, en el 2014 y el 2015, una desviación que hace “irrealista” el objetivo del 2016). Todo estaba preparado para tomar la decisión el pasado 18 de mayo e iniciar por primera vez el proceso que conduciría a una multa y la posible congelación de pagos de fondos comunitarios.

Desde la Comisión Europea se contaba con que el Consejo colaboraría para aplazar los procedimientos –se actuaría “con inteligencia política” decían- y evitar que la decisión se tomara en plena campaña electoral en España. Finalmente Bruselas puso todo de su parte para conseguir este objetivo, que ahora se ha visto que el Eurogrupo no compartía. Una intervención de última hora del presidente Jean Claude Juncker dio la vuelta al debate y el colegio de comisarios “decidió no decidir”, según la descripción que hace una alta fuente europea de aquella discusión. La treta llamó la atención del Eurogrupo y fue duramente criticada por Wolfgang Schauble, ministro de Economía alemán.

Tras el pulso jurídico hay un debate político de primera magnitud sobre cómo aplicar las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y si es lógico castigar a un país que ha hecho reformas y vuelto a crecer con fuerza después de una grave crisis, como es el caso de España, cuyos argumentos para evitar las sanciones tienen el apoyo por ejemplo de Estados Unidos. Juncker reconoció hace unos días que se aplicaba con mayor holgura a Francia “porque es Francia”. Esta actitud, sumado a su decisión de no actuar por ahora contra España ha enfurecido al Eurogrupo, desde su presidente Jeroen Dijsselbloem, que le ha pedido firmeza y ha advertido del desgaste para la credibilidad de la Comisión, hasta Alemania, tradicional adalid de la ortodoxia presupuestaria (aunque fue el primer país en incumplir el Pacto, y enmendarlo a su medida hace una década) pasando por los países pequeños que recelan del doble rasero.

La presión probablemente reforzará a las voces que exigen una respuesta firme a la situación presupuestaria de España, por no haber aprovechado el fuerte crecimiento de los últimos años para rematar el saneamiento de las cuentas públicas. La doble decisión llegará después de las elecciones del 26 de junio y condicionará fuertemente el margen de maniobra del próximo gobierno, informa La Vanguardia.

IU no renunciará a los símbolos comunistas y republicanos en campaña

El futuro coordinador federal de IU, Alberto Garzón, no tiene intención de moderar "un ápice" su discurso durante la campaña para las elecciones generales del próximo 26 de junio, pese a compartir lista electoral con Podemos, y seguirá haciendo alusión a la defensa de la República o la salida de la OTAN. Temas como el fin de la monarquía, la nacionalización de empresas o su carácter comunista han sido recurrentes durante los discursos de Garzón en anteriores campañas electorales. Además, las banderas republicanas era mayoritarias en sus mítines, que solían terminar con el lema 'Salud y República'.

Se trata de asuntos que no están dentro del programa electoral de Podemos y que no han sido incluidos en el documento de 50 medidas acordado por ambas organizaciones para estas elecciones generales. Pese a ello, IU no tiene intención de cambiar su discurso y no moderará el mensaje que dirigirá a los votantes durante la campaña. La jefa de campaña de la organización de izquierdas, Clara Alonso, ha asegurado este jueves que desde la dirección del partido no se ha dado ninguna instrucción a sus militantes sobre las banderas o insignias que llevar a los mítines. Y Podemos tampoco se lo ha pedido. Ya este martes, Garzón y el secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique, compartieron escenario en Ciudad Real y entre el público había numerosas banderas republicanas y comunistas.

Respecto a este último punto, el comunismo, IU sí que redactó un argumentario para sus dirigentes como modelo de respuesta ante los ataques lanzados por el resto de partidos. A su juicio, la "mejor salida" es responder con sentido del humor a estos ataques y hacer ver que el miedo comunista no tiene sentido en pleno siglo XXI. Además, la estrategia de campaña de IU hace hincapié en la necesidad de perder el mínimo tiempo posible en estos asuntos que podrían llegar a ser polémicos con Podemos y poner el foco en la importancia del acuerdo. Por ejemplo, ambas organizaciones están trabajando para lanzar un mensaje "coherente" que ponga en valor sus puntos en común. Durante los mítines conjuntos, cada dirigente redactará su propio discurso, aunque sí tendrán conocimiento antes del acto de las palabras que el otro tenga previsto dirigir al auditorio, informa Eco.Diario.

Alberto Garzón, avalado por el 74,7% de la militancia para liderar IU


No ha habido sorpresas en la elección de la nueva dirección de Izquierda Unida. La lista encabezada por Alberto Garzón ha logrado el aval mayoritario de la militancia de la coalición y dejan muy encarrilada la XI Asamblea federal, que celebrará su sesión presencial este fin de semana. El dirigente ha obtenido el 74,7% de los sufragios. Será el domingo cuando se conozca definitivamente el nombre del coordinador federal para los próximos cuatro años, pero el triunfo Garzón deja en bandeja su proclamación. A mucha distancia de la lista de Garzón han quedado las dos alternativas: la de IU sí, con más fuerza, liderada por la eurodiputada Paloma López (20,8%), y la de Izquierda Abierta, encabezada por Tasio Oliver (4,6%), según ha informado este lunes el secretario de Organización, Adolfo Barrena.

Més vaga dels treballadors de TV3 contra la repressió de la CCMA

Les vagues convocades les darreres setmanes pels treballadors de TV3 en defensa del company que fou acusat de filtrar l'ERO del 2013, pel qual la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) demana set anys de presó, continuaran aquest mes de juny, segons ha decidit l'assemblea dels treballadors de la TV pública catalana, que ha aprovat amb un 64% dels vots el calendari de vagues parcials que plantejava el comitè d'empresa. Les aturades del juny, de deu minuts de durada, s'efectuaran els dies 10 (14.30 h), 15 (8 h), 16 (21 h), 22 (16 i 17.20 h)) i 27 (13.30 h).

Seguint amb aquesta mesura de pressió, volen fer que la CCMA retiri l'acusació per suposada revelació de secrets. El comitè sosté que és "innecessari, injust i de conseqüències irreparables" el fet d’escometre als tribunals aquest treballador, informa El Triangle.

Registran el Santander por blanqueo del HSBC

La Guardia Civil está registrando la sede del Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid) en el curso de una investigación por blanqueo de dinero sobre el HSBC. La orden ha llegado del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y está dirigida por el juez De la Mata y la Fiscalía Anticorrupción. Se trata, concretamente, de un "requerimiento, subsidiario de registro, en la sede del Banco Santander en Boadilla en relación con determinadas cuentas corrientes de las que el juzgado pide información en el marco de la investigación de la llamada Lista Falciani", según han confirmado fuentes oficiales.

El procedimiento se inició en España en 2015 a raíz de publicarse la Lista Falciani gracias a una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Le Monde, en la que El Confidencial participó en exclusiva para España. Y es que el HSBC era uno de los responsables financieros de la red de blanqueo y evasión de capitales del dinero de empresarios españoles con cuentas opacas por cerca de 6.000 millones de euros en la sede de la entidad en Suiza.

Entre estos empresarios españoles se encontraba también la propia familia Botín, que tenía un mínimo de 2.000 millones de euros ocultos en las cuentas suizas de HSBC, según se desprendió del dinero que ingresaron en 2011 en las arcas del Estado para regularizar su situación. También, entre otros, estaban la familia Luca de Tena, Fernando Masaveu, Alicia Koplowitz, Alfons Godall, Fernando Alonso, Juan Carlos Escotet y así un largo etcétera de financieros, médicos y demás personajes públicos españoles. Y es que cuando Hacienda recibió la primera documentación procedente de Francia en 2010, envió un requerimiento a todos los titulares de cuentas en el HSBC. La mayoría de los 659 afectados pagaron, con lo que el fisco recaudó unos 260 millones de euros.

Sin embargo, a diferencia de los Botín, unos 40 integrantes de la lista Falciani que decidieron ignorar la solicitud, pensando que ganarían en los tribunales en tanto que el listado se había conseguido de manera ilícita, robado por el informático suizo Hervé Falciani. Es el caso del consejero delegado de Pepe Jeans, Carlos Vicente Ortega, que recientemente ha consignado 5,3 millones de euros en el juzgado de Madrid que le investiga por delito fiscal. También el matrimonio Jean Paul Bernard y María Elena Feo Palacios, contra los que la Fiscalía se querelló por defraudar 300.000 euros, Joel David Alar, Rogelio Mestre Fernández, el abogado Francisco Javier del Valle Sánchez, el promotor inmobiliario Olazábal Echeandía o María Belén Pérez-Minayo, informa El Confidencial.

Un narco del PP pide cárcel e inhabilitación para dos periodistas por revelar la verdad

En un ataque sin precedentes a la libertad de prensa, el diputado asturiano del PP David González Medina (foto) solicita tres años y ocho meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante el mismo periodo de dos periodistas de Vocento por publicar que fue condenado por tráfico de drogas en 2004 y sancionado por consumo de estupefacientes en 2011, informaciones ambas cuya veracidad quedó demostrada. A raíz de esta información, el ahora diputado regional presentó una querella en la que acusó al periodista de ‘El Comercio’ Marcos Moro, y a Íñigo Noriega, director del diario en el momento en el que fue publicada la información y actual director de El Diario Montañés, de un presunto delito de "descubrimiento y revelación de secretos", una paradoja típica de la impunidad de los fascistas del PP.

Sin poner en duda ni un solo dato de la noticia, el político popular argumenta en su querella que para lograr la información, de notorio conocimiento, este periódico pudo «haber accedido a ficheros o bases de datos sin acceso autorizado» como el Registro Central de Penados o el Registro de Sanciones Administrativas del Ayuntamiento de Gijón, aunque durante el proceso de instrucción quedó probado que ninguno de los dos periodistas accedió ninguno de ellos.

A resultas de la querella del parlamentario, el fiscal Javier Casamayor también solicita cinco y tres meses de prisión respectivamente para ambos periodistas, aunque en su escrito la propia Fiscalía reconoce que no ha sido averiguado el modo en el que se accedió a los datos ni pone en cuestión que la información sea verdad. Aún más, el propio fiscal señala como un hecho a tener en cuenta que la supuesta revelación de secretos es consecuencia del desempeño periodístico. Durante el proceso de instrucción, ambos periodistas ya rechazaron las acusaciones del político popular, señalando que la información fue elaborada a partir de distintas fuentes y testimonios, todos ellos legítimos. Pese a ello, el parlamentario, respaldado por la dirección regional de su partido, decidió continuar adelante con un proceso abocado ahora a la apertura de juicio oral.

La noticia por la que el ahora representante del PP en la Junta General del Principado decidió emprender acciones legales fue publicada en octubre de 2014. David González Medina, que rechazó realizar declaraciones a ‘El Comercio’ cuando los periodistas le ofrecieron tal posibilidad antes de que la información fuera publicada, protagonizó al día siguiente de conocerse la noticia una rueda de prensa en la que no cuestionó la veracidad de la información, sino que anunció acciones legales contra quienes se atreviesen a difundir la información. No obstante, fueron infinidad los medios de comunicación españoles los que reprodujeron la información publicada por ‘El Comercio’ dada su evidente relevancia informativa. En aquel momento, Medina aseguró actuar sintiéndose completamente apoyado por la dirección del PP asturiano. De hecho, señaló que su objetivo era conocer la fuente interesada en la difusión de la información, deslizando que podría tratarse del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, los críticos de su partido o «una combinación de ambos».

La sanción a Medina fue objeto de polémica dentro del propio PP. «El tráfico de drogas es algo más que una chinita en el zapato; es una losa», llegó a asegurar Ignacio Riestra, ex secretario general de los populares gijoneses, quien señaló que el pasado de Medina «era conocido en ámbitos extensos del partido». «Cuando yo regresé al PP después de diez años de ausencia, me llegaron informaciones sobre estos hechos con diferentes versiones por todas partes», afirmó.

David González Medina, que había sido presidente de Nuevas Generaciones en Gijón durante cuatro años, fue elegido presidente del PP en la ciudad el 18 de octubre de 2014. Su nombre fue el único que pudieron votar los afiliados, puesto que los avales del otro candidato, Ignacio Riestra, fueron rechazados en su mayor parte por la mesa. Esta decisión motivó un recurso por parte de su oponente, a quien los jueces dieron la razón tres meses después, declarando nulo el congreso. La sentencia señaló que se había impedido a uno de los candidatos preparar «debidamente» el cónclave, «negándole» una información que «era esencial y que, en la práctica, se tradujo en que ni siquiera pudo someter su candidatura a votación».

Tras esta decisión judicial, la dirección regional del PP incluyó a Medina en la lista autonómica en las elecciones de 2015. Además, le nombró portavoz de campaña y responsable de redes sociales del partido en Asturias. En el Parlamento asturiano, forma parte de la comisión de Educación y Cultura en representación de su partido. El diputado regional no tiene ahora antecedentes penales. Su historial aparece en blanco porque la Justicia permite cancelarlos dependiendo del grado del delito. Él solicitó este derecho y, por tanto, no está inhabilitado para acceder a cargo público por aquellos hechos, informa Las Provincias.

Rajoy y sus lameculos fascistas en campaña

El vídeo de Rajoy haciendo el ridículo por las calles de Badajoz incluye la presencia de un cargo del PP que se hace pasar por un corredor anónimo y que le felicita "por su buen ritmo". Sin embargo, el pelota lameculos que saluda al corrupto y fascista Rajoy no ni es anónimo, ni mucho menos un espontáneo, sino un viejo franquista de la vieja camada nazional de aquellos asesinos extremeños. El "deportista" que saluda al presidente es Juan Parejo, vicesecretario de Organización del PP extremeño y hombre de confianza de Monago. En 2013, Parejo se vio envuelto en la polémica que provocó la publicación de unas imágenes de juventud en las que figuraba con indumentaria de corte skin y haciendo el saludo fascista. Aquella información, publicada por eldiario.es, provocó la reacción inmediata de Parejo que se disculpó afirmando: "Cuando con 14 años no tienes madurez, sueles cometer errores".

El pasado miércoles el PP comunicó su intención de iniciar una serie de vídeos que, bajo el título "caminando rápido", mostrarán a Rajoy haciendo deporte a primera hora de la mañana por diversas ciudades españolas. El primer vídeo recoge su paseo al amanecer por Badajoz, donde el candidato recorrió el parque del río Guadiana y sus puentes, tras su estancia en la provincia, en la que protagonizó varios actos de campaña. Rajoy va acompañado por José Antonio Monago, según relatan fuentes del PP a esta redacción.

En conversación telefónica, Juan Parejo ha relatado a esta redacción que el encuentro con el presidente "no fue improvisado, pero sí natural". "Cuando terminé de hacer los 15 kilómetros que corro todas las mañanas tiré hacia el río porque sabía que estaban allí", relata. Tras el saludo que sale en las imágenes, Juan Parejo se situó tras Rajoy y Monago y les acompañó durante el resto de la jornada publicitaria.

La renta básica, vista por Varoufakis

Las noticias directa e indirectamente relacionadas con la Renta Básica, una asignación monetaria incondicional a toda la población, se están reproduciendo aceleradamente en las últimas semanas. Vamos a referirnos solamente a tres de estas noticias. Empecemos por la conferencia en defensa de la RB que realizó Yanis Varoufakis en Zúrich el pasado 5 de mayo. Varoufakis es un economista de una indudable competencia que, desde su participación en el primer Gobierno de Syriza y por su oposición a las imposiciones neoliberales de la troika contra la mayoría de la población no rica, multiplicó su ya notable difusión mediática. Así que una opinión sobre política económica o sobre algún aspecto teórico de la economía que escribe o manifiesta Varoufakis tiene una repercusión nada desdeñable.

En esta conferencia, el economista griego defendió que está muy extendida la idea de que la riqueza es creada en la esfera privada y después generosamente distribuida en la esfera pública. La realidad, según defendió, es la opuesta. Continuó sobre lo ya expuesto en una conversación con Noam Chomsky en abril, en la cual el veterano activista estadounidense mostró que los más radicales descubrimientos médicos son solamente posibles a causa de las investigaciones financiadas por dinero público, algo, por cierto, en lo que ha investigado Mariana Mazzucato, que ha desmitificado la fábula de los grandes emprendedores privados tecnológicamente innovadores. Las grandes corporaciones transnacionales, dada su posición monopólica u oligopólica, saquean recursos a la sociedad obteniendo sin ninguna justificación económica y ya no digamos con algún tipo de justicia, rentas oligopólicas y rentas tecnológicas. Gravar fiscalmente a tipos muy altos estas rentas sería algo de elemental justicia, pero no vale la pena gastar espacio aquí sobre la evidente y alejada voluntad de hacer tal cosa por parte de la mayor parte de gobiernos.

Además, las robotizaciones y automatizaciones de muchos puestos de trabajo, como viene siendo repetido por distintos estudios e investigaciones, no quedarán compensadas por nuevos puestos de trabajo debidos a estas mismas nuevas tecnologías robóticas y a algoritmos de inteligencia artificial. ¿Pleno empleo? Varoufakis no se hizo ninguna esperanza con el pleno empleo. Aun admitiendo que algún día llegue este pleno empleo, por ponerlo en palabras amables, ¿no sería racional, además de necesario, garantizar la existencia material de toda la población mientras llega este hipotético objetivo? Las vidas no son muy largas… Varoufakis mencionó que la RB podría ser una especie de dividendo social y no una subvención. Una idea que es heredera del gran republicano Thomas Paine, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, que ya en el siglo XVIII abogaba por una especie de renta básica justificada en el producto de la tierra, que debía ser compartido entre todos sus habitantes. No por caridad, insistía, sino por justicia. En el siglo XXI la “nueva” tierra que genera riqueza y cuyos frutos deben ser redistribuidos es el acervo tecnológico y de conocimiento acumulado durante generaciones gracias sobre todo al gasto público y que permite incrementar continuamente la productividad del sistema.

Varoufakis se refirió también muy competentemente a aspectos normativos como cuando afirmó que “la libertad en acción requiere de una RB”. Pero también hizo alguna mención de pasada a algunas claves de una indudable importancia para entender el mundo económico en el que vivimos: “Es ilusoria la separación entre mercado y Estado, no hay mercado si no hay Estado”. Efectivamente, no existe mercado que no esté configurado políticamente. No se trata tanto de las “mayores” o “menores” regulaciones de los mercados, se trata de regulaciones en beneficio de unos o de otros. En plata: favorables a los ricos o favorables a la mayoría de la población. Esto es exactamente lo que quiere decir “configuración política de los mercados”. La RB permitiría poder rechazar determinados empleos porque “el derecho a rechazar un empleo es esencial para un mercado laboral que funcione bien (…) Para tener este derecho, debe existir esta opción”. Es la idea a la que varios autores se han referido y que puede ser resumida como el incremento del poder de negociación de la clase trabajadora que supondría una RB.

Otra noticia especialmente interesante es la encuesta que realizó en el pasado mes de abril el instituto de investigación de mercado Dalia Research. El periódico Spiegel informaba de que “el 64% de la ciudadanía europea votaría a favor en un referéndum para implantar una RB. Solo el 24% estaría seguro de que votaría en contra o probablemente en contra”. Se trata de la mayor encuesta sobre la RB realizada hasta hoy en Europa: más de 10.000 ciudadanos de los 28 Estados miembros de la UE. Más interesante: los resultados de esta encuesta revelan una gran correlación entre conocimiento de la propuesta y apoyo. Cuanto más conocida es, más apoyo recibe.

Los 6 principales Estados de la UE superaban muy ampliamente un “hipotético sí”, según este detalle: Reino de España, 71%; Italia, Alemania, Polonia y el Reino Unido superan el 60%, y Francia, el de menor aceptación de estos 6 Estados europeos, un 58%. Los datos del Reino de España coinciden de una manera espectacular con otra encuesta realizada en el mes de julio de 2015 en Cataluña por la empresa GESOP en donde se realizaron 1.600 entrevistas telefónicas (con un error muestral del ±2,5% y un nivel de confianza del 95,5%) y en donde el 72% estaba de acuerdo con la pregunta: “La renta básica es un ingreso de 650 euros mensuales que recibiría toda la población como derecho de ciudadanía, que sería financiada mediante una reforma fiscal y que supondría una redistribución de la renta del 20% de la gente más rica al resto de la población. ¿Estaría más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo que se implantara en nuestro país?”.

Y para más coincidencia el 4% de las personas que trabajaban en un empleo remunerado respondían en la encuesta europea que en caso de cobrarla dejarían de trabajar, frente a un 2,9% en la encuesta catalana (y precisamente los que cobraban los salarios más miserables: lo que es una muestra de la capacidad, como han venido insistiendo también distintas autoras y autores que tiene esta propuesta de aumentar la libertad de buena parte de la población, especialmente de la más vulnerable). Es interesante volver a insistir en que el grado de coincidencia en los resultados entre el Reino de España y Cataluña es más bien espectacular tratándose de dos estudios completamente independientes de Dalia Research y de GESOP.

Y la tercera noticia que queríamos destacar: el próximo 5 de junio Suiza realizará un referéndum para saber si la población está a favor o en contra de la implantación de una RB en el país alpino. Se propone una RB de unos 2.500 euros mensuales para las personas adultas y 625 para los menores. Después de conseguir 126.000 firmas válidas, la ciudadanía votará a favor o en contra de este texto: “La Constitución se modifica como sigue: Art. 110 bis (nuevo) renta básica incondicional. La Confederación velará por el establecimiento de una renta básica incondicional. La renta básica debería permitir a toda la población poder llevar una vida digna y participar en la vida pública. La ley reglamentará la financiación y el importe de la renta básica”. Una encuesta realizada en Suiza, mostraba que solamente un 2% dejaría de trabajar (remuneradamente) si se implantase una RB.

Las previsiones de los resultados del referéndum suizo del próximo 5 de junio son inciertas si bien ahora mismo va ganando el “no”. Las presiones de la banca, de la patronal y de determinados políticos y medios de comunicación son muy grandes para evitar el triunfo del “sí”. Pero los organizadores del referéndum ya han obtenido una gran victoria: esta iniciativa ciudadana ha conseguido abrir un debate a nivel nacional sobre el valor del trabajo (no solamente el remunerado), su relación con la acumulación de la riqueza, el consumismo, la desigualdad, la inseguridad, la clase de sociedad que desea la gente y el derecho a vivir con dignidad, informa Público.