dijous, 17 de novembre de 2016

ERC pide alargar la prescripción de los abusos a menores en el Congreso

Esquerra Republicana ha presentado este jueves en la Comisión de Infancia del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para retrasar la prescripción de los delitos de abusos sexuales cometidos contra menores. Además de alargar considerablemente el tiempo que se deja a las víctimas para presentar cargos, la proposición también contempla la creación de una partida presupuestaria para atender a las personas que han sufrido este tipo de violencia. Incluye asimismo el compromiso de "impulsar las acciones" necesarias para que todas las organizaciones -"públicas y privadas"- que trabajan con menores de edad actúen decididamente para protegerlos de la violencia sexual y, sobre todo, "eviten el encubrimiento" de los agresores. Ensenyament silenció durante seis años que un pederasta condenado trabajaba de maestro.

La diputada de Esquerra Ester Capella ha subrayado que a partir de este segundo punto "la idea" es trabajar para tomar las medidas necesarias -e incluso introducir cambios en el Código Penal- que aclaren que estas instituciones (religiosas, educativas, de ocio, deportivas…) son "responsables" de todo cuanto ocurra a los menores que tienen a su cargo y más aun en el caso de agresiones “tan graves” que pueden “marcar” a las personas para toda la vida.

Actualmente el Código Penal, cuya última reforma fecha del 2015, deja un margen de tiempo para denunciar estos delitos que comienza a contar a partir de los 18 años cumplidos por la víctima y se alarga -en los casos de las agresiones violentas y con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal- hasta poco más de los 30 años. En el texto presentado por la diputada Capella se argumenta que estudios como 'Prevalence of childhood sexual abuse and timing of disclosure in a representive simple of adults from Quebec', publicado en el 'Canadian Journal of Psychiatry' en el 2009, certifican que la mayoría de las víctimas de maltrato sexual infantil tardan una media de 21 años en revelar los abusos que sufrieron.

Sobre esta premisa, que tiene en cuenta "la relación de dependencia" que existe entre víctima y agresor o "el bloqueo psicológico" que provocan estos daños, la proposición pide que la ventana temporal que la víctima tiene para denunciar a su agresor se active a partir de que la primera haya cumplido los 30 años. Esta solución también ha sido la adoptada en Alemania para conciliar el acceso a la justicia de las víctimas -porque les deja "perseguir el delito cuando se adquiere consciencia de lo sucedido"- con la finalidad "resocializadora" que mueve la norma de la prescripción del delito.

Esta propuesta nace de un estudio impulsado por el 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, a raíz del 'caso Maristas' destapado por este diario, a través del que se ha constatado que la inmensa mayoría de las cuarenta denuncias presentadas por exalumnos contra doce docentes han tenido que archivarse por la prescripción de los delitos cometidos por los enseñantes en las décadas de 1970, 1980, 1990 y 2000. En el texto entregado esta mañana, la formación política recuerda que estos delitos son los que causan mayor "alarma social". Porque los sufren personas vulnerables y porque actualmente la ley está favoreciendo una percepción generalizada de "impunidad" por parte de los agresores a causa, precisamente, de la prescrición de sus delitos, informa El Periódico.

Ensenyament silenció durante seis años que un pederasta condenado trabajaba de maestro

La Generalitat supo en septiembre del 2010 que un maestro de la escuela pública -con plaza de funcionario ganada por oposición en el 2008- había cumplido una pena de prisión por pederastia y por posesión de pornografía infantil cinco años antes. Pero aun a sabiendas de la condena y de los antecedentes que arrastraba el hombre, la Conselleria d'Ensenyament no lo apartó de la docencia hasta seis años después, en febrero del 2016. El pederasta, Agustín Francisco V. C., ha vuelto a ser denunciado este verano por abusar sexualmente de un menor y está siendo investigado por ello por un juzgado de Blanes.

"El problema es que no se podía hacer nada contra él", ha argumentado este martes la 'consellera' de Ensenyament, Meritxell Ruiz, al ser preguntada en la comisión de Educación del Parlament. "Los responsables de la 'conselleria' de aquella época no disponían de herramientas legales para actuar contra esa persona", ha justificado Ruiz, que no ha aclarado las razones por las que ni siquiera se informó de los hechos al colegio Joan Abelló de Mollet del Vallès, donde trabajaba el hombre cuando Ensenyament conoció sus antecedentes penales.

La sentencia que condenó al pederasta "no lo inhabilitó ni para ejercer la docencia ni para optar a un puesto de funcionario", ha subrayado la secretaria general de Ensenyament, Maria Jesús Mier. El juez de Zaragoza que lo mandó a prisión durante dos años (la primera parte de la condena la cumplió en una prisión aragonesa y luego fue trasladado a la Modelo de Barcelona) solo le retiró la potestad para ejercer el derecho al voto y decretó una orden de alejamiento de su víctima y de la familia de este durante un periodo de cinco años. "No deja de ser paradójico que se le prohibiera votar, pero no volver a trabajar con niños", ha comentado con sorpresa Mier.

La revelación ha originado un pequeño rifirrafe cuando la diputada del PSC, Alícia Romero, ha mostrado su perplejidad ante el hecho de que se mantuviera a un pederasta dando clases durante seis años. "¿Y no podía Ensenyament desobedecer, ustedes que tanto llaman a la desobediencia en otras cosas?", ha lanzado Romero. "En todo caso, quienes tendrían que haberlo hecho debían de ser los responsables del Govern tripartito, que fueron los que supieron de la condena", ha replicado la 'consellera' Ruiz, sin mencionar, no obstante, que solo tres meses después la cartera pasó a manos de CiU, que tampoco hizo nada al respecto.
Las familias de Mollet reclaman más atención para sus hijos

Una decena de madres (y algún padre también) del colegio público Joan Abelló de Mollet del Vallès han asistido este martes a la comparecencia de la ‘consellera’ de Ensenyament, Meritxell Ruiz, en la comisión de Educación del Parlament, donde han escuchado atónitas el relato de lo ocurrido con el maestro Agustín Francisco V.C., conocido en la escuela como Kiko. Las representantes del ampa, que reclaman una mayor atención para sus hijos, han conocido, a través de la secretaria general de Ensenyament, Maria Jesús Mier, las intervenciones que está realizando los servicios de atención psicológica con los alumnos de cuarto y de sexto de primaria que el curso pasado estuvieron en contacto con el profesor, ahora apartado a oficinas.

Tampoco supo nada la escuela pública Àngel Guimerà de Pallejà (Baix Llobregat), donde el docente fue maestro de primaria entre el 2008 y el 2010, cuando, según Ensenyament, pidió voluntariamente el traslado. En Pallejà, el hombre fue denunciado por una compañera de trabajo, que le acusó de abusar de su hijo de nueve años. La causa la llevó un juzgado de Sant Feliu de Llobregat, que incluso decretó medidas cautelares, como una orden de alejamiento, pero que acabó archivándola.

Ha sido este 2016, con la entrada en vigor de la reforma de la ley del menor que obliga a quienes trabajan en contacto directo con niños a acreditar que no tienen antecedentes penales por delitos sexuales, cuando Ensenyament ha podido por fin apartar al pederasta Agustín Francisco V.C. de las aulas y del contacto con menores de edad y asignarle trabajos de oficina en el Consorci d'Educació de Barcelona. Lo mismo ha hecho la 'conselleria' con otros dos docentes, también condenados previamente por delitos sexuales. "Son tres casos entre los más de 90.000 profesionales que trabajan en Ensenyament", ha tratado de tranquilizar la secretaria general.

El Govern propone elevar a 30 años la edad para contar la prescripción de los abusos

El Gobierno de la Generalitat ha asumido un informe jurídico, encargado por el 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, a raíz del escándalo de abusos sexuales a menores en colegios de los Maristas, en el que se propone la modificación del sistema de prescripción de estos delitos. En la actualidad empieza a contar el periodo de prescripción a partir de la mayoría de edad de la víctima, es decir, 18 años.

Interrogan por pederastia al cardenal de las finanzas del Vaticano

El cardenal australiano George Pell, encargado de las finanzas del Vaticano, fue interrogado la semana pasada en Roma por policías de su país sobre acusaciones por presuntos abusos sexuales entre 1976 y 2001, informaron este miércoles medios locales. El cardenal "participó voluntariamente en la entrevista", comentó una portavoz de la Policía del estado de Victoria, que se limitó a remarcar que las investigaciones continúan, sin aportar más detalles, según la agencia Prensa Asociada Australiana (AAP).

Vídeo: Rechazo a la Monarquía en la apertura de la legislatura

La apertura de la legislatura, presidida por el jefe del Estado Felipe de Borbón, ha servido a varios grupos políticos para mostrar su rechazo a la Monarquía. Los diputados de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, los del PNV y los del PDcat (la antigua Convergència) no han aplaudido la entrada de Felipe VI en el Hemiciclo. Además, los de IU han permanecido sentados durante el himno nacional que ha precedido a los discursos del monarca y de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. En los días previos al acto de este jueves los portavoces de Unidos Podemos ya habían advertido de que no tenían intención de acudir a los actos protocolarios del día. Los diputados del grupo confederal no han asistido al besamanos previo a la entrada de Felipe de Borbón en el Palacio del Congreso y tampoco estarán presentes durante la posterior parada militar que tendrá lugar en los aledaños de la institución.

La mayoría de los representantes de Unidos Podemos, PNV y Convergència se han levantado para recibir al rey pero ninguno de ellos ha aplaudido. Los representantes de IU, además de algunos de Podemos, han permanecido sentados tanto en ese momento como durante el himno nacional para "mostrar" su "discrepancia con la institución monárquica", según ha explicado la dirigente Sira Rego. Los representantes de IU, además, han llevado en la solapa una escarapela con la bandera republicana.

No han sido las únicas muestras visuales de rechazo a la Monarquía como sistema político. El diputado de IU Ricardo Sixto ha publicado una foto en Twitter donde se puede ver al senador de su partido, Ignacio Bernal, con una bandera republicana en la que se puede leer el lema "III República" justo al comienzo del discurso de Felipe de Borbón. También el diputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero, ha asistido con una camiseta en la que se podía leer: "Yo no voté a ningún rey".

Durante el discurso del rey Felipe VI en el Congreso, con motivo de la apertura de la XII Legislatura, Iñaki Bernal, senador de Izquierda Unida, desplegó una bandera republicana, con le lema III República

Antes de los actos, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acompañado al profesor universitario Jorge Verstrynge al inicio del juicio abierto contra él y otras dos personas por los altercados con la Policía Nacional durante una protesta precisamente el día de la proclamación del rey. Iglesias ha asegurado que "el patriotismo no es ir a un besamanos", en referencia a los actos de hoy, sino "defender los derechos civiles, de reunión y de manifestación". Posteriormente, el líder de Podemos ha criticado que los senadores del PP hayan "ocupado" todo el Hemiciclo, incluso los escaños de Unidos Podemos, informa eldiario.es.

FCC defraudó 800.000 euros a Barcelona falseando datos

La delegación en Barcelona de FCC Servicios Ciudadanos ha manipulado en los últimos años datos de la gestión del servicio de limpieza viaria y retirada de residuos urbanos con el objetivo, presuntamente, de hinchar irregularmente sus ingresos a costa del Ayuntamiento de Barcelona. Así lo revela una investigación de EL PAÍS, que evidencia la facturación de servicios no realizados y la mezcla de residuos —envases para reciclar con basura normal, por ejemplo— a espaldas del Consistorio. La cantidad supuestamente defraudada en 2014 ascendería a unos 800.000 euros. El Ayuntamiento de Barcelona ha tenido una reacción contundente tras tener conocimiento de los hechos a través de las preguntas que le hizo este diario hace unos días.Tras una rápida investigación, que confirmó las evidencias, la Oficina de Transparencia del Consistorio ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía al apreciar indicios de delito. El asunto será discutido hoy en la Comisión de Gobierno de la ciudad. Foto: El presidente de FCC Construcción, entre los detenidos por fraude de Acuamed.

FCC, por su parte, defiende su gestión en Barcelona en los últimos años: “Es un servicio muy complejo en el que hemos mostrado una gran calidad desde hace décadas”. Directivos de la compañía niegan que esta haya tenido un sistema de gestión paralelo con el objetivo de aumentar sus ingresos irregularmente. Tras ver algunos documentos mostrados por este diario, sin embargo, afirmaron que es “urgente” aclararlos y anunciaron la “apertura inmediata de una investigación interna”. “Nos vamos a poner en contacto y a plena disposición del Ayuntamiento”, añadieron.

De las cuatro adjudicatarias que se reparten la limpieza viaria y la gestión de residuos de Barcelona, FCC es la que se encarga de la mayor porción. Gestiona los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Gràcia, cerca del 40% de la factura municipal. La contrata vigente fue adjudicada en 2009 y expira en 2019. FCC ingresa por ella unos 106 millones al año. Los que siguen son los hechos más relevantes descubiertos por este diario.

Cobrar más por menos

De las distintas fracciones en las que se dividen los residuos urbanos —basura normal, papel, cristal, muebles y tastos viejos, envases para reciclar...—, el fraude se centra en los dos últimos. En ambos casos, la empresa cobra según un sistema de tramos que establece un precio menor por tonelada a medida que crece el volumen de residuos recogidos. Por ello, puede darse el caso de que, si se "salta de tramo" por poco, FCC acabe por ingresar menos dinero.

Los documentos muestran cómo los ingenieros de FCC maniobran para no saltar de tramo. En un correo electrónico fechado el 2 de octubre de 2014, uno de ellos avisa que es "preocupante" la evolución de la recogida de muebles y trastos viejos, llamados "voluminosos". "Llevan un incremento del 6,01%, lo que haría que las toneladas anuales llegaran a 7.510,09, pasando el cambio de tramo marcado en 7.500. Esto nos supondría un coste de 157.000 euros más coeficientes". El coeficiente es un porcentaje —el 4,35%— del total de facturación y corresponde al beneficio industrial establecido en el contrato.

"En el caso de los envases", sigue el correo, "el incremento es del 1,09%, lo que haría que las toneladas anuales llegasen a 5.974,71. El cambio de tramo está marcado en 6.000 toneladas. Estamos a 25 escasas. Pasarlas supondría un coste de 50.000 euros más coeficientes", advierte el ingeniero.

El desvío de los envases

En diciembre de 2014, FCC comprueba que la recogida de envases —botellas de plástico, latas de conserva, tetra briks...— está a punto de saltar de tramo y empieza a desviar estos residuos para hacerlos pasar como basura normal, llamada "de rechazo". La forma de hacerlo es dejar camiones parcialmente cargados con envases, acabar de llenarlos con basura normal y hacer pasar toda la carga como si fuera de este último tipo. En un mensaje escrito en catalán el día 10, un ingeniero ordena pasar a "una fase B" que consiste en dejar por la noche camiones cargados con una tonelada de envases para "que lo completéis con residuo de rechazo y que se vacíe en Besòs", la planta donde se incinera la basura normal de Barcelona. "Y en unos días lo volvemos a valorar. OK?", acaba el mensaje. "Tener en cuenta, mezclarlo con rechazo", añade otro miembro del equipo.


La CUP s'encadena per la remunicipalització de l'aigua


Diversos militants de la CUP Poble Actiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'han encadenat aquest matí a les portes d'accés del Saló Iwater Barcelona – Saló Internacional del cicle de l’aigua, mostrant cartells defensant la remunicipalització del servei de subministrament de l’aigua i el rebuig a la intervenció d’empreses privades en aquest servei. L'acció s'emmarca dins la campanya “Movem-nos, remunicipalitzem l’aigua”, que es va posar en marxa fa uns dies amb l'aparició enigmàtica d'aneguets a fonts d'arreu del territori. La iniciativa té per objectiu empènyer el govern de Barcelona en Comú, Entesa i PSC a realitzar “passos reals i efectius cap a la recuperació del servei pels municipis metropolitans”, segons una nota de la formació.


Pujol Jr. ingresó 9 millones del puerto de Tarragona en Andorra


La Policía conecta por primera vez la fortuna familiar de los Pujol en Andorra con contratos públicos adjudicados por CiU. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) concluye que una parte del botín oculto en el Principado procede de comisiones que pagó la empresa Euroenergo a cambio de llevarse la adjudicación del almacenaje de combustible en el Puerto de Tarragona. En un nuevo informe al que ha tenido acceso EL MUNDO, los investigadores sostienen que Jordi Pujol Ferrusola «intermedió con su influencia» para que el alto cargo de CiU Lluís Badia Chancho otorgara en 1998 la concesión a esta empresa. La Udef ha encontrado un primer pago de nueve millones de pesetas en las cuentas familiares días después de la adjudicación y sigue el rastro de 22 millones desviados por Euroenergo a FCC porque sospecha que esconden sobornos a la familia que fueron luego abonados a través de una empresa pantalla en el Reino Unido.

Ecolofeixisme: Obren la brossa als veïns de set municipis per multar qui no recicla 'bé'

El Consell Comarcal de la Selva, presidit per l'alcalde de Caldes de Malavella Salvador Balliu Torroella (foto) de la CDC de sempre, està inspeccionant les bosses d'escombraries dels veïns de set municipis selvatans per tal d'identificar aquelles persones que no reciclen correctament, és a dier, que no fan la feina gratis per a les empreses privades que s'enriqueixen amb diners públics amb el reciclatge al seu gust, segons va confirmar ahir el mateix Salvador Balliu. «Les campanyes de conscienciació no han servit per res, perquè la gent segueix tenint mals hàbits", segons el fatxenda ecolo.

BDS denuncia que la Generalitat subvenciona el congrés d'empreses catalanes a Israel

Una vegada més, des de BDS Catalunya volem denunciar la complicitat del govern de la Generalitat amb l’Estat d’Israel, i tornar a explicitar que l’Estat d’Israel no és cap referent. Aquest cop posem en evidència a ACCIÓ, l’Agència de la Generalitat de Catalunya per la competitivitat de l’empresa, que ha organitzat la visita de 8 empreses catalanes i centres tecnològics al congrés Israel Homeland Security & Cibersecurity 2016 que tindrà lloc a Tel Aviv (Israel) entre el 14 i el 17 de novembre d'enguany. La missió serà encapçalada per Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, i acompanyarà a les següents empreses: Alphanet, Ase Optics Europe, Crises, Eurecat, i2cat, Leitat, Safelayer Secure Communications i Somos Digitales.

Com és ben conegut, Israel ha estat denunciat incomptables ocasions per les seves polítiques d’ocupació dels territoris de Cisjordània i Gaza, i les seves polítiques d’apartheid contra la població palestina, també dins d’Israel, amb més de 50 lleis que discriminen als "palestins del 48"; o arabo-israelians, fets denunciats per l'Institut de Drets Humans de Catalunya a través de l'informe que van publicar l'any 2009.

En aquesta ocasió, la delegació catalana participarà en una de les conferències internacionals més importants dins el sector de ciberseguretat i seguretat nacional. La seguretat nacional (homeland security, en anglès) és un concepte creat per Israel que es basa en les polítiques de control de la població palestina per reprimir la resistència a l'ocupació. Aquest nou concepte, fou desenvolupat als Estats Units després dels atacs de l'11 de setembre del 2001, i poc a poc està entrant dins les polítiques de seguretat dels molts altres països arreu del món. Aquest concepte no respecta el Dret Internacional i els Drets Humans ja que considera als combatents d’organitzacions no estatals com a no humans o persones sense drets bàsics, promovent la idea de combatent il·legal i contradient les Convencions de Ginebra, o altres formes de control que posen en entredit les llibertats civils.

Un dels aspectes més preocupants de l'aconteixement és que, a més de les empreses anteriorment citades, també hi participaran el CESICAT (Centre de la Seguretat de la Informació de Catalunya) que l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ja va sancionar pel seguiment a periodistes i activistes socials, posant en entredit la llibertat d’expressió i la llibertat d'organització per la defensa dels drets civils com hauria de permetre's en les societats democràtiques. Aquesta informació va estar anunciada a la pàgina web d'ACCiÓ, com a mínim fins el 7 de novembre, i posteriorment retirada.

Per tot això demanem que no s’utilitzen els diners públics de la ciutadania catalana per promoure intercanvis sobre formes de control cibernètic entre institucions israelianes. Un país respectuós amb els DDHH i el Dret internacional, com fomenta el Parlament de Catalunya, no hauria de promoure i participar en aquestes fires i intercanvis amb Israel.

Israel no hauria de ser el nostre referent.
BDS Catalunya

Romeva té 18 endollats d'alts càrrecs' que costen més d’1,5 milions

El departament d’Exteriors que dirigeix Raül Romeva ha destinat aquest any més d’1,5 milions d’euros per pagar el sou de 19 alts càrrecs (entre ells el del propi conseller). Tres d’ells tenen un sou establert de 84.919,56 euros/l’any. Es tracta del secretari general d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Aleix Villatoro; del secretari de Transparència i Govern Obert, Jordi Foz, i del secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, Jordi Soler. La conselleria paga amb 81.385,72 a 15 alts càrrecs més.

La Gene de JxSí i l'independència made in Tel Aviv: Missió a Israel Cibersecurity & HLS Conference 2016

La Gene de JxSí i socis i la seva 'independència' made in Tel Aviv organitzen una 'Missió a Israel Cibersecurity & HLS Conference 2016", del 14 al 17 de novembre, pel módic preu de 1900 € + IVA per cap per a tots a qui tinguin aquest 'Objectiu de l'acte: Aconseguir de primera mà una familiaritat amb les últimes tecnologies i solucions innovadores en aquest camp, satisfer la necessitat dels líders d'indústria i saber les darreres tendències de recerca en el camp de la seguretat i ciberseguretat', segons la Generalitat de Catalunya i 'T'interessa si ets: Un centre tecnològic o una empresa tecnològica de l'àmbit cybertech o de seguretat'. I és que pels 'líders' de l'independència: Israel és un país insígnia del sector de la seguretat i la ciberseguretat, sent un mercat que marca tendències del sector a nivell mundial. Cada dos anys a Israel acull la Fira Israel Homeland Security, un dels esdeveniments de referència del sector'.

Horrach: "sería una sorpresa que Cristina de Borbón sea condenada"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha evitado este jueves valorar las palabras del fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach (foto), que considera que se ha vulnerado la presunción de inocencia de la Infanta Cristina, pero sí ha opinado que "sin duda cuando un asunto judicial tiene tanto impacto mediático se crean prejuicios que a veces son negativos". En una entrevista, Catalá ha subrayado que todo el proceso penal se basa en la presunción de inocencia y ha lamentado que haya casos en los que parece haber una presunción de culpabilidad que hay que desmontar.

No obstante, el ministro ha tenido buen cuidado de no pronunciarse sobre las palabras de Horrach, que también dijo este miércoles que sería una sorpresa que Cristina de Borbón sea condenada, y se ha limitado a decir que confía en que los tribunales resuelven basándose en el Derecho y en la información obtenida en el proceso. Así, se ha limitado a decir que "es un tema muy bonito" para el de debate académico cuál es la responsabilidad de una persona que no comete un delito pero puede obtener de él un beneficio económico y ha añadido que lo único que dijo el fiscal Horrach es que no hay precedentes de que se haya condenado a una persona en una situación similar.

Catalá ha remarcado que en los dos años en que él ha sido ministro de Justicia el Gobierno no ha dado ninguna instrucción a la Fiscalía y que ésta siempre actúa con independencia. Es más, cree que si él fuese "tan tonto de hacer eso" se volvería en su contra y los fiscales harían "justo lo contrario" para dejar clara su autonomía, informa Diario de Mallorca.

La Caixa recurrió al empresario Mas Millet para que Manos Limpias salvara a la Infanta

La investigación sobre Manos Limpias ha descubierto una subtrama en las negociaciones que mantuvo el supuesto sindicato de funcionarios con La Caixa para pactar la salvación de la infanta Cristina en el caso Nóos. La UDEF ha detectado que el banco recurrió en octubre de 2015 al abogado y empresario José María Mas Millet (foto) para asegurarse de que Manos Limpias abandonaba la acusación contra la hermana del Rey. Tras recibir el encargo de la entidad, Mas Millet se reunió con el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, para pactar la renuncia y facilitarle el documento que debía entregar en la Audiencia Provincial de Palma para hacerla oficial. Sin embargo, Bernad nunca lo presentó.

Romeva té 18 endollats 'd'alts càrrecs' que costen més d’1,5 milions

El departament d’Exteriors que dirigeix Raül Romeva ha destinat aquest any més d’1,5 milions d’euros per pagar el sou de 19 alts càrrecs (entre ells el del propi conseller). Tres d’ells tenen un sou establert de 84.919,56 euros/l’any. Es tracta del secretari general d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Aleix Villatoro; del secretari de Transparència i Govern Obert, Jordi Foz, i del secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, Jordi Soler. La conselleria paga amb 81.385,72 a 15 alts càrrecs més. És el que cobra el representant permanent davant la Unió Europea Amadeu Altafaj i els directors generals de Relacions Exteriors, l’exsocialista María Badia; de Contractació Pública, Mercè Corretja; de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica, Núria Espuny ; de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Carmen Garcia; de Cooperació al Desenvolupament, Manuel Josep Vila, i d’Afers Multilaterals i Europeus, Manuel Manonelles.

El departament destina el mateix sou al director de Serveis, Marta Garsaball, i al responsable de l’oficina de seguiment i suport a les comissions paritàries Estat-Generalitat, Alfonso González. També paga a l’any més de 81.000 euros a cinc membres de la Comissió de Garantia de Dret d’Accés a la Informació Pública. Es tracta de Manuel Ibarz, Josep Mir, Oriol Mir, Teresa Perelló i Elisabet Samarra. Dins del milió i mig d’euros també s’inclou el sou del Conseller Romeva que és de 109.663 euros l’any, informa e-notícies.

Llistat amb les Retribucions anuals per a l'any 2016 dels alts càrrecs i eventuals de la Conselleria d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

La Gene de JxSí i l'independència made in Tel Aviv: Missió a Israel Cibersecurity & HLS Conference 2016

La Gene de JxSí i socis i la seva 'independència' made in Tel Aviv organitzen una 'Missió a Israel Cibersecurity & HLS Conference 2016", del 14 al 17 de novembre, pel módic preu de 1900 € + IVA per cap per a tots a qui tinguin aquest 'Objectiu de l'acte: Aconseguir de primera mà una familiaritat amb les últimes tecnologies i solucions innovadores en aquest camp, satisfer la necessitat dels líders d'indústria i saber les darreres tendències de recerca en el camp de la seguretat i ciberseguretat', segons la Generalitat de Catalunya i 'T'interessa si ets: Un centre tecnològic o una empresa tecnològica de l'àmbit cybertech o de seguretat'. I és que pels 'líders' de l'independència: Israel és un país insígnia del sector de la seguretat i la ciberseguretat, sent un mercat que marca tendències del sector a nivell mundial. Cada dos anys a Israel acull la Fira Israel Homeland Security, un dels esdeveniments de referència del sector'.

Cumbre APEC Perú 2016: Estados Unidos no tendrá la voz cantante, sino China

Se trata de una cumbre del G-20 con un nuevo formato. En Lima, Perú, se reunirán 21 jefes de Estado de APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, entre el 17 y el 20 de noviembre. Pero precisamente un político ausente juega el papel más relevante: Donald Trump. "Este encuentro tiene lugar en un clima de incertidumbre”, comenta Klaus-Juergen Gern, experto en países emergentes y mercados de materias primas del Instituto de Economía Mundial (IfW). "El representante de Estados Unidos es Barack Obama, quien tomaría otra postura de la que promete ahora Trump”, dice. l volumen de comercio de Perú con los Estados Unidos ascendió a 12.800 millones de dólares en 2015. Con China, el intercambio supuso 16.000 millones de dólares. Foto: Cumbre APEC en Filipinas de 2015.

La ausencia del presidente electo, Donald Trump, plantea una pregunta decisiva que se convertirá en el tema principal de la cumbre: ¿Es posible una zona de libre comercio entre los 21 estados miembros de APEC sin el papel de liderazgo de los Estados Unidos? Parece plausible, tras la negativa de Trump al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). El acuerdo planeado, que prevé un espacio Asia-Pacífico sin China, está condenado al fracaso. Este no puede entrar en vigor sin la ratificación del Congreso de los Estados Unidos.

Gern reconoce que China intenta utilizar el vacío político, creado por las elecciones estadounidenses, para su propio beneficio. "Pekín lleva a Lima una propuesta para un acuerdo de libre comercio con los Estados miembros de APEC. Esta puede influir en la política de los Estados Unidos”, cree el experto. Y con razón: la comunidad económica Asia-Pacífico es un verdadero actor global. Sus 21 Estados miembros producen el 54% del rendimiento económico global y el 50,3% de todas las exportaciones mundiales. Su población asciende a casi tres mil millones de personas, el 40% de la humanidad.

Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano, dará la bienvenida a los jefes de Estado más importantes, a excepción de los europeos: Barack Obama, Vladimir Putin, Xi Jinping, Enrique Peña Nieto, Michelle Bachelet y al japonés Shinzo Abe, quien antes de la cumbre de APEC se reunirá con Trump en Nueva York. También el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg y Christine Lagarde, jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), están invitados a la cumbre.

La vicepresidenta peruana y catedrática de Economía, Mercedes Aráoz, cree que el acuerdo de libre comercio es el "tema decisivo” en esta cumbre. Las relaciones comerciales con China han superado ya los negocios con los Estados Unidos. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior de Perú, el volumen de comercio con los Estados Unidos ascendió a 12,8 mil millones de dólares el año pasado. Con China, el intercambio de mercancías supuso 16 mil millones de dólares. Para América Latina en general, los Estados Unidos siguen siendo el socio comercial más importante. Sin embargo, desde 2010, la región importa, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) más mercancía de China que de la Unión Europea. En exportaciones, China se halla en tercer lugar tras Estados Unidos y la Unión Europea.

La relevancia de la región para China queda patente en las visitas de Estado del presidente chino Xi Jinping. Antes de la cumbre de APEC, viaja a Ecuador, después a Chile. Gern, el experto del IfW, le aconsejaría a Trump visitar también Sudamérica, sobre todo Argentina. Allí podría estudiar las consecuencias de su planeada política de restricción de mercado. "Alli tuvo lugar un aparente desarrollo que finalmente terminó en una economía colapsada. Si todos los países evitaran las importaciones y aumentaran los aranceles aduaneros, nos llevarían a una crisis económica mundial”, asegura el experto.

“Trumpismo”, una lucidez pervertida

Robert Charvin: Trump no se opone más que Clinton a Wall Street: ésta es capaz de “calmar” algunas de sus veleidades verbales de coloración anticapitalista: la América “de abajo” se apercibirá deprisa… En el período gris que el mundo occidental atraviesa, de algunos destellos de lucidez ciertos tienden a hacer “claros de luna”, como dice el poeta, mientras que otros amenazan con desencadenar tormentas. Sanders en los Estados Unidos, la nueva dirección del Partido Laborista británico, Podemos en España (a pesar del fracaso de Syriza), las corrientes comunistas que se niegan a compromisos electorales sin salida con los partidos “socialistas”, ellos mismos en plena decadencia, no son más que el comienzo de su búsqueda de nuevas vías sobre las que las masas populares están sólo moderadamente sensibilizadas.

China finaliza el túnel de carretera más alto del mundo

Los trabajos de construcción del túnel de carretera más elevado del mundo concluyeron el jueves en la vía que une la región autónoma del Tíbet con la provincia de Sichuan, ambas en el suroeste de China. En la carretera Sichuan-Tíbet, tal vez la más peligrosa del mundo hasta hoy, las avalanchas y los deslizamientos de tierra se llevan todos los años por delante a una buena cantidad de usuarios. La carretera, de 2412 kilómetros, comienza en Sichuan, en el este y termina en Lhasa (Tíbet) en el oeste. El trayecto atraviesa 14 montañas con una media de 5000 metros de altura, pasa sobre decenas de ríos famosos y cruza multitud de bosques primitivos.

Corrupción PP: La libreta de los enchufados en Imelsa

Jose María Aznar tenía un cuaderno azul donde apuntaba los ministros que formarían parte de su Gobierno. Salvador Ros también disponía de una libreta, pero para un propósito más humilde y menos ético: elegir quiénes iban a trabajar como brigadistas. Ros era el coordinador general de Brigadas en Imelsa. Hoy está prejubilado. El último informe de la Guardia Civil le sitúa como una de las personas clave en las contrataciones fraudulentas de Imelsa. En la libreta escribía «los nombres de las personas propuestas para ser contratadas y de parte de quién venían». Estas revelaciones forman parte del testimonio de María Escrihuela, exdirectora de Recursos Humanos de la firma pública. Además, la exdirectiva, que llegó de la mano de Marcos Benavent, no dudó en aportar a los investigadores documentación que muestra el poder de decisión de Ros. Se trata de numerosos correos electrónicos enviados por la secretaria del coordinador en los que directamente se dice a quién hay que dar de alta como brigadista.

Ros afirma que él no decidía absolutamente nada. Según sus explicaciones, era simplemente una correa de transmisión entre Benavent y el área de Recursos Humanos. «A mí me preguntaban qué bajas (prejubilaciones o ausencias de larga duración) tenía para cubrir». Sin embargo, de algunos emails que constan en el juzgado se desprende que su papel sería más relevante que un mero enlace. El informe ha dejado a Ros en una situación delicada. No se descarta que sea llamado a declarar para que explique al juez qué papel desempeñaba realmente en la empresa pública. El trabajo de los investigadores concluye que la sociedad contrataba a dedo por «ser conocido de», bajo indicaciones verbales por el simple hecho de mantener amistad con algún dirigente.

De entrada, existe una diferencia entre los brigadistas y los asesores de los diputados provinciales. Los brigadistas -enchufados o no- consta que cumplieron de manera efectiva con el trabajo para el que fueron contratados. Asunto diferente es que no se respetaran los requisitos de entrada a cualquier empresa pública. Sin embargo, el caso de los asesores se antoja más grave. El sueldo de estos profesionales se pagó con dinero público cuando, según la Guardia Civil, trabajaban para los diferentes partidos políticos.

Esa situación de descontrol fue creada y mantenida de forma intencionada por Rus, Llopis y Medina, dirigentes del Partido Popular. Sin embargo, «todos los grupos políticos se aprovecharon» de esta circunstancia. Todos querían disfrutar de ese privilegio, que no consta en ninguna norma y tampoco se acordó en el consejo de administración de la sociedad. «Eran conocedores y conscientes de la forma en la que fueron contratados los asesores y el destino de los mismos», recoge la UCO en el último informe entregado al instructor.

De todos modos, la instrucción de esta pieza, conocida como la de los zombies, no está terminada. Será finalmente un informe de la Intervención el que decante la balanza y decida la situación procesal de los diputados. No hay que olvidar que algunos ya declararon como investigados ante la Guardia Civil. Falta concretar esa condición en el juzgado. Entre ellos figura Rosa Pérez, la persona que denunció las irregularidades. Además, se da la circunstancia de que los responsables firmaron documentos en los que certificaban que estas personas habían cumplido su labor de manera satisfactoria.

La Guardia Civil ha pedido al juez que acuerde una serie de diligencias para seguir avanzando en las pesquisas. Llama la atención una de las solicitudes, la dirigida a la propia Intervención para que le aclaren por qué no se elaboró ningún informe de control desde 2007 a 2015, el periodo del fraude. También pide la identidad de los responsables del programa de control de la Diputación de Valencia. No se descarta que algún responsable termine desfilando por el juzgado de Instrucción 18 por haber colaborado de manera directa en ese «descontrol» que reinaba en la empresa pública, informa Las Provincias.

Corrupción PP: La UCO certifica la contratación a dedo en Imelsa

Imelsa era una empresa pública del PP valenciano bajo la corrupción y el nepotismo más absoluto. Se contrataba con el simple curriculum de «ser conocido de» y bajo «indicaciones verbales» de determinados responsables del PP, según certifica el último informe de la Guardia Civil incorporado a la causa. El «enchufismo» era casi la única vía de entrada para desempeñar algún puesto en la sociedad. Este masivo incumplimiento de la legalidad fue aprovechado desde todas las instancias. Los partidos políticos vieron un filón en la contratación de asesores, cuya existencia no está amparada en ninguna norma ni avalada por el consejo de Administración. De hecho, no existe ningún criterio respecto al número de profesionales ni su reparto entre las formaciones. Es más, tras estallar el caso, esta figura desapareció. Hoy no existen asesores en Divalterra, la nueva Imelsa.

Carina Mejías reclama a Oriol Pujol 2.700 € de multa y 5.000 de indemnización por amenazas

El exdiputado de CiU y heredero frustrado del clan Oriol Pujol se ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados en una sala de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Esta es la primera vez que un miembro de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se enfrenta a un juicio penal. En esta ocasión, por las presuntas amenazas a la presidenta del grupo de Ciutadans en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, vertidas por el exdirigente de Convergència en un sms que le envió el pasado 2 de julio. El mensaje rezaba: “'Sabia que eres una persona recargolada. Això et donarà mal viure. Cuida't'”. (Sabía que eras una persona retorcida. Eso te dará mala vida. Cuídate).

Mejías ha reclamado a Pujol una multa de 2.700 euros y una indemnización de 5.000 euros, mientras el abogado de la defensa ha pedido la absolución de su representado y que la demandante sea condenada a asumir las costas del juicio. Durante la vista, la concejala de Ciutadans ha dicho haberse sentido "amenazada" y Pujol ha asegurado que solo estaba dando una opinión.

Mejías explicó tras presentar una denuncia ante la fiscalía que el mensaje le llegó 24 horas después de que ella solicitara en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona la creación de una comisión municipal de investigación sobre el caso de Barcelona Regional, en el que supuestamente se ha beneficiado una empresa del hermano de Oriol, Pere Pujol, y de uno de sus primos, Marc Escudé Ferrusola. Ambos son citados en la denuncia presentada por Mejías por ser beneficiarios de contratos de Barcelona Regional. El pleno tumbó la propuesta y aprobó una comisión de seguimiento.

Ciutadans pidió la comisión de investigación sobre el caso a raíz de que se conocieran los resultados de una auditoría sobre la gestión de Barcelona Regional entre el 2011 y el 2015, cuando CiU dirigía el consistorio. Como avanzó este diario, la auditoría reveló el gasto de dos millones de euros en proyectos ruinosos. A principios del pasado mes de junio, el consejo de administración de Barcelona Regional decidió poner en manos de la Fiscalía de Barcelona, que ya tenía abierta una investigación sobre el asunto, la auditoría definitiva en la que se desvelan las presuntas irregularidades en esa entidad durante el gobierno de CiU. La decisión de realizar este análisis de la gestión fue tomada por el propio consejo de administración tras la publicación de una serie de reportajes que apuntaban presuntas prácticas anómalas.

Barcelona Regional, sin embargo, se abstuvo de pedir un análisis jurídico del resultado de la auditoría para ver si las prácticas podían encajar en algún delito penal y decidió dejar la cuestión en manos del fiscal que lleva el caso, Emilio Sánchez Ulled. A pesar de ello, la nueva dirección de la agencia metropolitana, presidida Ada Colau, se reservó la opción, si es necesario, de actuar contra los antiguos gestores, informa El Periódico.

Fernández y su lacayo Pino: el ladrón es el jefe y el ministro un imbécil

El último capítulo de "mala praxis policial en el caso Pujol", tal como lo definen diferentes fuentes relacionadas con el procedimiento aunque se trata de una clara conspiración fascista de Fernández Díaz y el PP con la manipulación del aparato policial, tuvo lugar la semana pasada y consiste en el intento de la Policía de incluir un pen drive con presunta información relevante sobre la familia, que la cúpula policial guardaba, aparentemente, desde 2013. Para conseguirlo, los responsables de la investigación han mentido incluso al titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional, José De la Mata, al decirle que la prueba provenía del juzgado de Barcelona que instruía la causa sobre la agencia de detectives Método 3. Pero las pesquisas del juez han puesto al descubierto que el USB había sido facilitado por el ex número dos de la Policía, el comisario jubilado Eugenio Pino, sin que pueda acreditar ninguna cadena de custodia y "sin que venga a cuento la aportación de ese pen drive en la causa", explican fuentes judiciales. Foto: El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aplaude a su director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.

José Luis Olivas, un sinvergüenza incompetente al servicio del PP

José Luis Olivas Martínez (Motilla de Palancar, Cuenca, 1952) ha sido uno de los próceres del PP valenciano durante casi 30 años. Conseller de Economía, presidente de la Generalitat y luego presidente de Bancaja, el exvicepresidente de Bankia puede -y debería en justicia- cerrar su existencia con años de miseria tras otros de gloria a costa de robar, estafar y saquear al pueblo. Este miércoles ha quedado visto para sentencia el primer proceso de su karma judicial: La Fiscalía pide contra él tres años de prisión por fraude fiscal. Olivas, cuando era presidente de Bancaja, la caja de ahorros que quebró durante su mandato por su nefasta y corrupta gestión, cobró 580.000 euros por intermediar en la venta de unas acciones de una empresa de energías renovables. Las participaciones eran de Sedesa, compañía de Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes del Opus Dei y también procesado por la estafa de la visita del fascista y pederasta Ratzinger a Valencia. Y el potencial comprador era Iberdrola, empresa participada por Bancaja. Olivas era miembro del consejo de administración de la compañía eléctrica en el momento de la operación, 2008. Su remuneración era un porcentaje del beneficio generado: una plusvalía de 39,3 millones de euros, un premio del PP por sinvergüenza, ladrón e incompetente.

"Defendía los intereses de Bancaja y Cotino, también los de Iberdrola, que quería tener un parque eólico en la Comunidad Valenciana. No tenía ninguna incompatibilidad", declaró durante el juicio, sin ningún empacho, Olivas. Ni hacienda ni la Fiscalïa le creen. Dado su desconocimiento del negocio de la energía, las conversaciones iniciadas por ejecutivos de las compañías implicadas y sus cargos en Bancaja e Iberdrola, Olivas, sostienen, no pudo tener un papel relevante o remunerable en la operación. Es más, creen que el asesoramiento pagado con medio millón de euros "no existió" y se hizo únicamente para ayudar a Cotino a pagar menos dinero al fisco. Y van más lejos: Olivas recibió la contraprestación en pago por un "favor inconfesable". La abogacía del estado, que también acusa al expresidente de la Generalitat, tampoco se corta: "Merece un reproche ético por representar a todas las partes, a compradores y vendedores en la misma operación. Su posición queda bastante en entredicho".

Olivas no ha ocultado su indignacion con esa acusación, pero la operación con Cotino se revela ahora -aunque los hechos se remontan a 2008 la investigación arrancó en 2013- como el inicio de su descrédito. Antes lo había sido todo. Licenciado en derecho en la Universidad Complutense, Olivas tuvo una larga carrera política en Valencia. Comenzó en la UCD, de la que fue concejal, pero con la desaparición del partido de Adolfo Suárez se enroló en las filas del PP. En 1987 ya era concejal en la oposición y, cuatro años después, en 1991, responsable de hacienda en el gobierno de Rita Barberá.

En 1995, fue elegido por Eduardo Zaplana, que aquel año inauguraba cuatro lustros de gobiernos valencianos del PP, como conseller de Hacienda. Tenaz y de gran instinto de supervivencia, según un conocido del partido, ya estaba en el núcleo duro del poder. En 1999 fue vicepresidente en el segundo gobierno Zaplana. Cuando éste abandonó la Generalitat para ser ministro de Trabajo con José María Aznar, fue elegido como presidente, de transición, de la Generalitat. Zaplana ungió a Francisco Camps como sucesor –con el que luego rompió relaciones- pero necesitaba un diputado autonómico que ocupara el Palau desde julio de 2002 hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2003.

Olivas aceptó ser comparsa. A cambio pidió la presidencia de una caja de ahorros valenciana, algo al alcance de la mayoría absoluta del PP autonómico, que ya había cambiado la ley para que Bancaja y CAM (sólo menos grandes que La Caixa y Caja Madrid) estuvieran al albur del poder político. Con su nombramiento como mandamás de Bancaja, aunque en ese momento nadie, ni él mismo, lo vislumbrara, comenzó su declive. Ahora, con poca vida social y menos aún profesional, intenta defender su honor en los juzgados. "Ha habido permanentemente insinuaciones sobre mi comportamiento, sobre qué escondía esa factura, cuando queda clarísimamente, es evidente, que esa factura se debe a una operación en la que yo intervine y en la que Bancaja ganó 33 millones de euros, y Cotino, que tenía mayor participación en la sociedad, 39 millones de euros", ha dicho Olivas, informa Europa Press.

A la espera del fallo, la peculiar relación de Olivas con Vicente Cotino puede ser el menor de los problemas para el fugaz expresidente de la Generalitat. Por su participación en el pufo de Bankia -la fusión forzada entre dos cajas quebradas, Bancaja y Caja Madrid, está imputado por falsedad, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas, y apropiación indebida y administración desleal. El banco le ha costado al contribuyente más de 20.000 millones de euros. Olivas también está investigado en otros asuntos: la gestión en Bancaja y Banco de Valencia y la ampliación de capital del Valencia Club de Fútbol. El que recibiera tratamiento de Molt Honorable es repudiado ahora por la sociedad valenciana, informa eldiario.es.

Las cuentas del Banco de Valencia eran falsas

Los dos miembros de la Intervención General del Estado que analizaron las cuentas del Banco de Valencia de 2009 y 2010 por encargo de la Fiscalía Anticorrupción han ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que los balances no ofrecían «una imagen fiel». Con estas comperecencias se inicia la ronda de declaraciones de los peritos de este organismo y del Banco de España por la causa que investiga por presunta falsedad contable a más de veinte exdirectivos y exconsejeros de Banco de Valencia, entre ellos el expresidente de esta entidad, de Bancaja y también del Consell, José Luis Olivas; el también expresidente del banco, Aurelio Izquierdo; el ex consejero delegado Domingo Parra; los exvicepresidentes Antonio José Tirado y Celestino Aznar, además del resto de consejeros y el auditor de Deloitte, Miguel Monferrer.

Olivas defiende su negocio con Vicente Cotino

El expresidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas (izda. de la foto), ha negado ante el juez que cometiera algún tipo de fraude fiscal en una operación con el empresario Vicente Cotino (der. foto), sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, y ha defendido que le cobró 500.000 euros por asesorarle y mediar en la venta de unas acciones de su empresa eólica en una operación que fue "beneficiosa" tanto para el propio Cotino como para Bancaja -entidad que presidía- e Iberdrola -donde era consejero-. Según mantiene la fiscal, supuestamente el empresario pagó 580.000 euros a una sociedad de José Luis Olivas por unos trabajos que no existieron y por los que Vicente Cotino se desgravó la factura, causando así un perjuicio a Hacienda.