divendres, 29 d’abril de 2016

El Govern balear se personará en la causa judicial sobre el hotel Rocamar

El Govern balear solicitará su personación como perjudicado en la causa judicial sobre el presunto sobreprecio pagado por el anterior ejecutivo del PP por el solar del antiguo hotel Rocamar del Puerto de Sóller, tras la información publicada hoy por Diario de Mallorca. "El Govern ya ha iniciado el procedimiento para personarse en la causa en defensa del interés general", ha anunciado hoy el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló. Un perito ha ratificado ante el juez que el solar del antiguo hotel Rocamar tenía un valor de unos 285.000 euros y no los 972.000 euros que pagó la Conselleria de Turismo del Govern de José Ramón Bauzá (PP), de la que era titular Carlos Delgado.

El vicepresidente ha manifestado que los servicios jurídicos autonómicos promueven la personación del Consorcio de Bolsa de Plazas, que sería la entidad pública perjudicada por el supuesto sobreprecio.

Els alcaldes d'ICV-EUiA reclamen l'acord entre IU i Podemos

Els alcaldes d'ICV-EUiA han impulsat un manifest en què reclamen a Podemos i IU que arribin a un acord per anar junts a les eleccions generals del 26 de juny. El manifest, signat pels alcaldes de Castelldefels, Montornès del Vallès i de Sant Feliu de Llobregat, reclama directament als líders dels dos partits, Pablo Iglesias i Alberto Garzón, que "aparquin els seus matisos particulars" per aconseguir una candidatura conjunta que pugui "acabar amb les polítiques antipopulars del PP i amb les vacil·lacions del PSOE per fer-hi front".

El manifest s'emmarca en la tasca que està realitzant ICV per facilitar l'acord entre les dues formacions a nivell estatal, després que la confluència entre diferents sensibilitats de les esquerres catalanes es donés a Catalunya les ultimes eleccions, sota la candidatura d'En Comú Podem. Els alcaldes ecosocialistes consideren que cal "un projecte polític nou, que prioritzi la defensa dels interessos dels ciutadans" i que sigui capaç de tenir alhora "capacitat de lluita i de govern". Per fer aquest nou projecte polític, els alcaldes posen l'exemple de les confluències que ja s'han fet Galícia o País Valencià. Ara consideren que aquestes unions haurien donar-se a nivell de tot Espanya. "Volem veure aquest canvi total de prioritats, de valors, d'emocions, de futur", asseguren.

El manifest critica també el paper jugat pel PSOE i el seu pacte amb Ciudadanos. "Quan el PSOE no vol reconèixer i posar en valor la força conjunta de l'electorat de Podemos, les confluències i IU, que numèricament el supera, i ho fia tot a un acord que li supedita a Ciudadanos, mostra la seva incapacitat per fer un projecte polític nou i d'ampli suport popular, capaç de trencar amb la involució econòmica, democràtica i social que han provocat els governs del PP ", consideren els alcaldes.

El text del manifest ha estat subscrit per tots els alcaldes d'ICV-EUiA: el de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José; l'alcaldessa de Castelldefels, Candela López; i el de Montornès del Vallès, José Antonio Montero. Des de la formació ecosocialista s'indica que el manifest està obert a qualsevol persona que vulgui sumar-se i signa'l, i criden "al conjunt de les militàncies d'ambdues organitzacions" per reclamar-los que "treballin amb alegria i convicció per la victòria en aquestes eleccions". "L'hegemonia social i electoral s'ha de construir a les urnes i consolidar-se en la vida diària, tant en la vida interna dels partits com en l'activitat política al carrer i a les institucions", conclouen, informa Catalunya Plural.

Anticorrupción pide sentar en el banquillo al PP por los contratos de la Gürtel en Boadilla

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido sentar en el banquillo a 27 acusados, entre los que se encuentra el líder de la trama Gürtel Francisco Correa y el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como 'el Albondiguilla', así como al Partido Popular (PP) como partícipe a título lucrativo, en el marco de la causa por los contratos públicos adjudicados a la trama a cambio de comisiones. El Ministerio Público reclama la apertura de una pieza separada y la transformación de las actuaciones en procedimiento abreviado, un trámite equivalente al procesamiento, y acusa al PP de haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009. El partido será juzgado también como partícipe a título lucrativo por las actividades de la primera época de la Gürtel y las actividades de la red en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo; mientras que está considerado como responsable civil subsidiario en el juicio por la contabilidad B de la formación.
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Acusa a los principales encausados de nueve delitos. En concreto, se trata de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. La causa investiga la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), a la que controlaban "de facto" a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención. Según la Fiscalía, el entramado estaría integrado por el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, que habría actuado de modo permanente desde 2002; José Galeote --exconcejal y padre del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote-- por su intervención entre 2001 a 2003; el exalcalde González Panero y el funcionario municipal César Tomás Martín Morales desde su creación y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor, que participó su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) en 2003.

Comisiones millonarias

Este grupo habría favorecido la contratación de Sufi, filial de Sacyr, pilotada por Naranjo Anegón; las sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo; la mercantil UFC, de José Luis Ulibarri; Teconsa, gestionada por José Luis Martínez Parra; Artas Consultoría, tras la que se ocultarían algunos miembros del grupo liderado por Correa; así como otras firmas de eventos vinculadas al cabecilla de la Gürtel.

"Por estas y otras adjudicaciones que no han podido determinarse, los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido, como mínimo, en el caso de Francisco Correa a 2.702.315,59 euros; en el de Crespo a 593.000 euros; en el de José Galeote a 557.609 euros; en el de González Panero a 1,8 millones de euros; en el de Tomás Martín Morales a 1,3 millones de euros y en el de Alfonso Bosch a 941.652 euros", señala Anticorrupción. Una parte de los fondos percibidos por Martín Morales, González Panero y Crespo se habría ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas. La cuenta que habría utilizado Crespo, a nombre de Mall Business, se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de 1,557.227 euros a junio de 2012.

Por su parte, el fiscal destaca que una de las cuentas empleadas por González Panero, a nombre de la entidad 'Longridge International', fue bloqueada por las autoridades suizas con un saldo de 120.379,73 euros a fecha de 31 de diciembre de 2015. La Fiscalía considera que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a UFC y a la EMSV de un mínimo de 960.000 euros por el canon dejado de abonar por la entidad Artas Consultoría; y otra pérdida de 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Correa y que estaría destinado al PP y a Alfonso Bosch.

Lista de procesados

Además de Correa y el considerado número dos de la trama Pablo Crespo, la Fiscalía propone sentar en el banquillo al contable José Luis Izquierdo, la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán y el asesor fiscal Luis de Miguel. También a cargos del Ayuntamiento de Boadilla, empezando por el exregidor González Panero, el exconcejal José Galeote, el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad Cesar Tomás Martín Morales y el exdiputado regional Alfonso Bosch Tejedor.

Pide, además, sentar en el banquillo al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo y los empresarios Alfonso García-Pozuelo, José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra, Jacobo Gordon, Rafael Martínez Molinero, José Ramón Blanco Balín, Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz. En cuando a otro personal del Ayuntamiento, la Fiscalía acusa al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico, el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel. En el listado figuran por último Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, Mª Carmen García Moreno, José Francisco Pastor de Luz, Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo, informa diario.es

CCOO: el brot causat per l'aigua Eden d'Arinsal ha de ser tractat com accident laboral

Loly Fernández, responsable de salut laboral de CCOO, i José Cachinero, secretari d’acció sindical i política sectorial, s’han referit al brot de gastroenteritis que ha afectat milers de treballadors a Catalunya. Els dos responsables sindicats s’han manifestat satisfets que la Generalitat hagi donat per tancat el cas, que ha afectat 4.136 persones de 381 empreses ubicades en diferents municipis de les demarcacions de Tarragona i Barcelona. L'organització afirma que totes les despeses causades per la intoxicació han de cobrir-les les mútues d'accidents de treball de les respectives empreses.

Concretament, 154 afectats de 47 empreses de la unitat de vigilància epidemiològica de Tarragona; 85 afectats de 44 empreses de la unitat de Barcelona-Nord Maresme; 825 de 51 empreses de la unitat del Vallès Oriental i del Vallès Occidental; 2.194 de 151 empreses a la ciutat de Barcelona notificats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona; 55 afectats de 19 empreses de la Catalunya Central, i 823 de 69 empreses de la unitat de vigilància de la regió Sanitària de Barcelonès Sud, segons Salut Pública de la Generalitat.

Des de CCOO s’ha volgut fixar posició perquè els afectats tinguin clar què fer. Així, Fernández ha explicat que “qualsevol problema que es produeix en l’entorn del lloc de treball, tant si causa baixa com si no, té la qualificació d’accident laboral”. Això vol dir totes les despeses que afectin les persones que han patit el problema de salut i han hagut de ser ateses sanitàriament, o han faltat a la feina, o han hagut de medicar-se, comunicades per les respectives empreses a les seves mútues d’accidents i aquestes entitats s’han de fer càrrec de l’import econòmic que tot plegat impliqui.

Si aquestes atencions sanitàries no es comuniquessin com a accidents laboral i passessin a ser comptabilitzades com malaltia ordinària, per exemple, els afectats no cobrarien el primer dia de baixa i a partir del segon rebrien el 75% de la base reguladora, mentre que si es declara com incapacitat temporal fruit d’un accident, es manté el salari al 100% des del primer dia, han indicat. Per aquest motiu, CCOO ha donat instruccions als seus delegats de prevenció i salut laboral perquè vigilin el compliment de la norma en les respectives empreses. “Nosaltres també farem una comprovació cas per cas perquè no voldríem que aquesta situació acabés repercutint econòmicament sobre el sistema públic i tampoc en l’economia dels treballadors, ha dit Cachinero”.

El sindicat també ha alertat que als treballadors afectats no els hi cal cap mena de procés judicial ad-hoc per recuperar els perjudicis econòmics que els ha provocat la intoxicació pel que fa als seus drets laborals. Altra cosa és si qui es consideri afectat per l’empresa andorrana envasadora de la marca Eden vol denunciar-la, informa Diari del Treball.

JxSí no sancionarà l'empresa sionista Eden per intoxicar 4.136 persones


El brot de gastroenteritis que va afectar 4.136 persones d'arreu de Catalunya que van beure aigua envasada a la planta de l'empresa sionista israeliana Eden Spring a Andorra, en algun dels passos d'envasament de la font d'Arinsal, ha estat causada per un norovirus. Es tracta d'un virus causant del 90% dels casos de gastroenteritis al món i es va desenvolupar per "contaminació fecal humana". Foto: Un dispositiu de la marca Eden de la redacció de Ràdio Barcelona, un fet que no és causal ans prova de la complicitat dels governs de CiU amb el sionisme i els seus propagandistes a Catalunya.

Rajoy pasa de Puigdemont y lleva al TC artículos de la ley de pobreza energética

El Gobierno de Rajoy ha decidido desatender las reiteradas peticiones del Govern y expresamente del President de la Generalitat de Catalunya y recurrirá la ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética. Aunque no se lleva al Tribunal Constitucional toda la norma, sí se impugnan dos de los artículos más destacados de la misma, el que el recoge medidas de segunda oportunidad para los hogares endeudados y el de la cesión obligatoria de los pisos vacíos por parte de los grandes tenedores de vivienda, básicamente especuladores y bancos. Soraya Sáenz ha señalado que no es objeto de recurso ninguna de las medidas relativas a la pobreza energética, por tanto, no se dirige contra los artículos que prevén la actuación de la Generalitat contra la pobreza energética, sino contra “aspectos procesales”, como el procedimiento de mediación que recoge la ley, y “aspectos civiles” que afectan al derecho a la propiedad, “que tiene que ser igual para todos los españoles”, ha advertido.

Santamaría ha hecho hincapié en que sólo se recurren los artículos que el Consejo de Estado señala como impugnables en su informe. En este sentido, la dirigente ha señalado que el informe del ente asesor señala que la ley se ajusta parcialmente a la Constitución, por lo que “no podemos aplicar un criterio político y no jurídico a estos asuntos”, ha alegado, en referencia a la petición expresa del Govern.

El Gobierno ya recurrió un decreto anterior de la Generalitat contra la pobreza energética y ahora ha hecho lo mismo con la ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética, aprobada en julio por el Parlament de Catalunya. El recurso adjunta la petición de suspensión inmediata por parte del Gobierno de los artículos de la ley impugnados, que se aplicará automáticamente una vez que sea admitido por el alto tribunal.

El Gobierno ve visos de inconstitucionalidad, pero pospuso su decisión a la espera de que prosperaran las negociaciones con el Govern de la Generalitat. El final de este plazo finalizaba el próximo día 5 de mayo, por lo que todavía había tiempo para aprobarse la impugnación en el último Consejo de Ministros antes de expirar el plazo.

Tras la petición expresa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al presidente Rajoy en el primer y único encuentro entre ambos hace apenas unos días, el nuevo encuentro entre sus respectivos vicepresidentes, Junqueras y Santamaría, se antojaba determinante. Tras la cita, la número dos de Rajoy ya apuntó la posibilidad de que el recurso llegara finalmente pero trataba de quitar hierro a la decisión gubernamental. Aunque la reunión mantenida entre ambos terminó sin ningun compromiso claro por parte del Gobierno en funciones, Santamaría alegaba que si finalmente se recurría, la decisión no sería por el desacuerdo absoluto con el fondo de la ley, sino con determinados preceptos de la misma que, a juicio del Ejecutivo, pisan las competencias nacionales en la materia.

El Ejecutivo español ya comunicó a la Generalitat que consideraba una “discutible constitucionalidad” al menos en algunos artículos tras ser aprobada por el Parlament, a pesar de que el PP catalán votó a favor de la norma con todos los demás grupos de la Cámara catalana. Pero el partido que ahora coordina Xavier García Albiol se abstuvo en dos artículos: el que incluía medidas de segunda oportunidad para los hogares endeudados y el de cesión obligatoria de los pisos vacíos por parte de los grandes tenedores de vivienda; este último, uno de los puntos centrales de la norma para dar recursos a los ayuntamientos que quieran evitar los desahucios sin alternativa.

La ley ha frenado numerosos desalojos y ha impulsado los alquileres sociales. Es imposible saber la cifra exacta, ya que ningún ente centraliza tales informaciones, pero hay un dato revelador: la 24/2015 también ha impedido que 32.000 hogares registren cortes de electricidad, gas o agua. Así lo reconoce la Generalitat, que en este terreno sí tiene un organismo que lleve la cuenta, la Agència Catalana del Consum, informa La Vanguardia.

Francia: (Vídeos) Más de 100 detenidos en las masivas protestas contra la reforma laboral

Más de un centenar de manifestantes fueron detenidos ayer en las multitudinarias movilizaciones celebradas en las principales ciudades francesas contra el proyecto de reforma laboral del gobierno, que han reunido a 175.000 personas, según la policía, una cifra que los sindicatos convocantes elevan a 500.000. En numerosas ciudades, incluida la capital, las protestas derivaron en violentos enfrentamientos con la policía que se han saldado con decenas de policías y manifestantes heridos. Las centrales sindicales exigen la retirada del reaccionario proyecto de ley porque, sostienen, precariza las relaciones laborales, sobre todo de los jóvenes, y favorece únicamente a las empresas.
La de hoy ha sido la cuarta movilización en un mes, y la próxima, que tendrá lugar el 1 de mayo, se espera que sea también multitudinaria. Las protestas contra la reforma laboral también han dado lugar al nacimiento del movimiento ciudadano Nuit Debout –similar a lo que fue el 15M en España-, que además de rechazar el proyecto de reforma laboral cuestionan la política tradicional y a sus protagonistas.
                                                         
Francia contra la reforma laboral neoliberal de Hollande

Los sindicatos y los estudiantes de Francia están protestando contra la reforma laboral del Gobierno del país. Según la modificación que ha promovido el Ejecutivo galo, las compañías podrían prolongar la jornada laboral hasta 48 horas a la semana. Las manifestaciones contra el Gobierno francés han derivado en disturbios en las ciudades de Nantes y Marsella. Tras producirse diversos enfrentamientos, la Policía ha detenido a varias decenas de personas, informa 'Le Figaro'. Premiers chiffres: Rennes (cf photo) 15000 -Bordeaux 10000 -Nantes 10000 -Rouen 15000 - Le Havre 15000 #Manif28avril

Els festins de Trias amb diners públics

Un dels secrets més ben guardats de l’Ajuntament de Barcelona és el servei de menjador amb cuina pròpia que hi ha a la vuitena planta de l’edifici de la plaça Sant Miquel a disposició exclusiva de l’alcalde i del seu equip de govern, i a càrrec dels comptes públics. Pocs barcelonins tenen constància de la seva existència com tampoc és gaire conegut entre els mateixos treballadors municipals perquè és un servei semiclandestí que forma part del paquet de privilegis que ha acompanyat tradicionalment el càrrec de batlle de Barcelona amb l’excusa de les seves maratonianes jornades de treball. El servei de menjador de l’Ajuntament reservat a l’alcalde i el seu equip es va gastar en set mesos quasi 20.000 euros.

Tanmateix, tot i el silenci amb què el departament de premsa del consistori ha respost a les reiterades peticions d’aquesta periodista d’obtenir informació sobre el personal que hi treballa, des de quan existeix i si l’alcaldessa, Ada Colau, i el seu equip utilitzen aquest servei exclusiu de menjador habitualment, EL TRIANGLE ha tingut accés a una documentació que revela que només entre els mesos de gener a juliol del 2014 la despesa va fregar els 20.000 euros. Prenent aquesta xifra com a referència i multiplicant-la pels quatre anys de mandat de Xavier Trias, la despesa total se situaria en uns 160.000 euros.

Si ja és escandalós que Trias dinés gratis tot i cobrar un sou anual de 143.000 euros i encapçalar el rànquing d’alcaldes més ben pagats de l’Estat espanyol, encara ho és més el contingut de l’exquisida cistella de la compra pagada amb els diners dels barcelonins en un context de crisi econòmica i de retallades de serveis públics. Segons la documentació que consta al Compte General de l’Ajuntament de Barcelona i que recull les factures i tiquets de les compres efectuades per aquest servei de cuina- menjador, Trias i el seu equip no van estar-se de res començant pel marisc i el peix fresc. Gambes, llagostins, llobarros, cues de rap, cloïsses, musclos de roca, calamars, lluç de palangre, sípies, filets de vedella, cabrit, xai, hamburgueses, botifarres, embotits ibèrics i pernil de gla són algunes de les delicatessen del sibarític govern de CiU.

Segons la documentació que ara es pot consultar en la Direcció de Serveis de Comptabilitat gràcies a la nova política de transparència i bones pràctiques del govern de Colau, la despesa d’aquest servei va anar incrementant-se amb el pas dels mesos i crida especialment l’atenció els 9,4 quilos de llagostins que el govern municipal es va cruspir el 2 de juliol. Durant el gener el consistori es va gastar 1.309,40 euros entre begudes (1.044,01 euros) i productes de supermercat com galetes, formatge i iogurts (265,39 euros). La resta de mesos, la despesa no va baixar dels 3.000 euros sent març el mes que va superar amb escreix els 4.000 euros. Es nota que l’equip de govern convergent seguia una dieta equilibrada per l’elevat consum de fruites i verdures que feia mensualment, tot i que també sovintegen les despeses menys saludables en pastisseria i coca-coles.

Les factures consultades també constaten que durant el 2014 Trias es va gastar més de 6.000 euros en àpats en restaurants. Els preus oscil·len en funció del nombre de comensals i van des dels 34 euros per dos menús fins els 861,30 per unes jornades de l’equip de govern celebrades el 12 de setembre que van incloure 18 esmorzars i 19 dinars. Cal destacar que en alguns casos els àpats de treball no baixaven dels 60 euros per cap i anaven acompanyats de copes de cava, i que el 2 de febrer algú es va menjar a la salut dels contribuents un chuletón d’un quilo de pes que va costar 80 euros. Pel que fa al bar d’alcaldia, des del gener fins al setembre del 2014 la despesa total va arribar als 5.386,19 euros.

Destaca l’ampli ventall de cafès i les caixes de vins i caves de marca com les 48 ampolles de Torres Atrium, les 12 ampolles de Viña Sol i les caixes de vi i cava Sumarroca i Codorniu, informa El Triangle.

Perpinyà: un referèndum d’autodeterminació és llibertat d’expressió

El tribunal de Perpinyà ha declarat en les conclusions d’una resolució anunciada ahir que la defensa d’un referèndum d’autodeterminació forma part de la llibertat d’expressió, segons que informa France Bleu. Per aquesta raó ha desestimat de dissoldre el Comitè per l’Autodeterminació de Catalunya Nord. És una gran victòria dels sobiranistes nord-catalans, perquè s’ha refusat la petició de la prefectura dels Pirineus Orientals d’il·legalitzar el grup, que havia demanat el desmantellament del poder republicà.

El prefecte va requerir l’actuació de la justícia el 2014, quan el comitè volia organitzar una consulta sobre la independència en la línia de les consultes populars que van començar a Arenys i en plena preparació del referèndum escocès i de la consulta del 9-N al Principat. A la sentència del tribunal de Perpinyà, l’estat francès ha estat condemnat a pagar 1.500 euros de despeses judicials. Si l’estat manté la voluntat de dissoldre l’entitat, la qüestió ha de ser aprovada ara en un consell de ministres del govern estatal.

Mentrestant, el Comitè per l’Autodeterminació de Catalunya Nord té l’oportunitat d’organitzar el referèndum popular tal com pretenia. El president de l’entitat, Robert Casanova, explica que encara no han decidit el calendari de la consulta, però apunta que es podria fer a principi de l’any vinent. De moment, el comitè diu que ja ha recaptat els diners necessaris per a organitzar-la —300.000 euros— amb donacions rebudes en campanyes al Principat i a Escòcia, informa Vilaweb.

La Audiencia acusa a Pujol Ferrusola de usar a su hija para blanquear dinero

La Audiencia Nacional sostiene que Jordi Pujol Ferrusola usó a su hija, Núria, para blanquear casi medio millón de euros con una donación para comprar una casa. Este es uno de los motivos que, según los jueces, justifican el embargo de sus cuentas y de su exmujer, Mercè Gironès. Ambos están imputados por blanqueo de capitales, delitos fiscales y falsedad. La sección tercera de la Audiencia confirma la decisión del juez José de la Mata de embargar las cuentas del matrimonio Pujol Gironés porque en ellas aparecen saldos por un importe de 11,5 millones de euros que han sido facturadas a empresas adjudicatarias de obras públicas en Catalunya.

Los magistrados reprochan al primogénito de los Pujol que no haya aportado facturas u otros documentos que justifiquen estos ingresos. El tribunal también señala, como prueba de la presunta actividad de blanqueo de capitales, la compra de un terreno en Palamós por un importe de 217.000 euros que fue vendido "pasados menos de tres años" por 4,8 millones de euros. Esta cantidad fue pagada por Copisa "metida de lleno en los concursos del sector público". Asimismo, los magistrados sostienen que Pujol Jr. "es el destinatario" de la "singular" compra-venta de un inmueble que adquiere su hija Nuria con el dinero que le ingresó su padre y que pertenecía a una de las sociedades.

"En definitiva"-dicen los jueces- Pujol hijo "recupera el dinero de la donación (585.000 euros)" aunque recupera 495.000 euros pues la diferencia, según los jueces, se utilizó "para pagar los impuestos de la operación". Además, la sala reprocha a Gironés que sus cuentas hayan pasado de 106.000 euros a los 12 millones de euros en apenas cuatro años. Y que los movimientos de divisas de las mismas hayan alcanzado los 22 millones de euros en entradas y los 32 en salidas. Estos movimientos no han podido ser justificados, según el tribunal. Y le recriminan que haya negado que era titular de una cuenta en Andorra cuando la investigación judicial así lo ha acreditado.

El juez José de la Mata investiga a la familia Pujol por el cobro de comisiones a empresas que lograron contratos de la administración catalana y por haber montado un entramado empresarial en paraísos fiscales para blanquear sus ganancias. El togado ha rechazado que el origen de este dinero provenga de la herencia de Florenci Pujol, padre del expresident de la Generalitat, informa El Periódico.

El caso Pujol se queda sin acusación popular y deja vía libre a Fiscalía para pactar

El caso Pujol se ha quedado sin acusación popular. Primero fue UPyD y ahora, Manos Limpias: la única acusación que se ejercerá a partir de ya es la que pueda decidir la Fiscalía, que tiene las manos libres para pactar lo que sea con la otra parte, o sea, con los abogados del clan catalán. Sebastián de Juan, el abogado que ejercía la acusación particular, y que había sido contratado por el sindicato Manos Limpias, renuncia a personarse en la causa que ahora se dirime en el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional.

El Gobierno fascista y corrupto de Rajoy pretende aprobar el 'TTIP' al margen del Congreso

El Gobierno de Mariano Rajoy lleva en funciones desde el 21 de diciembre, un día después de las elecciones generales, pero eso no le impide presionar para lograr la ratificación de un acuerdo comercial que afectará a la vida diaria de los europeos, ni tampoco para abogar por una ratificación provisional, dejando algunos aspectos por cerrar para que el CETA entre en vigor en 2017. Y lo hace sin que el Congreso de los diputados se pronuncie al respecto. Público ha accedido en exclusiva al documento que recoge la posición de la Representación Permanente de España ante Bruselas, el apéndice del gobierno español y su enlace principal ante las instituciones europeas, sobre el acuerdo comercial entre la UE y Canadá; el CETA. "Sería un golpe contra la democracia representativa".

El texto, presentado este miércoles en una reunión del Comité de Política Comercial de la UE, en el que tienen representación cada uno de los estados miembros, se deshace en elogios hacia el criticado tratado de libre comercio: "El primer acuerdo amplio y ambicioso con un país desarrollado del G8"; "Un excelente precedente para futuros acuerdos con países como Estados Unidos o Japón", según la representación española ante la UE.

El Ejecutivo en funciones pide que se firme "con la mayor rapidez" la "aplicación provisional del acuerdo", para que "pueda entrar en vigor lo antes posible (previsiblemente a principios de 2017), lo cual redundará en amplios beneficios económicos y comerciales para ambos socios", siempre según el texto. Sin embargo, cientos de organizaciones sociales y partidos políticos son menos optimistas que el Gobierno en funciones o la Comisión Europea, y llevan meses advirtiendo de que una "aplicación provisional", como pide el Ejecutivo de Rajoy, no tendría vuelta atrás. "La implantación provisional dura tres años", explica a este diario Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal No al TTIP, que asegura que esta implementación tendría lugar "sin debate parlamentario" y "sin un estudio de impacto sobre cómo afectaría a la población". "Sería un golpe contra la democracia representativa", sostiene.

Por otro lado, desde la Campaña contra el TTIP cuestionan también que un ejecutivo en funciones pueda estar legitimado para presionar y, llegado el caso, ratificar un acuerdo con las repercusiones del 'Comprehensive Economic and Trade Agreement' (CETA). "Es inaceptable que un gobierno en funciones decida sobre algo así. Incluso aunque fuera legal es ilegítimo, porque va a tocar cuestiones de política pública que afectan a las vidas de todos los españoles", apostilla Kucharz, que pide al resto de partidos políticos que presionen para que el Ejecutivo en funciones del PP cambie de rumbo.

El Comité de Política Comercial o Trade Policy Comitee orienta y controla la política comercial de la UE y cuenta con representación de la Comisión Europea. Sus actas son secretas y generalmente se reúne una vez al mes. Entre otros temas, la reunión en la que la representación permanente ha presentado la posición del Ejecutivo en funciones tenía cierto carácter preparatorio de cara al Consejo de Ministros de Comercio del próximo 13 de mayo, en el que el TTIP y el CETA tendrán un papel protagonista.

No está previsto que se adopten nuevas decisiones sobre la fecha de ratificación del acuerdo con Ottawa -prevista para finales de año-, pero sí servirá como toma de contacto a la Comisión, que ve cómo el rechazo de los europeos a estos acuerdos comerciales sigue creciendo. A pesar del silencio de la mayoría de grandes medios de comunicación españoles al respecto, el TTIP comienza a ser conocido, pero no así el CETA. Activistas, sindicatos y partidos políticos advierten que ambos forman parte de una misma lógica, y que el CETA es una suerte de caballo de Troya del polémico acuerdo transatlántico.

El documento también celebra el "éxito" que a su juicio suponen los cambios ejecutados en el mecanismo de resolución de disputas entre empresas inversoras y estados (ISDS), que permite a las multinacionales demandar a estos países por cifras millonarias de considerar afectados sus beneficios por los cambios normativos decretados por los respectivos gobiernos. Para el Gobierno en funciones, el mecanismo de blindaje de las multinacionales que incorpora el CETA, y que cuenta con aspectos del sistema ICS -la versión 'mejorada' elaborada por Bruselas-, es "más imparcial y garantista para las partes". "Es igual del peligroso que el antiguo, y esencialmente reconoce los mismos privilegios para los inversores", rebate Kucharz.

El activista asegura que existe todo un debate jurídico sobre si una implementación provisional del acuerdo permitiría a las empresas demandar a los estados ante árbitros de inversiones, y recuerda que el nuevo modelo abre la puerta a las demandas por "expectativas de beneficios". También que la ratificación del CETA permitirá a "46.000 transnacionales con filiales en Canadá" hacer uso de estos mecanismos para demandar a estados europeos. "El enfoque de la Comisión no pone fin al ISDS, sino que amenaza con encerrar a los estados de la UE en el ISDS para siempre. Será prácticamente imposible eliminar los privilegios de los inversores una vez que el TTIP y el CETA sean aprobados. De hecho, los países tendrían que salir de la UE de darse el caso", alerta.