dilluns, 6 de juny de 2016

Niños esclavos sirios hacen en Turquía uniformes para el EL

‘Niños esclavos’ de origen sirio refugiados en Turquía trabajan 12 horas al día en talleres de confección y preparan uniformes de combate para los terroristas takfiríes del EIIL (Daesh, en árabe) en la ciudad de Antioquía, cerca de la frontera siria. Según un informe publicado este lunes por el diario británico Mail Online, niños sirios tan jóvenes como de 9 años de edad se ven obligados a trabajar en un taller de explotación laboral turco. Los niños, como explica el informe, no tienen acceso a la educación y tienen que trabajar 12 horas diariamente con un pago de unos 15 dólares para poder ayudar a sus familias.
Los uniformes preparados en ese taller también llegan a manos de grupos terroristas como el Frente Al-Nusra, rama siria de Al-Qaeda, Ahrar al-Sham, y el Ejército Libre Sirio (ELS). El dueño de la tienda, Abu Zakur (originario de Alepo, noroeste de Siria) ha explicado que el EIIL pide sus uniformes al estilo afgano, pero a veces se visten con uniformes tradicionales; el Frente Al-Nusra quiere sus uniformes de verde militar; y Ahrar al-Sham y el ELS los prefiere de marrón claro.

Seguidamente, ha expresado que no tiene ningún problema con la venta de sus productos a los grupos terroristas: “No importa de dónde son mis clientes”. Y ha recordado que el negocio de la venta de uniformes militares le ha salido más beneficioso que la venta de ropa confeccionada. De acuerdo con el dueño de la tienda, el problema principal para el envío de los uniformes a Siria son los caminos, ya que “todas las carreteras en Siria y de Turquía a Siria están cerradas”.

El pasado mes de abril, el diario español El País, desveló que una empresa española había estado ofreciendo apoyo logístico al grupo terrorista EIIL mediante la confección y exportación de uniformes militares, informa HispanTV.

Stonehenge está a 220 kilómetros de su lugar de origen

El profesor Mike Parker Pearson, del Instituto de Arqueología del University College de Londres (UCL) asegura que el monumento de Stonehenge estaba en un principio a más de 220 kilómetros de su localización actual y que fueron los emigrantes galeses quienes lo trasladaron. Esta teoría, que Parker Pearson ha presentado en el Hay Festival, permite, también, comprender mejor la existencia de rocas de piedra azul en el monumento megalítico. Es un tipo de roca que no se encuentra en las canteras inglesas. De hecho, la más cercana con estas características se halla a unos 160 kilómetros de distancia, en la localidad de Pembrokeshire.
Concretamente, este científico señala que Stonehenge comenzó su 'vida' con una tumba antigua de la céltica Gales, pero cuando las tribus se movieron hacia el este, la actual Inglaterra, 500 años más tarde, se llevaron consigo no sólo sus pertenencias sino también el monumento de piedra dedicado a sus seres queridos. "Su idea de 'hacer el equipaje' era algo más profunda y significativa que la nuestra. En realidad, están moviendo su patrimonio y estas piedras representan sus ancestros", ha explicado el investigador a 'The Sunday Telegraph'. El culto a ciertas piedras sagradas o betilos era un culto atávico común a los pueblos euroasiáticos ya desde el paleolítico.

Las palabras de Parker Pearson llegan tras el trabajo de un equipo de la UCL, que ha estado buscando en el medio millón de fragmentos de hueso encontrados en Stonehenge. De ellos, el 25% corresponde a personas que vivían en el oeste de Britania, en Gales, según explica al 'Daily mail'. El científico cree que Stonehenge puede ser "el mayor cementerio del tercer milenio antes de nuestra era de todo el país", informa Diario de Mallorca.

Vídeo: 3 policías franceses haciendo el ridículo en directo

En plena campaña para demostrar que Francia es un país blindado de cara a la Eurocopa que arranca este viernes, y con los medios de comunicación mostrando a las fuerzas de seguridad ataviadas con los mejores equipos para hacer frente a un posible ataque terrorista, ha aparecido un vídeo que demuestra que no es oro todo lo que reluce. Grabado por la televisión pública francesa TF1, recoge el fracasado intento de tres policías para ayudar a los vecinos de un pueblo de la región parisina donde han sufrido los efectos de las fuertes lluvias e inundaciones récord de los últimos días. El ridículo de los inexpertos y patéticos agentes queda a la vista de todos los espectadores desde el primer momento, en el que se les ve subiendo a una endeble embarcación casi de juguete ataviados con unas palas como remos improvisados que ni siquiera saben usar.

La narración del periodista añade un toque cómico a la historia, que se está viralizando a toda velocidad en las redes sociales con más de 6 millones de visitas en algunos portales. Y es que el periodista explica con total seriedad las dificultades del agente y sus dos compañeras para conseguir cerrar una calle anegada por las aguas. Entre los tres son incapaces de atar una cuerda a un poste, ni mucho menos, de transmitir una sensación de saber lo que están haciendo. El final, como no podía ser de otra manera, es un naufragio en toda regla pero con tintes que rozan el surrealismo.

Los comentarios de los franceses se dividen entre los que consideran que no nadie debería reírse de los agentes porque al fin y al cabo están intentando ayudar al prójimo, y los que no dudan en hacer sangre del tema, preguntándose qué tipo de formación tiene la policía gala y si también serán capaces de defenderlos de posibles ataques terroristas con palas y barcas de madera, informa La Vanguardia.

BCN denuncia a la Fiscalía la gestión de Barcelona Regional por CiU

El consejo de administración de Barcelona Regional, agencia que depende del Ayuntamiento de Barcelona, ha decidido este lunes poner en manos de la fiscalía la gestión llevada a cabo en la misma empresa durante el tiempo en que CiU estuvo al frente (2011-15). El consejo, presidido por Ada Colau y en el que toman parte varios alcaldes metropolitanos y representantes del Adif, del aeropuerto y del puerto, entre otros, ha analizado la auditoría de las cuentas de este periodo. La decisión de realizar una auditoría fue tomada por el propio consejo de administración tras la aparición en EL PERIÓDICO de una serie de informaciones en las que se apuntaban presuntas prácticas irregulares a cargo del presidente de BR, Antoni Vives, y su director general, Willy Müller. La fiscalía ya empezó diligencias en algunos de los casos y, en uno de ellos, archivó la causa. Foto: A la izda.: Vicente Guallart, Xavier Trias, Willy Müller y Antoni Vives.

Sin embargo, en la Fiscalía sigue estando abierto el expediente creado a raíz del expediente informativo que realizó el ayuntamiento y que permitió, por ejemplo, detectar la presencia de dos asalariados, Antoni Miguel Cerveró, 'Leslie', y Jesús Arévalo, que a pesar de ingresar sus honorarios no quedaba demostrado que hubieran tenido relación laboral alguna con BR. Tanto el excantante de Los Sírex, y exconcejal con CiU, como el exalcalde de Cervelló (tambien de la federación) han prestado ya declaración ante la Fiscalía, según apuntan fuentes judiciales.

En la auditoría, cuyo contenido también avanzó este diario, se tildaba de “anti-económico” el destino de dos millones de euros en proyectos de BR en el extranjero. En este capital también se incluían 200.000 euros en gastos de representación. En el análisis del 56% de las facturas emitidas se encontraron gastos de alojamiento en hoteles de Moscú a 900 euros la noche, comidas en día festivo (no laborable, por tanto, en principio exento de ser abonado con la tarjeta de la agencia) e, incluso, entradas a Port Aventura por un valor de 150 euros. BR, por tanto, se abstiene de pedir un análisis jurídico de la auditoría, para ver si las prácticas podían encajar en alguna categoría penal, y deja en manos del fiscal la cuestión. Reservándose, en todo caso, la opción, más tarde, de presentar una querella contra los antiguos gestores de la agencia metropolitana.

Por parte del ayuntamiento, la quinta teniente de alcalde, Janet Sanz, ha relatado que el consejo de administración ha decidido “por unanimidad” trasladar los resultados de la auditoría a fiscalía. Sanz ha precisado que no se ha tomado por ahora la decisión de iniciar acciones legales contra los presuntos responsables en concepto de reparación de daños o depuración de responsabilidades, y que se esperará a las conclusiones de la fiscalía para decidir si se actúa judicialmente. “Ahora sabemos qué dice la auditoría pero es necesario un análisis jurídico sobre las implicaciones”, ha precisado. Sanz ha anunciado que el próximo jueves a mediodía se reunirá con representantes de los grupos del ayuntamiento para darles toda la información de la auditoría.

Después ha comparecido el exalcalde Xavier Trias, que, precisamente, ha empezado lamentando que el grupo de CiU no tenga todavía la auditoría, pese a que el viernes le envió una carta a Colau solicitándola. Trias se ha mostrado indignado y ha calificado el estudio encargado por el ayuntamiento como “una auditoría de parte, hecha por encargo, para hacer daño”. Sobre el traslado de los datos a fiscalía, se ha mostrado de acuerdo: “Está bien, que fiscalía lo estudie. Ofrecemos la máxima colaboración para aclarar qué es Barcelona Regional y para qué ha servido”. También ha insinuado que el consejo ha rechazado la posibilidad de facultar a Colau para que presentara una denuncia por las presuntas irregularidades: "Ha intentado tomar una serie de decisiones que no han podido salir adelante. Ha querido mezclar política y gestión y miembros del consejo se han negado”.

El exalcalde ha asegurado que la gestión de BR ha sido “muy buena” y que hasta cuatro auditorías previas lo confirman. También ha asegurado que si hay proyectos que no han sido rentables es porque se han abandonado, informa El Periódico.

Procesados dos expresidentes de la patronal de las pymes por cobrar sueldos opacos

Más de una década de gestión en Cepyme, la patronal de las pymes, enfila el banquillo. Un juez ha procesado a Jesús Bárcenas y Jesús Terciado -presidentes entre 2002 y 2014 de las pymes y vicepresidentes de la patronal CEOE en ese período- por cobrar de forma opaca, sin comunicarlo a los socios y sin que estuviera previsto en los estatutos. El juez considera que Terciado percibió un sueldo a través de "facturas plenamente falsas" y que ante el riesgo de ser descubierto pasó a un "aberrante" contrato de alta dirección. En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez pide a la Fiscalía y a los denunciantes que acusen, paso previo a sentar a los exdirigente de Cepyme en el banquillo por "apropiación indebida, estafa, falsedad y delito societario".

En 2014, miembros de la patronal de Salamanca, Confaes, denunciaron en el juzgado que Terciado cobraba de Cepyme a través de sus empresas aunque oficialmente el cargo no tenía sueldo. La rivalidad de Confaes con Terciado venía de antiguo. Este, natural de Ávila, fue presidente de la patronal de Castilla y León, donde ya chocó con Confaes. Durante meses, la CEOE, que es quien en la práctica tutela Cepyme (siglas de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), defendió el sistema de pagos. Consideraban que era una rencilla local que coleaba y que no tendría recorrido judicial. El presidente de Cepyme es interlocutor ante el Gobierno en el diálogo social junto a los sindicatos. No imaginaban que iba a llegar tan lejos, según fuentes próximas a alguno de los acusados.

La denuncia de Confaes cayó en el juzgado de instrucción 33 de Madrid, por el que durante dos años ha desfilado buena parte de la antigua cúpula de Cepyme. Y aunque iba contra Terciado, ha tenido víctimas colaterales importantes. La principal es el anterior presidente, Jesús Bárcenas, un empresario de Ciudad Real que lleva años alejado de los focos. El juez Tomás Martín Gil dictó el pasado 30 de mayo el auto de transformación en procedimiento abreviado. Eso supone que da por terminada la instrucción y pide a la Fiscalía que acuse. Aún cabe recurso, pero es el paso previo a sentarlos en el banquillo.

El juez sí enumera "sucintamente" lo que ha encontrado en la causa. Según este, Bárcenas y Terciado "libre y voluntariamente accedieron por elección a la presidencia de Cepyme" y "conocían o debían conocer sin duda que el cargo al que accedían no estaba retribuido con honorarios profesionales por sus servicios, manteniéndose con los ingresos de la actividad empresarial que les promovía, no incompatible en el cargo". Sin embargo, y pese a que no estaba previsto en los estatutos ni fue comunicado a los socios, "establecieron ambos y en su exclusivo beneficio una retribución personal" alegando su "gran dedicación" a Cepyme.

Bárcenas -presidente entre 2002 y 2010- recibía "una retribución directa en honorarios" y "un pago en especie por el alquiler de un vehículo de alta gama a su propia compañía". Su empresa, Jesús Bárcenas SL, recibía 64.000 euros al año en concepto de alquiler del coche, un Mercedes. Además, cobraba unos 65.000 euros al año fijos en gastos de representación y pasaba gastos, según la documentación que hay en el procedimiento. Ninguno de esos pagos fue "correctamente establecido, autorizado y percibido con conocimiento y consentimiento de los máximos órganos de dirección competentes o asociados", siempre según el juez. Bárcenas afirmó en su día que no había facturado a Cepyme a través de empresas y que tenía todo declarado al fisco.

En 2010 le sustituyó Jesús Terciado, que entonces tenía una gasolinera en Ávila y empresas de asesoramiento agrícola, ya que él es ingeniero técnico agrícola de formación. Terciado siguió cobrando de Cepyme, y lo hizo, según el magistrado, "mediante el libramiento de facturas plenamente falsas" de empresas de su propiedad. Como concepto, aparecían "trabajos de consultoría nunca efectuados". El auto califica esos justificantes como una documentación "irregular, ilícita y mendaz". En su primer año, Terciado facturó a Cepyme 103.000 euros; en 2011, la cifra ascendió a 177.000 euros, y hasta septiembre de 2012 percibió 136.000 euros. En total, Terciado facturó a Cepyme en 2011 y 2012 un total de 416.000 euros a través de dos empresas. También pasaba gastos por viajes y comidas (entre 6.000 y 18.000 euros, según el año). Era un hombre de Gerardo Díaz Ferrán y, según fuentes conocedoras de Cepyme, fue este quien autorizó los pagos, que se mantuvieron con Juan Rosell.

En septiembre de 2012, Terciado pasó a tener un contrato de alta dirección con Cepyme de 140.000 euros al año. El juez carga duramente contra los cobros de Terciado: sostiene que "ante la posibilidad de ser descubierta [la facturación falsa] fue sustituida con la elección de una onerosa y aberrante fórmula jurídica que consistía técnicamente en la celebración de un contrato de alta dirección". Según el juez, era algo "tan extraño e indebido como suponer que a un presidente electo de una entidad un alto ejecutivo de la misma le contrate como presidente y le pague por ello". En noviembre de 2014, Terciado fue obligado a dimitir por CEOE. Cuando empezó el caso, Terciado señaló en un comunicado que su retribución era correcta y que solo había seguido "la pauta de comportamiento que mantuvo la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa durante los mandatos anteriores".

Sin embargo, el juez de instrucción considera que es una "apropiación indebida" y que no se podría haber producido sin la colaboración de los últimos tres secretarios de Cepyme, a los que también plantea juzgar, ya que "realizaron todo lo necesario para su perfección y ocultamiento a los asociados". Y lo hicieron además cuando Cepyme atravesaba "una grave situación de pérdida económica". El juez termina con un tirón de orejas a la cúpula actual de Cepyme, presidida por Antonio Garamendi, que ha decidido perdonar los 1,3 millones que sus dos antecesores cobraron con este método. El magistrado afirma que es "difícil de comprender" que no reclame ese dinero, informa El Confidencial.

Frederic Ferri (Canal 9) denuncia pràctiques mafioses del PP en la cobertura de l’accident del metro

L’ex-presentador d’informatius de Canal 9 Frederic Ferri ha denunciat aquest dilluns que a la televisió pública valenciana va haver-hi ‘censura, manipulació i pràctiques corruptes i mafioses’ en la cobertura sobre l’accident del metro de València de l’any 2006, en el qual varen morir 43 persones. Durant la seva compareixença a la comissió d’investigació sobre l’accident les Corts Valencianes, Ferri, que en aquell moment era cap d’àrea d’un programa informatiu de la cadena, ha assenyalat que hi havia ordres per a no donar determinades informacions i que ‘abans que ningú digués que l’accident era imprevisible, Canal 9 ja ho estava dient’. El periodista ha apuntat a la ‘connivència’ i ‘l’ús partidista’ de Ràdio Televisió Valenciana així com a ‘un sistema viciat en el qual la informació era la corretja de transmissió per a les informacions que convenen al govern del PP’.

Preguntat en diverses ocasions pels diferents grups parlamentaris sobre qui era el responsable d’aquell ‘sistema’, Ferri ha dit que no hi havia ordres directes a l’estil militar però sí una estructura piramidal consistent en ‘situar a cada lloc la persona de la qual tu te’n refies, submisa’ i que el govern de la Generalitat Valenciana controlava aquest sistema. El periodista ha contraposat la cobertura informativa que va fer Canal 9 sobre l’accident del metro amb la de la visita del Papa. Ferri ha explicat que la cadena va abocar tots els seus recursos en la visita de Benet XVI, que va coincidir amb el sinistre, però en canvi no va desplaçar persones per realitzar directes en el moment de l’accident, tot i tenir professionals i mitjans per fer-ho.

En aquest sentit, també ha lamentat la cobertura ‘nefasta, mínima i paupèrrima’ sobre l’anterior comissió parlamentària de l’accident ‘tot i tenir els mitjans per fer-ho millor que ningú’ i que no va tallar la programació habitual per informar. ‘Determinades coses no s’explicaven, no només en el metro sinó en altres coses. Per això varem perdre la confiança dels valencians en audiència’, informa Vilaweb.