dimecres, 14 de setembre de 2016

Presidente del Parlamento libanés: el enemigo sionista es el perjudicado principal del acuerdo ruso-estadounidense sobre Siria

El presidente del Parlamento del Líbano, Nabih Berri, afirmó que el enemigo israelí es el perjudicado principal del acuerdo ruso-estadounidense sobre el cese de acciones de combate en Siria, agregando que se ha demostrado que “Israel trabajó y sigue trabajando en contra de tales acuerdos”. En declaraciones concedidas a la prensa este miércoles, el Presidente del Parlamento libanés dijo que días tras día se corrobora que el ente sionista tiene interés en la continuación de los sucesos en Siria.

Berri reiteró en varias ocasiones que la solución política es la única vía para que Siria recupere su estabilidad, y que la conspiración criminal que sufre este país vecino tiene como objetivo golpear su integridad territorial en servicio de los intereses del ente sionista.

Rusia destaca la necesidad de publicar el pacto ruso-estadounidense sobre Siria para eludir "malas interpretaciones"

La Cancillería rusa destacó este miércoles la necesidad de publicar el pacto ruso-estadounidense sobre para evitar cualquier malainterpretación al respecto. Una fuente del Ministerio de Exteriores de Rusia declaró a la agencia rusa Novosti que todos los socios en la comunidad internacional, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, deben familiarizarse con este documento y sus acuerdos anteriores para eludir cualquier mal interpretación al mismo. Asimismo consideró que este pacto cubre uno de los capítulos más complejos, difíciles y controvertidos del diálogo de Rusia con Estados Unidos.

Por otra parte confirmó que la lucha contra la organización terrorista del Estado Islámico (Daesh por sus siglas en árabe) nunca ha sido un tema de los acuerdos con EEUU, puesto que la discusión en los últimos meses se centraba en la separación entre las organizaciones terroristas y los grupos que se proclaman moderados. Según la fuente no hay discrepancias entre Rusia y EEUU sobre los esfuerzos anti Daesh, sin embargo siempre ha habido grandes problemas en cuanto al tema de la separación entre “los grupos moderados” y la organización terrorista del Frente de al-Nousra, informa SANA.

Rita Barberá se aferra al escaño en el Senado

La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha comunicado esta tarde al PP que se da de baja en el partido, pero que no renunciará a su escaño de senadora. La dirección del PP le había pedido que diera un paso atrás después de que el martes, el Tribunal Supremo abriera causa contra ella por un presunto delito de blanqueo cometido por el PP en el Ayuntamiento de Valencia. Barberá se negó en redondo a dejar de ser senadora -"Es mi escaño", les dijo-, pero sí ha decidido darse de baja en el PP. "Así me lo ha pedido el partido y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales", afirma en su comunicado. Barberá se afilió a Alianza Popular (el precedente del Partido Popular) en 1976.

Fuentes de la dirección del PP insisten en que hubiesen preferido que Barberá dejara también el escaño, pero la senadora asegura en su nota que si ha decidido "NO DIMITIR" -ella misma lo escribe en mayúsculas- es porque "lo contrario podría entenderse como una asunción de culpabilidad", informa El País.

El PP da 24 horas a Barberá para renunciar al escaño en el Senado

Rita Barberá tiene que dejar su escaño en el Senado. Así de tajante se muestra la dirección nacional del PP, que ha dado un margen a la exalcaldesa de Valencia para que sea ella quien renuncie. Un plazo que no debería pasar de las 24 horas, según las fuentes de la dirección del PP consultadas, aunque sería mejor haberlo hecho ya. Un margen porque, tras conocerse que el Tribunal Supremo ha decidido abrir una investigación penal contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales en su etapa de alcaldesa de Valencia, la dirección del PP no encontró ninguna predisposición en la exalcaldesa a renunciar al acta.

Rita Barberá: Mas de 75.300 euros de ingresos, sin contar el sueldo de senadora

Hoy era el día para volver a llamar al Departamento de Comunicación del Partido Popular en el Senado y plantear las muchas dudas sobre la declaración de bienes y rentas de la senadora Rita Barberá. Y hemos comparado los datos de 2015 con su declaración de 2013 presentada en las Cortes Valencianas, en el que interpretamos que hay cantidades netas. Pero en 2015 solo fue alcaldesa y diputada autonómica durante unos seis meses. Y si en 2013 cobró 64.115 euros netos como alcaldesa no es posible, o sí, que en 2015, por medio año cobre 46.750 euros. Otra posibilidad es que haya variado la retención. El año pasado pagó 6.313 euros de IRPF. En este formulario no hay que incluir las rentas percibidas como senadora, que lo es desde el 22 de julio de 2015. Como senadora, aunque no aparezca, está cobrando 2.813 euros brutos al mes y otros 1.823 para gastos, libres de impuestos.

Valencia: La secta católica roba 238 millones de patrimonio inmobiliario en 10 años

La catedral de Málaga o la mezquita de Córdoba han sido algunas de las inmatriculaciones (inscripción por primera vez a su nombre) que ha realizado la 'Iglesia Católica' en España gracias a la ley de Aznar que restauraba una franquista de 1946, pero no son las únicas. Sólo en la Comunidad valenciana, la secta vaticana ha aumentado su patrimonio inmobiliario en 238 millones de euros, un incremento del 38,5% gracias a colocar 99 nuevos inmuebles públicos a su nombre, muchos de ellos situados en zonas céntricas o monumentales y siendo edificios de alto valor histórico o cultural, lo que hace que se revaloricen, según datos del Catastro recogidos por el diario Levante.

En total, la secta Católica tiene en Valencia 2.419 bienes inmuebles por un valor catastral de más de 618 millones de euros, los cuales están exentos de pagar impuestos. Entre ellos se encuentran las ermitas de la Muntanyeta (Alberic) y la de la Virgen del Lluch (Alzira), además de la Fortaleza de Xàbia, todos ellos inmatriculados en los últimos años. En el caso de la Basílica de la Virgen de Valencia, su paso a manos de la Iglesia Católica no fue por inmatriculación, ya que era propiedad de la Archicofradía de la Virgen, entidad civil que decidió en 2013 ceder el templo más importante de la ciudad valenciana a Arzobispado sin nada a cambio.

La discreta práctica de inscribir propiedades a nombre de la mafia vaticana en España se trata de un derecho pensado para un estado confesional y creado en 1946 de forma legal por la antigua Ley Hipotecaria. Desde entonces, los obispos podían, como si fuesen funcionarios públicos, emitir certificaciones de dominio, inmatricular, sobre bienes inmuebles, sin tener que hacerlo público ni pagar el impuesto de transmisión patrimonial.

El boom se produjo a partir de 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar, cuando se modificó la Ley y el Reglamento Hipotecario, suprimiendo su artículo cinco que impedía realizar esta inmatriculación con edificios de culto, iglesias, catedrales o remitas. Este privilegio estuvo presenta hasta el año pasado, cuando se volvió a reformar la Ley Hipotecaria y del Catastro, eliminado la posibilidad de inmatriculaciones por parte de la Iglesia tras una cascada de denuncias por toda España de cientos de apropiaciones y robos del patrimonio nacional. La reforma, con los votos a favor de PP, UPN y UPyD, no tuvo el apoyo del PSOE por no recoger un listado detallado de todas las inmatriculaciones realizadas hasta el momento, informa El Plural.

La Catedral de Málaga, nuevo robo de la mafia vaticana

La secta mafiosa y criminal vaticana tiene inscrita a su nombre la Catedral de Málaga, dentro de la campaña de latrocinios por parte de la organización fascista que el genocida Aznar permitió con su oligárquica y nazi Ley del Suelo. La Diócesis de la secta ha confirmado este proceso de inscripción en el Registro de la Catedral y otros templos, realizado en 2011, ante la publicación de este hecho "como actualidad por varios medios de comunicación", según indican en su web.

Rita Barberá: Mas de 75.300 euros de ingresos, sin contar el sueldo de senadora

Hoy era el día para volver a llamar al Departamento de Comunicación del Partido Popular en el Senado y plantear las muchas dudas sobre la declaración de bienes y rentas de la senadora Rita Barberá. Y hemos comparado los datos de 2015 con su declaración de 2013 presentada en las Cortes Valencianas, en el que interpretamos que hay cantidades netas. Pero en 2015 solo fue alcaldesa y diputada autonómica durante unos seis meses. Y si en 2013 cobró 64.115 euros netos como alcaldesa no es posible, o sí, que en 2015, por medio año cobre 46.750 euros. Otra posibilidad es que haya variado la retención. El año pasado pagó 6.313 euros de IRPF. En este formulario no hay que incluir las rentas percibidas como senadora, que lo es desde el 22 de julio de 2015. Como senadora, aunque no aparezca, está cobrando 2.813 euros brutos al mes y otros 1.823 para gastos, libres de impuestos.

En su declaración consta que, además de cobrar del Ayuntamiento, también percibió 21.106 euros de las Cortes Valencianas y del Grupo Parlamentario Popular (en 2013 fueron 32.134 euros) y 7.496 euros de la Delegación del Gobierno ya que ella es funcionaria (en 2013 fueron 5.757 euros) ¿Casi 2.000 euros más de retribución al cabo de dos años? ¿Tanto cunde el plus de antigüedad? No aparece, como en 2013, ingreso alguno de la Autoridad Portuaria de Valencia. En ese año cobró 464 euros. El actual alcalde, Joan Ribó, renunció a esas dietas y se bajó el sueldo un 20%. Cobra unos 82.600 euros brutos anuales.

Nos hacemos estas preguntas porque, aunque haya portales de transparencia, declaraciones de bienes y rentas, te atiendan en los departamentos de prensa con buenas palabras o exista Sueldos Públicos para tocar los cojones a los políticos y a los partidos, al final quedan por despejar un sinfín de incógnitas como esta: ¿Es posible que Rita Barberá haya cobrado 75.353 euros netos el año pasado y solo haya pagado 6.313 euros en impuestos? ¿Son 75.353 euros brutos o netos? No hemos contado los 2.190 euros en concepto de rendimiento de cuentas o depósitos.

Y la llamada al PP la hemos hecho la misma mañana en que nos hemos enterado de que el Tribunal Supremo ha abierto causa a la exalcaldesa de Valencia por blanqueo de capitales en el PP de la ciudad de Valencia. Y lo hace esta instancia judicial porque la senadora es aforada pero la deja al borde de la investigación/imputación. Es el día en el que su partido le insinúa por enésima vez que su carrera política, lejos ya de la pompa de la Copa del América y de los paseos en Ferrari termina en un folio en el que aparece la palabra ‘dimisión’. Sí, la misma señora que hasta hace 15 meses era la “alcaldesa de España” y “Rita eres la mejor”, en palabras del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Es el día en el que Ciudadanos le exigen a los 'populares' apartarla de la vida pública si quieren el apoyo del partido naranja y que Susana Díaz del PSOE, o portavoces de Unidos Podemos piden la dimisión de Rajoy por su evidente responsabilidad en el caso, tanto como en el de Guindos y Soria y sus reiteradas mentiras.

Es el mismo día en el que hay que recordar que en el Ayuntamiento de Valencia solo hay un concejal en las filas del partido de la gaviota, porque los demás, ocho, están arrinconados en el Grupo Mixto involucrados todos ellos en el famoso ‘pitufeo’ de los dos billetes de 500 euros. También es el día en el que hay no podemos olvidar que no es ningún montaje lo de la financiación irregular, ni que los billetes son “fotocopias de fotocopias” como así decía el PP de los famosos papeles secretos de Bárcenas. Y sabemos que no hay mentira alguna en lo del blanqueo de capitales porque hubo cuatro asesores del partido en el Consistorio que se negaron a participar en esta chapuza para conseguir 50.000 euros más para la campaña electoral de Barberá. Luego los marginaron y no repitieron en el cargo. Y todo esto está publicado y grabado delante de un juez y no habrá informático que pueda borrar 35 veces los discos duros de estos documentos sonoros ni habrá un persona pagada a sueldo que use un martillo para destruirlos.

Es el día en el que hay que recordar que Rita Barberá, como senadora ‘rasa’ está cobrando 2.813 euros brutos al mes de asignación constitucional básica (14 pagas) y 1.822 euros, libres de impuestos de indemnización para gastos de manutención y alojamiento al ser una senadora designada por las Cortes Valencianas que vive fuera de Madrid. Y lo peor es que en la anterior legislatura estuvo varios meses sin acudir a 'calentar' el escaño, pero cobrar cobraba...

También es el día para echar la vista atrás y rescatar el salario de Barberá como alcaldesa de Valencia, más de 7.300 euros brutos al mes. Y el dato curioso de que llegó a cobrar de cuatro instituciones públicas a la vez como hemos comentado y llegó a ser el cargo público que más dinero público ingresaba en España. Por cierto, a la hora de escribir este artículo, su cuenta de Twitter seguía 'congelada' con fecha de 24 de mayo de 2015. No ha vuelto a publicar mensaje alguno, informa Sueldos Públicos.

El PP da 24 horas a Barberá para renunciar al escaño en el Senado

Rita Barberá tiene que dejar su escaño en el Senado. Así de tajante se muestra la dirección nacional del PP, que ha dado un margen a la exalcaldesa de Valencia para que sea ella quien renuncie. Un plazo que no debería pasar de las 24 horas, según las fuentes de la dirección del PP consultadas, aunque sería mejor haberlo hecho ya. Un margen porque, tras conocerse que el Tribunal Supremo ha decidido abrir una investigación penal contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales en su etapa de alcaldesa de Valencia, la dirección del PP no encontró ninguna predisposición en la exalcaldesa a renunciar al acta.

China es ya el motor mundial del sector energético

China ha pasado a ser el mayor inversor mundial en energía. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado este miércoles su primer informe sobre inversiones y destaca que después de tres años de supremacía de EEUU el gigante asiático se ha convertido en el motor del sector. Según el informe, la causa de ese cambio es el "récord de inversiones en el campo de la electricidad" en China, comparado con un descenso del capital invertido en proyectos de crudo y gas en EEUU, donde en años previos se canalizó mucho dinero a proyectos de extracción mediante 'fracking', ahora no rentables -el litro supera de coste al de venta por la OPEP e incluso al Brent- y con unos efectos desastrosos tanto medioambientales como económicos que han abierto un frente internacional contrario a estas prácticas del capitalismo salvaje y depredador.

La inversión global en energía disminuyó un 8 % en el 2015, hasta 1,8 billones de dólares, debido al descenso en proyectos de exploración y producción de gas y petróleo. La caída de los precios internacionales del petróleo ha desincentivado la inversión en grandes proyectos de extracción. La AIE, que se encarga de analizar el panorama energético para sus 29 países miembros, subraya que la ralentización de la economía china está afectando a las inversiones globales, por el descenso de la demanda de petróleo, gas y carbón.

En economías maduras como las de la Unión Europea, Japón y EEUU, el crecimiento del sector de los servicios "está rompiendo el vínculo entre demanda energética y crecimiento del producto interior bruto". Este cambio estructural se traduce en un aumento de la inversión en medidas de eficiencia energética, que alcanzó los 220.000 millones de dólares a nivel mundial en el 2015. La inversión en petróleo y gas sigue acaparando no obstante la mayor proporción de la inversión mundial, con un 45% del total, señaló la agencia al presentar su informe en Londres. La inversión global en electricidad aumentó hasta el récord de 690.000 millones de dólares, o el 37% del total, a pesar de que se registra un descenso de la demanda por la expansión de las redes de energía renovables.

La AIE alerta de que, dado que la mayor parte de la inversión se destina a sustituir activos viejos o deteriorados, "es clave que se aumente la inversión de forma sustancial para mantener la seguridad del suministro", pese a que los indicadores apuntan a una ralentización de la demanda energética, informa El Periódico.

China apuesta por la energía eólica, habiendo generado nada menos que 30.500 nuevos megavatios eólicos en un año. Eso es lo que ha instalado China en 2015, más que España en toda su historia (22.988 MW) y ha superado a Europa en potencia eólica instalada -145.100 MW frente a 141.600 MW-, arrebatándole el liderazgo mundial, según los datos del Global Wind Energy Council (GWEC). En total, se han instalado 63.013 MW eólicos en el mundo en 2015, lo que supone un aumento del 17% de la potencia acumulada, que alcanza los 432.419 MW. Junto con China, India se ha convertido en otro referente mundial.

China, líder indiscutible en energías renovables

China encabeza el ranking mundial en el aprovechamiento de las energías renovables. Centrándonos en la utilización de la energía eólica para la producción de electricidad, el balance del 2015 publicado por el Global Wind Energy Council (GWEC) confirma que el dominio chino es cada vez más abrumador. El año pasado se pusieron en marcha en China centrales o parques eólicos con una potencia instalada de 30.500 MW. Es decir, casi la mitad de los 63.013 MW de nueva potencia eólica que se pusieron el año pasado en todo el mundo correspondieron a centrales construidas en la China. El crecimiento de la potencia eólica instalada fue el año pasado del 17% a escala global mientras que el crecimiento en China fue del 22%.

El conjunto de las centrales eólicas chinas suman ahora una potencia instalada de 145.100 MW, por delante de los 141.600 MW del conjunto de la Unión Europea y los 74.471 MW de Estados Unidos. Para tener una idea de la magnitud del crecimiento de la eólica en la China basta con recordar que en el año pasado puso en marcha más energía eólica (30.500 MW) que en los 25 años de historia de la energía eólica en España (23.025 MW).

Para más desgracia para nuestro país, los datos del GWEC confirman que España no inauguró el año pasado ni una sólo instalación nueva. Es decir, que no sumó ni un sólo megawatio en todo el 2015. Esta paralización en la instalación de nuevos aerogeneradores -provocada por la negativa política energética del Gobierno central- ha hecho también que España pierda el puesto número cuatro en el ranking mundial de la energía eólica, una posición que ahora ocupa India (que el año pasado puso en marcha centrales con una potencia de 2.623 MW).

En Europa, el líder en energía eólica sigue siendo Alemania, que el año pasado sumó 6.013 MW. En la lista de nuevas instalaciones destacan también Polonia (1.266 MW), Francia (1073), Reino Unido (975 MW) y Turquía (956 MW). Entre los países europeos en los que la energía eólica está estancada, aparte de España, se encuentran países como la República Checa, Bulgaria, Rumania y Malta.

Samir Amin: "China es hoy el único país del mundo que tiene un proyecto soberano"


Puedo resumir mi punto de vista sobre la situación de la economía moderna de la manera siguiente: Hemos estado inmersos en una crisis sistémica prolongada del capitalismo que empezó en 1975, con el fin de la convertibilidad del dólar en oro. No se trata solamente de la crisis financiera de 2008. Se trata de una crisis sistémica prolongada del capitalismo monopolista que empezó hace 40 años y que continúa. Los capitalistas reaccionaron ante la crisis con una serie de medidas. La primera fue fortalecer la centralización del control sobre la economía. Una oligarquía está dominando todos los países capitalistas: Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña y también Rusia. La segunda medida era convertir todas las actividades productivas económicas en subcontratas del capital monopolista. Con esto quiero decir que no hay ni siquiera un ápice de libertad. La competición es sólo retórica, no hay competición realmente. Hay una oligarquía que está controlando todo el sistema económico. Ahora nos estamos enfrentando a un frente unido de las potencias imperialistas que conforman un imperialismo colectivo de la Tríada.

De Pili Zabala a Olano: los patrimonios de los muy ricos candidatos vascos

La primera gran polémica electoral ha sido para la candidata de Podemos a lehendakari, Pili Zabala (foto), y no por su mensaje político sino porque la candidata "progresista" a Ajuria Enea se ha visto obligada a salir al paso de la fuerte controversia generada en las redes sociales y la coalición al conocerse que vive en una casa que cuesta en torno a un millón de euros. A través de un vídeo en su cuenta personal de Twitter, ha justificado la adquisición de su vivienda de lujo de Zarautz como una “inversión a futuro en mi familia” con la indemnización que recibió a raíz de un accidente de tráfico en el que sufrió la amputación de dos falanges de la mano derecha. “La vida me deparó una desgracia en forma de accidente”, comienza la dirigente de Podemos, y explica que “al ser odontóloga, diestra y joven, consideraron que me tenían que indemnizar porque había perdido la forma de ganarme la vida”. Markel Olano (PNV) tiene cinco viviendas, cuatro garajes, dos trasteros, un terreno y un manzanal. El PNV se ha negado en el Parlamento vasco a que se tengan que hacer públicas las declaraciones de bienes.

La polémica surgida por la casa de lujo de Zabala ha resucitado en la campaña electoral vasca el debate sobre las propiedades de los cargos políticos e institucionales. Las voces se dividen entre los que opinan que es necesario dar cuenta del patrimonio en aras de la transparencia y los que defienden que esta cuestión pertenece al ámbito privado y no se deben dar explicaciones por los bienes personales. Entre los candidatos a lehendakari en las elecciones vascas del 25-S, es público el patrimonio de los aspirantes del PSE, Idoia Mendia, y del PP, Alfonso Alonso.

La dirigente socialista da cuenta de su declaración de bienes en la página web del PSE, que recoge el patrimonio de algunos cargos del partido (14 en total) en aras de la transparencia. En la misma, la líder de los socialistas vascos afirma poseer una vivienda por un valor catastral de algo más de 500.000 euros en Vizcaya y otras dos casas y un garaje al 50% en nuda propiedad en este territorio fruto de una herencia. Su salario como parlamentaria vasca ascendía la pasada legislatura a 3.193 euros netos mensuales. Por su parte, el presidente de los populares vascos tuvo que dar a conocer su patrimonio en 2011 a raíz del histórico acuerdo en las Cortes generales que llevó a los diputados y senadores a tener que hacer pública por primera vez su declaración de bienes, renta y actividades. En función de esta información, Alonso cuenta con dos inmuebles en Álava, una casa adquirida en 2003 y un piso de su propiedad desde mayo de 2011.

De los candidatos nacionalistas no hay información de sus bienes e intereses. El lehendakari y aspirante a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu, no ha hecho público su patrimonio. Sí se conoce su retribución como presidente vasco y que este año alcanza los 98.494 euros brutos tras aplicar una subida del 1% en relación al salario de 2015. Al margen de estas cifras oficiales, la formación ‘jeltzale’ se ha negado en el Parlamento autonómico a que los miembros de la Cámara de Vitoria hagan públicas sus declaraciones de bienes. El representante de UPYD, Gorka Maneiro, ha planteado sin éxito esta pasada legislatura modificar el reglamento para establecer la obligación de que el patrimonio de los parlamentarios sea público. De este modo, los integrantes del hemiciclo no tienen que rendir cuentas de sus bienes.

Algunos cargos nacionalistas no tienen reparos en reconocer que no quieren que se conozcan sus bienes. Es el caso, por ejemplo, de la exparlamentaria vasca y actual portavoz ‘jeltzale’ en las Juntas Generales de Guipúzcoa, María Eugenia Arrizabalaga, que se ha posicionado abiertamente en contra de esta medida. “Que la gente tenga que pasar por las instituciones siendo representante de la voluntad popular y dando cuenta de su patrimonio no lo he visto nunca y sigo sin verlo”, ha aseverado. Incluso ha llegado a apelar al hecho de que la “cultura tradicional vasca ha sido bastante discreta con lo que cada cual tiene y deja de tener” para rechazar un ejercicio que se enmarca en la transparencia.

Sí se conoce, en todo caso, el patrimonio que acumulan los cargos institucionales del PNV en las tres diputaciones vascas, al estar obligados a ello por normas aprobadas en las cámaras provinciales. Quien acumula un mayor patrimonio es el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, que posee participaciones en cinco viviendas, cuatro garajes, dos trasteros, un terreno y un manzanal. En su declaración de bienes e intereses publicada en el Boletín Oficial de Guipúzcoa el pasado 19 de enero, el regidor ‘jeltzale’ asegura disponer de una vivienda al 100% de participación con un precio de adquisición de 372.000 euros, otra al 67% con un coste de 147.400 euros y una tercera al 33% por un valor de 80.000 euros. Asimismo, tiene una casa adquirida al 20% por 72.000 euros y una quinta vivienda con el 4,76% con un valor catastral de 6.666 euros.

Este es el elevado patrimonio que acumula Olano, quien, paradójicamente, llegó a presidir la Diputación de Guipúzcoa en el año 2007 después de que el candidato inicial del PNV a diputado general, Jon Jáuregui, renunciara a liderar la plancha electoral del partido tras salir a la luz su extensa lista de bienes materiales. Su marcha permitió el sorpresivo salto de Olano, que fue elegido por el presidente del partido en este territorio, Joseba Egibar, a pesar de que no tenía ninguna experiencia institucional (ni siquiera había sido concejal).

Una propiedad inmobiliaria menos que Olano (cuatro) posee el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), todas en Vitoria y por un valor catastral total de 580.000 euros. Una de ellas es al 100% y las restantes al 50%, según reflejó el pasado año el Boletín Oficial de este territorio, que hizo públicas las declaraciones de bienes e intereses de los miembros del Gobierno foral, integrado por el PNV y el PSE. También tiene cuatro inmuebles otro cargo ‘jeltzale’ en el Ejecutivo alavés, José Luis Cimiano, responsable de Hacienda, mientras que su compañero de partido Eduardo Aguinacoa, titular de Agricultura, tiene tres propiedades inmobiliarias. El elevado patrimonio que acumulan en general los cargos institucionales del PNV contrasta con el listado de bienes del diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, que en la declaración que realizó nada más llegar al poder aseguraba poseer una única vivienda en su Mundaka natal.

Igualmente, las declaraciones de bienes de los integrantes socialistas en los gobiernos forales en coalición son más reducidas. Así, por ejemplo, el número dos de la Diputación de Guipúzcoa, Denis Itxaso, posee una única vivienda en propiedad al 100% por un valor catastral de 154.000 euros. Por su parte, la teniente de diputado general en Álava, Cristina González, tiene dos bienes inmuebles por un valor de 380.000 euros.

No han hecho públicas sus posesiones los candidatos de EH Bildu a las elecciones vascas. Inhabilitado su líder, Arnaldo Otegi, que sigue ejerciendo en campaña de aspirante a lehendakari a pesar de que no ocupará escaño en el Parlamento vasco (aunque podría acceder a la Cámara de Vitoria como asesor del partido), la coalición ‘abertzale’ tiene a tres mujeres al frente de las planchas territoriales, su actual portavoz en el Ayuntamiento de Álava, Miren Larrion, que ejercerá el liderazgo en ausencia de Otegi, y las periodistas de EiTB Jasone Agirre (Vizcaya) y Maddalen Iriarte (Guipúzcoa).

Tampoco ha dado a conocer su patrimonio la candidata de Podemos, que ha visto cómo se conocía el elevado precio de su casa a raíz de la emisión el pasado día 5 de septiembre en la televisión pública vasca de una entrevista realizada en el hogar familiar para mostrar su faceta más íntima. Los espectadores constataron que la vivienda forma parte de un complejo residencial de lujo en Zarautz, cuyo precio oscila en torno al millón de euros. En el vídeo, argumenta que la indemnización del accidente de tráfico fue “invertida” en la vivienda de esta localidad costera guipuzcoana para que sus dos hijos vivan “rodeados de naturaleza” y su madre pueda “tener un lugar para poder vivir rodeada de los suyos en armonía y cariño”. Zabala confía en que estas explicaciones sean “suficientes” y den por “zanjada” la polémica. “Creo que toda persona lo sabrá entender”, informa El Confidencial.

El juicio de la jefa del FMI por corrupción, en diciembre

La directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, será juzgada a partir del 12 de diciembre por negligencia en la gestión de una indemnización millonaria al empresario Bernard Tapie cuando era ministra francesa de Finanzas, anunció hoy el Tribunal de Justicia de la República. El proceso ante este organismo, el único habilitado en Francia para juzgar a miembros del Gobierno por el ejercicio de sus funciones, se prolongará durante varios días y, según la emisora France Info, podría durar hasta el 20 de diciembre. En julio pasado, el Tribunal Supremo de Francia rechazó el recurso de Lagarde y confirmó que tendrá que sentarse en el banquillo.

La Corte de Casación había decidido anular el arbitraje decretado por Lagarde cuando era ministra del entonces presidente Nicolas Sarkozy para solventar el contencioso entre el Estado francés y Bernard Tapie por la venta de Adidas en 1994 al banco Crédit Lyonnais, en aquel momento de titularidad pública. Por ese arbitraje, el Estado tuvo que indemnizar al empresario, próximo a Sarkozy, con 404 millones de euros, con el argumento de que Crédit Lyonnais habían conseguido una plusvalía exagerada gracias a Adidas. Lagarde, titular de Finanzas de 2007 a 2011 y que inició en julio su segundo mandato al frente del FMI, fue imputada por considerar que actuó de forma negligente al recurrir al arbitraje, lo que benefició a Tapie, en lugar de dejar actuar a la justicia ordinaria.

En este caso también están imputados, entre otros, el que fuera su jefe de gabinete en 2007 y actual presidente del operador de telecomunicaciones Orange, Stéphane Richard, y el propio Tapie, por "desvío de fondos públicos" y complicidad, informa Público.

El exdiputado Rafael Rubio (PSPV), imputado por los contratos en Imelsa

La apertura de una causa penal a Rita Barberá no fue la única novedad que generaron ayer las numerosas piezas judiciales del caso Imelsa. El juez acordó la citación como investigado de Rafael Rubio, quien fuera candidato a la alcaldía de Valencia y diputado autonómico y provincial. Se trata de uno de los referentes del PSPV en la ciudad que ahora se ha visto salpicado por las irregularidades en la empresa pública. Su imputación está relacionada con las presuntas indicaciones que dio para que se realizaran determinadas contrataciones de personal en Imelsa. La sociedad dependiente de la Diputación pagaba la nómina pero, en realidad, no desempeñaban ninguna labor allí. No es el único alto cargo implicado en este asunto. También acudirán al juzgado el próximo 7 de octubre el exdiputado socialista Raúl Pardos y el exdiputado del PP, Salvador Enguix. Un exasesor de las Nuevas Generaciones del PP, igualmente deberá comparecer en la misma sala.

Mejor suerte corrieron ayer el exdirigente de la UGT investigado por cobrar más indemnización de la que le correspondía. Honori Estornell ya no está imputado. La causa también se sobreseyó para su hijo. Sus explicaciones convencieron al juez quien en un reciente auto ya avanzaba que archivaría la causa salvo sorpresa monumental en la última comparecencia de Marcos Benavent. El instructor concluye que no existen indicios de una «conducta malversadora» y que tampoco existió un pacto con el hijo «para enriquecerse personalmente» a raíz del despido del progenitor. El exdirigente de la UGT sí negoció más dinero en la indemnización a cambio de no llevar su despido a los tribunales. Censura, no obstante, el hecho de que el sindicalista pudiera exigir la contratación de determinadas personas a cambio de su salida de la sociedad, aunque esta reproche no entraría en el ámbito de lo penal.

También recibieron buenas noticias tres investigados en la pieza del amaño del call center. El magistrado anunció ayer el archivo de la causa para Enrique Grau, exdirector jurídico de Imelsa y secretario de la mesa de contratación, el exdirector Financiero y vocal de la mesa de contratación, José Enrique Montblanch, así como el también vocal de la mesa de contratación y exjefe de la Unidad de procesos masivos tributarios de la empresa. El magistrado consideró que sus argumentos fueron precisos y coherentes y coinciden, además, con información que ya consta en la causa. Por tanto, los indicios contra los directivos se han debilitado y sería excesivo que siguieran bajo la condición de investigados, según la resolución judicial, informa Las Provincias.

El PP da 24 horas a Barberá para renunciar al escaño en el Senado

Rita Barberá tiene que dejar su escaño en el Senado. Así de tajante se muestra la dirección nacional del PP, que ha dado un margen a la exalcaldesa de Valencia para que sea ella quien renuncie. Un plazo que no debería pasar de las 24 horas, según las fuentes de la dirección del PP consultadas, aunque sería mejor haberlo hecho ya. Un margen porque, tras conocerse que el Tribunal Supremo ha decidido abrir una investigación penal contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales en su etapa de alcaldesa de Valencia, la dirección del PP no encontró ninguna predisposición en la exalcaldesa a renunciar al acta.

Para la dirección nazi del PP Barberá debería darse cuenta de que no se está jugando sólo su futuro político, sino el del PP y el de Mariano Rajoy y sus posibilidades de ser presidente del Gobierno. Los franquistas saben que el mantenimiento del pacto con Ciudadanos, y más después del caso Soria y su demanda del cese del embustero Guindos hoy por sus mentiras de ayer, requiere la renuncia de Rita Barberá a su acta de senadora, y no van a hacer nada que ponga en peligro esta posibilidad, según fuentes de la organización fascista.

El PP quiere que sea la propia Barberá quien de forma voluntaria deje el escaño, para darle una salida digna -como si eso fuera posible en alguien que ha vivido robando y mintiendo 40 años-, y la decisión ha de ser rápida, pues los franquistas no podrán soportar la presión de Ciudadanos mucho tiempo. Así que si la exalcaldesa se mantiene en sucobardía indecente y no renuncia al acta, la dirección del PP hará lo mismo que con los demás concejales del PP en Valencia: abrirle expediente informativo y suspenderla de militancia. Las fuentes consultadas recuerdan que ya entonces se afirmó que lo que se hizo con los concejales se le aplicaría a Barberá si el Supremo la imputaba. Aún no está oficialmente investigada, falta que el Supremo pida el suplicatorio, pero a efectos políticos es equiparable.

Si Barberá abandonara su escaño y renunciara a ser aforada, la dirección del PP renunciaría a abrirle expediente y no la suspendería de militancia, por entender que se habría asumido la responsabilidad política. Los franquistas no tienen tan claro que la exalcaldesa dé su brazo a torcer, y si no lo hace actuarán, dicen. Rita Barberá es una hipócrita, falsa y manipuladora fascista que ayer recibió el que podría ser el último y certero golpe que logre apartarla de la vida política, tras 40 años de corrupta actividad en el PP español y valenciano a costa de sobornar, comprar y conspirar con una manada de ladrones y corruptos a dedo amparándola y rodeándola. Ese puede ser el efecto de la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa penal contra ella en el caso Taula.

La decisión del Supremo era esperada desde que la Fiscalía del tribunal solicitó en julio que se abriera causa y se designara un instructor. Se cumple así el penúltimo paso procesal para interrogarla desde que el juez de Taula, Víctor Gómez, elevara una exposición razonada al alto tribunal al ser Rita Barberá aforada. El juez sospechaba que la exalcaldesa de Valencia había participado en la operación de blanqueo de capitales para financiar la campaña de las elecciones locales del PP valenciano del 2015. También se investigan ingresos anónimos detectados desde 2002 hasta 2011 por importe de 317.050 euros

Rita Barberá es una embustera tan fascista como compulsiva. Y así lo ha demostrado desde que estalló el caso Taula y se inició la instrucción de un proceso en el que han sido imputadas más de cincuenta personas. Entre estas, todos los concejales populares del Ayuntamiento de Valencia menos uno; así como asesores y trabajadores del partido. Todos tropa fiel y disciplinada de la exalcaldesa. Ella ha resistido, de momento, y lo ha negado todo, ante la opinión pública y ante el juez; mientras todo el equipo que la ha acompañado casi un cuarto de siglo ha pasado por el juzgado. El caso Taula investiga si estos concejales, asesores y trabajadores realizaron donaciones en blanco de 1.000 euros que les fueron devueltas en negro en billetes de 500 euros. Dinámica conocida como pitufeo, por el color azul de los personajes de estos dibujos animados, como los billetes de 500.

El Tribunal Supremo, que ha designado como instructor al ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asumido la hipótesis del juez instructor del caso Taula. El juez razonaba en su petición que si todo su equipo era investigado por las donaciones al partido, ella debía serlo también. Rita Barberá tenía, además, “una posición como superiora jerárquica” sobre el resto de políticos y trabajadores. Principalmente sobre María del Carmen García Fuster, imputada, de la máxima confianza de la exalcaldesa.

El instructor valenciano entendía también que las alegaciones realizadas por Rita Barberá no eran suficientes para clarificar los hechos. “Las alegaciones efectuadas por la aforada no introducen en su relato hechos que permitan atribuir una relevancia excluyente de su posible implicación, en relación y contraste con el resultado de lo instruido”, señalaba. A favor de la alcaldesa quedan los testimonios de los testigos: ninguno la ha vinculado directamente con la operación. Desde el punto de vista procesal la imputación se da por hecha, pero políticamente hay incógnitas, aunque el PP valenciano también daba ayer por acabada la carrera de su figura más relevante durante décadas, informa La Vanguardia.

El TS investiga a Rita Barberá por blanqueo de capitales

El Tribunal Supremo ha abierto causa contra la senadora y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por el presunto delito de blanqueo de capitales que ha llevado al juzgado a nueve concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia y al propio Partido Popular. La sala de admisión del Supremo ha tomado en consideración la petición de la Fiscalía y del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que solicita que Barberá responda tras las investigaciones de la UCO que hasta el momento arrojan indicios suficientes como para investigarla por blanqueo en el seno del grupo municipal popular.

Sólo dos años de cárcel para los que hundieron Novacaixagalicia

El Tribunal Supremo ha confirmado este martes las penas de prisión de dos años de cárcel para cinco exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) por el cobro indebido de sus prejubilaciones millonarias. Los condenados son José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodriguez Estrada (los tres para los que se prepararon las prejubilaciones millonarias, ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente) y Julio Fernández Gayoso (expresidente de Caixa Nova) y el asesor jurídico Ricardo Pradas Montilla, condenados a la misma pena como cooperadores necesarios del delito. En una nota, el Supremo aclara que se trata de las indemnizaciones por prejubilación y otros conceptos que sumaban 22 millones de euros, que exdirectivos de la entidad se concedieron a sí mismos modificando en 2010 sus contratos de alta dirección.

En aquel momento, ya se había iniciado el proceso de fusión bancaria que dio lugar a dicha entidad y se habían reclamado 1.162 millones de euros al FROB para superar la situación de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse (Caixa Nova y Caixa Galicia). Sobre la pena de 2 años de prisión impuesta, el Supremo la tacha de "desproporcionada" pero no por su exceso al alza como alegan las defensas, "sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas", aunque el alto tribunal destaca que no puede establecer nuevas penas que incrementen las establecidas por la Audiencia Nacional en la instancia, al no haber sido cuestionada al alza la sentencia en ese extremo, aparte de los límites que impone el principio acusatorio.

La "llamativa lenidad" de las penas, para el Supremo, se deriva de que la suma de dinero apropiada superó de forma extraordinaria los 50.000 euros que el Código Penal fija como subtipo agravado del delito, ya que Pego mejoró su contrato en 7 millones de euros, Gorriarán en 4 millones, y Rodríguez Estrada en 225.400 euros. A ello hay que sumar que los dos primeros intervinieron en la administración de Caixa Nova, que había quedado en serias dificultades de viabilidad y práctica insolvencia, de modo que para hacer viable la fusión bancaria en la que se incluyó el FROB tuvo que aportar más de 9.000 millones de euros del erario público.

Anticorrupción permite al evasor Carceller mantener su cargo en una empresa participada por el Estado

El pacto de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado con los poderosos empresarios Demetrio Carceller Coll y su hijo Demetrio Carceller Arce ha permitido a ambos multimillonarios librarse de pisar la cárcel a cambio de pagar una multa de 93 millones de euros pese a ser responsables de "uno de los casos de mayor importe de fraude fiscal cometidos en España", según la propia Fiscalía. El acuerdo ha proporcionado además a Carceller Arce una coartada perfecta para seguir gestionando las empresas en las que participa con toda tranquilidad. Entre ellas está el grupo alimentario Ebro Foods, del que es consejero desde 2010 y vicepresidente no ejecutivo desde mayo de 2012. Carceller tiene a través de Damm (la cervecera que preside) una participación (10%), similar a la del Estado español (10,36%), que participa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta entidad está adscrita al Ministerio de Hacienda.

El fiscal inicialmente le acusó de blanqueo, delito por el que tendría que haber renunciado a sus puestos en, entre otras, Damm, Disa, Cacaolat, Sacyr, Gas Natural y la propia Ebro que, por su condición de cotizada, debe rendir cuentas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la reciente condena a su vicepresidente, explicaba en su último informe de Gobierno corporativo que su consejo de administración había decidido “con su abstención" que "no procede adoptar decisión o iniciativa alguna en este asunto” por considerar que la causa, entonces pendiente de sentencia, “no guarda relación alguna con la Sociedad ni afecta a su actividad”.

La SEPI, que tiene un representante en el consejo de Ebro (Concepción Ordiz Fuertes, secretaria general del hólding público), no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre cuál es su posición sobre la continuidad de Carceller en ese órgano, en el que se sientan, entre otros, José Antonio Segurado, fundador de CEOE y exvicepresidente del PP, con la calificación de "independiente". Una portavoz del grupo alimentario insiste en que este “es un tema que no concierne a Ebro Foods, sino a la familia Carceller”. “La empresa sabe el procedimiento que tiene seguir e informará en tiempo y forma sobre la decisión correspondiente” tras la sentencia, zanja.

A sus 54 años, Carceller Arce, nieto del que fuera ministro de Industria en la dictadura franquista, Demetrio Carceller Segura, ha sido condenado por la sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a penas de 13 meses y quince días de prisión como “cooperador necesario” de cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Pero, tras el acuerdo con Anticorrupción y la Abogacía del Estado, las penas de cárcel han sido sustituidas por multas que suman algo más de 4 millones de euros.

La clave para su futuro como administrador de sociedades es que el multimillonario ha sido absuelto del delito de blanqueo de capitales que figuraba en el escrito de acusación del fiscal, que pedía para él “inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por un plazo de dos años”. Gracias al pacto con la Fiscalía, ha esquivado una posible condena por ese delito y, con ello, las prohibiciones para ser administrador que establece la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 213, explican fuentes jurídicas. La ley dice que no pueden administrar sociedades “los judicialmente incapacitados” y “los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico”, entre otros supuestos.

Al esquivar la inhabilitación, Carceller Arce podrá así continuar en el cerca de medio centenar de sociedades en las que está presente como administrador en España. Entre ellas, algunas de las mayores empresas del país y varias cotizadas, como Ebro. Entre las no cotizadas están Disa, la mayor petrolera de Canarias, de la que es presidente, al igual que en Damm y en Cacaolat. Es en las empresas cotizadas donde su situación es más conflictiva, por las teóricas salvaguardas que deben guardar los administradores de estas compañías en caso de ser condenados por delitos económicos.

Carceller Arce es también vicepresidente, consejero y máximo accionista (13% de forma directa y otro 2% de forma concertada con otro socio) de la constructora Sacyr, que en su último informe de Gobierno corporativo señalaba que, ante la causa penal abierta contra él, su consejo de administración “estimó que no procedía adoptar medida alguna” por este caso. “El Consejo tuvo en cuenta la debida presunción de inocencia predicable de todo imputado y que la naturaleza de los hechos que se le imputaban se circunscribía a un ámbito familiar”. El código ético de Sacyr, que en teoría aplica entre otros a los consejeros del grupo, prohíbe “terminantemente” cualquier actuación “que pueda ser constitutiva de infracción penal, civil, mercantil, administrativa o tributaria”. A preguntas sobre este asunto, Sacyr no hace comentarios.

Carceller es también consejero de Gas Natural Fenosa a propuesta de su accionista Repsol. La gasista es la única compañía que, tras la sentencia, parece dispuesta a prescindir de él, aprovechando la reciente desinversión de parte del paquete de Repsol en su capital, que va a reducir la presencia de la petrolera en su consejo de administración, informa eldiario.es.

Los Carceller evitan la cárcel pagando 93 millones

La cuota, la multa y los intereses. En total, 93 millones de euros. Es la cantidad que el nonagenario empresario Demetrio Carceller Coll (foto) y su hijo, Demetrio Carceller Arce, propietarios entre otras empresas de la cervecera Damm, del 13% del capital del gigante de la construcción Sacyr y de la petrolera Disa, se han comprometido a pagar este lunes en la Audiencia Nacional para evitar la cárcel. El fiscal acusaba al padre de 13 delitos contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales que le habrían acarreado una pena de 48 años de prisión. Para el hiijo, que es actualmente el que está al frente del negocio familiar, el Ministerio Público solicitaba otros 14 años como cooperador necesario de las defraudaciones tributarias del padre. Ninguno de ellos acabará entre rejas.