diumenge, 22 de maig de 2016

Ehud Barak: Israël est "infecté par les germes du fascisme"

Israël est "infecté par les germes du fascisme", a déclaré l'ancien Premier ministre israélien et ministre de la Défense Ehud Barak, lors d'une interview télévisée. Réagissant à la démission du ministre de la Défense Moshe Yaalon plus tôt dans la journée, Barak affirmé dit que celle-ci devait constituer "une alerte par rapport à ce qui se passe au sein du gouvernement". "Le maintien du sionisme et les graines du fascisme ne peuvent pas évoluer ensemble", a déclaré Barak aux journalistes de la chaîne israélienne Arutz 10.

La démission de Ya'alon est "la fin d'une chaîne qui a commencé avec le cas du soldat (accusé d'avoir achevé un assaillant palestinien qui ne semblait plus poser de danger, ndrl)", a déclaré Barak, qui a ajouté que "ces incidents nous donnent une image aux rayons X qui est opposée à la volonté du peuple". "Ce qui est en train d'arriver est une prise de contrôle hostile du gouvernement israélien par des éléments dangereux. Et ce n'est que le début", a-t-il dit.

Pour illustrer sa position, Barak s'est référé aux lois promues par les membres de la coalition, notamment celle prévoyant de lever l'immunité parlementaire des membres de la Knesset qui auraient soutenu le terrorisme, ou encore au projet de loi visant à imposer la loi israélienne aux Israéliens vivant en Cisjordanie. "Ce gouvernement doit tomber avant qu'il nous amène à la catastrophe", a ajouté Barak. "Il n'y a plus aucun leader sérieux dans le monde qui croit en ce gouvernement israélien", a-t-il renchéri.

Par i24news

Toussaint: “El 65% de la deuda pública española es ilegítima, contra el interés general”

Los españoles se despertaron el pasado martes con otro récord histórico: los 1,095 billones de euros que deben las administraciones equivalen a la mayor deuda pública del último siglo. Por primera vez supera el 100% del PIB; es decir, el Estado debe más de lo que el país produce. Así que no puede ser más oportuna la visita de Éric Toussaint, portavoz de la red internacional del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), que este sábado viaja a Santiago de Compostela, invitado por Alternativa Galega de Esquerda, los grupos políticos que integran la coalición gallega En Marea.

PREGUNTA. En 2007 España no tenía un problema de deuda pública –sólo equivalía al 35,5% del PIB–, pero desde entonces ésta no ha dejado de crecer y ya ha superado el 100% del PIB, el nivel más alto desde 1909. ¿Qué ha ocurrido para alcanzar ese registro histórico y qué consecuencias tiene un nivel tan elevado de endeudamiento para la economía de los ciudadanos?

RESPUESTA. La explosión de la deuda es el resultado de la crisis hipotecaria y de la manera que se ha escogido para salir de la crisis, socializando las pérdidas del sector privado. Las decisiones del Gobierno de [José Luis Rodríguez] Zapatero y después la política del PP hicieron explotar la deuda pública y las políticas de austeridad tanto de Zapatero en 2010 como de Rajoy después han provocado un crecimiento económico muy bajo y reducido los ingresos fiscales, por lo que, para equilibrar el presupuesto, se ha hecho necesario aumentar la financiación vía más deuda. En fin, es la resultante de las políticas neoliberales llevadas a cabo tanto por el PSOE como por el PP.

Y tiene consecuencias muy perjudiciales para la población española, aunque la ciudadanía no se dé cuenta necesariamente de que la degradación de sus condiciones de vida tiene que ver con el tipo de manejo de la deuda pública. Pero la relación es clara. La necesidad de limitar el déficit fiscal por imposición de Bruselas y de tener superávit primario hace que los gobiernos fomenten la austeridad, lo que a su vez se traduce en menos inversiones públicas en infraestructuras, en salud pública, y en educación, también en un aumento de los impuestos… Se trata de una política, además, que tiene aspectos contradictorios. Los gobiernos aumentan la deuda pública y, a continuación, dicen a los ciudadanos que es tan elevada que necesitan implementar políticas de austeridad, como si ellos no fueran los responsables. Intentan aplicar una narración totalmente mentirosa: culpan al gasto público del aumento de la deuda. Pero no es el gasto social el problema, sino el gasto para pagar la deuda.

P. ¿Y que debería hacerse ahora para evitar que siga desbocándose la deuda pública?

R. Una propuesta integral y coherente que incluya cuatro puntos. Primero, hacer una auditoría de la deuda para determinar la parte que es ilegítima. Y, a partir de sus resultados, tomar fuertes medidas para hacer pagar a quienes se beneficiaron de la socialización de las pérdidas bancarias. Me refiero a los bancos españoles y extranjeros, que son los mayores acreedores de la deuda pública y, al mismo tiempo, los responsables de su aumento. Ellos tienen que pagar la factura.

Segundo, hay que reorganizar el sector bancario. Hace unos días firmé con políticos, economistas e intelectuales un documento a favor de la socialización del sector financiero [¿Qué podemos hacer con los bancos? Medidas inmediatas para ir hacia la socialización de la banca, junto con Marina Albiol (IU), Miguel Urbán, (Podemos), el economista francés Michel Husson, entre otros]. Preferimos hablar de “socializar” y no de “nacionalizar”: al servicio de la sociedad y bajo el control organizado de la ciudadanía, no del Estado, a través de mecanismos locales de transparencia obligatoria de las entidades bancarias.

Tercero, otra política de impuestos que haga pagar a quienes se beneficiaron de los regalos fiscales de los últimos 15 años y que se beneficiaron de la crisis. Ellos tienen que pagar más impuestos, mientras se reducen los impuestos al consumo y la actividad de la mayoría de la población, que tiene ingresos bajos o moderados. Y el cuarto punto debe ser una política de creación masiva de empleos, que incluya una reducción de tiempo de trabajo.

P. ¿Cómo se hace una auditoría de deuda? ¿Qué porcentaje de la deuda pública española podría ser ilegítima?

R. La deuda del Estado español antes de 2006 era muy baja y ahora alcanza niveles históricos. Para mí, la diferencia entre la deuda de 2006 y la actual es deuda ilegítima, porque fue contratada para favorecer el interés particular de una minoría privilegiada de banqueros, extranjeros y españoles. Una deuda ilegítima es la contratada contra el interés general. La auditoría tiene que analizar por qué aumentó la deuda, quién se benefició de ese crecimiento y después sacar conclusiones. La hipótesis que acabao de hacer sobre la deuda española debe ser comprobada después a través de un proceso de auditoría organizado por la ciudadanía. Y, si llega un Gobierno que quiera realmente romper con las políticas neoliberales, tendrá que lanzar una comisión de auditoría, también con participación ciudadana, como se hizo en Ecuador a partir de 2007. Por eso, en la campaña del 26-J sería importante que los candidatos explicaran a la gente qué es una auditoría y por qué es un asunto fundamental.

P. Hace sólo unos días estuvo en España un economista australiano, Bill Mitchell, para presentar su último libro, La distopía del euro, donde defiende que los países del sur de Europa vuelvan a sus antiguas monedas. Yanis Varufakis también acaba de presentar un libro, Y los débiles sufren lo que deben, donde sostiene la opinión contraria: Grecia, también Reino Unido, deben permanecer en la zona euro. ¿Cuál es su opinión: dentro o fuera?

R. Creo que países como Portugal, España o Grecia tendrían que salir de la eurozona. Lo que debería ser el resultado de una decisión consensuada por la mayoría de la población. A diferencia de Francia, Alemania y los países del Benelux, los de la periferia padecen por su presencia en la zona euro. Al principio, a españoles, portugueses y griegos les pareció muy bien la integración pero, en realidad, los que se benefician del euro son Francia, Alemania, el Benelux... Tienen ventajas para competir en los mercados de la periferia, mientras que portugueses, españoles y griegos no están en condiciones de competir en los mercados alemán, francés o del Benelux. Y, como siendo miembro de la zona euro no es posible ganar competitividad más que bajando salarios, la lógica para los países de la periferia se reduce al recorte de salarios, lo que genera precariedad laboral. En cualquier caso, salir del euro no es la solución, es necesario el programa integral del que hablaba antes. Porque abandonar la zona euro no es una solución milagrosa, no es una solución per se si al mismo tiempo no hay una solución sobre la deuda, los bancos y la inversión para crear empleo.

P. ¿Y el Brexit?
R. Bueno, no creo que del referéndum salga una mayoría a favor de la salida de Gran Bretaña del euro.

P. Usted hizo la auditoría de la deuda griega y asesoró a Syriza. ¿Qué opina del viraje que ha dado Alexis Tsipras a su política económica?

R. Pues es muy claro que el Gobierno de Tsipras capituló frente a la Unión Europea. La estrategia del primer gobierno de Tsipras con Yanis Varufakis de ministro de Finanzas llevó a la capitulación. Hicieron demasiadas concesiones a la Comisión Europea y siguieron pagando la deuda: 7.000 millones de euros entre febrero y julio de 2015, sin recibir ninguna compensación financiera. Así vaciaron el tesoro público para pagar la deuda, cuando lo que deberían haber hecho es suspender el pago y obligar entonces a los acreedores a entrar en una verdadera negociación. Para mí, en todo caso, la diferencia entre Varufakis y Tsipras es que, en un momento dado, el primero se negó a la capitulación, y eso es importante. Dimitió como ministro el 6 de julio frente a la decisión de Tsipras de llegar a un acuerdo con la UE, a pesar del 63% de rechazo a las propuestas de los acreedores europeos en el referéndum del 5 de julio. Cierto que hay una diferencia, porque Varufakis tiene la virtud de, al menos, haber roto con una lógica desastrosa, pero eso no le absuelve de responsabilidad por lo que hizo en los primeros seis meses de gobierno.

Personalmente, no apoyo el manifiesto DiEM 25. Hablé con él pero decidí no firmar porque el documento mantiene de manera deliberada la ilusión de que es posible la reforma de la Unión Europea. Para mí, en cambio, la experiencia griega demostró que no hay posibilidad de reformar la UE. Decir que la hay es crear falsas expectativas. Estoy totalmente a favor de una integración europea, pero debe ser entre pueblos, y eso pasa por un verdadero proceso constituyente en cada país para llegar a una refundación de la UE con nuevos tratados.

P. La deuda griega alcanza ya nada menos que el 180% del PIB. El FMI lleva tiempo diciendo que es “insostenible” y que los objetivos fiscales que se le exigen a Atenas son irrealizables. Sin embargo, la UE, y Alemania, parecen decididas a no perdonarles un euro. ¿Adónde conduce esa política? ¿Qué futuro es el que espera a Grecia los próximos años?

R. Estoy convencido de que va a seguir casi como un protectorado, una semicolonia de las grandes potencias europeas. Ya no tiene soberanía para elaborar su política fiscal, continúa pagando la deuda y cada nuevo desembolso a los acreedores está condicionado a nuevas medidas de austeridad. Por ejemplo, la última reforma de la jubilación deja la pensión mínima en 384 euros al mes, un ingreso por debajo la línea de pobreza absoluta.

P. Usted también asesoró al Gobierno venelozano cuando aún estaba Hugo Chávez en el poder. Las carencias de la población en el país son muy alarmantes. ¿Qué le parecen las últimas medidas adoptadas por Nicolás Maduro?

R. Estoy muy preocupado por Venezuela, que también se enfrenta a una crisis de deuda, aunque se trata primero de una crisis política. Por supuesto, la narrativa de periódicos como El País o El Mundo en España trastorna totalmente la realidad. Presentan a Leopoldo López como un caballo blanco de la defensa de las libertades democráticas, cuando es un personaje siniestro que apoyó provocaciones e incluso medidas contra el movimiento popular. Yo lo sitúo en el sector golpista duro de Venezuela. Al mismo tiempo, soy muy crítico respecto a la política económica del chavismo, después de la muerte de Hugo Chávez hubo una deriva funesta. Pero sin equivocarse: creo que es una ilusión pensar que la oposición mayoritaria en la Asamblea Nacional representa una alternativa democrática y favorable al pueblo. Para nada lo es.

P. Explíqueme esa “deriva funesta” que critica en el Gobierno de Maduro.

R. En Venezuela hay una fuga de capitales inmensa. La sociedad venezolana sigue siendo capitalista, no es un país donde el sector público sea hegemónico. Grandes empresas capitalistas, tanto en el sector agroalimentario como en el industrial y financiero, organizan una fuga masiva de capitales que deja sin divisas al Estado y genera ahora grandes dificultades de financiación con el barril de petróleo a 50 dólares, también problemas de abastecimiento en los supermercados y las farmacias que afectan al nivel de vida de la población. Creo que el Gobierno debería haber tomado medidas contundentes para combatir la fuga de capitales y para que se invierta la riqueza producida en Venezuela en favor de los venezolanos. También debería haber diversificado la economía para reducir su dependencia del petróleo. Además, es necesario transparentar las cuentas de la nación. Lo que significaría auditar la deuda pública de Venezuela en relación con este escándalo de la fuga de capitales.

Nacido en 1954 en Namur (Bélgica), Toussaint se crió en un pueblo minero y pronto empezó su activismo sindical mientras ejercía de profesor en centros públicos de Lieja. Es doctor en Ciencias Políticas y uno de los fundadores del CADTM y de ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana). Su último libro, Bancocracia (Icaria Editorial), describe cómo la desregulación financiera condujo a la burbuja y cómo el dinero público ha salvado a los bancos privados con la complicidad de los bancos centrales y los gobiernos. En la capital gallega, el politólogo y activista explicará por qué no es lo mismo deuda pública legal y deuda pública legítima.

De Infolibre

La deuda pública de España supera por primera vez en un siglo el 100% del PIB


La deuda pública de España trepó en 14.031 millones en marzo, su mayor repunte desde el mes de mayo de 2014, y se situó en 1,095 billones de euros, con lo que supera el ratio del 100% del PIB por primera vez en un siglo, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España.

Els sindicats catalans de funcionaris reclamen els drets retallats a JxSí

Nova reunió de la Mesa de la Funció pública de Catalunya sense cap avenç. Els sindicats presents a la Mesa, IAC, CCOO i UGT, han considerat totalment insatisfactòria la trobada. Segons han manifestat el govern de CDC i ERC pretén acumular el retorn de la paga de 2012 fonamentalment entre els anys 2017 i 2018 sense revertir la resta de drets perduts. Aquests serien el Fons d’Acció Social, la complementació al 100% per incapacitat temporal, la substitució de baixes en tasques d’atenció a persones (serveis essencials), l’accés transparent a substitucions i interinitats i la reducció de la temporalitat laboral. L’oferta de JxSí tampoc diu res de la recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014.

Per la seva banda, els representants dels treballadors han recordat al govern que ha de complir la resolució parlamentària de 20 de gener passat. Aquest acord l’instava a retornar als treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya els drets retallats a 2012 i anys posteriors, tant en matèria econòmica com en drets socials i laborals. Els representants sindicals han interpel·lat l’executiu català, tot recordant que no es pot fer pagar als treballadors de l’administració el mal finançament de la Generalitat.

Els sindicats de la Mesa, CCOO, IAC i UGT, han recordat al govern de la Generalitat que els seus treballadors i treballadores són els únics de Catalunya i de la resta de l’Estat que no han cobrat encara la paga de 2012, ni les pagues corresponents als anys 2013 i 2014. Tot i l’asència d’avenços significatius els treballadors públics han decidit mantenir la negociació i estaran presents dimarts vinent, 24 de maig a la taula de debat, informa Diari del Treball.

Mallorca: El PP y UM anulaban multas a sus amigos desde 2001

Un nuevo escándalo político ha saltado a la opinión pública mallorquina al conocerse, por denuncia y exhibición en el pleno de Cort, la existencia en el ayuntamiento de Palma de una abultada carpeta con multas por infracción medioambiental retiradas a "amigos del PP", en expresión de la actual edil responsable del área, Neus Truyol. Una nota posterior de Emaya confirmaba que esta discriminación en forma de trato de favor, ha sido práctica habitual en la empresa municipal entre 2001 y 2015. También esta semana el mismo ayuntamiento de la capital mallorquina ha decidido retirar la tarjeta "gratis total" de los aparcamientos municipales a la oposición después de haber comprobado que algunos de sus componentes más significativos la habían utilizado de forma reiterada en horarios y días que nada tienen que ver con su responsabilidad institucional.

La anulación de actas de infracción de sanciones impuestas por los controladores medioambientales a petición de directivos de la empresa (presidencia, gerencia y algunos jefes de área) ha sido una "constante" desde 2001, año de creación del servicio de controladores medioambientales. Así se pone de manifiesto en un informe elaborado por la actual dirección de la empresa que, junto con el centenar de actas anuladas entre 2010 y 2015, fueron remitidas ayer a la Fiscalía, tal como solicitaron el miércoles en el pleno tanto el grupo municipal del PP como el del PSOE. Desde esta fecha han pasado cinco presidentes por la empresa municipal: Maria Crespo (PP), Antoni Nadal (PP), Catalina Terrassa (PP), Cristina Cerdó (UM) y Andreu Garau (PP).

Por su parte, la presidenta de Emaya, Neus Truyol, manifestó que no va a atender la petición del expresidente Andreu Garau en el sentido de que rectifique sus declaraciones realizadas en el pleno cuando afirmó que varias de las multas habían sido retiradas a petición suya y del anterior Director de Operaciones, Alonso Gallardo. "Que el señor Garau haga lo que tenga que hacer", manifestó Truyol cuando se le preguntó si rectificaría. En el informe remitido a la fiscalía, se indica además que la anulación de actas por infracciones medioambientales por parte de la dirección, la gerencia y determinados jefes de área "es un hecho contrastado y conocido en la organización". Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se indica que la petición de anulación realizada por empleados de la empresa al jefe de los controladores, era un hecho también contrastable y conocido.

Se indica también que hasta marzo del año pasado, esta práctica no era percibida como fraudulenta ni ilegal por el jefe de los controladores. Es más, esta persona, a la que se le abrió un expediente informativo que ha sido archivado por haber transcurrido 6 meses de los hechos, considera que él tiene la misma legitimación de quitar las multas a "sus compromisos" que la Dirección. Desde la empresa explicaron ayer que el pasado 14 de abril se "advirtió" la existencia de un archivador en el servicio de inspección medioambiental con el título de "actas anuladas", que comprendía del orden de 90 denuncias realizadas entre 2010 y 2015. En cada una de las actas aparecía la inscripción "nula" o "anulada".

Como consecuencia de lo anterior se abrió una investigación interna con el fin de comprobar estos hechos. En el marco de esta investigación se tuvo conocimiento de una segunda carpeta que fue entregada por una trabajadora de la empresa en la que, según manifestó, "había actas explícitamente paralizadas por presidencia". Paralelamente, el técnico ambiental, el pasado 11 de mayo, encontró en el antiguo despacho de los controladores otras 15 actas anuladas. Tal como se comprobó, ninguno de estos expedientes habían sido remitidos al departamento de Sanidad de Cort, encargado de tramitarlos. Además, la práctica totalidad de las infracciones son leves (con sanciones que pueden oscilar ente los 30 y 300 euros) y prescritas puesto que han trascurrido seis meses desde su imposición.

La dirección de la empresa decidió abrir un expediente informativo al jefe de controladores. Además de a esta persona, se tomó declaración a otros cuatro controladores medioambientales, a la secretaria de la presidencia y a la del director de Calidad Urbana. Como consecuencia de estas diligencias el pasado 2 de mayo se abrió un expediente sancionador al jefe de controladores en el que se tomó declaración también a jefes de distintos departamentos de la empresa, así como al antiguo jefe de Medio Ambiente, quien puso en marcha el servicio de controladores medioambientales en 2001.

Se decidió archivar el expediente disciplinario por la posible prescripción de la falta laboral y porque el trabajador "parece haber seguido una pauta normal, ya que sus antecesores la llevan a cabo". Además todas las faltas eran leves y se archivaban previa consulta con el que la imponía.

Todas estas prácticas tienen un denominador común. No es otro que el del permanente aprovechamiento particular de los beneficios que puede comportar, o hay ocasión de arañar, al cargo público que se ocupa. En algunos casos, como los descritos, se hace de forma descarada y en otros mediante métodos más sutiles y ocultos. Se realiza así hasta que alguien lo descubre y denuncia. Entonces, por regla general, en vez de asumir la responsabilidad, se buscan pretextos o se intenta diluir lo privado entre el ejercicio de la actividad pública.

La separación de estos dos ámbitos debería ser exquisita en beneficio del servicio a los ciudadanos, la dignidad de las instituciones y la honradez de quienes las ocupan. Pero en demasiados casos no es así. A la vista está. No es solo una rémora del pasado o un peaje que aplican quienes antes estaban en el gobierno y hoy ocupan los despachos de la oposición. El actual pacto de gobernabilidad compuesto o apuntalado, según el caso y lugar, por PSOE, Més y Podemos, había prometido acabar con estas malas prácticas pero la verdad es que, en apenas un año de ejercicio, ha sucumbido demasiadas veces en ellas. Se han visto excesivos casos de cargos de confianza con el vínculo familiar como principal mérito. La relación sentimental entre la consellera de Salud y el director gerente del Ib-Salut es solo el ejemplo más llamativo. El mismo Juli Fuster solo retiró el nombramiento de asesor al desconocido, pero delfín suyo en Santanyí, Jordan Thomás, cuando la designación adquirió conocimiento público, informa Diario de Mallorca.

El fascismo gana por un 2% en Austria

Los sondeos a pie de urna dan la victoria a los fascistas en las elecciones presidenciales de Austria. Norbert Hofer, candidato del fascista y xenófobo Partido para la Libertad de Austria (FPÖ, en sus siglas en alemán) se impone con el 50,2% de los votos al otro candidato, el verde Alexander Van der Bellen, que obtiene un 48,2%. Si los resultados oficiales confirman estos pronósticos, Austria tendrá el dudoso honor de ser el primer país de la Unión Europea en tener un presidente nazi.

Hofer ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde los partidos tradicionales que forman la gran coalición que gobierna Austria, los socialdemócratas y los conservadores, se hundieron y no pasaron el corte. Aunque en Austria los resultados de las encuestas a pie de urna suelen confirmarse, en esta ocasión la diferencia es tan pequeña que no se descarta un vuelco de última hora.