dilluns, 31 d’octubre de 2016

Catalunya, la nación española con más ricos según Forbes

Catalunya es la nación española con mayor número de ricos, ya que concentra a un total de 27 personas que representan una riqueza global de 32.475 millones, según la nueva edición de la lista Forbes 2016 de las grandes fortunas de la monarquía. Isak Andic, fundador de Mango, lidera la clasificación con una fortuna de 3.800 millones de euros. Catalunya es la tercera de esa lista española si se cuantifican las aportaciones a esa fortuna colectiva teórica de esos 27 ricos, siendo Galicia la primera, con 83.600 millones (con Amancio Ortega y su Inditex como protagonista), y Madrid la segunda, con 38.500 millones. Foto: los datos en marzo pasado.

Tras Catalunya, las comunidades que tienen más ricos son Madrid con 24 y Valencia, con 10. En el extremo contrario, Castilla y León es la comunidad autónoma que menos riqueza aportan sus ricos, ya que generó en el periodo de clasificación 1.725 millones de euros, representada por tres personas. Si atendemos al número de ricos por sectores de actividad según 'Forbes', el sector alimentario es el que ocupa el primer lugar, con nueve nombres que suman 18.150 millones. A continuación, se sitúa el sector de la construcción y el de las inversiones, con ocho cada uno, y el textil con seis.

Por sectores, seis miembros de la lista Forbes de los españoles más ricos forman parte del sector textil, que es el que mayor riqueza ha generado en los últimos 12 meses con 81.500 millones. Así, la industria textil encabeza la lista de los 35 sectores más productivos del país, siendo Inditex la empresa que más contribuye. a industria alimentaria se sitúa en segunda posición, con una riqueza generada de 18.150 millones, cuatro veces y medio menos que la textil. La construcción ocupa la tercera posición con 16.450 millones, seguida del sector de la distribución, con 13.850 millones de euros generados. Los sectores que aportaron menor generación de riqueza personal fueron el industrial (450 millones de euros); la industria cárnica (450 millones); el sector de la joyería (425 millones); y el siderúrgico (400 millones).

Murcia, con un único rico en la lista, aporta 1.000 millones de euros. Canarias también registró una persona clasificada y 700 millones de euros, al igual que Extremadura, representada también por una persona y 400 millones de euros. Navarra y Castilla La Mancha son las dos únicas comunidades autónomas que no han tenido representación en la lista de 'Forbes', al igual que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ya que no albergan a ninguna de las 100 grandes fortunas de España.

Los catalanes más ricos
1. En el número seis del ránking español aparece Isak Andic, fundador de Mango. Tiene un capital de 3.800 millones según 'Forbes'.
2. La família Carulla, propietaria de Agrolimen y Gallina Blanca, tiene un capital de 1.950 millones.
3. Antonio y Jorge Gallardo. Almirall y Landon (1.950 millones).
4. Familia Lara Bosch. Planeta y Antena 3 (1.800 millones).
5. Familia Serra Farré, Catalana Occidente (1.700 millones).
6. Sol Daurella Comadrán y familia, Coca-Cola Iberian (1.600 millones).
7. Víctor Grífols Roura y familia, Grifols (1.400 millones).
8. Familia Puig Planas, Puig (1.200 milions).
9. Ricardo Portabella Peralta, Danone (1.050 milions).
10. Carmen Thyssen Bornemisza (900 millones).

El fiscal acusa a Daurella de Cobega de fraude a Hacienda

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra Mercedes Daurella de Aguilera, accionista, entre otras compañías de Cobega, una de las distribuidoras de Coca-Cola en España unificadas en Coca-Cola Iberian Partners, por presuntamente haber defraudado a Hacienda del 2011 al 2013 más de 1,5 millones de euros en el impuesto de la renta de personas físicas (IRPF) y el de patrimonio. La acusación pública sostiene que la empresaria ha declarado su residencia fiscal en Mónaco, cuando, en realidad, viven habitualmente en España, donde debe tributar por sus rentas y sus bienes.

El cardenal Pell encubrió casos de pederastia en Australia

El cardenal australiano George Pell, encargado de las finanzas del Vaticano, y otros miembros de la Iglesia católica en Australia encubrieron casos de pederastia, concluye una investigación entregada hoy a la llamada Comisión Real de la Respuesta del Estado al Abuso de Menores. Los abogados Gail Furness, Angus Steward y Stephen Free son los autores del informe, que califica de "inaceptable la conducta de cualquiera que apoyara el traslado de (Gerald) Ridsdale, o de cualquier sacerdote, sabiendo las acusaciones de abusos sexuales que había contra él", informa Efe.

Interrogan por pederastia al cardenal de las finanzas del Vaticano

El cardenal australiano George Pell, encargado de las finanzas del Vaticano, fue interrogado la semana pasada en Roma por policías de su país sobre acusaciones por presuntos abusos sexuales entre 1976 y 2001, informaron este miércoles medios locales. El cardenal "participó voluntariamente en la entrevista", comentó una portavoz de la Policía del estado de Victoria, que se limitó a remarcar que las investigaciones continúan, sin aportar más detalles, según la agencia Prensa Asociada Australiana (AAP). La Policía de Victoria, en el sur de Australia, anunció el pasado agosto que consideraba la posibilidad de presentar cargos contra Pell por abusos sexuales presuntamente cometidos en la ciudad de Ballarat, de donde procede el cardenal, entre los años 1976 y 1980, y en Melbourne, la capital del estado, entre 1996 y 2001.

Bergoglio tapa también las vergüenzas vaticanas


La contabilidad del Vaticano nunca ha seguido reglas unificadas. Los informes anuales no son públicos, los diferentes departamentos utilizan diversos principios contables y los datos de las distintas áreas son inconsistentes entre sí e incomparables. A finales del año pasado, el cardenal George Pell (foto), el jefe de finanzas del Papa, contrató los servicios de PricewaterhouseCoopers (PwC) para realizar una exhaustiva auditoría de las cuentas del Vaticano. Pell invocaba un mandato de Francisco, que le había encomendado ordenar las confusas finanzas de la ciudad-estado. Entre otras cosas, el poderoso cardenal había descubierto unos 1.400 millones de euros que no figuraban en ningún registro contable. El cardenal australiano quería que PwC se cerciorara de que los 136 departamentos del Vaticano —cada uno de los cuales utiliza sus propias reglas contables— se ajustaba a una estricta disciplina presupuestaria. Era como embestir de cabeza contra el muro de piedra de una basílica.

"La Iglesia debe hacerse cargo del daño que hizo en Argentina"

La líder social y defensora de los derechos humanos argentina, Hebe de Bonafini, instó a la Iglesia católica a hacerse cargo del “daño” que hizo durante la última dictadura en ese país, cuando “había sacerdotes que bendecían a los pilotos que tiraban a nuestros hijos vivos al río y decían que Dios los perdonaba”. Con estas declaraciones la presidenta de la asociación de Madres de Plaza de Mayo se manifestó además confiada en la labor del papa Francisco “porque es un hombre que se ha puesto muy del lado nuestro, de los que sufrimos”. La activista argentina pide a la Iglesia que se responsabilice "de lo que hizo, no de lo que no pudo hacer” durante la dictadura de 1976 a 1983.

El cannabis mata células tumorales gracias al 'reciclaje' celular

Una investigación liderada por la Universidad Complutense de Madrid ha descubierto cómo la autofagia el El principal componente activo del cannabis, el THC (delta-9 tetrahidrocannabinol), ha resultado efectivo en la muerte de células tumorales gracias al mecanismo de ‘reciclaje celular’ o autofagia. Este proceso con el que la célula degrada y recicla sus componentes le ha valido el Premio Nobel de Medicina 2016 a uno de sus descubridores, Yoshinori Ohsumi. “Hemos identificado uno de los factores que determina que la activación de la autofagia conduzca a la muerte de las células tumorales”, explica Guillermo Velasco, investigador del departamento de Bioquímica y Biología Molecular I de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y autor principal del trabajo que se publica en Autophagy.

Los científicos han utilizado un cultivo de células de glioma –un tumor cerebral muy agresivo– y las han sometido a dos tratamientos por separado: ausencia de nutrientes y suministro de THC. Estudios previos han comprobado que, en ambos casos, se induce a la célula a que inicie el proceso de autofagia, aunque de dos formas diferentes. Por un lado, la ausencia de nutrientes potencia la autofagia protectora, que ocurre cuando las células la activan para digerir componentes celulares más complejos y obtener la energía necesaria para adaptarse a esa situación de ayuno. En el caso del THC, lo que potencia es una autofagia más destructiva.

Al comparar los cambios que se producían en las células tras la ausencia de nutrientes o el suministro del cannabinoide, los científicos descubrieron que solo el tratamiento con THC aumentaba los niveles de unos lípidos (dihidroceramidas) que, a la larga, desencadenaban la muerte de la célula. “El estudio demuestra que el aumento de los niveles de algunas dihidroceramidas tiene un carácter desestabilizador para los orgánulos de la célula implicados en la degradación de componentes celulares, lo cual lleva, en último término, a la muerte de las células tumorales”, afirma Velasco.

Un paso hacia nuevas terapias


La investigación también muestra, tanto en estudios in vitro como en tumores generados en ratones, que la manipulación de los niveles de estos lípidos puede ser una estrategia para activar una autofagia que conduce a la muerte de las células tumorales, lo que reduciría el crecimiento tumoral. “Estas observaciones pueden contribuir a sentar las bases para el desarrollo de nuevas terapias antitumorales basadas en la activación de la muerte a través de la autofagia”, mantiene el científico. Además, el estudio ayuda a comprender el mecanismo de acción de los cannabinoides en células tumorales, un campo de estudio en el que el departamento de Bioquímica y Biología Molecular I de la UCM lleva más de una década trabajando.

En el trabajo, liderado por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigaciones Sanitarias San Carlos, también participan el Instituto de Química Avanzada de Cataluña, el Instituto de Biofísica (UPV/EHU-CSIC), la Universidad del País Vasco, el Danish Cancer Society Research Center (Dinamarca), la Universidad de Newcastle (Reino Unido), el Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC), la Universidad de Sunderland (Reino Unido), el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (Japón) y el CIBERNED, informa Público.

CiU compró para uso escolar los ordenadores portátiles del 9-N

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que envió a juicio al ex president Artur Mas y a las ex conselleres Irene Rigau y Joana Ortega permite entender algunos detalles de cómo se organizó la votación del 9–N, más allá de la presunta desobediencia al Tribunal Constitucional –que los políticos siempre han negado. Por ejemplo, que los 7.000 ordenadores portátiles que la Generalitat distribuyó en febrero de 2015 entre los colegios públicos de Catalunya ya se habían usado. En concreto, los estrenaron los voluntarios que participaron en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. El gasto en los portátiles que se repartieron entre centros educativos después del 9-N ascendió a 2,8 millones de euros.

Según el TSJC, el Govern camufló la adquisición de los ordenadores para la consulta como una compra "recurrente" del departamento de Enseñanza. Una portavoz de la conselleria ha negado que Enseñanza comprara ordenadores expresamente para el 9-N y ha precisado que el departamento cedió, para su uso durante la votación, "unos ordenadores adquiridos previamente y que respondían a unas necesidades detectadas de centros educativos". "Después de la jornada, todos los ordenadores se enviaron a los centros educativos", ha añadido. En total, la Generalitat pagó a Telefónica 2,8 millones de euros por los portátiles.

El TSJC no lo ve igual que la conselleria. "Puede cabalmente inferirse que la adquisición de los portátiles no vino motivada por previas necesidades de la enseñanza pública, que las tiene, sino por el proceso participativo", reza el auto que envió a juicio al expresident de la Generalitat, Artur Mas; a la exvicepresidenta, Joana Ortega; y a la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau.

La Generalitat encargó el 23 de octubre de 2014 los ordenadores portátiles que se utilizaron en las mesas de votación y otros centros públicos para el 9–N. El "suministro urgente" de 7.000 ordenadores se justificó por "necesidades previas y recurrentes" del departamento de Enseñanza, según el TSJC. La compra se enmarcó dentro del contrato de colaboración que firmaron en 2012 el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) y Telefónica. La compañía entregó los 7.000 ordenadores entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. Parte de ellos se depositaron en almacenes territoriales de la Generalitat y otros en almacenes de la empresa Fujitsu. El alto tribunal catalán destaca que los portátiles quedaron "a la espera" de que se les instalaran los programas informáticos que iban a ser utilizados en la votación.

Los 7.000 ordenadores del pedido de la Generalitat coinciden con las 6.695 mesas de votación del 9–N. Además, parte del resto de portátiles del pedido se instalaron en el CTTI. "Parece, pues, evidente la correlación entre el número y tipo de ordenadores y el número de mesas y puntos de votación", zanja el TSJC. Además, la Generalitat, después de desembolsar 2,79 millones de euros por los portátiles, gastó otros 14.387 euros para vaciar su contenido y transportarlos a las escuelas. Los ordenadores se repartieron en febrero de 2015 entre centros distintos de aquellos donde se habían utilizado el 9–N.

Con todo, de la compra de ordenadores y demás gastos que realizó la Generalitat no puede deducirse que los tres políticos acusados malversaran fondos públicos. El motivo es que todas las compras se hicieron antes de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. Mas, Rigau y Ortega sí irán a juicio por desobediencia y prevaricación. Se exponen a penas de hasta diez y nueve años de inhabilitación, respectivamente La compra de ordenadores supuso el 59% del gasto público que efectuó la Generalitat para el 9–N, que ascendió a 4,71 millones de euros. La segunda partida más relevante fue la destinada a la campaña de publicidad: 806.403,52 abonados a Media Planning Group, participado por la familia Rodés, mientras que la productora Imagina, vinculada al grupo Mediapro, de Jaume Roures, recibió 21.767 euros, informa eldiario.es.

"La Iglesia debe hacerse cargo del daño que hizo en Argentina"

La líder social y defensora de los derechos humanos argentina, Hebe de Bonafini, instó a la Iglesia católica a hacerse cargo del “daño” que hizo durante la última dictadura en ese país, cuando “había sacerdotes que bendecían a los pilotos que tiraban a nuestros hijos vivos al río y decían que Dios los perdonaba”. Con estas declaraciones la presidenta de la asociación de Madres de Plaza de Mayo se manifestó además confiada en la labor del papa Francisco “porque es un hombre que se ha puesto muy del lado nuestro, de los que sufrimos”. La activista argentina pide a la Iglesia que se responsabilice "de lo que hizo, no de lo que no pudo hacer” durante la dictadura de 1976 a 1983.

Resaltó Bonafini que el máximo líder del catolicismo haya promovido la publicación de los archivos secretos que mantenían sobre la dictadura que se extendió de 1976 a 1983 y aseguró que estos documentos pueden servir para que la institución eclesiástica asuma sus responsabilidades y “se haga cargo de lo que hizo, no de lo que no pudo hacer”. Las autoridades eclesiásticas argentinas pidieron "perdón" por si la Iglesia no hizo "todo lo que pudo" durante la dictadura que dejó más de 30 mil militantes políticos y sociales desaparecidos.

Para Bonafini no hay dudas de que “la Iglesia participó muy directamente en la represión, no es que los militares lo hicieran solos”. Asimismo, aseguró que las madres de las víctimas de la dictadura no buscan muertos, sino responsables. “Es un crimen demasiado grave y está latente; las madres hemos convertido el dolor en lucha”, dijo Bonafini, quien añadió que aún “queda muchísimo por hacer” para que se haga justicia. Reconoció especialmente el esfuerzo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, expresidentes de Argentina, y otros organismos para que haya sido posible que los documentos secretos de la Iglesia católica salieran a la luz, informa Tele Sur.

El CNI, entre Cuenca, Soraya y Cospedal

Soraya Sáenz de Santamaría controla los servicios de Inteligencia, el CNI, desde que Mariano Rajoy le colocó hace cinco años en la vicepresidencia del Gobierno. Santamaría mantiene unas relaciones muy estrechas, cordiales y fluidas con otro importante Sáenz, el general devenido en jefe del aparato de Inteligencia de la nación. Imposible llevarse mal con Sáenz Roldán, un general de larga trayectoria profesional, fogueado en todos los frentes y con una formación técnica y profesional superlativa. Sáenz Roldán, pese a que frecuenta círculos periodísticos y se deja ver con frecuencia en reuniones sociales o culturales, nunca ha dado que hablar. Ni un traspié, ni un patinazo. El pequeño temblor producido por el escandalete del 'pequeño Nicolás' se redujo finalmente a un ruidoso culebrón de perfil mediático. Cuando se conozca, en verdad, qué hilos movió la vicepresidenta en ese asunto, todo habrá quedado en el rincón más polvoriento de la memoria. Dos de los tres directores que han regido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) son de Cuenca.

Sáenz de Santamaría cuida con mimo a su departamento de Información. Su jefa de Gabinete, María Pico, mantiene engrasados los contactos. Prudente aumento en los presupuestos, contratación de especialistas informáticos y actualización permanente de técnicos y especialistas. Junto a Guardia Civil y Policía Nacional, el CNI está en primera línea en la lucha contra el terror yihadista, con resultados elogiados en todo el mundo.

Soplan vientos de cambio en Moncloa. Superado el fatigoso trance de la Investidura, Rajoy ultima la formación de su nuevo gobierno. El CNI es pieza golosa, anhelada y codiciada, nadie lo duda. En los despachos del Ejecutivo se da por hecho que la vicepresidenta pretende mantener el control férreo sobre este departamento de inteligencia en el que trabajan más de tres mil personas, buena parte de ellas diseminadas por todo el mundo. Quien controla la información controla el poder.

Sáenz de Santamaría mantendrá su puesto en la vicepresidencia, de acuerdo con todas las versiones que circulan en el entorno de Rajoy. Menos claro está en si conservará todas sus atribuciones. Por ejemplo, la portavocía del Ejecutivo. Hablan del joven Pablo Casado para ese puesto. El vicesecretario del PP no aspira a entrar ahora en el Ejecutivo. Tiempo habrá. Soraya no echaría de menos su comparecencia semanal ante los medios tras el Consejo de Ministros.

Más grave sería que el CNI se desgajara de la vicepresidencia rumbo a otro departamento. Quizás, de retorno a Defensa, donde ya estuvo desde su fundación hasta 2011. O incluso a Interior, para contrarrestar las guerras intestinas y los episodios nefastos de las cloacas de ese departamento. Dolores Cospedal, secretaria general del PP, aparece con posibilidades de aterrizar en esa cartera. Rajoy le ha dado carta blanca para elegir. Ya lo ha hecho, según trasciende en su entorno. Defensa o Interior sería la alternativa. Defensa es un ministerio tranquilo. Cospedal ha sobrevivido a un annus horribilis, tras perder la presidencia de la Junta manchega. No le haría ascos a esta cartera si, además, viene adornada o reforzada con el control del aparato de espionaje. Otro pulso Soraya-Cospedal. Esta vez, con el CNI al fondo. El poder de la información en un momento clave tanto para el futuro del Gobierno como del propio PP. Sáenz de Santamaría no disimula sus aspiraciones ara el post-marianismo. Sus principales enemigos, Margallo, Fernández Díaz, Soria, han desaparecido o están a punto de hacerlo.

Cospedal ha recuperado fuste y presencia, en especial tras las elecciones del 26-J, en las que se dejó la piel mitineando por media España. Los resultados le acompañaron. El futuro del PP, quizás, no pase por ninguna de las dos. Hay una nueva generación a la espera, que estará lista para dar el salto a la vuelta de tres años. De momento, son Santamaría y Cospedal quienes están librando la batalla más estridente. Rajoy intentará buscar algún tipo de equilibrios para evitar ofensas innecesarias. Santamaría es su mano derecha en el tedioso día a día de la Administración. Está en deuda con Cospedal por su sacrificio en el episodio Bárcenas, que casi se llevó su prometedora carrera por delante. Si Cospedal aterriza finalmente en la cartera de Defensa, que también pretende Fernández Díaz, abrasado en Interior, podría reivindicar los servicios de Inteligencia. Tiene un enorme factor en su contra. Circulan las versiones de que su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, ha sido objeto de investigación por el CNI a causa de episodios oscuros relacionados con la Caja regional manchega.

Como en los viejos tiempos, Sáenz de Santamaría se mueve con astucia para mantener el control del departamento. Cuentan que se está viviendo un tironeo mucho más agrio y severo de lo que emerge a la superficie. Una pugna intensa que quizás esté ya resuelta.

Dos de los tres directores que han regido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) son de Cuenca. Alberto Saiz Cortés estuvo al frente de ‘la Casa" durante cinco años. Técnico forestal, era un hombre de José Bono y dejó el cargo envuelto en todo tipo de escándalos. Su sucesor, el general Sáenz Roldán, también es conquense, lleva en el puesto desde 2009, tras ser designado por la entonces titular de Defensa Carme Chacón. El primero de la serie fue el diplomático Jorge Dezcallar, nombrado por José María Aznar con escaso acierto en su función, en la que tan sólo se desempeñó durante un par de años. El atentado del 11-M se le vino encima y aún no ha logrado entender qué ocurrió. Sáenz de Santamaría se lleva de maravilla con Sáenz Roldán. Dolores Cospedal, también. Ambos son castellano-manchegos y se guardan aprecio aparente. La batalla de los espías está en plena ebullición, informa Vox Populi.

Chipre exige la marcha de las tropas británicas

"Todas las tropas extranjeras deben retirarse del territorio de Chipre", ha declarado el ministro de Exteriores del país, Ioannis Kasoulides, durante la reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. "Tengo que informarle de los últimos acontecimientos en el proceso de la resolución del conflicto chipriota. Esto se aplica particularmente a la cuestión de la seguridad. Para nosotros, es la parte más importante de cualquier decisión", comentó. Agregó que la parte chipriota sabe que "la posición de Rusia coincide con la de Chipre en lo que respecta a la necesidad de la retirada de las tropas extranjeras del territorio de Chipre". En el territorio de Chipre, se encuentran dos bases militares británicas: Acrotiri y Dhekelia.

Por su parte, Lavrov destacó que el desarrollo de las relaciones entre Rusia y Chipre no depende de la coyuntura política. Subrayó que los países van a negociar los pasos para llegar a una "solución justa" del problema chipriota. Chipre quiere acoger una base militar rusa en su territorio.

En Chipre hay dos bases militares británicas: Acrotiri y Dhekelia, que en total, representan el 3% de la superficie de Chipre —cerca de 254 km²—. El 60% del terreno es de propiedad privada, perteneciente a ciudadanos británicos o chipriotas. El otro 40% está sujeto al Ministerio de Defensa o se organiza como territorio del Reino Unido. Además, Chipre está dividido en dos partes —la griega y la turca— tras el Golpe de Estado de 1974, después del cual Turquía invadió la isla y ocupó el 35% del territorio del país. En 1983, el norte del país se convirtió en la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), que es solo reconocida por Turquía.

"Grecia nunca aceptará la agresión turca a Chipre"

Las negociaciones sobre la reunificación de Chipre, que se celebraron sin resultado a lo largo de casi cuatro decenios, se reanudaron en febrero de 2014 tras un intervalo de dos años. Grecia había declarado en más de una ocasión que el sistema de garantías en cuestión es un anacronismo y logró mostrar su carácter improcedente desde el punto de vista del sistema jurídico internacional moderno y de la ONU, subrayando que su conservación socavaría los principios de la Unión Europea, informa sputniknews.com.

Campôme, el pueblo catalán que añora a sus inmigrantes

Tras el desmantelamiento completo de la "selva de Calais" y mientras que Francia no es unánime en cerrar filas y acoger a los inmigrantes, hay un pueblo que clama a gritos su disposición a acoger en su suelo a los refugiados extranjeros. Y esa villa es catalana: Campôme, a 9 km de Prades del Conflent - y con Molitg-les-Bains- se ha hecho en los medios nacionales franceses una reputación de hermoso hogar. Aquí es donde 18 jóvenes de Irak, Afganistán, Etiopía, Pakistán o Irán, encontraron asilo en medio del invierno pasado. Durante tres meses, de febrero a abril, recuperaron el amor por la vida gracias a la amabilidad de este pueblo de 114 personas, que les abrió sus puertas. Un tiempo de descanso antes de retomar el camino de su destino. Foto: Los inmigrantes recibidos el invierno pasado en Campôme.

A pesar de algunas dudas anteriores, haciendo caso omiso de la barrera del idioma, vecinos e inmigrantes habían tcompartieron sus espacios de forma rápida y disfrutando de la convivencia. Tanto es así que incluso hoy en día, los de Campôme están de acuerdo en lamentar el "vacío" dejado tras su partida. Y de repente, están en pie para un nuevo envío de extranjeros a su territorio catalán, pues su centro de vacaciones, fue convertido en refugio y asesoramiento y está ahora disponible.

A través de su alcalde, Christophe Carol, han notificardo a la prefectura de su predisposición, y ahora han hecho saber, a través de France Info, que la ciudad es candidata oficial para recibir a los nuevos inmigrantes. El alcalde fue incluso invitado por la radio pública y dio una entrevista en esa dirección. Por ahora, no hay nada concreto previsto para las próximas semanas, en Campôme. Pero la puerta está abierta. Y en la fachada de su alcaldía, los vecinos han grabado una divisa valiosa: "hospitalidad". Con una H mayúscula, informa L'Indépendent.

Condemnat per prevaricació un exbatlle de Santa Margarida

L'exalcalde socialista de Santa Margarida i els Monjos Jordi Girona (foto) ha estat condemnat a nou anys d'inhabilitació per l'adjudicació fraudulenta de contractes durant la seva etapa al capdavant del Govern municipal. Segons la sentència del Jutjat penal número 3 de Vilanova i la Geltrú, Girona va cometre prevaricació continuada quan va atorgar 38 contractes menors a Estudi Hèlix, dedicat a l'arquitectura, entre els anys 2005 i 2009 sense permetre "una real i efectiva concurrència pública". També s'ha condemnat a cinc anys i mig d'inhabilitació a la secretària municipal i a dos anys i mig d'inhabilitació a dos socis del citat despatx d'arquitectes, que també hauran de pagar multes de 3.600 euros per negociacions prohibides amb un funcionari.

La sentència, que xifra l'import pagat per l'Ajuntament per aquests contractes fraudulents en 1,3 milions d'euros, pot ser recorreguda a l'Audiència de Barcelona. No és el primer cop que la contractació municipal a Santa Margarida i els Monjos es troba en el punt de mira de la Justícia. Diversos projectes urbanístics han quedat tombats als jutjats, que van ordenar la devolució d'imports dels contractes per les irregularitats detectades en la tramitació, informa El Triangle.

Pablo Crespo, hombre del maletín del PP gallego y cerebro de Gürtel

Según qué bando cuente la historia, la carrera política de Pablo Crespo Sabarís (Pontevedra, 1960) la truncó una auditoría o las viejas guerras intestinas del Partido Popular en Galicia. Puede que hubiera un poco de todo en su salida apresurada del PP en 1999. Hasta entonces, durante casi un lustro, este exdirector de sucursal de Caixa Galicia en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) había ejercido como secretario de Organización de una maquinaria electoral infalible. La siguiente época, cuando el PP dejó de ser su partido para convertirse en su mejor cliente, fue todavía fue mejor para él: como lugarteniente de Francisco Correa en la trama que ahora juzga la Audiencia Nacional llegaron los yates, los chalés, los coches y la colección de relojes.

A finales de los 90, el PP se había convertido en Galicia en una réplica del PRI mexicano que arrasaba en todos los procesos electorales, gobernaba la Xunta y las diputaciones e impregnaba la mayor parte del tejido social. Ya fueran clubes de fútbol, asociaciones vecinales, comisiones de fiestas o cofradías de pescadores, siempre había un hombre del partido al frente. El PP, el Gobierno y lo que se ha dado en llamar sociedad civil se confundían y en ese contexto hasta parecía comprensible que el hombre fuerte de la Xunta, el eterno delfín de Fraga, Xosé Cuiña, compatibilizase la secretaría general del PP gallego y la cartera de Obras Públicas en el Gobierno regional.

Fue precisamente entonces, en plena orgía de inversiones en carreteras, puertos y autopistas con los fondos llegados de Europa, cuando Cuiña buscó a alguien de confianza para ocuparse de las cosas del dinero. Eligió a Crespo, un dirigente discreto con cuyo padre había trabajado en la Diputación provincial, de una buena familia de Pontevedra. Un hombre sin pasado político, con escasa formación –apenas un año de Derecho– pero acostumbrado a tratar desde la caja con empresarios de la península del Salnés en las Rías Baixas, conocida por el turismo, la pesca... y también el contrabando de tabaco y el tráfico de drogas.

Durante su etapa de número 3 del PP gallego no dio ruedas de prensa, no hizo trabajo parlamentario, apenas trató con los alcaldes. En lenguaje corriente: era el hombre del maletín. Corrieron leyendas atroces sobre la financiación de aquella época de mayorías absolutas del PP en casi todas las instituciones gallegas. El partido concentraba cada año a 30.000 personas en la cima de un monte para comer pulpo, empanada y escuchar un mitin, sin que nadie preguntase quién pagaba la factura. Pocas fotos han representado mejor una exhibición de poder que la del presidente José María Aznar hablando por teléfono con George W. Bush desde la caseta de una de esas romerías. La prensa gallega nunca escarbó demasiado en aquellos excesos y las denuncias de la oposición fueron aplastadas sistemáticamente por el rodillo parlamentario. Si alguien hubiese investigado, no habría sido difícil concluir que aquellas fiestas las montaba un dirigente espigado, peinado hacia atrás y con pinta de pijo madrileño, llamado Paco Correa.

Tuvo que pasar una década larga y tres años de cárcel para que Crespo, acusado de una lista interminable de delitos como uno de los cabecillas de Gürtel, develase los secretos económicos del PP de Fraga en 2013 a Jordi Évole en el programa Salvados: "Declarábamos que en las campañas se gastaban 1,2 millones de euros, cuando en realidad costaban tres o cuatro. Recibía donativos que no se declaraban. Cada año, al menos unos 300.000 euros, lo cual se incrementaba muchísimo en campaña. Entre un 35% del dinero era regular y el 65% era irregular, no declarado, por así decirlo. Se metía en unas carpetas de cartón azul con gomas que había hace años. Era dinero no declarado. Era parte de mi trabajo, yo tenía que cuidar que esos donativos que llegaban no se perdieran por el camino. La organización por dentro funcionaba así y hasta hace poco seguía haciéndolo. Mi trabajo era conservar la estructura a flote, que la gente cobrase a fin de mes y los proveedores cobrasen a fin de mes. Yo era consciente de que eran métodos irregulares”.

Gracias a ese engranaje perfecto, Crespo pudo entregar 21 millones de pesetas al entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, tal y como dejó escrito Luis Bárcenas en sus papeles. Todo el sistema se vino abajo en 1999 como consecuencia de la eterna batalla interna que pese a los éxitos –o tal vez por ellos– libraban las dos facciones históricas del PP gallego: el sector del birrete, encarnado por dirigentes conservadores de la Galicia urbana como Mariano Rajoy y José Manuel Romay Beccaría; y la facción de la boina que encabezaban políticos como el propio Cuiña o José Manuel Baltar que controlaban gran parte del territorio rural y las diputaciones e incluso presumían de ser caciques buenos preocupados por sus vecinos.

A finales del milenio, Fraga decidió que Cuiña había acumulado demasiado poder y decidió apartarlo del control del partido. En la secretaría general el presidente fundador del PP colocó a otro hombre de su confianza, Xesús Palmou, quien nada más llegar solicitó un informe sobre las cuentas. Ahí empezaron las sorpresas. Pese a las generosas aportaciones de los empresarios de la obra pública, el partido estaba en números rojos. Y entre las supuestas deudas acumuladas figuraba una declaración jurada de Pablo Crespo en la que advertía que se debían 300.000 euros a Special Events, la empresa de Francisco Correa. Palmou contó entonces a Fraga que no había documentación que respaldase ese pago y exigió el despido de Crespo, que –cosas de la vida– se mudó a Madrid a trabajar en Special Events de la mano de Correa. "Me lo presentó Cuiña, me dijo que era oro molido", contó Correa al juez este mes en otra de sus medias verdades.

La trama ya no volvió a operar con el PP gallego. El último trabajo fue una campaña de promoción de la carne, tras la crisis de las vacas locas, que financió la Xunta a través de la Consejería de Agricultura en el año 2000. Cuando estalló el caso Gürtel, en 2009, Fraga advirtió desde su retiro en el Senado: "A la persona que ha mencionado, la he cesado inmediatamente y eso que había sido propuesto por un gran hombre de Galicia como fue el señor Cuiña. El tendría todo el conocimiento, yo no, y en cuanto supe algo lo eché", despejó las preguntas de los periodistas.

En la sede del PP gallego todavía algunos trabajadores recuerdan las llamadas de Bárcenas a principios de 2000 preguntando por qué se había roto la relación con Correa y sus empresas, que ya entonces campaban a sus anchas por la sede madrileña de Génova 13. El resto de la historia está escrita en un sumario que acumula decenas de miles de páginas y por el que desfilarán como testigos los representantes de la plana mayor del PP en los años 90, a excepción de Aznar.

Para Crespo, el dirigente que esta semana apenas recordaba nada en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, el hombre que atribuyó la macrocausa a un invento del exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba "y unos policías amigos", la Fiscalía solicita 85 años de cárcel por una ristra interminable de delitos: "fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuada, delito continuado de malversación en concurso con delito de prevaricación continuada, delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IRPF de 2003 y 2004, blanqueo de capitales, tráfico de influencias continuado, delito continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Administraciones".

Su defensa, que se ha desmarcado de la estrategia de Correa de admitir las mordidas de los empresarios a cambio de contratos y la mayor parte de ilegalidades que recoge el escrito de Anticorrupción, solo reconoce el fraude fiscal. Tal y como dijo el propio Crespo a Évole: "Hemos sido un poco laxos en materia tributaria y no hemos pagado cosas que teníamos que haber pagado”. El antiguo cerebro de las finanzas del PP gallego da por hecha la condena en la Audiencia Nacional, pero guarda la esperanza, según ha contado a los suyos, de que el Tribunal Supremo pueda tirar abajo el caso.

De las guerras fratricidas del PP gallego, que se cerraron en 2006 con la proclamación de Alberto Núñez Feijóo como líder del partido en sustitución de Fraga –el triunfo definitivo de los birretes– no quedan rescoldos. Solo un corrillo de dirigentes en horas bajas, convencidos de que si Crespo quisiese, tendría mucho que contar. Por ejemplo, los sobresueldos que reconoció haber pagado a varios políticos del PP gallego "con el conocimiento de la dirección del partido", cuando Rajoy era secretario general. De momento, Crespo ha decidido callar. Y Cuiña, su mentor, falleció en 2007. Tampoco habla de la caja de seguridad que guardaba en un banco de Pontevedra. Cuando la fiscal le preguntó esta semana a Crespo qué había en ella, el guardián de las finanzas del PP gallego en los noventa respondió que papeles de las empresas de Correa y una colección de relojes. Ah, "y algo de dinero", informa eldiario.es.

Púnica: Denuncian a Marjaliza (PP) por amenazas

El exalcalde de Valdemoro David Conde (PP) acudió el pasado miércoles a la Guardia Civil para poner en su conocimiento la llamada que el día anterior había recibido de David Marjaliza, uno de los principales imputados del caso Púnica. Según contó Conde a los agentes, el exsocio de Francisco Granados le pidió que el Grupo Popular, en la oposición, retirara una moción para anular los contratos del Consistorio con empresas de la trama al tiempo que le deslizaba algunas advertencias. David Conde es portavoz de los populares en el Consistorio desde que perdió la Alcaldía en junio de 2015, en favor de Ciudadanos.

El FBI registra correos vinculados con Hillary Clinton

Los agentes del FBI que investigan el manejo de la información clasificada de Hillary Clinton en un servidor de correo electrónico privado obtuvieron una orden de registro sobre un ordenador del excongresista Anthony Weiner, informaron este lunes varios medios estadounidenses. Mientras la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investigaba los archivos de Weiner por presuntamente mantener conversaciones sexuales con menores, los agentes encontraron otros correos que podrían estar vinculados al caso de Clinton, aunque este ya fue cerrado en julio pasado. El FBI ya tenía su orden de registro sobre el caso del exlegislador, quien fuera marido de una de las más cercanas asesoras de la aspirante demócrata, Huma Abedin, pero no contaba con permiso para investigar los correos por la investigación vinculada con la exsecretaria de Estado.

El equipo del FBI habría encontrado en las últimas semanas, miles de correos electrónicos de Abedin que potencialmente podrían estar relacionados con su etapa en el Departamento de Estado. La Justicia estadounidense investigó a la también ex primera dama después de que se descubriese que utilizó un servidor de correo privado para tratar asuntos nacionales cuando estaba al frente de la diplomacia estadounidense, pero tras meses de análisis el FBI concluyó en verano que no había razones para presentar cargos en su contra.

Sin embargo, el director de la agencia, James Comey, notificó a ocho presidentes de comités del Congreso este viernes que habían hallado documentos que podrían estar relacionados con el tema en otro caso diferente, el de Weiner, y que el FBI procedía a investigarlos. La nota, que no daba más detalles, ha provocado un gran revuelo en el país ya que la decisión de Comey se produjo a apenas 11 días de la cita electoral en la que Clinton se juega llegar a la Casa Blanca frente a su rival republicano, Donald Trump.

Trump acusa a Clinton de "crimen de la peor atrocidad"

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó hoy que la reapertura a apenas once días de las elecciones de la investigación del FBI en contra de su oponente, Hillary Clinton, por el escándalo de los correos, solo puede responder a un "crimen atroz". "El FBI nunca habría reabierto este caso en este momento a menos de que se trate de un crimen de la peor atrocidad", dijo Trump en un acto en Cedar Parks (Iowa) mientras sus seguidores coreaban el grito de guerra "lock her up" ("enciérrenla"). El magnate neoyorquino agradeció al FBI la "valentía" de "corregir el terrible error" que, a su parecer, cometió en julio cuando cerró la investigación por el escándalo de los correos electrónicos sin presentar cargos en contra de su rival.