dilluns, 14 de novembre de 2016

Imputada la cúpula del PP toledano por la mordida de Cospedal

El titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruíz, que investiga la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sacyr entregó al PP para financiar la campaña electoral autonómica de María Dolores Cospedal en Castilla La Mancha de 2007, ha decidido imputar a todos los concejales que participaron en la junta de gobierno del 23 de mayo de 2007, fecha en la que se concedió a la citada empresa la recogida de basuras de la ciudad de Toledo, por “la posible comisión de un delito de prevaricación en virtud de las decisiones adoptadas durante la misma en el Ayuntamiento de Toledo”, recoge la citada providencia.

El juez Rodríguez Ruiz ya advirtió el paso mes de junio, cuando decidió calificar la supuesta mordida como causa compleja y prorrogar, por lo tanto, la investigación, que veía claros indicios de posibles delitos, evitando así el archivo automático de la causa, decisión que esperaba como agua de mayo la hoy ministra de Defensa María Dolores Cospedal y los cinco imputados, tres de ellos pertenecientes al Partido Popular, formación que ha ejercido numerosas presiones para que la investigación de Rodríguez Ruiz no llegara a buen puerto.

Providencia que amplía la imputación a cinco nuevos concejales del PP que se suman a los ya investigados José Manuel Molina y Lamberto García Pineda, alcalde y vicealcalde, respectivamente, del equipo de gobierno de 2007 hoy en la lupa del juez del Juzgado nº 3 de Toledo. Los nuevos investigados son los exconcejales María José Rivas, Fernando Fernández Gaitan, Maripaz Ruiz, Fernando Sanz y Fernando Cirujano, informa El Plural.

Aguirre espió a sus enemigos con fondos públicos

Ocho años después, un Gobierno de la Comunidad de Madrid admite que existió espionaje político durante el mandato de Esperanza Aguirre y que las vigilancias a sus enemigos internos del PP se hicieron utilizando fondos de la Administración. Así consta en el escrito que el letrado que representa a la Comunidad de Madrid remitió el pasado 28 de junio al juzgado número cinco de Madrid que instruye el caso. En dicho documento, de siete páginas, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid dan por hecho que entre marzo y mayo de 2008 -cuando Esperanza Aguirre presidía el Gobierno regional- "se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Adminstración Regional que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les competía con ocasión de sus cargos".

Acciona, Dragados, Sacyr y San José, investigadas por desviar fondos del AVE a Murcia

Las sospechas se asientan sobre Acciona Infraestructuras, Dragados, Sacyr y Constructora San José. Según ha podido conocer la Cadena SER, la Guardia Civil investiga si las cuatro constructoras habrían formado parte del desvío de fondos públicos de ADIF por algo más de 17,6 millones de euros en las obras del AVE a Murcia. Una investigación que ha sido bautizada como la ‘Operación César’.

En Moldavia gana un socialista proruso

El candidato socialista moldavo se ha impuesto con el 54% de las papeletas a la conservadora Maya Sandu, del Partido Acción y Solidaridad, que ha conseguido el 44,06% de los sufragios, según datos de la Comisión Electoral Central. Igor Dodón, Presidente electo de Moldavia: “Quiero dirigirme a los que no me han votado, debemos mantener la calma. No necesitamos ni caos ni provocaciones, nuestra sociedad no necesita más desestabilización”.

Maya Sandu, a la que apoyaban medios liberales y conservadores europeos, denuncia que se han producido numerosas irregularidades durante la votación. Sandu defendía estrechar lazos con la UE, mientras Dodon aboga por un acercamiento a Rusia: “Por desgracia, estas elecciones se han organizado muy mal. Los colegios electorales en Londres, Bolonia, Bucarest y París se quedaron sin papeletas. Centenares de personas no han podido ejercer su derecho al voto”

Dodón no esconde que quiere dar un giro a la orientación política exterior del país, aunque su margen de maniobra es limitado ya que Moldavia tiene un sistema político parlamentarista en el que el jefe del Estado carece de poder institucional.

El socialista Rumen Radev gana presidenciales en Bulgaria


Sondeos a pie de urna dan a Rumen Radev el 58% de los votos contra el 35% de la presidenta del Parlamento, Tseska Tsatcheva. El socialista Rumen Radev se impuso en la elección presidencial en Bulgaria este domingo sobre la candidata del gobierno conservador. El primer ministro, el conservador Boiko Borisov, en el poder desde 2014 y cuyo mandato termina en 2018, anunció su dimisión tras la derrota de su candidata en los comicios presidenciales de este domingo ante un general socialista opositor. "Presentaré mi renuncia mañana (lunes) o el día siguiente (...) Los resultados muestran claramente que la coalición gobernante perdió la mayoría", dijo Borisov a los periodistas.

Fernández Díaz presidirá la comisión de Exteriores con los votos de PP y C's

El ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se convertirá este miércoles en presidente de la comisión de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Congreso de los Diputados, una de las que gozan de mayor prestigio en la institución parlamentaria. El nombre de Fernández Díaz es una propuesta personal de Mariano Rajoy, quien no ha contado con él para continuar en su nuevo Gobierno. El candidato del grupo parlamentario popular sustituirá en la presidencia de la citada comisión a Jesús Posada, quien renuncia para pasar a ocupar el mismo lugar en la comisión Constitucional de la Cámara baja, vacante a su vez tras el nombramiento de su titular, José Ignacio Zoido como ministro del interior. El relevo se producirá este miércoles, cuando se reúna el pleno de la comisión parlamentaria, según se ha acordado este mediodía en una reunión conjunta de su Mesa y junta de portavoces.

Fernández Díaz, que es diputado del PP por Barcelona, será elegido únicamente con los votos de su propia bancada, a la que se sumarán los del grupo parlamentario de Ciudadanos. Tanto el PSOE como Podemos han explicado a la salida de la reunión que no respaldarán con su voto la elección del candidato propuesto por el PP. Tampoco lo harán el resto de los grupos parlamentarios, quienes han renunciado a presentar un candidato alternativo para oponerse a Fernández Díaz.

Ciudadanos ha justificado su voto en función del pacto suscrito al inicio de la legislatura por todos los grupos parlamentarios de la Cámara baja según el cual, una vez acordado el reparto de las presidencias de las comisiones y la composición de sus respectivas Mesas, todos los candidatos propuestos por cada uno de los grupos sería respaldado por el resto. El pacto implicaba no cuestionar los nombres de los candidatos que se proponía. Esa ha sido la posición manifestada por su portavoz en la citada comisión, Eduardo Maura tras la reunión de este mediodía. El portavoz popular, José Ramón García Hernández, ha defendido la idoneidad “y la categoría política” de su candidato para ocupar la presidencia de la comisión de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Y ha rechazado que, como diputado, haya sido reprobado por la cámara “porque ningún parlamentario que representa a sus electores está sujeto a una figura que no existe”.

García Hernández, que ha consultado con los servicios de prensa de su grupo antes de comparecer ante los periodistas, se ha negado a contestar cuando ha sido preguntado por el hecho de que Fernández Díaz será sometido al escrutinio de una comisión de investigación sobre su actuación en el escándalo de las grabaciones desveladas por Público en las que se ponían de manifiesto presuntas actuaciones delictivas sobre personas vinculadas al proceso soberanista en Catalunya.

Tanto Eduardo Madina, del grupo socialista, como Sonia Farré, del grupo Unidos Podemos, han confirmado que no votarán al ex ministro para ocupar la presidencia de la citada comisión. “No nos gusta, eso es evidente”, ha dicho Farré, que no ha sabido explicar si finalmente su grupo votará en blanco o adoptará otra posición. Madina ha dicho que su grupo emitirá una papeleta en blanco. Ambos han descartado la presentación de un candidato alternativo.

En cualquier caso, la reunión de la comisión de Asuntos Exteriores y de Cooperación de este miércoles se prevé polémica ya que los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición pedirán un turno de palabra para explicar su posición contraria la propuesta del ex ministro del Interior para ocupar la presidencia. El enfrentamiento con el PP y, seguramente, con Ciudadanos está garantizado, informa Público.

Moren el doble de gironins per suïcidi que per accidents viaris

A les comarques gironines es produeixen cada any el doble de morts per suïcidi que per accidents de trànsit. Segons la darrera anàlisi de mortalitat del Departament de Salut, el 2014 a la demarcació de Girona es van registrar 78 morts per suïcidis, mentre que les víctimes mortals d'accidents a la carretera van ser 31. La tendència és similar en els anys precedents, amb 64 morts per suïcidi el 2013, 62 el 2012 i 63 el 2011 i 59 el 2010, segons les dades de la conselleria. En el conjunt de Catalunya, entre juny de 2014 i aquest agost, s'han detectat 3.530 persones en risc d'una conducta suïcida, l'edat mitjana de les quals va ser de 42 anys i el 64,4% eren dones.

A Catalunya, el 2014 van morir 526 persones per suïcidi, el que suposa la primera disminució anual des del 2007. Malgrat que és la primera causa de mortalitat prematura entre els joves de 25 a 34 anys en ambdós sexes, la dada suposa una taxa de 7,1 morts per cada 100.000 habitants, inferior a la del conjunt de l'Estat i de l'Europa Occidental.

Tot i això, les xifres continuen sent massa altes pel Departament, que s'ha marcat com a objectiu dins el Pla de Salut 2016-2020 reduir un 10% aquesta mortalitat en quatre anys. Una de les eines que fa servir és el Codi Risc Suïcidi, una mesura pionera a l'Estat en polítiques de prevenció del suïcidi que ja està implantada arreu del territori català i que defineix l'actuació específica urgent de tots els agents sanitaris implicats quan es detecta un cas amb risc de suïcidi alt. Entre altres qüestions, potencia la continuïtat assistencial dels pacients atesos per conductes suïcides, tant adults com menors.

Tot i que el model gironí de l'atenció a la salut mental -gestionat per una sola entitat, l'Institut d'Assistència Sanitària- facilita que alguns dels procediments del codi ja s'apliquessin de manera habitual, a la regió sanitària de Girona aquest nou protocol es va començar a desplegar l'estiu del 2015, excepte a la zona de l'Alt Maresme. Des de l'inici de la implantació del codi fins a l'agost del 2016, a la regió de Girona s'han registrat 203 persones que s'han trobat en una situació de risc d'una conducta suïcida, 113 al 2015 i 90 enguany. Majoritàriament eren dones. Segons les dades de la conselleria, el 70% de les altes hospitalàries van requerir un seguiment per part dels centres de salut mental, informa Diari de Girona.

Israel desclasificará 400.000 documentos sobre tráfico de niños

El Gobierno israelí aprobó este 13 de noviembre que se desclasifiquen unos 400.000 documentos relacionados con los presuntos casos de secuestro y adopción ilegal de niños en Israel, mayoritariamente de origen yemení, desde finales de los 1940 y principalmente hasta principios de los 1960. Varios miles de pequeños, además de yemenís, de otros países de Oriente Medio, el norte de África y los Balcanes fueron dados por muertos en hospitales y dados en adopción de forma ilegal a familias israelíes e incluso en el extranjero, según denunciaron asociaciones de afectados. En las últimas décadas, el Gobierno israelí nombró tres comisiones distintas para investigar las denuncias que llegaron a la conclusión de que la mayoría de niños murieron en el hospital y se los enterró sin informar a las familias.

Numerosos testimonios recogidos en las investigaciones fueron clasificados, pero a partir de ahora podrán consultarse en los archivos e incluso se difundirán por internet cuando lo autorice el Comité de Ley Constitucional y Justicia de la Kneset (Parlamento israelí). La última comisión de investigación, en 2001, había decretado que los testimonios y otros muchos documentos relativos a los casos denunciados no podían hacerse públicos hasta el 2071, pero con la decisión tomada hoy por el Gobierno se abrirán próximamente.

El pasado junio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, nombró al ministro Tzachi Hanegbi como encargado de esta cuestión, que en los últimos meses ha sido muy destacada en la prensa israelí, especialmente a raíz de la investigación, por parte del diario Haaretz, de varios casos de niños desaparecidos. Netanyahu encargó a Hanegbi que estudiara la conveniencia de desclasificar los documentos. Hacerlos públicos, según afirmó hoy el ministro, "acabará con esta situación insoportable, esta confidencialidad injustificada que se impuso durante 70 años sobre este material". "Esto acabará con las sospechas, el escepticismo y la desconfianza de las familias (afectadas) hacia las agencias del Estado", como la que lleva adopciones.

Al menos 20 personas en Israel han logrado contactar con sus familias biológicas tras descubrir que fueron adoptadas ilegalmente, secuestradas y dadas por muertas en hospitales o centros para niños. Las familias afectadas eran mayoritariamente de judíos recién llegados a Israel. Hanegbi señaló que las familias afectadas podrán ver los documentos primero y solicitar que los que les afecten personalmente no se hagan públicos, informa sputniknews.com.

Yemen: Operación Alfombra Mágica

Operación Alfombra Mágica es el apodo más conocido para la Operación en alas de águilas (Operation On Wings of Eagles), una operación de supuesto rescate realizada entre junio de 1949 y septiembre de 1950 que llevó 49.000 judíos de Yemen al recientemente creado Estado de Israel. Aviones de transporte británicos y norteamericanos efectuaron unos 380 vuelos desde Adén, en una operación secreta, y que no se hizo pública hasta varios meses después de haberse terminado. En algún momento, la operación fue también denominada Operación Llegada del Mesías.

Tras el Plan de la ONU para la partición de Palestina de 1947 en el que el Estado judío fue declarado, alborotadores musulmanes participaron en enfrentamientos en Adén, matando a 82 personas y destruyendo un gran número de casas de los judíos. A principios de 1948, la falsa acusación del asesinato de dos niñas musulmanas en Yemen motivó saqueos de los bienes de los ciudadanos judíos. La comunidad judía de Adén estaba económicamente paralizada, ya que la mayoría de las tiendas y negocios de los judíos habían sido destruidos.

Los judíos de Yemen empezaron a reunirse en "Camp Geula" (hebreo: Redención) en Adén, declarando el deseo de emigrar a Israel. Sin embargo, las tropas británicas, que controlaban la Colonia de Adén, impidieron esta emigración hasta que la Guerra de independencia de Israel terminó a principios de 1949. En ese momento, unas 10.000 personas se habían reunido en el campamento de Geula. El recién nombrado imán de Yemen, Ahmad ibn Yahya, dio su secreta aprobación para la realización de un puente aéreo y el establecimiento de una base para la operación.
La operación

En respuesta a una situación cada vez más peligrosa, la mayor parte de la comunidad judía de Yemen emigró en secreto a Israel entre junio de 1949 y septiembre de 1950 en la Operación Alfombra Mágica. La migración continuó en menor número en 1962, cuando una guerra civil puso un abrupto fin a cualquier nuevo éxodo judío. Algunas ricas familias judías, que dudaban de las promesas de un futuro mejor en Israel, decidieron no abandonar sus propiedades, y un total de unos 300 judíos permanecieron en Yemen.

En el curso de la Operación Alfombra Mágica, la inmensa mayoría de los judíos de Yemen -unos 47.000 yemenitas, 1500 de Adén, así como 500 de Yibuti y judíos de Eritrea- fueron transportados en avión a Israel. La mayoría de ellos nunca habían visto previamente un avión. Fueron rescatados de sus formas de vida como agricultores, siendo reeducados para afrontar un nuevo modo de vida en un mundo nuevo. Algunos niños desaparecieron al llegar en Israel, los padres de esos niños nunca recibieron información sobre ellos, lo que resulto en el caso de los niños judíos yemenitas.
Origen del nombre

El nombre oficial de la operación se originó a partir de dos pasajes bíblicos:
Éxodo 19:4 - "Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí".
Libro de Isaías 40:31 - "Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán".

Debido a que nunca habían visto anteriormente aviones, estaban muy asustados y se negaban a subir. Entonces, el rabino citó el versículo anterior para mostrarles que estarían seguros al ingresar a los aviones. La Operación Alfombra Mágica fue la primera de una serie de operaciones, cuyo objetivo era el transporte en masa de comunidades enteras de judíos, perseguidas y hasta, algunas, en peligro de extinción, desde los países árabes hacia Israel, durante los años 1950 y 1960, según Wikipedia.

Sionisme i Nazisme, una aliança d'interessos: El Lehi de Stern i Shamir (2)

Quan els britànics van conquerir l'Orient Mitjà en 1917, van crear dos estats, el primer anomenat "Palestina" va ser en una àrea que inclou el modern Israel, la Ribera Occidental i Gaza, i Jordània. La segona etapa anomenada "Mesopotàmia" es va fer de diverses regions otomanes al voltant de Bagdad. Més endavant va ser retitulat "l'Iraq".

Catalunya: Uns comptes de dretes a canvi d'un referèndum

La CUP va anunciar dissabte que permetria l'admissió a tràmit dels pressupostos de l'any que ve. El canvi de postura –al juny va vetar els comptes per al 2016– és degut, sobretot, al fet que s'hagi introduït una partida per fer el referèndum d'independència, que Carles Puigdemont va anunciar per al setembre del 2017. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha assegurat aquest dilluns que "si el TC suspèn els pressupostos, el referèndum s'ha de fer igualment". "No ens podem escudar en què suspèn el TC".

De fet, ja es va avançar que els comptes incorporarien obertament una partida per al referèndum, un fet que donaria arguments de pes a l'Estat per impugnar-los. El Govern, però, està disposat a afrontar aquest repte, i això que a Junts pel Sí hi ha veus que defensen que és millor repetir l'estratègia del 9-N, quan es va optar per ubicar els recursos destinats a la votació en diferents partides, sobretot la de processos electorals, sense fer al·lusió explícita a la consulta. Aquest cop, però, la CUP ha pressionat per explicitar-ho. Al mateix temps, però, hi haurà altres capítols no tan explícits (i per tant, difícilment impugnables) que també incorporaran les despeses que haurien de servir per impulsar la votació. Així, si el TC acabés suspenent la partida per al referèndum, els pressupostos continuarien preveient igualment els recursos per dur-lo a terme.

Des de la formació anticapitalista reclamen que, en una legislatura que els independentistes qualifiquen d'"excepcional" perquè ha de de deixar Catalunya a les portes de la independència, els pressupostos "no poden ser els normals". "Hi ha d'haver polítiques que avancin en el referèndum", ha dit Reguant. Per fer possible la convocatòria d'aquest referèndum, Reguant ha demanat convocar la cimera d'experts de l'autodeterminació "com més aviat millor", per tal de complir amb el que es va aprovar en el debat de política general.

Precisament el fet que la CUP admeti a tràmit els pressupostos perquè el Govern ha garantit una partida pel referèndum ha estat blanc de les crítiques dels partits de l'oposició. El líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha retret als cupaires que avalin, d'entrada, els comptes "no perquè hi estiguin d'acord, sinó perquè a canvi hi haurà un altre 9-N". En una entrevista a TV3, Domènech ha dit que això significa que molts problemes no s'abordaran "a canvi d'una cosa que passa sempre en el futur" i que, aquest cop, és el referèndum, informa L'ARA.

JxSí quita la deducción por vivienda para complacer a la CUP

Un total de 250.000 contribuyentes del IRPF con ingresos superiores a 30.000 euros anuales dejarán de disfrutar en Catalunya de un 1,5% de deducción adicional por vivienda habitual si prospera el paquete de medidas fiscales que el Govern ha acordado con la CUP en el anteproyecto presupuestos de la Generalitat para el 2017. Con esta medida, el Govern se ahorrará unos 11 millones de euros en el 2018. Esta rebaja, que supone descartar la subida del IRPF a las rentas más altas, una de las exigencias de los 'cupaires', es una de las medidas que Junts pel Sí y su socio anticapitalista han pactado tras un trabajo de "aproximación de posiciones políticas" bajo los principios de "equidad y progresividad", según ha explicado el secretario de Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

La esposa de Mas todavía tiene un parking a nombre de la Generalitat

Helena Rakosnik, la esposa del ex presidente catalán Artur Mas, todavía dispone de una plaza de aparcamiento a nombre de la Generalitat de Cataluña reservada en las instalaciones que tiene en la Avenida Miramar de Montjuic Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), la empresa pública para la que supuestamente trabaja aunque "no va mucho". La existencia de esta plaza reservada fue revelada por EL TRIANGLE en febrero de este año, cuando Mas ya no era presidente de la Generalitat. Rakosnik, que hace 35 años que trabaja para TMB -inicialmente como profesora en la escuela donde estudiaban los hijos de los empleados-, también ha llegado a ser presidenta del Festival de la Infancia y vicepresidenta de la Fundación Rosa Oriol.

La esposa de Artur Mas decía que era "una más" en la empresa pública de transportes, si bien los hechos apuntan lo contrario. EL TRIANGLE ha podido constatar que la plaza sigue estando a su disposición aunque, según explicaban los empleados a este semanario hace unos meses, no iba mucho al que se supone que es su puesto de trabajo.

Los enchufados con supersueldos y sus colocados en TMB

De las 163 personas que han recurrido contra la resolución que obligaba a TMB a publicar sus nombres y sueldos, se han encontrado al menos 27 con familiares directos trabajando en la empresa. Algunos responsables tienen dos o más familiares ocupando puestos en TMB, como los Bernal o los Ciércoles. El enchufismo está repartido por toda la estructura de la empresa pública de movilidad, donde hasta principios de los 80 los puestos se repartían entre familiares por normativa. Los Bernal son una familia muy conocida en TMB. El patriarca, Francisco Bernal, fue trabajador de la empresa y líder del sindicato SIT durante décadas, hasta su jubilación. Ahora en TMB trabajan sus tres hijos, además de la esposa de uno de ellos. En total, cuatro personas de esta familia trabajan actualmente en la empresa de capital público, cinco han trabajado. Este no es ni mucho menos un caso aislado, sino que forma parte del ADN de una empresa cimentada en base a relaciones personales y poder político.

Justicia se opone a revelar los amnistiados fiscales del PP

Los detalles de la amnistía fiscal irregular y para los amigos del PP de Rajoy continuarán siendo secretos, al menos a corto plazo. La Justicia a medida de los defraudadores se ha opuesto a la publicación de las sociedades extranjeras declaradas en los modelos 720 y 750, anulando una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en la que instaba a la Agencia Tributaria a ello. De esta forma, el secretismo que impera sobre la medida aprobada por el ministro Cristóbal Montoro en 2012 se afianza, pese a los intentos de la oposición —especialmente Ciudadanos— de revisarla y publicar la identidad de los beneficiarios.

La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid, contra la que cabe recurso, ampara la preferencia de la reserva de datos tributarios en detrimento del acceso a la información pública. “El derecho a la información no puede entenderse con carácter absoluto ni preferente a otros derechos. Estamos ante una regulación general cuya finalidad es el acceso a la información pública, pero que ha de adaptarse a cada caso”, señala el fallo.

Para la magistrada, la información solicitada por El Confidencial hace más de un año corresponde a “datos obtenidos por la Administración Tributaria, que, a tenor del artículo 95 de la Ley General Tributaria, tienen carácter reservado, y, por tanto, no incluido en la obligación de información pública”. Con estos argumentos, el juzgado avala los argumentos esgrimidos por la Agencia Tributaria en su recurso. En cambio, no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas por el CTBG, en las que criticaba "la exclusión completa de la materia tributaria del ámbito de la Ley de Transparencia". "El carácter reservado de los datos tributarios no es absoluto porque es información pública y publicitada", consideraba el organismo presidido por Esther Arizmendi.

El Consejo de Transparencia también argumentó que, al igual que Hacienda publica semestralmente una lista de deudores tributarios en la que aparece la denominación social, debería hacerse lo propio con las sociedades regularizadas con la amnistía fiscal. Pero nuevamente, este argumento no fue respaldado por la magistrada, al considerarlo “no asimilable a lo solicitado”.

Precisamente, en la última lista de deudores tributarios publicada el pasado mes de junio, una sociedad extranjera figuraba como el tercer mayor moroso de la Hacienda española. Oceanus Maritime Limited, radicada en la Isla de Man, dependiente del Reino Unido, debía más de 189 millones de euros a la Agencia Tributaria. Tal y como desveló El Confidencial, esta compañía es la propietaria oficial de uno de los yates de lujo más grandes del mundo, el ‘Topaz’, si bien la embarcación siempre ha sido considerada como perteneciente al jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos y dueño del Manchester City.

El uso masivo de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales —denominadas compañías ‘offshore’ en el argot financiero— para ocultar patrimonio y, en la mayoría de los casos, eludir el pago de impuestos ha cobrado gran actualidad en el último año a raíz de las investigaciones periodísticas de los papeles de Panamá y Bahamas Leaks, publicadas en España por El Confidencial y La Sexta. Ambas revelaciones han llevado a la apertura de investigaciones fiscales a lo largo y ancho del mundo e incluso a la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento Europeo.

El PP pagó 500.000 € por los datos de los Pujol

José Villarejo, comisario de la Policía Nacional y uno de los implicados en las operaciones ilegales encubiertas contra dirigentes políticos independentistas, ha confirmado a la justicia de Andorra que él es el autor de varios informes sin sellos ni firmas en los que, entre otras cosas, se asegura que el exconsejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, recibió 500.000 euros de fondos reservados a cambio de entregar una copia de movimientos de dinero de las cuentas de la familia del expresident Jordi Pujol en ese banco.

La amnistía fiscal prescribe el 30-N: España se juega 2.800 millones

En principio los que se beneficiaron de la amnistía fiscal del PP en 2012 pasarían a tributar el 10% por todo el dinero aflorado en vez del 3% inicial. Eso sí, siempre que no prescriba. Precisamente por este motivo el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que envíe antes del 30 de noviembre (fecha en que prescribe por cumplirse cuatro años) la carta a la Agencia Tributaria en la que emplaza a que los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 tributen al 10% establecido en aquella regularización extraordinaria y no al 3%.

Valencia: Hospitales públicos al límite

Falta de espacio para servicios asistenciales o salas infrautilizadas a la espera de alguna obra que las llene de contenido. Escasez de personal, materiales amenazados por su antigüedad cuando no ya obsoletos. Proyectos en el aire que aguardan correr una suerte distinta a los que pasaron a dormir el sueño de los justos. En escenarios salpicados por una, en ocasiones varias, de estas circunstancias se desenvuelve el día a día de los hospitales de la ciudad, que llegan a afrontar complicaciones que les colocan en situaciones límite, a las puertas de la UCI. Foto: Fachada del Clínico, sobre la que se ha levantado una planta prefabricada para ganar espacio.

El retrato del Clínico de Valencia, asfixiado por la falta de espacio y la suciedad del edificio contiguo y con un proyecto de ampliación aparcado, quizás sea el más revelador, pero no el único que descubre las carencias en el mapa de las infraestructuras hospitalarias. El deterioro de La Fe de Campanar avanza pendiente del plan de reactivación que precisará de dos legislaturas para finalizar. El Arnau y el Peset requieren, a juicio de los representantes de los trabajadores, la revisión de algunas áreas. El General tiene en marcha una obra -varias fases- que descubre una realidad obsoleta que clamaba intervención: acabar con las habitaciones de tres y cuatro camas.

Los sindicatos hablan de necesidad generalizada de «remozar» las instalaciones. Solicitan de la Administración acabar con los «parches» y a poner fin a una situación derivada de «años sin intervenciones». Hablan de 10 años, de una década. Las denuncias sindicales ponen el acento en la conveniencia de actuar ante las consecuencias de una etapa marcada por dificultades de financiación y, por tanto, corta de inversiones. Llama la atención que esta realidad se descubre al mismo tiempo que la Generalitat lleva adelante su plan de recuperar la gestión de hospitales de concesión -modelo Alzira-, que incluso incluye la posibilidad de comprar el Hospital de Dénia, que podría costar 60 millones, como fuentes próximas a las concesionarias apuntaron meses atrás.

El secretario general del sindicato médico Cesm, Andrés Cánovas, considera que «los hospitales hace mucho tiempo que necesitan revisión». Hay que tener en cuenta la «antigüedad y la falta de inversiones en los últimos 10 años; se tenían presupuestos muy bajos, como también este gobierno en un contexto de infrafinanciación respecto a otras Comunidades Autónomas» con consecuencias para edificios y personal.

Jesús García Conejos, secretario general de Función Pública de UGT, coincide en que «llevamos mucho tiempo» sin intervenciones en el terreno «del material y de personal». De hecho insiste en reclamar la revisión de las plantillas. Añade que hay centros en los que los profesionales se encuentran con «material antiquísimo» . La apuesta de García Conejos pasa por «utilizar lo que tenemos, mantenerlo y estudiar cuándo resulta rentable remodelarlo». No olvida comentar que la actual realidad sociológica, marcada por el envejecimiento de la población y el incremento de la cronicidad, empujan «a mejorar los centros sanitarios de crónicos, que son muy deficitarios» y ello le conduce a volver a mencionar la necesidad de actualizar plantillas.

El recorrido que los representantes de los trabajadores realizan por los hospitales también detiene la mirada en la tecnología. Es Arturo León, secretario de sanidad de CC.OO quien pone el acento en esta cuestión planteando que a la hora de «incorporar tecnología hay que medir muy bien la rentabilidad». Para León sería conveniente un organismo encargado de «evaluar» qué recursos son los adecuados para su adquisición.

Centrar la atención en las cuestiones tecnológicas no aparta a Arturo León de referir que hay hospitales cuya antigüedad aconseja poner manos a la obra. Se pronuncia sobre el Arnau, el Clínico o el Peset para decir que «los más antiguos requieren mayor atención». Sobre las instalaciones de la avenida Gaspar Aguilar insiste que es un centro grande con actividad importante que hay que «remozar».

El sindicato Csif se detiene sobre el mantenimiento de instalaciones para evitar que queden obsoletas. Dolly Prunés, vicepresidenta de sanidad de esta formación, asegura que «cuando llega el mantenimiento es cuando ya se ha estropeado». Cita como ejemplo los problemas que surgen con las conducciones de aire acondicionado o las instalaciones eléctricas. «No hay revisión», insiste. A su juicio hasta ahora lo que se ha hecho en los edificios ha sido «parchear y se sigue parcheando», algo con lo que considera que habría que acabar porque entiende que lo que los hospitales necesitan «un repaso y algunos algo más». La radiografía que ofrecen los sindicatos muestra la necesidad de un esfuerzo económico. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, en abril anunció una inversión de 330 millones en el periodo 2016/2010 para «dignificar» las infraestructuras sanitarias, 66 eran para este ejercicio. En esa palabra: dignificar», encuentra Prunés el reconocimiento de la necesidad de actuar.

En la comparecencia de Montón en la comisión de Economía de Les Corts, al explicar el presupuesto de Sanidad para 2017 adelantó que las inversiones cuentan con 75,14 millones. Incluye 4,2 para La Fe de Campanar. También se prevén ampliaciones y reformas en el Arnau o el Clínico, así como actuaciones en Ontinyent, antiguo hospital militar de Mislata -en el área de gestión directa- y en Elche. Poco más ha concretado la conselleria. Habla de «un plan de dignificación de infraestructuras» para revisar actuaciones a realizar y recuerda que ya han trabajado sobre «tecnología obsoleta y servicios que no se habían tocado desde su apertura».

Valencia: El Hospital Clínico, lleno y sucio

El Hospital Clínico se ha quedado pequeño. Necesita más espacio para ofrecer la calidad asistencial debida a los ciudadanos. Y, además, el edificio contiguo ofrece un «acelerado proceso de deterioro» que preocupa a los trabajadores al considerar que el estado de «insalubridad» de la antigua escuela de Agrícolas, no es el más conveniente para el vecino de un centro sanitario, tal como han denunciado desde el sindicato UGT. «Tenemos que crecer, pero ¿hacia dónde?». Es la pregunta que se plantean los representantes de UGT ante un edificio que se está viendo ahogado por falta de espacio y la suciedad del inmueble colindante. Mencionan muchos ejemplos que a su juicio vienen a demostrar la necesidad de ganar espacio. La reivindicación llega cuando se acaba de conocer que el proyecto de ampliación a costa de la antigua escuela de Agrícolas se ha desvanecido.

Colau aumenta un 7'6% las dietas de sus directivos

El Gobierno de Barcelona, liderado por Ada Colau, presentó el pasado lunes las líneas maestras de su propuesta presupuestaria para 2017. Unas cuentas expansivas que prevén incrementar un 8% las inversiones para acometer proyectos sociales como la mejora de los barrios más desfavorecidos de la ciudad o la llegada del Metro a zonas periféricas, y para ampliar en 400 personas la plantilla de empleados públicos del Consistorio. Sin embargo, las cuentas esconden gastos que contradicen el discurso empleado por Colau para alcanzar la Alcaldía de la capital catalana, como el aumento de la partida para cubrir las dietas del personal directivo del Ayuntamiento, es decir, de sus altos cargos, entre los que está colocado su cónyuge. Concretamente, los presupuestos de 2017 prevén un incremento del gasto en «dietas del personal directivo» de un 7,6% respecto a las cuentas aprobadas por Xavier Trias en 2015, antes de perder las elecciones municipales y ceder el testigo a Colau. Un incremento que supone cuatro veces más que el IPC previsto para 2017.

Los últimos presupuestos del ex alcalde de Barcelona preveían un gasto de 144.669 euros para cubrir las dietas de los gerentes y directores del Ayuntamiento, es decir, de su personal técnico no electo de mayor rango. Las cuentas de Colau para 2017 elevan hasta los 155.777 euros esta partida, según consta en el libro verde de los presupuestos, la memoria donde aparecen detallados todos los gastos e ingresos previstos para el próximo año.El extenso documento, al que EL MUNDO ha tenido acceso, también fija un crecimiento de los gastos asociados a los desplazamientos de este personal directivo. En 2017, el Ayuntamiento calcula destinar 203.252 euros a los «gastos de locomoción del personal directivo», lo que supone un 24,6% más de lo presupuestado por Trias en 2015 para esta partida: 163.110 euros.

Los salarios del personal directivo del Ayuntamiento de Barcelona no están sujetos al código ético de Barcelona en Comú. Los gerentes reciben entre 95.000 y 97.000 euros anuales, aunque Colau hizo excepciones con algunos gerentes y mantuvo su sueldo incluso por encima de los 100.000 euros. En el caso de los directores de las diferentes áreas, sus retribuciones rondan los 73.000 euros y el nombramiento de varios de ellos está bajo sospecha. La oposición ha reclamado explicaciones al Gobierno de Colau después de que este diario revelase que algunos de estos altos cargos pertenecían a Barcelona en Comú, habían formado parte de la lista electoral de Colau o tenían vínculos con el gerente jefe del Consistorio y habían conseguido su puesto imponiéndose en concursos públicos a hasta 40 aspirantes.

Pero en los presupuestos de Colau para 2017 no sólo aumentan las partidas para cubrir los gastos de los altos cargos no electos del Ayuntamiento, también se incrementa el presupuesto para los «gastos de representación política de los órganos de gobierno», es decir, del Ejecutivo que actualmente forman los concejales de Barcelona en Comú y el PSC. Esta partida pasa de los 19,4 millones de euros fijados en los presupuestos de Trias a los 21,7 millones de las cuentas de Colau para 2017, lo que supone un incremento del 12%. Este cajón de sastre sirve para financiar los gastos ordinarios del Gobierno municipal, excluyendo los asociados al protocolo, y las relaciones institucionales e internacionales, que cuentan con una partida adicional de 7,3 millones de euros.

Después de que ERC confirmara ayer su no a las cuentas, Colau prevé aprobar sus primeros presupuestos propios vinculándolos a una cuestión de confianza, lo que le permitirá no tener que pactar con la oposición ninguna partida de su propuesta. El pasado año prorrogó los de Trias.

ERC votará 'no' a los presupuestos de Colau

ERC que, hasta el pacto entre Barcelona en Comú y el PSC para compartir el gobierno municipal, fue el socio de Ada Colau para aprobar decisiones relevantes durante su primer curso al frente del consistorio, votará el martes contra de la propuesta de presupuestos municipales del 2017. Así lo ha anunciado su jefe de filas en el consistorio, Alfred Bosch. Es una decisión que confirma lo que ya se daba por hecho: Colau no tiene opción alguna de sumar la mayoría absoluta a favor de esas cuentas.

El arzobispo de Oviedo imputado por estafa

La hermana Laura es una monja chilena que lleva media vida en Barcelona junto a otras diez en una finca en pleno centro, a pocos metros de la Rambla. Se dedican desde hace décadas a ayudar a indigentes. También a actos de mayor ortodoxia como rezar contra el aborto, como sugiere el tríptico de la entrada, junto a una pequeña tienda de objetos litúrgicos. Entre las preocupaciones de las monjas se incluye ahora que ser desahuciadas en cuestión de cuatro meses, como consecuencia de la venta del edificio donde viven, que atribuyen a una operación delictiva del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. La operación forma parte del conflicto que ha hecho que 268 monjas de la asociación Lumen Dei hayan llevado al prelado ante la Justicia. Acusan al arzobispo de ventas irregulares por 12,7 millones de euros al vender una cartera formada por colegios, edificios y pisos repartidos por varias ciudades de España. Un portavoz de Sanz Montes defiende la legalidad de las operaciones y acusa a las monjas de «usurpar» el nombre de la asociación.Tras años de enfrentamientos, las 268 monjas han logrado apoyo de los tribunales.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir una querella contra Sanz que fue archivada por defectos de forma, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El órgano judicial pide que se investigue si el prelado cometió estafa y coacciones, así como delitos contra la Seguridad Social o la libertad religiosa. En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 1 investiga otra denuncia por estafa y falsedad en documento oficial contra el arzobispo y otras diez personas. Esta segunda denuncia debe ser ratificada este mes por las religiosas.

Las religiosas representan a una de las ramas de la asociación católica Lumen Dei, cuyo control tomó Sanz en 2009 con el aval del Vaticano. La forma en la que lo logró, bajo presuntas falsificaciones y coacciones, es la raíz de un conflicto que puede llevarle al banquillo. Desde su llegada a Lumen Dei, Sanz ha vendido propiedades sobre las que no tiene potestad alguna, según la querella. El abogado de la asociación sostiene, en cambio, que todas las ventas «han sido perfectamente legales».

La finca de los números 17, 19 y 21 de la calle Xuclà de Barcelona donde vive la hermana Laura -nombre ficticio a petición propia- es una de las afectadas. Se trata de cinco plantas de más de 19.000 metros cuadrados en el corazón turístico de la ciudad. Una joya para cualquier inversor inmobiliario que ha sido vendida por un precio muy por debajo de mercado. En una zona donde los precios oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros el metro cuadrado, la inmobiliaria Barcelona Real Estate Expertise se ha hecho con el edificio por tres millones, según consta en la denuncia. Una segunda empresa con sede social en Luxemburgo, Vauras Investment, habría adquirido el resto de la finca. A raíz de las ventas existen dos demandas de desahucio contra las religiosas. La presentada por Barcelona Real Estate ha sido tramitada por un juzgado de Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra han entregado ya a las misioneras un aviso de expulsión que se ejecutará en febrero. Una segunda demanda está todavía en trámite. El abogado de Lumen Dei defiende los desahucios porque las religiosas «ocupan ilegítimamente inmuebles que no son suyos» porque abandonaron la asociación. Otra de las operaciones que se investigan es la venta en 2012 del colegio Saint Mary of Fatima en Pozuelo de Alarcón, rebautizado tras su adquisición como Aquinas American School. El centro acabó siendo adquirido por el empresario Antonio Arcones, a quien las religiosas aseguran que entregó el centro a dedo el arzobispo de Oviedo. El trato, además, se cerró en condiciones muy ventajosas.

El colegio fue adquirido por más de 6,2 millones, un precio inferior al ofertado por otros grupos educativos. El contrato final con el empresario escogido también incluye una cadencia en los pagos de 15 años. Unas condiciones que la administradora de Lumen Dei en aquellos momentos se negó a firmar al considerar que eran perjudiciales. La venta se acabó formalizando sólo con la firma del arzobispo de Oviedo.La denuncia que será ratificada el próximo día 23, según fuentes del Tribunal Superior de Madrid, incluye también la venta presuntamente irregular por 3,5 millones de un edificio en la calle Maria Ripoll de Madrid. Los intermediarios implicados en todas las operaciones, así como el notario que permitió algunas de las ventas por parte del arzobispo, también constan como denunciados, informa El Mundo.

Aguirre espió a sus enemigos con fondos públicos

Ocho años después, un Gobierno de la Comunidad de Madrid admite que existió espionaje político durante el mandato de Esperanza Aguirre y que las vigilancias a sus enemigos internos del PP se hicieron utilizando fondos de la Administración. Así consta en el escrito que el letrado que representa a la Comunidad de Madrid remitió el pasado 28 de junio al juzgado número cinco de Madrid que instruye el caso. En dicho documento, de siete páginas, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid dan por hecho que entre marzo y mayo de 2008 -cuando Esperanza Aguirre presidía el Gobierno regional- "se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Adminstración Regional que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les competía con ocasión de sus cargos". "Esas personas", continúa el escrito del Letrado de la Comunidad de Madrid, "desarrollaron la actividad anómala en el marco de la entonces Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid".

Dicha acusación se refiere a los seguimientos de los que fueron objeto por parte de personal de la Administración regional durante el año 2008 Manuel Cobo, que en aquel momento vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia y diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Aquel espionaje que el propio Cobo llegó a bautizar con el nombre de "gestapillo" tuvo lugar en el contexto de la batalla fratricida que se había destapado en el Partido Popular después de la segunda derrota de Mariano Rajoy contra el candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. El sector de Aguirre se había conjurado para descabalgar a Rajoy de la presidencia del PP dentro de una operación apadrinada por sus medios de comunicación afines.


El Gobierno de Cifuentes, quien llegó a calificar este caso de "montaje", rectifica ahora y no solo admite que existieron los seguimientos -el sumario acumula partes que coinciden con la agenda de Cobo de aquellos días- sino que atribuye a sus responsables el delito de malversación de caudales públicos tipificado en el artículo 433 del Código Penal y pide sentar en el banquillo a los seis funcionarios que presuntamente los realizaron. Dos de ellos ocupaban durante aquellos meses de 2008 cargos de responsabilidad en el Gobierno de Aguirre. Se trata de Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid entonces, y su "persona de confianza, el subdirector general Miguel Castaño Grande". Ambos, según el escrito de acusación del Gobierno de Cifuentes, "encomendaron u ordenaron la realización de intervenciones o actividades ajenas al desempeño normal de sus respectivos puestos a los subordinados de la referida área administrativa, y que consistieron en tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes administraciones".

La tesis del actual Gobierno de Madrid es que "los teléfonos móviles corporativos y los vehículos oficiales" que la Administración puso en manos de estos trabajadores públicos "no fueron aplicados lealmente y con ocasión de sus leales funciones por los acusados". Junto a los cargos de seguridad de Aguirre, el Ejecutivo de Cifuentes también acusa a tres guardias civiles y a otro funcionario público, que "cumplieron las órdenes dadas por su superior desvirtuando así el legísimo uso" de los teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid.

El escrito de acusación de la Comunidad de Madrid no entra a valorar si hubo órdenes políticas de más arriba y señala como máximo responsable de las vigilancias a Gamón, para el que pide la suspensión de empleo y sueldo durante tres años y una multa de 18.000 euros, al aplicarle un agravante ya que "como Director General de Seguridad impartió las órdenes, dirigió de forma determinante la operativa antijurídica y fue el artífice de la disposición de los medios de la Administración Regional para sus subordinados".

La pena que solicita para el lugarteniente de Gamón es también de tres años de inhabilitación, aunque en este caso el escrito de calificación rebaja la multa a 9.000 euros. Para el resto de acusados las penas son menores. Con este escrito, el caso entra ya en su recta final, después de que la jueza que lo instruye, Carmen Valcárcel, intentase cerrarlo hasta en tres ocasiones y después también de que la Audiencia Provincial forzase la reapertura de la causa otras tantas veces.

La actitud del Gobierno de Cifuentes ante el juzgado choca con lo que han hecho con este caso sus antecesores en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González. Ambos han intentado enterrar el escándalo e incluso el anterior grupo del PP en la Asamblea de Madrid impuso su tesis en una comisión de invetigación y concluyó que el espionaje no existió. Todavía este sábado la propia Aguirre negaba a preguntas del director de eldiario.es, Ignacio Escolar, en el programa La Sexta Noche que emite La Sexta que se hubiesen dado esos seguimientos.

"Es una falsedad como un pino. Si ha sucedido, ni yo lo he conocido ni yo lo he aprobado y el que dice lo contrario miente. Nadie ha dicho que hayan existido esos espías", alegó Aguirre en dicho espacio televisivo. Preguntada sobre si Gamón, que se encargó de su escolta cuando era ministra del Gobierno de Aznar y fichado posteriormente durante su mandato como director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid era una persona de su confianza, Aguirre admitió que había trabajado para ella pero volvió a despejar la cuestión: "Desconozco que este señor haya tenido que ver en esto, en las cosas que están sub iudice me gustaría que hablasen los jueces”, informa eldiario.es.

Esperanza Aguirre en el ojo de la mafia Correa

Esperanza Aguirre dice que nunca supo de las tramas corruptas que extendían sus tentáculos en la Comunidad de Madrid ayudadas por algunos de sus subordinados. Es más, ha presumido de haber cortado los de Gürtel cuando Francisco Correa se dispuso a hacer caja con unos terrenos en Majadahonda. Nunca supo nada, hasta que lo supo y lo atajó. Las primeras semanas del juicio de Gürtel, sin embargo, dejan un relato de los hechos que sitúa a la expresidenta regional en la cumbre de un Gobierno que fomentaba las prácticas corruptas. El número dos de la trama corrupta aseguró que se fraccionaban los contratos por orden de su Gobierno. Otra imputada afirmó que Aguirre intervenía en la organización de los actos, cuyo número aumentó para mejorar su "posicionamiento político".