dilluns, 9 de maig de 2016

Podemos e Izquierda Unida irán juntas a las elecciones generales de 2016

Los secretarios de Organización de ambas formaciones han sellado este lunes el acuerdo de alianza electoral, según una nota remitida por ambas partes a los medios cerca de las ocho de la tarde. El pacto será sometido desde mañana a las bases en sendas consultas y los resultados de los referendos se conocerán el jueves. En la coalición estatal también estará Equo, que ya concurrió con Podemos el 20D. El partido verde mantendrá los candidatos de los comicios de diciembre. En la nota de prensa se asegura que el acuerdo tiene "el objetivo de 'recuperar el país'' en favor de las mayorías sociales y ganar las elecciones al PP".

Pablo Echenique y Adolfo Barrena han negociado y sellado un pacto pendiente de concretarse en toda su extensión y cuya gestación comenzó bien pero que se había complicado en los últimos días a cuenta de las listas electorales. Podemos e IU discrepaban en las posiciones que debían ocupar en la papeleta los candidatos de ambas organizaciones para garantizarse un número mínimo de escaños en el Congreso. "Tras el consenso alcanzado en las líneas generales del acuerdo", prosigue la nota, Echenique y Barrena "ultimarán en las próximas horas el documento definitivo para su publicación y votación posterior". Ambas organizaciones se han comprometido a someter el acuerdo a las bases entre este martes y el miércoles.

Alberto Garzón ocupará finalmente el número 5 de la lista por Madrid, según ha confirmado eldiario.es, después de que Podemos hubiera blindado a Íñigo Errejón en el número 3. Durante las conversaciones se planteó la opción de que el dirigente de IU liderara la papeleta en alguna otra circunscripción. Entre las provincias que se manejaron, Sevilla o Málaga. Finalmente, en ambas repetirán como cabeza de cartel Sergio Pascual y Alberto Montero. Además de IU y Podemos, la alianza electoral contará con la participación a nivel estatal de Equo, que ya concurrió con el partido de Pablo Iglesias el 20 de diciembre. En esta ocasión el partido verde también sellará una coalición electoral con Podemos, que han firmado en la tarde del lunes en Zaragoza sus coportavoces nacionales, Juan López de Uralde y Rosa Martínez, con Pablo Echenique.

En la papeleta aparecerá un nombre común a la candidatura acompañado de los logos de los tres partidos


El 26 de junio también se repetirán las confluencias en Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana. Las dos primeras tendrán una estructura muy similar a la de diciembre. En Cataluña participarán En Comú (el partido liderado por Ada Colau), Podem, ICV y EUiA (organización hermana de IU). En Galicia repetirán también Anova, Podemos y Esquerda Unida. En el País Valencià se incorporará a la candidatura IU, que en diciembre concurrió por separado y no logró representación en el Congreso. A nivel regional se negocia también una acumulación de fuerzas en las Islas Baleares para incluir, además de a los actores estatales, al Mès.

Los detalles del acuerdo se conocerán en las próximas horas pero ya se han desvelado algunos en los últimos días, como que la fórmula jurídica será la de una coalición electoral o que la campaña será conjunta pero que cada organización tendrá libertad para organizar sus propios actos, tal y como han revelado dirigentes de primer nivel de ambos partidos en declaraciones públicas. Las dos organizaciones someterán la decisión a sus bases. En el caso de IU será la segunda consulta a la militancia en dos semanas. En la anterior, que contenía una pregunta genérica sobre las negociaciones, participaron 20.000 personas de las alrededor de 70.000 que estaban llamadas a votar. El resultado fue abrumador a favor de intentar la confluencia, informa eldiario.es.

Ave María Purísima: ¡Sin pescado en la cocina! España se queda mañana sin pescado

España comenzará a depender del pescado de otros países a partir del 10 de mayo, cuando habrá agotado sus propios recursos, incluido el pescado obtenido con acuicultura, según el informe anual de New Economics Foundation, que señala que en 2016 las reservas de pescado durarán un día más que el ejercicio anterior. Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, esta situación se debe, principalmente, a la sobrepesca y los países más afectados son España y el vecino Portugal. En España, la fecha se ha ido adelantando cada año desde 1990, de modo que el pescado propio dura cada vez menos. Si bien, en 1990 la fecha del Fish Dependence Day era el 18 de junio y en 2009 el pescado llegaba hasta el 25 de mayo, en 2012 el pescado se acabó el 9 de mayo y este se terminará el próximo día 10. La situación es similar en Portugal, donde el pescado propio llegaba en 1990 hasta el 8 de julio, mientras que en 2016 se terminó el pasado 20 de abril.

En concreto, el investigador responsable del informe de NEF, Aniol Esteban, ha explicado a Europa Press que España es el tercer país europeo más consumidor de pescado, con unos 42 kilogramos por persona y año, lo que representa el doble de la media de la Unión Europea. Justo por delante se colocan Portugal, con un consumo de 56 kilogramos por persona y Lituania, con 43 kilos per cápita.

Con estos datos, el investigador calcula que aproximadamente tres de cada cinco pescados que se consumen en España proceden de aguas extranjeras y según los cálculos realizados, si únicamente los españoles pudieran abastecerse del pescado de la flota de captura española en aguas europeas, al nivel actual de consumo, a partir del 10 de mayo ya no se podría seguir ingiriendo peces. Esta fecha incluye la producción de la acuicultura, en la que España es líder de la Unión Europea con cerca del 20 por ciento del total. Así, el estudio revela que si se excluyera del cálculo a la producción acuícola, la fecha, en vez del 10 de mayo sería dos meses antes, el 20 de marzo, mientras que para otros principales productores acuícolas el fish dependence day se adelantaría 1,5 meses en Italia o Francia y hasta siete meses en Grecia (hasta el 29 de abril).

‘Pescadodependientes’


La Nef realiza este informe desde hace siete años y calcula tanto la media de la Unión Europea, donde la media de la pescado dependencia se sitúa en el 13 de julio. Frente al dato de España o Portugal, por ejemplo señala que en Austria o en la República Checa --países sin costa ni recursos pesqueros-- el pescado propio les llega hasta el 19 de enero, mientras que a Países Bajos les alcanza hasta el 26 de diciembre. Por su parte, países con bajo nivel de consumo de pescado como Irlanda o Reino Unido pero con acceso a caladeros productivos tienen altos niveles de autosuficiencia o, como en el caso de Irlanda, son totalmente autosuficientes Esto significa que los países producen menos pescado del que consumen, por lo que son "pescado dependientes" del de otras zonas del planeta para mantener su consumo.

El informe señala también que la pescadodependencia ha aumentado en la UE en las últimas tres décadas. El director de programas de la NEF y responsable del estudio, Aniol Esteban, ha destacado que la UE podía auto-abastecerse con pescado propio hasta septiembre u octubre, mientras que ahora ya solo llega hasta principios de julio. En el caso de España, ha detallado que si los niveles de pesca fueran sostenibles y se eliminara la sobrepesca, el pescado español llegaría hasta el 30 de junio, 51 días más. "Conforme se ha ido reduciendo la productividad de los caladeros europeos, las flotas europeas --en lugar de mejorar el estado de los caladeros-- han ido a pescar cada vez más en aguas más lejanas y más profundas, a su vez, las importaciones de pescado de otros países han aumentado, afectando no solo a la sostenibilidad de los recursos pesqueros globales, sino causando impactos sociales y económicos sobre países que necesitan estos recursos mucho más que la UE", ha manifestado.

Sin embargo, ha expuesto que también hay ciertos motivos de optimismo, ya que durante los últimos años algunas poblaciones de peces en el Atlántico europeo "han dejado de empeorar", en parte porque algunos caladeros han comenzado a recuperarse al seguir los ministros de Pesca algunas recomendaciones científicas y porque el consumo de pescado no ha subido tanto como se esperaba. En este contexto, la consultora ambiental de la Fundación ENT Lydia Chaparro, ha denunciado que España sigue aún lejos de alcanzar un nivel de pesca sostenible por lo que todavía queda "un largo camino" hasta que los responsables políticos gestionen los recursos marinos con el respeto que se merecen.

Mares sobrexplotados

Datos de la Comisión Europea apuntan que en la actualidad el 48 por ciento de las poblaciones de peces evaluadas en el Atlántico se encuentran sobrexplotadas, cifra que asciende al 93 por ciento en el Mediterráneo, un mar donde se ha alcanzado un punto crítico y donde es previsible que la tendencia siga en declive si no se toman las medidas correctas. "En ambos casos la situación es grave, puesto que va en la dirección opuesta a la Política Pesquera Común de la Unión Europea que exige acabar con la sobrexplotación pesquera en 2015, y a más tardar en 2020. De hecho, el cumplimiento de esta legislación ayudaría sin duda alguna a garantizar la recuperación de nuestros mares", ha añadido.

Esteban recuerda también que un estudio de NEF que se basa en los modelos bio-económicos calcula que volver a tener las poblaciones europeas de peces en niveles sostenibles podría proporcionar hasta dos millones de toneladas más de pescado y crear hasta 64.000 puestos de trabajo. "Conforme los ministros establecen límites de pesca cada vez más cercanos a las recomendaciones científicas, vemos que las poblaciones se recuperan y las flotas hacen mas beneficios. Es decir, seguir las recomendaciones científicas funciona y sale a cuenta, motivos suficientes para que los ministros las deberían seguir aún mas", ha destacado Esteban. Asimismo, insiste en que recuperar las poblaciones serviría para reducir la dependencia de pescado exterior y garantizar un futuro "más viable" para los pescadores.

En ese sentido, Chaparro lamenta que en el Consejo de ministros de Pesca de la UE que se celebra en diciembre suelen "pujar al alza los límites de pesca" y a omitir las recomendaciones científicas. Una investigación de la revista académica Marine Policy muestra también que España supera de media en un 37% los niveles de explotación que recomiendan los científicos, informa La Vanguardia.

Carmena sanciona EMESA (ACS) por cobrar 500 millones de trabajos no realizados

El Gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid ha decidido pasar de las advertencias a las multas y dar la batalla administrativa contra una de las principales concesionarias de la capital: la empresa EMESA, propietaria del 20% del proyecto Calle 30 y que agrupa a las constructoras Ferrovial y Dragados (del grupo ACS de Florentino Pérez) beneficiarias de un contrato millonario que le ha reportado desde 2004 más de 500 millones de euros, a cambio de mantener la infraestructura. Tras meses de avisos a la adjudicataria, el Gobierno municipal ha decidido recurrir al régimen sancionador porque sospecha que la empresa ha cobrado cantidades millonarias por varios trabajos que no ha realizado. Foto: Gallardón (PP) varió el contrato de la M30 a favor de banca y las constructoras antes de irse.

La decisión se comunicará esta tarde a EMESA en una reunión extraordinaria del consejo de administración de Madrid Calle 30 convocada para aprobar la realización de dos obras durante el próximo verano. Las fuentes municipales consultadas admiten que la cita servirá para comunicar a la concesionaria la incoación de dos expedientes sancionadores.

Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es hay dos contratos bajo sospecha. El más relevante alude al alumbrado público y a un sistema de control que Madrid Calle 30 decidió poner en marcha en 2007 para vigilar el estado de las luminarias, dados los robos de cables que se venían produciendo en aquellos años. Emesa, que ya cobraba por el mantenimiento de la red de alumbrado público de la M30, se comprometió entonces a realizar una inversión que, "aparentemente no se ha llevado a cabo", según los informes municipales. Por este concepto, la unión temporal de empresas que agrupa a Ferrovial y Dragados ha cobrado 2.484.485 euros hasta 2015. El plazo dado a la concesionaria para justificar sus inversiones expiraba hoy y el Gobierno municipal no ha recibido una respuesta satisfactoria. El Gobierno de Ahora Madrid planea exigir a la adjudicataria "que se devuelvan las cantidades abonadas en los últimos años" y además prevé establecer multas por incumplimientos.

El segundo expediente bajo la lupa del Gobierno municipal es un contrato de formación para formar al personal del servicio de incidencias de la M30. La oferta pública que llevó a Emesa a hacerse con la Gestión del Servicio Público de Reforma, Conservación y Explotación de la Vía Urbana M-30 en 2005 bajo el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón se comprometía en distintos puntos a impartir unos cursos de formación muy concretos (los llamados COEX) a la plantilla para que esta pudiera realizar correctamente las labores asignadas en el contrato público. Según los técnicos municipales, no hay evidencias de que dichos cursos se hayan llevado a cabo.

Según los técnicos del Ayuntamiento, los cursos COEX deberían ser impartidos por distintas entidades que acreditan conocimientos en conservación y explotación de carreteras ya que la oferta de 2005 contemplaba en varios apartados que parte del personal, incluido el intervención, recibiría dicha formación. Como esa prestación está incluida en el contrato, el Gobierno de Ahora Madrid sostiene que la adjudicataria debería haber aportado documentación para justificarla desde el primer año del contrato, 2005. "A fecha de hoy", sostienen fuentes del Gobierno de Carmena, "no existe constancia de que hayan realizado los cursos de formación COEX", pese a que "el socio privado ha enviado documentación en la que se justifica que los trabajadores han recibido cursos de otro tipo". Emesa argumenta que la formación COEX como tal no está acreditada por ninguna institución púbica. Sin embargo, la oferta que esa sociedad presentó para hacerse con la concesión aludía a tres tipos de formación COEX: Operario, Técnico y Jefe, que es la que se comprometieron a poner a disposición de sus trabajadores. Así que la intención del Gobierno de Carmena es iniciar otro procedimiento sancionador en este apartado.

El propio contrato suscrito entre Madrid Calle 30, la sociedad municipal, y sus concesionaria EMESA ya prevé multas por incumplimientos. Las graves oscilan entre 50.000 y 750.000 euros. Las sanciones leves van de 3.000 a 50.000. Madrid Calle 30 tiene capacidad para imponer además multas coercitivas de 3.000 euros diarios si persisten los incumplimientos contractuales. La guerra contra una de las principales contratas del Ayuntamiento ha comenzado. En su último informe, la Cámara de Cuentas de Madrid ya recomendaba revertir la gestión de la M30 para hacerla pública y recordaba que el contrato sellado por el Gobierno de Gallardón "no se basó en informes de viabilidad" sino que sirvió para garantizar a las constructoras "unos beneficios del 7%", informa eldiario.es.

Bellcaire recolza la veïna que va denunciar haver patit abusos d'un capellà

L'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà ha emès avui un comunicat de suport a Esther P., la veïna d'aquesta localitat que la setmana passada va denunciar el capellà gironí Josep Planas Planas (foto del 1989, any dels abusos) per haver abusat d'ella quan tenia deu anys, el 1989, en una casa de colònies de Puigpardines, a la Vall d'en Bas. Segons s'exposa en el document, quan es van fer públiques aquestes informacions, el consistori es va posar en contacte amb el Bisbat de Girona per «demanar una resposta i postura contundent i veraç» davant aquest fet. «La resposta obtinguda és que hi ha una total col·laboració amb el procés policial i judicial» assegura l'Ajuntament qui recorda que a més, s'ha apartat cautelarment el capellà denunciat –que està jubilat– de tota activitat pastoral.

En aquest sentit, el consistori ha demanat que es «procuri respectar» el dret a la intimitat de la denunciant i que «s'obri un període de reflexió» sobre la problemàtica específica entorn dels abusos sexuals infantils, la seva prevenció, detecció i ajuda a l'infant per denunciar-los, «sense perjudici de demanar públicament que es realitzin els canvis legislatius necessaris perquè aquests delictes no prescriguin», informa Diari de Girona. Esther afirma que ella era un “blanc fàcil” per a les males intencions del capellà perquè era molt introvertida i tímida, i que l'experiència d'aquell dia a la casa de Puigpardines la va tornar encara una persona més tancada i li va fer abaixar l'autoestima.

Però hi va haver un fet que, 26 anys després, va fer de revulsiu. El capellà durant 25 anys no va posar els peus al poble (el pare de la noia l'havia amenaçat), però l'any passat hi va tornar per assistir a una obra de teatre i ella el va veure per casualitat i el va reconèixer. “Em va venir una suor freda i vaig començar a pensar que havia de fer alguna cosa.” I va reunir el valor per anar-lo a trobar. Un dia el va anar a esperar a la sortida d'un funeral i van tenir una conversa, que ella va enregistrar, d'una hora i quart. “El vaig mirar als ulls i de seguida vaig veure que em reconeixia.” Però el capellà de primer va fer veure que no. “Al principi deia que em tenia present però no sabia de què, que no se'n recordava, però de seguida em va demanar perdó. Deia «tots som humans, pecadors, disculpa'm»”, recorda la dona. I després de la llarga conversa, el capellà, com havia fet 27 anys abans, li va dir si volia que la portés amb el cotxe. “Deia que el mínim que podia fer era acompanyar-me.” Ella li va dir que no. Ell va insistir: “No tinguis por.” Ella, ja segura: “No, ara ja no en tinc, de por.” I després d'encarar-se al capellà ja estava preparada per denunciar el cas.

La dona de Bellcaire sap que transcorreguts 27 anys des dels fets, el delicte està prescrit judicialment. Però està convençuda que ella no deu haver estat l'única víctima del capellà i que potser algun cas és més recent i no està prescrit. Confia que la seva valentia serveixi perquè altres possibles víctimes trenquin el silenci i també vagin a denunciar. RAC1, l'emissora que ha destapat el cas, ahir va instar el ministre de Justícia i altres càrrecs a tractar el tema a través de l'emissora per encarrilar un canvi de legislació perquè els delictes d'abusos no prescriguin.

La patronal Escola Cristiana y su patente hipocresía con los pederastas


La patronal Escola Cristiana de Catalunya, que agrupa a los principales centros educativos católicos concertados, dice sentirse "profundamente avergonzada" por el escándalo de pederastia que sacude a varias escuelas Maristas, tres meses después de que se iniciara la investigación y publicación de múltiples casos de abusos de menores cometidos por profesores en diversos colegios Maristas durante décadas con pleno conocimiento y ocultación de los hechos por las escuelas, la citada patronal ha emitido un comunicado en el que afirma estar viviendo “con vergüenza, indignación y tristeza” la revelación de los numerosos delitos denunciados, muchos de ellos confesados por sus autores pero la mayoría prescritos con la connivencia de una ley hecha a medida de los criminales.

Madrid concentra la mayor deuda per cápita entre las ciudades del Estado

Los ayuntamientos españoles debían al final de 2015 un total de 29.024 millones de euros, tras reducir la cifra un 8% a lo largo del año pasado. Según los datos del Ministerio de Hacienda, la mayor deuda en términos absolutos corresponde a Madrid, con 4.767 millones de euros, aunque, en comparación con su población, la capital queda en la undécima posición, con poco más de 1.500 euros per cápita. Pero, entre las ciudades de más de 100.000 habitantes y capitales de provincia, hay dos que duplican la deuda per cápita de Madrid, Jaén (con 3.493 euros) y Parla, en Madrid también, con 3.069 euros por habitante. Le siguen Ceuta, con 2.422 euros, y Jerez de la Frontera (Cádiz) con 2.422 euros. Con más de 2.000 euros también están Alcorcón (Madrid) y Reus (Tarragona), seguidas por León, Cádiz, Zaragoza y Algeciras y Madrid capital, con entre 1.500 y 1.800 euros de deuda per cápita al cierre de 2015. Huelva, Tarragona, Lleida, Torrejón de Ardoz (Madrid), Cuenca, Granada, Melilla, Málaga y Mataró también superan los 1.000 euros de deuda per cápita. Bilbao no llega a 25 euros per cápita de deuda.

Estos datos contrastan con los de las ciudades menos endeudadas de España en relación a sus habitantes. Dentro de ellas, destaca Bilbao, que es la ciudad española de más de 100.000 habitantes o capital de provincia con menos deuda: sus ciudadanos apenas tendrían que pagar 24 euros cada uno para dejar a cero los créditos de su ayuntamiento. Dos Hermanas (Sevilla), Vigo (Pontevedra), Barakaldo (Vizcaya) y Alcobendas (Madrid) tampoco llegaban a los 100 euros de endeudamiento por habitante al cierre del ejercicio 2015.

Entre las grandes ciudades, al margen de Madrid y Zaragoza, que están entre las más endeudadas, Málaga está entre las 20 primeras, mientras Valencia se queda en el vigésimocuarto puesto, con más de 900 euros per cápita. Por su parte, Barcelona cerró 2015 con una deuda per cápita de 561 euros, una cifra similar a la de Sevilla (568 euros), la tercera parte que Madrid.

Según los datos de Hacienda, la deuda local cerró el año pasado en 35.147 millones, de los que más de 29.000 correspondieron a los ayuntamientos. Las diputaciones y consejos y cabildos insulares suman otros 5.821 millones y el resto de entidades locales deben otros 301 millones de euros, informa El Confidencial.

El tránsito de Mercurio sobre el Sol, en directo

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), a través de su canal YouTube, retransmite las observaciones que se realicen del tránsito del planeta Mercurio por delante del Sol desde los observatorios del Teide, en Tenerife, y del Roque de Los Muchachos, en La Palma. El fenómeno se puede seguir en directo durante dos periodos: de 13.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas en la Península, una hora menos en Canarias. Mercurio pasará este lunes entre el Sol y la Tierra, algo que sucede con bastante frecuencia, pero lo que no es habitual es que los tres astros estén perfectamente alineados.

Según ha informado el IAC en un comunicado, este fenómeno es poco frecuente, se da unas 13 veces por siglo y las próximas ocasiones serán en el 2019 y el 2032. Aunque visible desde toda España en su totalidad, resulta imposible su observación sin la utilización de un telescopio debido al pequeño tamaño del planeta.

El tránsito de Mercurio sobre el Sol

Mañana, lunes 9 de mayo, Mercurio transitará por delante del Sol, o dicho de otra manera, pasará durante unas cuantas horas por delante del Sol. Cuando un astro pasa por delante de uno de mayor tamaño, el fenómeno es catalogado en astronomía como tránsito. Por lo tanto, desde nuestro planeta, podemos observar el tránsito de varios objetos celestes cuando las condiciones orbitales son las adecuadas. Evidentemente, el paso de los planetas internos (Mercurio y Venus), sobre el disco Solar, es el concepto más comúnmente conocido, pese a ser, curiosamente el más inusual.

Generalitat i Ajuntament de BCN subvencionen la premsa i mitjans de dretes

El departament de Presidència de la Generalitat ja té a punt la “loteria” que convoca cada any pels mitjans de comunicació de Catalunya... on sempre tots hi guanyen. El DOGC acaba de publicar les bases per sol·licitar les subvencions “estructurals” que beneficien les empreses privades del sector mediàtic i les organitzacions sense ànim de lucre (com el Col·legi de Periodistes) que es dediquen al “foment del periodisme”, segons la propaganda de JxSí. Aquest any, el volum total de les subvencions que repartirà la Generalitat puja a 7,5 milions d’euros. D'altra banda, també l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que presideix l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau, adjudica a través d’un procediment negociat sense publicitat dos contractes a La Vanguardia i El Periódico per un total de 858.702 euros.

Les subvencions que repartirà la Generalitat, per 7,5 milions d’euros, es distribueixen de la següent manera:
*3,9 milions d’euros pels diaris i les publicacions en paper
*1,5 milions pels diaris digitals
*0,8 milions per les entitats sense finalitat de lucre
*0,6 milions per les ràdios
*0,6 milions per les TV privades

Aquesta “sopa boba” que reparteix la Generalitat és molt benvinguda per les empreses catalanes de mitjans de comunicació que, d’aquesta manera, obtenen uns preciosos ingressos per seguir funcionant i no fer fallida. A canvi, ja se sap, de fer “bondat”, d’obeir la llei de "això no toca” i de seguir la “cançó del procés”. Serà curiós comprovar si la “manguerada” també arribarà a la revista Catalonia Today, fundada pel president Carles Puigdemont i que, en l’actualitat, dirigeix la seva esposa, Marcela Topor, segons El Triangle.

Colau “regala” a El Periódico i La Vanguardia prop de 900.000 euros


El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona publica aquest dilluns dos contractes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que presideix l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau, a El Periódico i La Vanguardia per la compra d’espai de publicitat per un import de 574.750 euros en el cas d’El Periódico i de 399.300 euros en el cas de La Vanguardia. En ambdós casos el contracte s’estableix per un procediment negociat sense publicitat que es justifica per ser l’oferta “més avantatjosa econòmicament”.

A gener de 2015 els dos diaris ja van rebre un total de 452.540 euros pel mateix procediment. Amb l’entrada al govern metropolità de la “nova política” d’Ada Colau, que governa l’ens metropolità de la mà del PSC, gairebé s’han doblat els recursos destinats a publicitat pels dos diaris contraris al procés.

Colau mejoró con un decreto secreto el sueldo de sus gerentes

Ada Colau utilizó un decreto para mejorar el sueldo de varios de sus gerentes, que iban a ver menguadas ostensiblemente sus retribuciones por la política de austeridad salarial que Barcelona en Comú (BComú) implantó tras su llegada al Gobierno municipal.El 27 de julio de 2015, la alcaldesa de Barcelona firmó una orden por la que concedía «complementos personales» a «personal de alta dirección» que ya estaba en plantilla para «garantizar el mantenimiento de las retribuciones que venían percibiendo». En el documento, al que EL MUNDO ha tenido acceso, se mejora el sueldo de siete gerentes en cantidades que alcanzan hasta los 20.000 euros anuales. Así, sueldos que iban a ser recortados hasta los 80.000 euros volvieron a superar los 90.000 e incluso los 100.000. El caso más llamativo es el de la gerente del Instituto Municipal de Deportes, Marta Clari.

En un primer decreto que establecía las «retribuciones anuales para los puestos de alta dirección» el salario de la gerente de Deportes quedaba fijado en 80.000 euros. Pero Colau utilizó ese segundo decreto para añadir a la nómina de Clari 20.451 euros, de manera que su salario final ha acabado siendo de 100.451 euros, más que el de la propia alcaldesa, que asciende a 100.000 euros, aunque Colau se ha comprometido a donar unos 60.000 a fines sociales para cumplir con el código ético de BComú.

Clari empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona en 1990 y el pasado mandato fue gerente de Cultura para el Gobierno de CiU.Similar es el caso del gerente del Instituto Municipal de Hacienda, Antoni Rodríguez. La retribución inicial fijada para el cargo fue de 80.000 euros, pero el segundo decreto de Colau corrigió la cifra al alza y concedió a Rodríguez, que lleva al frente de la Hacienda municipal desde 1999, un «complemento personal» de 12.096 euros, con lo que su salario acabó alcanzando 92.096 euros.

También vieron mejorada su retribución el gerente del Instituto Municipal de Mercados, Jordi Torrades, que cobra 93.793 euros gracias a un complemento de 8.793 y, en menor medida, el de Urbanismo, Jordi Campillo, que ingresa 96.413 euros gracias a un plus de 1.413 o el del distrito de Sant Martí, Josep Garcia, que, con un complemento de 1.630 euros, recibe 81.630.Pese a ser firmado el 27 de julio de 2015, el decreto que permite estas mejoras salariales permaneció oculto y no fue remitido a los grupos municipales hasta el pleno del pasado 1 de abril. Su contenido sólo se detalló en un documento adjunto al orden del día.

Excepciones al código ético de BenComú

Colau conquistó la Alcaldía de Barcelona prometiendo ser fiel al código ético de su partido, que fija el establecimiento de «un sueldo máximo de 2.200 euros mensuales» para todos sus «cargos electos, gerenciales y de libre designación». Sin embargo, la alcaldesa comprobó rápidamente que resultaba imposible mantener a los altos cargos de responsabilidad con esas retribuciones y eximió a los gerentes de cumplir las reglas de BComú. Aun así, impuso un recorte global de sus retribuciones del 36% lo que, aseguró, supondrá un ahorro anual de 470.000 euros al Ayuntamiento.

Según ese recorte el salario más alto sería el del gerente jefe, Jordi Martí, con 97.000 euros de sueldo, mientras que sus gerentes subordinados nunca superarían los 95.000.Colau también tuvo que admitir excepciones a estas normas para mantener a gerentes que ya formaban parte del organigrama. Entre ellos, dos de los beneficiados por su decreto del 27 de julio de 2015, pues Marta Clari, con sus 100.451 euros, no sólo ha superado el sueldo del gerente jefe, sino el de la propia Colau. Y Jordi Campillo, con 96.413, rebasa el del resto de gerentes rasos.Además de los gerentes premiados por el decreto por Colau, existen otros altos cargos vinculados a empresas del Ayuntamiento que también conservan retribuciones superiores a los 100.000 euros.

Sirvan como ejemplo, el director general de Barcelona Servicios Municipales (B:SM), Ignasi Armengol, que continúa en el mismo cargo que ocupaba con CiU con un salario de 168.201 euros; el director general de Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) desde 2004, Ángel Sánchez, que cobra 120.262 euros o el director general de Cementerios de Barcelona desde 2006, Jordi Valmaña, que recibe 108.864 euros, informa El Mundo.

Los Pujol, acusados de enriquecerse con sueldos de funcionarios

Un exdirectivo de banca ha declarado a la Policía, a petición del juez, que la familia Pujol se enriqueció, entre los años 80 y 90, gracias a los sueldos de los funcionarios de la Generalitat. El testigo trabajó en el banco Natwest Mark (posteriormente absorbido por Banco Sabadell), que en esa época gestionaba las nóminas de los empleados públicos de empresas del Gobierno catalán; entre otras, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) y Ferrocarriles de la Generalitat (FGC). El banco daba al Gobierno catalán “un porcentaje”, en efectivo, de los rendimientos obtenidos gracias a esas nóminas. Los pagos servían, siempre según su versión, para pagar “aguinaldos” a altos cargos de la administración autonómica y, también, a la familia Pujol.

En su declaración ante la Policía, ordenada por el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, el testigo afirma que “muchos de los capitales” acumulados durante el mandato del expresidente Jordi Pujol por su familia “vienen, entre otros ingresos, por lo que recaudaban a través de la banca” en esos movimientos. Diversos organismos públicos, sostuvo el exdirectivo bancario, ponían en manos de Natwest Mark sus nóminas. En lugar de entregarlos regularmente a la Seguridad Social o a Hacienda, detalló, las empresas e instituciones “las mantenían en la entidad durante un largo periodo de tiempo”.

La banca invertía esos ingresos en distintos productos que daban un rendimiento. De esos beneficios, agregó ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la entidad pagaba “alrededor de un 3%” a los organismos públicos. Esos porcentajes, que denomina “saldos ociosos” en su declaración, se pagaban en efectivo. El testigo involucra a varios excargos públicos de la época de Pujol.

En 1987, un exgerente del Incasòl le pidió que le pagara los saldos en efectivo. Tras consultarlo, el testigo accedió a ello. El alto cargo, precisó, firmó “a regañadientes” un recibo expedido por Natwest Mark. A preguntas de los policías, el testigo se mostró escéptico sobre la posibilidad de que ese documento, debido al tiempo transcurrido, siga existiendo. También realizaba esa misma operativa FGC a través de su exdirector financiero. En 2012, quienes fueron máximos responsables de la empresa pública fueron condenados por repartir entre directivos de la empresa pública 2,7 millones de euros de un plan de pensiones contratado de forma ilegal.

El testigo conoció el destino del dinero en efectivo gracias a una extesorera del Incasòl, quien le explicó, agrega ante la Policía, que con una parte del dinero “se pagaban bufandas, que son como aguinaldos a los altos cargos afines a la ideología imperante en aquel momento”. Otra parte se llevaba en “maletas” a la calle Ganduxer de Barcelona, donde mantuvo despacho Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente. Fuentes cercanas a la defensa, sin embargo, matizan que por esos años el primogénito no tenía despacho allí.

Tras su paso por la banca, el testigo entró a trabajar en una promotora participada por el Ayuntamiento de Barcelona. En una de las reuniones de trabajo a las que tenía que acudir, escuchó presuntamente a un responsable de otra empresa promotora (Habitatge Entorn) que “tenía que pagar un 5% a Jordi Pujol Ferrusola para que la Generalitat le comprara un local comercial”. Fuentes cercanas al primogénito niegan cualquier clase de cobro. El hijo mayor de Jordi Pujol permanece imputado, junto a la mayoría de miembros de la familia, por blanqueo de capitales y fraude fiscal. La Audiencia Nacional investiga no solo el origen de la fortuna oculta por la familia en Andorra, sino también los negocios millonarios del hijo mayor con empresas adjudicatarias de la Generalitat, informa El País.

LA OPERATIVA PARA CONSEGUIR INGRESOS 'EXTRA'
Cantidades retenidas. Las empresas públicas pagaban los salarios a sus empleados públicos, pero esperaban a realizar los pagos a Hacienda y Seguridad Social vinculados a las nóminas.

Capital en movimiento. El dinero que quedaba retenido en Natwest era movilizado para obtener rentabilidades en los mercados de capitales.

Reparto. Directivos de empresas públicas reclamaban el pago en efectivo de esos intereses, pese a las reticencias de los directivos. Según el exdirectivo bancario se utilizaban para pagar aguinaldos a altos cargos de la Generalitat.

Prenafeta, también en los Panamà papers pero sin que sea una novedad

Panamá papers? Hace 26 años (más de un cuarto de siglo!), EL TRIANGLE ya descubrió que el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta, era titular de una sociedad en este paraíso fiscal que ahora está tan de moda! Portada de la edición n. 26 del TRIANGLE, del 23 de julio de 1990. Mientras ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia, el hombre de la máxima confianza de Jordi Pujol tenía una cuenta en este paraíso fiscal. La primera decisión que adoptó Jordi Pujol cuando fue elegido, en 1980, presidente de la Generalitat fue el nombramiento de Lluís Prenafeta como secretario general de Presidencia y hombre de su máxima confianza. Hay una frase, atribuida al expresidente, que define muy bien esta relación: "Lluís, la Generalitat somos tú y yo", le dijo Jordi Pujol.

Els 8 mossos del cas Benítez accepten un pacte per evitar el judici

Els vuit agents dels Mossos d'Esquadra acusats per l a mort de l’empresari Juan Andrés Benítez, després d'una reducció al Raval, estan disposats a acceptar un acord d’última hora per evitar el judici que havia d'arrencar avui mateix a l'Audiència de Barcelona. L'acord passa perquè els vuit agents reconeguin els fets i indemnitzin la família de la víctima amb 150.000 euros. A canvi els imposarien una condemna de 2 anys, que els permetria esquivar la presó. Alguns dels termes de l'acord, que encara s'han d'exposar en una vista pública a l'Audiència de Barcelona, comportarien la inhabilitació dels agents, la realització d'un curs formatiu i limitacions en les seves tasques un cop es reincorporessin al cos.

La nit del 5 d'octubre de 2013, els mossos van anar al carrer Aurora avisats d’una picabaralla entre dos veïns, un d’ells l’empresari. Una primera patrulla va intentar identificar Benítez, quan ja marxava. Una agent el va agafar pel braç i ell s'hi va tornar, provant d'alliberar-se, mentre uns altres mossos acudien a ajudar la companya. Aquest agents van intentar reduir Benítez, estirant-lo de panxa cap amunt primer, per donar-li la volta després, emmanillant-lo i lligant-li els turmells amb un cinturó, de manera que l'home no es pogués bellugar.

Més de 10 minuts de cops

Segons la fiscal, Elena Contreras, els policies van acabar immobilitzant Benítez a “puntades de peu, cops de puny i de genoll”, en una actuació que defineix de “desproporcionada”, tant pel número d’agents que hi van participar –fins a vuit–, com pel temps que va durar, més de dotze minuts, durant els quals Benítez es resistia amb “crits agònics”, segons l’advocat de la família, David Aineto. És el só que va captar un vídeo d’un veí, difós pocs dies després de la mort de Benítez, que va revolucionar la investigació i que es convertirà en prova clau del judici, perquè mostra els cops policials.

Un dels elements més importants per la investigació és el vídeo. Però no l'únic. Un informe de la Policia Nacional elaborat durant la investigació del cas amb aquesta, i d'altres imatges, identifica fins a sis cops de puny al cap dels agents, així com diversos cops amb una porra sense desplegar, maniobres prohibides pel protocol policial. Les acusacions insisteixen que els agents eren “conscients” que posaven la víctima en una situació “de perill innecessari”, saltant-se el protocol. Dos mossos més van intentar “destruir” proves del cas, netejant la sang del carrer i intentant esborrar les fotos i vídeos dels veïns.

La fiscalia i l’acusació particular demanaven inicialment entre 11 i 14 anys de presó per sis dels agents. Des de fa algunes setmanes, han arribat a un preacord amb els advocats dels mossos, que després d’ insistir que s’havien limitat a reduir Benítez per emmanillar-lo, ara estarien disposats a reconèixer que es van excedir i a indemnitzar la germana de l’home amb 150.000 euros. A canvi, s’enfrontarien a una pena inferior als dos anys, esquivant l’ingrés a presó.

L’única part que fins ara s'havia resistit al pacte és l’acusació popular, que actua en representació de l’Associació Catalana de Drets Humans, i que creu que els acusats no només haurien de tenir un càstig més alt, sinó que se’ls hauria d’expulsar del cos, una “línia vermella”, que les defenses no accepten. Per això van intentar expulsar l’entitat del procés i rubricar el pacte. Però finalment el Tribunal Superior de Justícia, ha decidit que l'acusació popular formi part del procés, obrint la possibilitat un acord entre totes les parts en termes diferents.

En cas que hi hagi judici, el president del tribunal, ha prohibit que es prenguin imatges de la declaració dels policies, en una decisió sense precedents, al·legant que suposaria una “sobreexposició” que “perpetuaria” la imatge dels agents, a través d’internet i les xarxes socials. Quan els vuit Mossos d'Esquadra van anar a declarar al jutjat d'instrucció com a acusats ja van ocultar la seva imatge, amb gorres, caputxes i ulleres de sol i es van blindar acompanyats d'altres companys, en una imatge similar a la d'un esquadró desfilant. Poc després es va prohibir als mitjans de comunicació poder enregistrar imatges als passadissos dels jutjats, informa l'ARA.

La Generalitat del PP amañó contratos a cambio de 'mordidas'

El empresario José Adolfo Vedri (foto), que el pasado mes de enero fue detenido por la trama de financiación ilegal del PP en la ciudad de Valencia, obtuvo adjudicaciones amañadas por parte de las diferentes administraciones públicas valencianas controladas por el PP y por un valor de 30 millones de euros. Vedri obtuvo contratos sospechosos con 11 consejerías de la Generalitat valenciana y varias empresas públicas de esa comunidad. Además, las diputaciones de Valencia y Alicante o el propio Ayuntamiento de Valencia también firmaron contratos con Vedri a través de su empresa Engloba, dedicada a la comunicación.

Las cifras de las adjudicaciones a Vedri superan a las de la trama Gürtel en Valencia, que logró alrededor de 16 millones de euros. Según la Ser, Vedri obtenía adjudicaciones con las diferentes administraciones públicas gobernadas por el PP y a cambio pagaba una mordida del 3%. Las adjudicaciones a las empresas de Vedri empezaron en 1999, cuando Eduardo zaplana presidía la Generalitat y siguieron bajo los Gobiernos de Francisco Camps. La Ser apunta que el juzgado de Valencia que investiga el caso cree que Vedri actuaba como financiador del PP.

Las adjudicaciones se producían, según la Ser, "por el procedimiento negociado sin publicidad, en las que el Consell invitaba a tres empresas. Las tres sociedades eran siempre de Vedri. Otro de los métodos empleados para evitar el concurso público era el procedimiento de urgencia, que permitía la adjudicación a dedo". De esta forma, a Vedri se le adjudicaron contratos para realizar la campaña de la gripe de 2010, por 731.555,54 euros. También le cayeron campañas de prevención de incendios o publicidad del Servicio Valenciano de Empleo por una cifra comprendida entre 780.000 y 900.000 euros.