dijous, 24 de novembre de 2016

Los alcaldes de Sakana apoyan a Altsasu y la movilización del sábado

«Ha sido un linchamiento mediático perfectamente organizado y, además, ha conllevado graves consecuencias jurídicas», han señalado los 15 alcaldes de Sakana. De este modo, los ayuntamientos de Irurtzun, Arakil, Irañeta, Uharte-Arakil, Arruazu, Lakuntza, Arbizu, Etxarri-Aranatz, Ergoiena, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain, Olazti y Ziordia han mostrado su apoyo a Altsasu, han pedido la libertad de los encarcelados y se han sumado a la convocatoria para la movilización de este sábado. Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo: "El procesamiento de los nueve de Alsasua es desorbitado y está fuera de la realidad social". Foto: Llegada a la Audiencia Nacional de los supuestos agresores de dos guardias civiles en Alsasua.

Los cargos electos han rechazado que la trifulca de Altsasu sea considerada «terrorismo». «Esto podría conllevar graves penas para nuestros vecinos».«Esta fuera de lugar juzgar los hechos como terrorismo», han añadido. Asimismo, considera que llevar el caso a Madrid es «contrario al derecho a la defensa y al principio del juez natural», lo que consideran que facilitará «la introducción de intereses alejados de la justicia». Además, han recordado que los jóvenes de Altsasu se presentaron tanto en los juzgados de Iruñea como en la Audiencia Nacional española de forma voluntaria.

Del mismo, considera que la imagen «distorsionada» que se ha dado de Altsasu no se corresponde con la realidad. Por ello, han reclamado a los medios que traten el tema «con criterio, medida y proporción». Frente a ello, han felicitado a los vecinos de Altsasu por «la unidad» mostrada a raíz de los hechos, informa naiz.

Martín Pallín: "El procesamiento de los nueve de Alsasua es desorbitado y está fuera de la realidad social"

El magistrado emérito del Supremo cree que la “sobreactuación judicial” complica los intentos de convivencia en el País Vasco y Navarra, tras el anuncio de ETA de dejar las armas. “El Derecho no está para crear conflictos, sino para solucionarlos”. Es una decisión “desorbitada y fuera de la realidad social” que enturbia los intentos emprendidos para que “se aprenda a convivir” en el País Vasco y Navarra. Así de tajante se ha mostrado José Antonio Martín Pallín al valorar el auto de la Audiencia Nacional que procesa a los nueve supuestos agresores de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra).

José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) considera que en este caso se ha producido una “sobreactuación judicial” ante unas agresiones que no alcanzan la gravedad del delito de terrorismo. Es más, defiende que la Audiencia Nacional nunca debió asumir la investigación abierta por la juez de instrucción 3 de Pamplona (Navarra), María Paz Benito, por los delitos de lesiones y atentado a la autoridad.

La agresión fue cometida el pasado 15 de octubre en el bar Koxka de Alsasua. En un tiempo récord, Carmen Lamela, titular del juzgado central de instrucción 3, cerró este miércoles la investigación y dictó un auto de procesamiento por el supuesto delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y delito de odio. Martin Pallín intervendrá el próximo 28 de noviembre en una mesa redonda sobre derechos humanos y paz organizada en Vitoria por la red de apoyo a los presos de ETA, Sare, donde algunas víctimas de ETA y del GAL también participarán. Su ponencia abordará la acumulación de condenas por penas cumplidas en el extranjero -en aplicación del Derecho europeo-, cómputo que rechazó el Tribunal Supremo en enero de 2015.

¿Cómo valora el auto de la juez central instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de procesar por terrorismo a los nueve presuntos agresores de los guardias civiles y de sus parejas en Alsasua?
La decisión me parece absolutamente cuestionable. En primer lugar, un juez o una jueza para tomar una decisión debe tener en cuenta la realidad social del lugar. Y, lamentablemente, es una realidad social sobre todo en los pueblos donde hay una confrontación que no se supera, no así en las grandes ciudades. Pero no solamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sino también con militantes de otros partidos, de derechas, etcétera. Y esa realidad crea tensiones. Por supuesto, esas tensiones no pueden ir más allá de lo que es una confrontación ideológica o de sentimientos. Cuando surgió este incidente, todos pensamos que estábamos ante un delito de lesiones o, incluso, o no de alteración del orden público. Y no más. Y así lo entendió el juez de Pamplona.
Por tanto, cuando se toma la decisión de incluirles dentro de lo que son los delitos de terrorismo que, según el Código Penal, es colaboración con banda armada me parece que se está faltando al principio de proporcionalidad en la respuesta. Y el principio de proporcionalidad en el Derecho Penal es sustancial hasta tal punto de que es unánime la posición de los juristas sobre que la vulneración del principio de proporcionalidad pone en riesgo el principio de legalidad. Yo considero que aquí se ha quebrantado el principio de proporcionalidad y no encaja dentro del principio de legalidad. Me parece una decisión desorbitada y fuera de la realidad social.

Para el común de los mortales, esa decisión jurídica desorbitada ¿qué implicaciones tiene?

Desde el punto de vista jurídico, lo que he comentado. Desde el punto de vista político y social, en definitiva lo que viene es a acentuar ese clima al que me refería al principio: no aporta nada; al contrario, lo agudiza, lo enturbia. Y el Derecho no está para crear conflictos, sino para solucionarlos. Deberían haberlo pensado antes de tomar esta decisión.

Detrás hay una organización, Ospa Mugimendua, que exige la retirada de la Guardia Civil y de la Policía de Alsasua. ¿Acaso no es un grupo organizado?
Sí, pero no es una organización terrorista. Porque para ser una organización terrorista tiene que cometer delitos de estragos, de lesiones, de muertes… Pero no encabezar una campaña que, por supuesto, puede ser discutida, reprobable y rechazada pero no es una organización terrorista.

¿Hay una sobreactuación judicial?
Por supuesto. Y que además no beneficia a nadie, ni a la sociedad a la que los jueces servimos, ni siquiera al concepto que se puede tener por parte de los ciudadanos del equilibrio y de la proporcionalidad en la aplicación del Derecho.

¿A qué se debe esta sobreactuación? Con su veteranía, ¿cree que detrás estaría latente la propia existencia de la Audiencia Nacional?
Me gustaría saberlo, pero no estoy en condiciones de contestar a esa pregunta. Me parece tan desproporcionada que no alcanzo a comprender cuáles han sido las razones que han llevado, en primer lugar, a atraerse el caso a la Audiencia Nacional y quitárselo a la juez de Pamplona. Y, en segundo lugar, a aplicar estas medidas de prisión incondicional y posible procesamiento por delitos que van entre los 15 y los 20 años. Cualquier observador externo -y quizá en España estamos muy posicionados sobre este tema por unos años terribles de asesinatos por parte de ETA-, pero en este momento cualquier observador externo estará realmente desconcertado, asombrado, ante esta reacción de la Justicia española.

Este desconcierto y asombro, ¿se interpreta como una resistencia al fin del terrorismo, o es que ETA se ha diluido y no disuelto?
En los pueblos la tensión persiste incluso aunque ETA en un momento determinado anuncie su disolución. Creo que lo refleja muy bien la novela Patria, de [Fernando] Aramburu. Y yo que, de alguna manera, el Gobierno Vasco me ha llamado para algunos asuntos relacionados con estas cuestiones –ahora el 28 tengo que ir a Vitoria/Gasteiz- se que se está haciendo esfuerzos para lograr la pacificación, pero estos esfuerzos necesitan tiempo, colaboración, comprensión… Y pienso que esta decisión judicial no va a contribuir a que se consiga más pronto que tarde esa reconciliación o simple convivencia; no se trata de que cambien los sentimientos sino que se aprenda a convivir.

La Fiscalía denuncia a 137 guardias civiles por falsear dietas


La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a 137 guardias civiles –entre los que hay un teniente coronel y un comandante, capitanes y tenientes- por falsear durante cuatro años facturas de hotel para cobrar más en concepto de dietas de lo que se habían gastado. Según el escrito del ministerio público, los funcionarios, que venían de otras provincias en comisión de servicio a Madrid, se quedaban a dormir en una residencia militar, donde la habitación les costaba entre 8 y 12 euros por noche, pero luego pasaban facturas emitidas por otro establecimiento, el hostal Las Vegas, a un precio hasta seis veces superior.

Badalona podria sancionar FCC amb 3'1 milions

Desmantellament del Departament de Neteja Urbana i perfils no adequats, modificació del sistema de preus contradient el plec de condicions, incompliment d'obligacions bàsiques com la neteja dels contenidors del carrer o facturació de vehicles no utilitzats. Són algunes de les irregularitats que recull l'auditoria sobre el servei de neteja de la via pública i recollida de residus, en base a la qual l'Ajuntament de Badalona va anunciar dilluns que l'adjudicatària Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) hauria defraudat 12,8 milions d'euros entre maig del 2010 i desembre de 2015. A més, segons dades del mateix informe, per serveis no prestats, com jornades de neteja de contenidors d'escombraries, l'Ajuntament podria sancionar l'adjudicatària amb 3,1 milions.

L'auditoria, encarregada per l'Ajuntament, analitza el desenvolupament del servei des de que, amb el PSC al Govern municipal, va ser adjudicat a FCC per un període de deu anys -fins 2020- i un import de 196,25 milions d'euros. L'alcaldessa Dolors Sabater va insistir en roda de premsa que "és una necessitat controlar millor els grans contractes de serveis", especialment en aquest cas, ja que representa el cost més elevat per al Consistori, actualment 22,5 milions d'euros anuals. L'empresa, presidida per Esther Alcocer Koplowitz i controlada pel multimilionari mexicà Carlos Slim, ha rebutjat respondre a la Directa sobre les acusacions.
Roda de premsa celebrada el dilluns per anunciar el presumpte frau de 12,8 milions d'euros / Gemma Garcia

Sorprenentment, tot i que l'Ajuntament de Badalona estableix set persones dedicades a la direcció i inspecció del servei, no n'hi ha hagut mai més de quatre. Un desmantellament protagonitzat pel PP, que hauria bloquejat la contractació de personal nou. Alhora, segons detalla part del contingut de l'informe s'hi ha destinat personal amb titulació molt baixa en relació a la responsabilitat. Sobre terreny, l'empresa és l'única que disposa de personal de control del servei, i la tasca està subcontractada a Lovic, societat que havia participat en l'elaboració dels plecs tècnics. Només va fer controls diürns, a excepció de dues ocasions. En dos controls de sortida de vehicles rentacontenidors, hauria detectat un incompliment del 50%. Així mateix, Lovic ha manifestat que els serveis de recollida de rebuig i d'orgànica estan sobre-dimensionats.

Els 12,8 milions d'euros presumptament defraudats per FCC, podria afegir-s'hi una sanció per serveis no prestats. L'Ajuntament de Badalona podria obrir un expedient sancionador per valor de 3,1 milions d'euros, que inclouria el valor dels serveis no prestats més una penalització. Així ho han fet, recentment, a l'Hospitalet de Llobregat, per un import de 11.000 euros. Segons l'auditoria, l'adjudicatària hauria incomplert obligacions contractuals pel que fa a la instal·lació d'un sistema informàtic, de control i a la neteja dels contenidors del carrer. En el cas dels contenidors, només el 2015, es calcula que l'empresa s'hauria estalviat 166 jornades de neteja, i des de 2010 un total de 1.245 per valor de 564.612 euros que, tot i no haver-les facturat, amb la penalització sumarien 2.258.499.

Els serveis no realitzats haurien suposat un perjudici per a la ciutadania per l'increment d'olors i la disminució de les condicions sanitàries als contenidors durant la temporada d'estiu. I, sumat a la manca del sistema informàtic i de control, l'auditoria assenyala que serien tres infraccions molt greus, que segons el plec tècnic, es poden penalitzar amb la rescissió del contracte, la confiscació de la garantia i indemnització per danys i perjudicis. Tal com va anunciar l'alcaldessa i el regidor d'Espais Públics i Mobilitat, Francesc Duran i Vilalta, una altra partida important que FCC hauria defraudat a Badalona correspon a costos imputats sense haver prestat servei. La llista de maquinària nova que no ha estat utilitzada és llarga: camions rentacontenidors, vehicles elèctrics o escombradores.

El total de la facturació realitzada per FCC que no s'adiu als plecs de condicions hauria suposat la partida més gran del forat: 4,5 milions d'euros de més. De diverses maneres, l'auditoria desglossa com l'empresa hauria adaptat el sistema de preus al seu favor i generant un increment de la despesa a l'Ajuntament.
L'auditoria desglossa com l'empresa hauria adaptat el sistema de preus al seu favor i generant un increment de la despesa a l'Ajuntament

Segons les condicions del contracte, els de maquinària i costos fixes són els únics preus revisables. És a dir, costos de personal, amortitzacions, benefici industrial i despesa general en queden exclosos. Tot i així, FCC va modificar el sistema de revisió i va incloure'ls tots. Només l'import facturat de més pel que fa a personal, des de la vigència del contracte fins el desembre de 2015, és de pràcticament de 2,4 milions d'euros. De moment, la Fiscalia ha obert una investigació per aclarir si l'empresa ha comès delictes d'estafa i falsificació documental a Barcelona per un import de 80.000 euros, que va destapar El País. I ara l'auditoria externa de Badalona s'hi podria afegir.

De totes maneres, no és la primera vegada que FCC arriba a Fiscalia. El 2014, la CUP de Tarragona va presentar una denúncia argumentant que s'havien produït modificacions en el contracte per augmentar els preus per sobre de l'establert al Plec de clàusules, però finalment es va arxivar, informa Nació Digital.

Badalona denuncia que FCC va defraudar 12,8 milions d'€ amb el contracte de la brossa


L'Ajuntament de Badalona denuncia que l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) hauria defraudat 12,8 milions d'euros entre 2010 i 2015 en diferents conceptes associats al contracte de recollida de la brossa i neteja de carrers. El consistori ha fet públic el resultat d'una auditoria externa encarregada fa un any, que portarà a la Fiscalia.

Hallan en Egipto un cementerio y una ciudad de la primera dinastía

El descubrimiento data de principios de la primera dinastía faraónica (3300-2850 ane.) y fue localizado en la provincia sureña egipcia de Sohag. Un equipo de arqueólogos egipcios ha descubierto a 500 kilómetros al sur de El Cairo un cementerio, un poblado y restos de los moradores que habitaron la zona hace 5.316 años. "Es probable que la necrópolis y el poblado pertenecieran a altos funcionarios y supervisores de las tumbas reales y de las estructuras mortuorias de los reyes de la primera dinastía de Abydos", explicó Mahmud Afifi, jefe del departamento de antigüedades del ministerio de Antigüedades egipcio en un comunicado difundido este miércoles.

El descubrimiento, que data de principios de la primera dinastía faraónica (3300-2850 ane.), fue localizado a unos 400 metros del templo del monarca Seti I en Abydos, en la provincia sureña egipcia de Sohag, durante la excavación de una misión arqueológica egipcia. También fueron halladas chozas, vasijas de cerámica, piedras o herramientas de hierro. "El equipo ha logrado desenterrar 15 grandes tumbas de adobe que miden en algunos casos hasta 14 por 5 metros. Tienen diseños y estilos arquitectónicos diferentes", indicó el jefe del departamento de Antigüedades del Alto Egipto, Hani Abu al Azm.

"Algunos enterramientos tienen mayores proporciones que las tumbas reales de la primera dinastía que se hallan en Abydos, lo que demuestra la importancia de sus propietarios y de los cargos y la posición social que disfrutaban en este periodo temprano de la historia de Egipto", agregó Hani Abu al Azm. Por su lado, el jefe de la misión arqueológica, Yáser Mahmud Huseín, señaló que “las tumbas (con forma de mastabas) son únicas en su estilo arquitectónico, ya que contienen más de un nivel llegando alguna a tener hasta cuatro”.

Esto las distingue de otras, pues “es conocido que la primera aparición de los sepulcros construidos en forma de mastabas fueron en las tumbas y construcciones de la realeza de la dinastía I en Sakara, (cerca de El Cairo) y luego en la época de la dinastía III (2676-2556 ane.)”, precisó Mahmud Huseín. Esta es la primera vez que se descubren tumbas con forma de mastabas de la dinastía I en Abydos.

CSQEP rebutja els pressupostos del Govern i la CUP

Catalunya Sí que es Pot no veu cap tipus de possibilitat d'acord amb els pressupostos que Oriol Junqueras presentarà el dimarts. Just després de reunir-se amb el departament d'Economia, el portaveu de la confluència d'esquerres, Joan Coscubiela, i la diputada Marta Ribas han mostrat la seva decepció i han denunciat que el Govern ha decidit fer una "triple renúncia" en els pròxims comptes. "Renuncien a l'autogovern fiscal, a fer pagar més a qui més té i a disposar de més recursos públics per fer polítiques socials", ha sentenciat Coscubiela. En definitiva, lamenten que s'hagi tancat la porta a una política econòmica redistributiva malgrat que el Govern defensi que seran els pressupostos "més socials possibles".

Els diputats de CSQEP insisteixen que "hi ha marge" tant polític com competencial per fer una reforma dels impostos propis però que no hi ha voluntat, ni tan sol d'ERC, de fer-ho. "No veiem una voluntat d'anar més enllà, la decisió està presa", han censurat. La reunió amb el departament d'Economia s'ha fixat després que Catalunya Sí que es Pot ho demanés i denunciés que el Govern s'ha centrat a negociar els comptes exclusivament amb la CUP. De fet, la confluència d'esquerres es va oferir als anticapitalistes per fer pinya i sumar forces a l'hora de demanar a la conselleria d'Economia que accepti una reforma fiscal que s'inclogui als pressupostos del 2017. Resituat ja en el procés sobiranista, Catalunya Sí que es Pot busca ser també actor clau en la negociació dels pressupostos.

CSQEP considera que el Govern té marge per augmentar la recaptació en fins a 1.000 milions d'euros. En les darreres setmanes ha defensat que amb una reforma del tram autonòmic d'IRPF que apugi el tram alt per a les grans fortunes i abaixi les del tram baix per a les classes populars es podrien recaptar entre 250 i 400 milions. També que es podrien sumar entre 300 i 350 milions més tornant a la llei de l'impost de successions i donacions prèvia a la reforma del 2010. Finalment, amb una reforma de la tarifa de l'impost de patrimoni calcula que es podrien ingressar entre 200 i 250 milions d'euros més, informa Nació Digital.

Catalunya: Uns comptes de dretes a canvi d'un referèndum

La CUP va anunciar dissabte que permetria l'admissió a tràmit dels pressupostos de l'any que ve. El canvi de postura –al juny va vetar els comptes per al 2016– és degut, sobretot, al fet que s'hagi introduït una partida per fer el referèndum d'independència, que Carles Puigdemont va anunciar per al setembre del 2017. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha assegurat aquest dilluns que "si el TC suspèn els pressupostos, el referèndum s'ha de fer igualment". "No ens podem escudar en què suspèn el TC".

Manuel Castells: ‘el procés independentista s’ha autodestruït’

El cap de llista d’En Comú Podem, Xavier Domènech, veu l’independentisme ‘paralitzat’ després que el govern hagi decidit sotmetre la continuïtat del full de ruta pactat entre JxSí i la CUP a una qüestió de confiança el setembre. ‘L’única explicació que ens donen és un torni vostè al setembre, sense explicar-nos si això significa un nou pacte de govern, un nou full de ruta o uns nous pressupostos. Es pot dir que el procés està blocat’, ha indicat en la conferència de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

La Fiscalía denuncia a 137 guardias civiles por falsear dietas

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a 137 guardias civiles –entre los que hay un teniente coronel y un comandante, capitanes y tenientes- por falsear durante cuatro años facturas de hotel para cobrar más en concepto de dietas de lo que se habían gastado. Según el escrito del ministerio público, los funcionarios, que venían de otras provincias en comisión de servicio a Madrid, se quedaban a dormir en una residencia militar, donde la habitación les costaba entre 8 y 12 euros por noche, pero luego pasaban facturas emitidas por otro establecimiento, el hostal Las Vegas, a un precio hasta seis veces superior.

El informe del departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que se basa la denuncia de la Fiscalía explica que ha comprobado que en diferentes días entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de noviembre de 2014, los 137 miembros de la corporación -entre los que hay tenientes y hasta capitanes- justificaron gastos con las facturas emitidas por el mencionado hostal justo en las mismas jornadas en las que aparecen registrados en la residencia de oficiales y suboficiales del Servicio de Material Móvil del instituto armado.

En algunos casos, los funcionarios pernoctaban durante un solo día simultáneamente en ambas hospederías, pero en ocasiones ha habido efectivos que han llevado a cabo esta trampa durante hasta 40 noches, pasando facturas que superaban los 1.500 euros. La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, que ya está llamando a declarar como investigados a los guardias civiles afectados, gran parte de los cuales se encuentran representados por el letrado Antonio Suárez-Valdés.

Los funcionarios que se han aprovechado de este fraude –entre los que hay un teniente coronel y un comandante- provenían de la práctica totalidad de las provincias de España, por lo que el Juzgado número 21 de Madrid ha decidido pedir ayuda los juzgados periféricos con el fin de tomar declaración a todos los investigados. En total, la cantidad presuntamente defraudada a las arcas del Ministerio del Interior rondaría los 14.000 euros.

La Fiscalía, que imputa a los investigados los delitos de malversación de dinero público y falsedad documentales -que de confirmarse conllevarían la separación del servicio para los afectados-, ha denunciado también al dueño del hostal que supuestamente emitía las facturas falsas y facilitaba por lo tanto el fraude masivo. Según el ministerio público, José Manuel P. Q., incluso llegaba a inflar el precio que cobraba habitualmente a los clientes. En concreto, el imputado, "actuando con ánimo de lucro, emitió facturas por alojamiento a la Guardia Civil por importe superior al anunciado en la página web y al comunicado verbalmente por el encargado de la recepción" a los ciudadanos que iban a preguntar.
Un Guardia Civil en una foto de archivo. (EFE)
Un Guardia Civil en una foto de archivo. (EFE)

El propietario, además, no cobraba lo mismo a todos los funcionarios, sino que incluso distinguía por categoría. Según el escrito realizado por la fiscal Anabel Vargas, éste variaba el precio reflejado en las facturas "en función del grupo de clasificación en el que se encontraba el miembro del cuerpo que efectuaba la reclamación". Con carácter general, añade el ministerio público, las facturas alcanzaban "el límite máximo de las cuantías fijadas por el real decreto 462/02", que establece los montantes de las indemnizaciones por carácter de servicio.

Las habitaciones en el hostal Las Vegas eran facturadas, según la Fiscalía, a 66 euros por noche para los oficiales y suboficiales y a 49 euros para cabos y guardias, cuando los funcionarios en realidad apenas gastaban entre 8 y 12 euros cada jornada en la residencia militar. La operación, por lo tanto, les proporcionaba un rédito que, según el informe de Asuntos Internos, oscilaba entre los 37 y los 57 euros que obtenían en algunos casos los que pasaban una noche en la residencia pero presentaban factura del hotel y los 1.490 euros de beneficios que conseguían los que pasaban más jornadas, como el caso de C. E. C. S., que estuvo aprovechándose de este sistema durante 40 días.

La investigación de Asuntos Internos tiene su origen en el escrito remitido por la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil el 7 de noviembre de 2014, que informó a la unidad de que el mencionado hostal "podría estar expidiendo facturas a personal del cuerpo comisionado en la capital por gastos de alojamiento que realmente no se habrían producido". La nota de la Dirección provocó la apertura de diligencias por parte de Asuntos Internos que más tarde derivaron en la mencionada denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid, informa El Confidencial.

El TS obliga a pagar el complement per jubilació a les universitats catalanes

En el moment més dur de l'estafa neoliberal, l’any 2012, les universitats públiques catalanes van decidir no pagar el que es denominava premi de jubilació als empleats del Personal d’Administració i Serveis (PAS) laboral. En algunes universitats també es va retallar aquest premi del PSA funcionari en virtut de què el conveni tenia una clàusula que equiparava les condicions salarials dels diferents règims. Una sentència del Tribunal Suprem, fruit d’una denúncia presentada en el seu dia per UGT, dóna la raó al sindicat i les universitats hauran de pagar a les persones jubilades des del 2012 els complements que els hi van retirar de manera unilateral.

La sentència afecta, segons els serveis jurídics de la UGT de Catalunya, a la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la Universitat Pompeu Fabra i la Politècnica de Catalunya.

La sentència del Tribunal Suprem -que és ferma i d’aplicació directa a tot el PAS/laboral- indica que la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012 de 20 de març de mesures fiscals i financeres “no vulnera els drets que l’article 53.2 del 6è Conveni Col·lectiu atorga als treballadors del PAS que es veuen obligats a sol·licitar la jubilació a 65 anys”. Per tant, el Suprem anul·la una sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que només estimava parcialment la demanda de conflicte col·lectiu presentada per la Secretaria d’Ensenyament de la FeSP – UGT Catalunya, arran de les demandes particulars de dos membres del PAS laboral de la Universitat de Lleida (UdL). En concret, el TSJC només considerava l’article 53.5 i ara el TS inclou també el 53.2.

El premi que es va retirar i que ara es recupera implicava que una persona en retirar-se cobrava l’equivalent a 3 mesos de salari a partir d’una antiguitat de 10 anys. Si en tenia més, per cada 5 anys que se sumaven la compensació pujava un mes més. En aquest sentit, una persona que es jubilava a 65 anys acostumava a tenir una antiguitat d’almenys 20 anys. Això suposa que per un treballador amb un salari mitjà de 1.300 euros el premi podia arribar a 5 mesos, és a dir uns 6.500 euros, però dependent de les categories i l’antiguitat es podria arribar fins a 15.000 euros en la banda alta.

Carles Puig Gros, membre de la secció sindical UGT Universitat de Lleida, ha estat vetllant el procés des de l’any 2012: “Nosaltres estem valorant l’abast de la sentència, que es va conèixer dilluns passat”, afirma. En aquest sentit, entén que tots els treballadors i treballadores jubilats des del 2012 poden reclamar aquesta compensació en virtut dels anys de la seva antiguitat. També ho poden reclamar els membres del PAS funcionari de les universitats en les quals el conveni iguala en un article els salaris dels treballadors tant si són laborals com si són funcionaris.

La UGT creu que d’ofici les universitats han de pagar els diners que legalment corresponen als seus treballadors. Si finalment això no s’acceptés per part de l’administració d’aquestes institucions públiques, es podria realitzar una denúncia cas per cas. Però davant d’aquesta situació els jutges, en vista que hi ha una sentència ferma del Tribunal Suprem, podrien condemnar en costes les universitats, de manera que a més d’haver de pagar les quantitats corresponents haurien de fer-se càrrec de les minutes dels advocats dels denunciants. “Volem parlar amb les administracions de les universitats per negociar el mecanisme de pagament. Entenem que hem de donar facilitats, ja que es tracta de quantitats importants”, assegura Puig Gros. Informa Diari del Treball.

El PE pide congelar la adhesión de Turquía

El Parlamento Europeo no cree que con el clima político actual en Turquía se pueda seguir negociando con normalidad su adhesión a la Unión Europea. La resolución a favor de suspender temporalmente las conversaciones ha sido aprobada este mediodía por el pleno de la institución por 479 votos a favor, 37 en contra y 107 abstenciones. El texto no es vinculante pero es una señal inequívoca del rechazo de Europa a la actuación del presidente Recep Tayyip Erdogan y las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno en respuesta al intento de golpe de estado registrado en julio, que los eurodiputados califican de desproporcionadas y contrarias a la Constitución turca y los valores europeos.

Desde julio, unos 129.000 empleados públicos han sido despedidos o apartados de sus puestos, se ha detenido a diez diputados de la oposición, a 2.386 jueces y fiscales, y hay unas 31.000 personas arrestadas ala espera de juicio. A pesar de las advertencias del Consejo de Europa y la UE Erdogan, añade la resolución, sopesa la reintroducción de la pena de muerte en el país.

El Parlamento Europeo recuerda que el mandato de las conversaciones de adhesión estipula que la Comisión Europea “recomendará la suspensión de las negociaciones y pondrá condiciones para que se retomen” en caso de que se produzca “una violación grave y persistente de los principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho”. A su juicio, eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora en Turquía y, aunque sigue comprometida con el objetivo de mantener el país “anclado a la UE”, pide a Bruselas y a los gobiernos que tomen medidas para congelar temporalmente las negociaciones.

Federica Mogherini, alta representante de Política Exterior europea, trató en vano de convencer a los eurodiputados para que no adoptaran esta posición, que cree que no beneficiará ni a Turquía ni a la UE: “Creo que la mejor manera de reforzar la democracia turca es hablando con Turquía, manteniendo los canales abiertos”, defendió el martes ante el pleno de la institución.

Los principales grupos políticos europeos de la Eurocámara, pero también fuerzas antieuropeas como el UKIP, el Frente Nacional de la nazi francesa Marine Le Pen o el PVV del fascista holandés Geert Wilders, se han mostrado también a favor de cambiar las relaciones con Turquía, aunque el cambio más importante se ha registrado en el grupo socialista, la familia política de Mogherini, que también ha votado a favor de congelar los contactos y poner condiciones a Ankara para que se retomen las negociaciones. Erdogan ha amenazado en los últimos días con convocar un referéndum sobre las negociaciones de acceso a la UE si las conversaciones no registran avances antes de final de año y ha sugerido que podría optar por sellar alianzas con Rusia o China.

Los ministros de Exteriores europeos debatieron la semana pasada la situación en Turquía y emitieron una dura condena a la deriva autoritaria de Erdogan pero desestimaron la opción de suspender las negociaciones. Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho debatirán la situación en la cumbre de los días 15 y 16 de diciembre en Bruselas, informa La Vanguardia.

PP, PSOE y PNV juntos impiden que la UE aclare si el CETA es legal

La mayoría del Parlamento Europeo, en manos de los neoliberales del PP y exsocialdemócratas del PS, ha impedido este miércoles que el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie sobre el polémico CETA, el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá. Por 419 votos a favor, 258 en contra y 22 abstenciones, el Pleno de la Cámara en Estrasburgo ha rechazado la resolución que planteaba pedir al Tribunal un dictamen sobre la compatibilidad del acuerdo comercial con los Tratados de la UE, así como una aclaración sobre la legalidad del mecanismo de blindaje a las multinacionales que incorpora.

7 muertos del caso Correa en solo 3 años

Con la 'inesperada' muerte de Rita Barberá ya son siete las personas relacionadas con el caso Gürtel que han fallecido en un periodo de tres años. Muchas dudas que ha suscitado este caso de corrupción quedarán en el aire por la imposibilidad de recabar sus testimonios. Además, tampoco declarará una pieza clave en el caso como es el extesorero Álvaro Lapuerta, que sufrió una hemorragia cerebral causada por un golpe en la cabeza, y que se encuentra en coma desde 2013. El juez archivó la causa contra él por “demencia sobrevenida”. El caso Correa o Gürtel comenzó a investigarse en 2009.

Isidro Cuberos: El exjefe de prensa de Javier Arenas apareció muerto junto a su moto el 29 de octubre de 2015 en un barranco situado entre las localidades malagueñas de Mijas y Benalmádena. Las primeras investigaciones confirmaron que había sufrido un accidente.Cuberos estaba acusado de haber intermediado en la adjudicación del expositor de Jerez en la Feria de Jerez a sociedades de la trama de Francisco Correa.
María del Mar Rodríguez Alonso

La esposa de uno de los portavoces adjuntos del PP en el Senado, Tomás Burgos, se suicidó en un hotel de Bilbao. Allí se encontró su cadáver el 21 de enero de 2015. Alonso figuraba en un listado incluido en un auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, de 45 imputados para ser enjuiciados por su implicación en la trama Gürtel.

Francisco José Yáñez Román: Este exasesor del área económica del PP murió por causas naturales el 24 de enero de 2014. Se dio la circunstancia de que la muerte le sobrevino tan solo una semana antes de declarar como imputado ante la Audiencia Nacional. Se le acusaba de haber blanqueado dinero al ayudar a Bárcenas a esconder fondos obtenidos ilícitamente. Yánez figuraba como apoderado de Bárcenas en una cuenta de la Iglesia a la que Bárcenas transfirió dinero.

Antonio Pedreira: Fue el juez del caso Gürtel. Tras haber pasado 36 meses en un hospital a causa de un accidente cerebral, murió el 13 de agosto de 2015. Tenía 66 años. Había sido instructor de la Gürtel durante tres años. Asumió la instrucción del caso en marzo de 2009, después de que el juez Baltasar Garzón se hubiese inhibido en favor del TSJM por la posible implicación de tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Pedreira fue quien ratificó la prisión preventiva para el principal implicado de la trama, Francisco Correa.

Francisco Sánchez Arranz: Había sido concejal de Boadilla de Monte hasta 2008 y exdirector del gabinete de Presidencia de Iberia. Arranz fue imputado por el juez José de la Mata cuando ya llevaba muerto unos meses. Se le acusaba de haber prevaricado al adjudicar una parcela pública en la Constructora UFC S.A.

José Martínez Núñez: Tenía 86 años cuando falleció por causas naturales. Su constructora, Teconsa, aparecía implicada en el caso, porque fue la empresa encargada del sonido de la visita del Papa, a pesar de que no se conocía tener experiencia en ese campo.

Y el extesorero, Álvaro Lapuerta, sigue en coma: Fue tesorero del PP antes de ser sustituido por Luis Bárcenas. Su nombre aparecía en los sumarios y se le consideraba pieza clave para desentrañar la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP en su historia. El 30 de abril de 2013 se golpeó la cabeza y sufrió una fuerte hemorragia cerebral. Desde entonces se encuentra en coma. El pasado septiembre, los jueces archivaron la causa contra él por “demencia sobrevenida”, publica lainformación.com.

10 "responsables" del PP de Madrid serán testigos del 'Gürtel'


El presidente del tribunal que juzga el 'caso Gürtel', Ángel Hurtado, anunció hoy que se admitirá el testimonio de los diez responsables de la comunidad de Madrid relacionados con los contratos firmados con la trama corrupta que solicite la acusación que ejerce el PSOE madrileño, al considerar la prueba "razonable" la prueba pedida. El letrado Wifredo Jurado respondió que seleccionaría a 10 entre los 60 que había solicitado inicialmente y se lo comunicaría al tribunal. La declaración que fue aceptada antes de que comenzara el juicio oral fue la de la expresidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ahora ya no será la única. En el listado del PSOE figuran, además de ella, su sucesor, Ignacio González, y otras personas con cargos de responsabilidad, como el exconsejero Juan José Güemes.

Rita Barberá muere por un infarto en un hotel de Madrid

La senadora y ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá ha muerto este miércoles en el hotel Villa Real de Madrid donde ha sufrido un infarto, según los facultativos del SUMMA. Las mismas fuentes han precisado que a las 7.03 de este miércoles el 112 ha recibido un aviso desde el hotel Villa Real, ubicado en la plaza de las Cortes de Madrid, informando de que una mujer de 68 años necesitaba atención médica al haber sufrido un infarto.

Texas: Comunistas se enfrentan armados a fascistas

Un grupo de inspiración comunista-maoista llamado Red Guard Austin ha causado revuelo en el estado norteamericano de Texas tras ubicarse frente a una manifestación del movimiento racista "White Lives Matter" exhibiendo banderas comunistas y fusiles, con el rostro tapado y mostrando un cartel con el lema "Make Racist Afraid Again" ("Haz que los racistas se asusten de nuevo"), parafraseando el de la campaña de Donald Trump: "Make America Great Again" (Haz América Grande de Nuevo). Make racists afraid again’: Texas communists take up rifles, troll White Lives Matter.

Se trata de un colectivo decidido a hacer frente a las oleadas de racismo que han sobrevenido en Estados unidos tras la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones, convencidos de que es necesario señalar y combatir el fascismo.
El enfrentamiento en las calles, que aún no ha alcanzado episodios violentos, se ha trasladado también a las redes sociales, con comentarios airados y amenazas. De momento no constan incidentes graves pero su mera presencia armada en las calles de Texas supone un grado más en la escalada de tensión social que Estados Unidos vive desde la victoria electoral de Trump, informa RT.

‘Make racists afraid again’: Texas communists take up rifles, troll White Lives Matter

If this photo is anything to go by it’s not just the right-wing in America that will have their guns ‘pried from their cold, dead hands’. A self-styled communist group is causing a stir in Texas, after taking a stand during an anti-White Lives Matter demo in Austin. A viral Reddit post features a photo of a small, apparently “communist”, open-carry militia standing with semi-automatic rifles and bearing a sign reading ‘Make racists afraid again’.

The Red Guards Austin claim the protest took place on November 19 “as a direct response to a planned protest” by the White Lives Matter group, and the presence of the communists and their guns made some people feel uncomfortable. The Red Guards Austin said they outnumbered the “fascists” behind the White Lives Matter movement and that it was their “duty as communists” to shut down such protests in Texas.

Around 24 people from White Lives Matter protested, while there were eight arrests, according to AP. “As Maoists, we firmly believe that white supremacists need to be met with and overwhelmed by a greater force,” the Red Guards wrote. “This is why we called for an armed partisan unit under our command”. The incident comes after six communists were arrested in Austin for reportedly assaulting supporters of Donald Trump.
Houston Communist Party

Trump desafía las políticas de austeridad republicanas

Durante los últimos ocho años de la presidencia de Barack Obama, los republicanos han hecho de la austeridad un dogma de fe, oponiéndose a cualquier aumento del gasto público y esbozando de forma catastrofista que, a menos que se reduzca pronto, la deuda acabará hundiendo a Estados Unidos. Esa retórica les sirvió para bloquear algunas de las políticas más ambiciosas de Obama, pero a partir de enero ya no tendrán a un demócrata en la Casa Blanca sino a un republicano que pretende gastar a manos llenas para relanzar la economía del país. Steve Bannon, el futuro “estratega jefe” del presidente, ha afirmado: “Los conservadores se van a volver locos. Yo soy el que está empujando un plan de infraestructuras de un billón de dólares”, en inversión pública.


“Trumpismo”, una lucidez pervertida

Robert Charvin: Trump no se opone más que Clinton a Wall Street: ésta es capaz de “calmar” algunas de sus veleidades verbales de coloración anticapitalista: la América “de abajo” se apercibirá deprisa… En el período gris que el mundo occidental atraviesa, de algunos destellos de lucidez ciertos tienden a hacer “claros de luna”, como dice el poeta, mientras que otros amenazan con desencadenar tormentas. Sanders en los Estados Unidos, la nueva dirección del Partido Laborista británico, Podemos en España (a pesar del fracaso de Syriza), las corrientes comunistas que se niegan a compromisos electorales sin salida con los partidos “socialistas”, ellos mismos en plena decadencia, no son más que el comienzo de su búsqueda de nuevas vías sobre las que las masas populares están sólo moderadamente sensibilizadas.

Dimite la cúpula de Gent de Compromís por falta de democracia en la coalición

Marian Campello (foto) ha durado un año como coordinadora de Gent de Compromís (GdC), la corriente de independientes formada por los no adheridos a los tres partidos fundadores de la coalición: los nacionalistas del Bloc, Iniciativa del Poble Valencià (IdPV, liderada por Mónica Oltra) y Verds. Campello dijo adiós el pasado 12 de noviembre en Alzira, durante la Asamblea de País, tras anunciárselo a sus compañeros de la ejecutiva un par de días antes. También renunciaron Cristian Ballesteros, responsable de organización de GdC y Delia Amorós (subdirectora del Gabinete Técnico de la Conselleria de Educación) como representante de la corriente ante la Ejecutiva de Compromís. Así, buena parte de la cúpula de la dirección de GdC abandona alegando la falta de democracia interna en la coalición, donde los tres partidos que la integran negocian entre ellos qué papel le darán a la corriente, según afirma Campello.

Amorós alegó incompatibilidad de su cargo orgánico con el que ocupa en Educación. Ballesteros esgrimió razones personales, si bien fuentes de la corriente achacan su salida al «desánimo» ante a la resistencia de la dirección de Compromís a resolver «una crisis de cohesión» que genera «mucha tensión» entre las bases de un proyecto «que en realidad es una marca, porque quienes deciden las cúpulas de los partidos fundadores, no la militancia».

Las dimisiones se producen de manera simultánea a las reuniones, secretas, de los tres partidos, a espaldas de GdC, a la que se le ha comunicado que el 12 de diciembre, en una Ejecutiva de Compromís, se presentará un documento negociado entre la terna de partidos donde se establecerá cuál es «el sitio» de los independientes. Fuentes de la corriente señalan que IdPV, actúa de freno ante las intenciones del Bloc y de GdC para que Compromís se unifique y obtenga más peso en la coalición.

Mientras Compromís gestiona consellerias y se ofrece como una alternativa para aglutinar a toda la izquierda valenciana, su situación orgánica sufre los mismos problemas que cuando la coalición echó a andar. Hace cinco años, con media docena de diputados autonómicos y 176.000 votos, Compromís arrancó sin más puntos en común que una Ejecutiva formada por los dirigentes del Bloc, IdPV y Verds. Sin embargo, el proyecto ha ido creciendo en votos (450.000 en 2015) y cargos públicos. Hoy, la estructura interna es débil y carente de una estrategia cohesionada. GdC cuenta con 900 de los 5.000 militantes de Compromís, al mismo nivel e incluso superando a IdPV y sólo por detrás del Bloc (3.000 afiliados).

Los independientes acusan al partido de Oltra de frenar su representatividad en la dirección de Compromís
«He perdido la ilusión y el impulso necesario para afrontar las 'nuevas' negociaciones de las bases y normas de la coalición, a las que no hemos sido invitados los adheridos y adheridas directamente a Compromís (més de 900 persones)», explicó Campello en redes sociales. Fuentes de GdC acusan a «un partido» (IdPV) de «querer silenciarnos» sin que el Bloc se posicione. Desde la corriente temen que los tres partidos que dirigen Compromís «busquen rebajar nuestra posibilidad de participar». En este sentido, los tres partidos negocian que la futura dirección de la coalición cuente con once miembros del Bloc, seis de Iniciativa, dos para Joves-PV, dos de Verds y otros dos de GdC.

Asturias, Aragón y Cantabria, las pensiones más altas

La pensión media anual escaló un 1,9% en 2015, hasta alcanzar los 13.388 euros al año. Una variación superior a la de la inflación en ese periodo, pero que fue desigual entre las distintas comunidades. En términos de cuantías de la pensión, la más elevada corresponde a Asturias, con 16.621 euros. Le siguen Madrid (16.158 euros), Aragón (14.396 euros), Cantabria (14.297 euros) y Cataluña, cuyos 14.252 euros le sirven para completar el top five nacional de mayores pensiones. Mientras, las más bajas se localizan en Extremadura (11.182 euros), que también era última en 2014, Murcia (11.710 euros) y Canarias (11.906 euros).

En Cataluña las pensiónes subieron un 4%, alcanzando así los 14.252 euros, según datos de la Agencia Tributaria. En la lista de mayores incrementos le siguen las Islas Baleares y Cantabria, con un 3,8% en ambos casos, hasta los 12.832 y 14.297 euros, respectivamente. También registraron aumentos por encima de la media La Rioja (un 3,6% más, hasta 13.220 euros), Aragón (+2,8%, a 14.396 euros), Madrid (+2%, hasta 16.158 euros) y Castilla-La Mancha, donde la pensión media se eleva un 1,9% y llega a 11.929 euros. En el otro lado de la balanza, la prestación cayó en Canarias, Ceuta y Melilla, mientras que en el resto de autonomías los incrementos fueron menores a la media nacional.

La Agencia Tributaria, que contabiliza 9.596.8132 pensionistas en España, recuerda que esta prestación se mide como el cociente de las masas declaradas de rendimientos del trabajo divididas por el número de perceptores, sin tener en cuenta el tiempo efectivo de trabajo o el número de meses en los que se ha recibido la pensi��n. Este hecho, según alerta, produce un sesgo a la baja en la pensión media en comparación con otras estadísticas en las cuales el denominador es el número medio anual de asalariados o de pensionistas. La estadística excluye al País Vasco y Navarra por sus regímenes fiscales especiales, informa Expansión.

6 millones de asalariados cobran el SMI o menos

El 34,3% de los asalariados en España (5.960.597 personas) percibieron en 2015 unos ingresos salariales iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por debajo de los 6.791 euros al año, lo que supone casi 760.000 personas más que en 2007. Este aumento se ha producido a pesar de que el número total de asalariados se ha reducido en ese periodo en casi dos millones, hasta los 17,3 millones. Así figura en la estadística 'Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias', publicada este miércoles por la Agencia Tributaria y que recoge datos sobre asalariados, desempleados y pensionistas.

El Congreso aprueba un salario mínimo de 800 € en 2018

El PP ha vuelto a vivir este martes otro calvario en el Congreso al perder las principales votaciones en el pleno, salvo una que ha propuesto él mismo sobre un pacto de Estado para las pensiones, que ya existe con el nombre de Pacto de Toledo, y que se limita a una declaración de intenciones sin medidas concretas. De las dos proposiciones de ley de la oposición, la más trascendente es la de subida del salario mínimo, de Unidos Podemos, que elevaría de 655,2 € mensuales (9.172 anuales) a 800 el Salario Mínimo Interprofesional el 1 de enero de 2018, con el compromiso de llegar a 950 € al final de la legislatura.

La Audiencia de Palma suspende la pena al policía que pateó un detenido

El oficial de la Policía Local que dio una patada a un detenido en el cuartel de San Fernando no ingresará en prisión para cumplir la condena de un año y tres meses que se le impuso por estos hechos. La Audiencia Provincial acepta conceder la suspensión de la pena ya que el condenado ha sido inhabilitado y ha dejado el puesto que ocupaba en la Policía Local de Pollença, por lo que no aprecia riesgo de reincidencia. En todo caso, le obliga a que haga trabajos en beneficio de la comunidad durante 90 días y a que siga un curso de prevención y control de la agresividad. La suspensión se le concede por cuatro años. Si en ese plazo es condenado por otro delito, tendría que cumplir esta pena también.

La Fiscalía se opuso a que la Audiencia suspendiera la condena y pedía el ingreso en la cárcel ante la gravedad de los hechos y las causas pendientes que tiene este agente, imputado en el caso de corrupción en la Policía Local. El tribunal recuerda que la última modificación del Código Penal excluye expresamente las causas pendientes como motivo para no suspender una condena menor y admite así los argumentos del letrado defensor, Jaime Campaner.

Por la agresión al detenido fueron condenados cuatro policías por un delito contra la integridad moral, tres de ellos por omisión a un año. A uno de éstos también le ha sido concedida la suspensión y falta que se resuelva sobre los otros dos.

Palma: expulsados los 4 policías condenados por agredir a un detenido

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma aprobó ayer la expulsión del cuerpo de la Policía Local de los cuatro agentes condenados por sentencia firme del Tribunal Supremo por agredir a un detenido en los calabozos de Sant Ferran en mayo de 2011. El acuerdo adoptado ayer supone la pérdida de la condición de funcionario de los cuatro agentes, una medida que entrará en vigor a partir de hoy.

El fiscal pide la imputación del presidente de Murcia por el Caso Auditorio

El fiscal de Delitos Urbanísticos de la Comunidad de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha pedido que se investigue al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP), por el Caso Auditorio. El representante del ministerio público considera que Sánchez "ha incurrido en presuntas irregularidades" en las obras y entrega del auditorio de Puerto Lumbreras en su etapa como alcalde. El fiscal ha remitido un informe al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca sobre el presidente murciano. Será el tribunal el que se encargue de decidir si se eleva a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, al encontrarse aforado. Se le atribuyen delitos de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial y administración desleal. Pedro Antonio Sánchez habría alentado y permitido " multiplicidad de incumplimientos" legales e irregularidades por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando era alcalde, según el fiscal.

La oposición ya ha reaccionado a la petición del fiscal cargando contra Sánchez. Emilio Ivars, secretario de Comunicación de PSOE, no se sorprende por la decisión del fiscal: "Lo señalaba la denuncia inicial del fiscal, lo señalan todos los indicios, lo señala la Intervención General del Estado y lo señala, de nuevo, el último informe del fiscal, en el que solicita su investigación como imputado", ha insistido Ivars, quien se pregunta "a qué espera Pedro Antonio Sánchez para abandonar su cargo". "Ni un minuto más puede estar Pedro Antonio Sánchez como presidente de la Región de Murcia, ni un minuto más con un presidente cercado por la corrupción, ni un minuto más perdido para que la honradez y la decencia hagan presencia en el Gobierno de esta Región", ha sentenciado.

Por su parte, el secretario general de Podemos, Oscar Urralburu, asegura que no se trata de Podemos ni quienes han lanzado las acusaciones, sino que "es el fiscal el que considera que Pedro Antonio Sánchez ha incurrido en hasta cinco delitos. El problema es que el fiscal tendrá que elevar la solicitud al TSJ de Murcia porque el señor Sánchez no es como un ciudadano más, sino que continúa en calidad de aforado". Con esta acusación por parte del fiscal, son ya más de veinte las personas investigadas por el Caso Auditorio, informa eldiario.es.

Trama Púnica: Pedro Antonio Sánchez (PP) dio el OK para mejorar su reputación 'online'

El cerco judicial a Pedro Antonio Sánchez (PP) se estrecha. La investigación contra el exconsejero de Educación y actual presidente de Murcia por su supuesta implicación en el caso Púnica ha dado un paso más. El exdirector comercial de Madiva Editorial y Publicidad SL, una de las empresas del conseguidor Alejandro de Pedro, ha identificado con nombres y apellidos ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Eloy Velasco, a la persona que transmitió a De Pedro el OK del consejero a la trama para que esta mejorara su reputación 'online'. Se trata de David Conesa, la persona a la que el excolaborador de De Pedro consideraba el exjefe de gabinete de Sánchez.

La carta que acorrala al presidente de Murcia de un testigo sorpresa de Púnica

El instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha encontrado un testigo que asegura disponer de nuevas pruebas sobre los vínculos del presidente de la Región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, con la trama que lideraban el exconsejero madrileño de Presidencia Francisco Granados y el constructor David Marjaliza.

PP, PSOE y PNV juntos impiden que la UE aclare si el CETA es legal

La mayoría del Parlamento Europeo, en manos de los neoliberales del PP y exsocialdemócratas del PS, ha impedido este miércoles que el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie sobre el polémico CETA, el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá. Por 419 votos a favor, 258 en contra y 22 abstenciones, el Pleno de la Cámara en Estrasburgo ha rechazado la resolución que planteaba pedir al Tribunal un dictamen sobre la compatibilidad del acuerdo comercial con los Tratados de la UE, así como una aclaración sobre la legalidad del mecanismo de blindaje a las multinacionales que incorpora. A favor han votado el grupo de la Izquierda Unitaria (Podemos, IU) y Los Verdes (ICV, Equo), además de UPyD y Ciudadanos; en contra se han situado PP, PSOE y PNV, entre otros partidos al servicio del neoliberalismo oligárquico. Entre los españoles han votado a favor los que forman parte del grupo de la Izquierda Unitaria (Podemos, IU) y Los Verdes (ICV, Equo), además de UPyD y Ciudadanos, mientras que en contra se han situado PP, PSOE y PNV, la derechona monárquica y neofascista.

La Asociación Europea de Jueces se ha pronunciado contraria a incluir los paneles de arbitraje privado en el CETA. De hecho, algunas de las formaciones que han votado a favor, y que impulsaron con casi un centenar de rúbricas esta iniciativa, acusan al PSOE de votar en la misma dirección que en noviembre, cuando con su abstención en el Congreso de los Diputados permitió que Mariano Rajoy llegara al Gobierno. "La Gran Coalición que conforman Partido Popular y Partido Socialista en el Estado español opera también en Europa”, denunciaba este miércoles la portavoz de IU en el Europarlamento, Marina Albiol. “Llevan meses diciéndonos que el CETA es un tratado progresista y que, según ellos, respeta la legislación de la UE y no es una amenaza para la soberanía. Nos preguntamos entonces qué miedo tienen a que sea el Tribunal Europeo competente el que lo diga”, criticaba Albiol en una nota de prensa remitida por su formación.

“Es inaceptable que algunos que se hacen llamar demócratas: socialdemócratas o cristianodemócratas, hayan votado que no”, afirmaba por su parte Lola Sánchez, europarlamentaria de Podemos. “Estamos ante un tratado cuya legalidad ponemos en duda, no sólo muchos Eurodiputados y sociedad civil; sino los propios jueces, y hasta el Tribunal Constitucional Alemán”. "Hemos votado a favor de una cuestión que es de sentido común: queremos que sea el Tribunal de Justicia Europeo el que resuelva si el CETA es legal o no”, apostillaba en un comunicado.

La delegación del PSOE en la Eurocámara ha justificado su decisión de votar en contra de pedir el dictamen del Tribunal Europeo "por entender que el único objetivo de quienes la han presentado es bloquear el acuerdo". "Asimismo, esta resolución era innecesaria porque no cabe que el TJE se pronuncie sobre una disposición que queda fuera de la aplicación provisional del CETA, hasta que sea aprobado por todos y cada uno de los 28 Estados Miembros. En todo caso, si a lo largo de estas ratificaciones la Corte de Justicia se pronuncia sobre este apartado, el acuerdo se adaptará a su resolución".

Tras recibir el beneplácito de los 28, Bruselas firmó el acuerdo con Canadá el pasado 30 de octubre, transcurridos siete años desde el arranque de las negociaciones. "El CETA es el mejor y el más progresista tratado negociado nunca por la UE", declaró entonces el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. La próxima cita marcada en rojo en el calendario del CETA llegará a mitad de diciembre, cuando previsiblemente será sometido a votación por el Pleno de la Eurocámara. Su respaldo permitirá la implementación provisional del acuerdo en el primer trimestre de 2017, pero su rechazo podría volar por los aires el polémico acuerdo, informa Público.

El TPP se hunde y China presenta su alternativa

La RP China espera concluir un acuerdo comercial asiático tan pronto como sea posible, una señal de la intención del gobierno de ampliar su influencia en la región en medio del aparente colapso del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), herencia de Obama a la que Donald Trump pondrá fin, según manifestó públicamente ayer. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el martes que los líderes asiáticos siguen avanzando con las negociaciones entre 10 países para formar la Asociación Económica Regional Integral que China ha respaldado como una alternativa al TPP liderado por Estados Unidos “y espera que tales conversaciones logren resultados pronto”.

Joseph Stiglitz: "El euro debe salvarse, pero no a cualquier precio"

El análisis de Joseph E. Sitglitz, premio Nobel de Economía en 2001, no encaja precisamente con la corriente mayoritaria de críticas a la moneda única. El catedrático de la Universidad de Columbia es un apasionado del proyecto europeo, que considera superior al de Estados Unidos. "El modelo social europeo", explica a Alternativas Económicas, "era una alternativa al modelo de desigualdad de Estados Unidos". "Pero si el euro lo destruye", añade, "entonces sólo nos quedará Suecia, Noruega, pero estos Estados son demasiado pequeños para considerarlos un modelo europeo". Stiglitz sostiene que "si no se quiere el modelo neoliberal de Estados Unidos ni un modelo socialista, ¿entonces qué esperanza podemos tener?". Su opción es el proyecto europeo, pero "el problema es que el modelo social europeo no funciona".