diumenge, 31 de juliol de 2016

Investigan si el PP ‘contrató’ a ladrones para robar los documentos de sus casos de corrupción

El PP está en el centro de todas las miradas tras el asalto, hace unos días, de la casa del Fiscal Anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, en el que los ladrones sólo sustrajeron el ordenador en el que el fiscal guarda cientos de documentos sobre todos los casos de corrupción que investiga, casi todos relacionados con políticos ‘populares’, y las claves (PIN y PUK) de su teléfono móvil. Los ‘cacos’ despreciaron todos los demás objetos de valor, como joyas y dinero. La Policía Nacional, que investiga el caso, sospecha con toda lógica que los ladrones podrían tener algún tipo de vínculo con políticos del PP imputados e investigados, que aparecen en los documentos robados al fiscal. Y tras analizar las características del asalto a la casa del fiscal, que todo apunta que fue realizado por profesionales, la Policía no sólo se ha centrado en intentar conocer su identidad para capturarlos, sino que también investiga si alguno de estos políticos del PP implicados en casos de corrupción ‘contrató’, es decir, pagó, a ladrones para que robaran el ordenador con todos los documentos de los casos de corrupción que están a cargo de Juan Pablo Lozano. Pero el ‘trabajo’ no pudo ser perfecto, pues hay copias de seguridad de todos esos documentos.

Puestos a buscar candidatos a estar detrás del asalto a la vivienda del Fiscal Anticorrupción, habría que concluir que se cuentan por decenas los políticos del PP interesados en que desaparezcan los documentos almacenados en el ordenador. No en vano, este fiscal viene impulsando desde hace años la acusación pública en algunas de las causas de corrupción más relevantes de la Región, casi todas relacionadas con el PP. Una de ellas es el 'caso Novo Carthago', que investiga una supuesta trama de corrupción instalada en el antiguo gobierno de Ramón Luis Valcárcel, en la que están ya imputados algunos familiares del propio expresidente murciano y tres de quienes fueron sus consejeros: Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués. Un asunto que incluso amenaza con la imputación del propio Valcárcel.

No menos importante es el 'caso Umbra', en el que están ya procesados el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara; su exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena y buena parte de la antigua cúpula de la Gerencia de Urbanismo. Algunos de estos imputados están inmersos en la investigación del 'caso Barraca', que también investiga una red de corrupción en el urbanismo municipal.

Uno de los más recientes asuntos que coordina Lozano como Fiscal Anticorrupción es el 'caso César', centrado en la presunta malversación de casi 18 millones de euros de las obras del AVE a la Región. Y también está detrás del sumario integrado por los casos 'Líber-Biblioteca-Roblecillo-Consejerías', que trata de esclarecer una presunta trama para la adjudicación ilegal de obras públicas en Librilla, Aledo y varias consejerías, así como una presunta recalificación ilícita de terrenos en Caravaca de la Cruz.

Los hechos se desarrollaron el fin de semana del 16 y 17 de julio, entre la noche del viernes y la tarde del domingo, aunque la lógica apunta a que debió de producirse a lo largo de la madrugada del sábado o del domingo, por ser los periodos en los que existen menos posibilidades de verse sorprendidos. Los delincuentes actuaron además con total tranquilidad debido a que el fiscal y su familia se habían trasladado a la costa murciana para disfrutar de un fin de semana de playa, lo cual apunta incluso a que pudo existir un seguimiento previo.

El acceso al domicilio no fue directo. Los asaltantes, que parecían tener bien planificado el robo, entraron en un edificio colindante y accedieron a la azotea, desde la que pasaron al terrado del inmueble en el que Juan Pablo Lozano tiene su ático. Pero antes de alcanzar su objetivo tuvieron que atravesar la terraza de un vecino, cuya vivienda se salvó de ser violentada. De hecho, los delincuentes ni siquiera trataron de forzar el acceso a este inmueble y se encaminaron directamente hacia la propiedad del Fiscal Anticorrupción. Una vez alcanzado su destino, todo apunta a que uno de los asaltantes mantuvo levantada a pulso la persiana de una de las ventanas, mientras su compañero utilizaba un destornillador o una herramienta similar para forzar el cierre. Algo que además realizaron con gran limpieza y sin apenas causar daños.

El registro de la vivienda fue tan limpio como minucioso: fueron abriendo uno por uno todos los cajones y los armarios y hasta vaciándolos de ropa, que dejaron ordenadamente sobre las camas. Pero no causaron destrozo alguno. A lo largo del rastreo localizaron una cámara de fotografía reflex y otra digital compacta, una moderna cámara de vídeo, relojes, joyas... Nada de ello despertó el más mínimo interés de los asaltantes, que incluso despreciaron el ordenador que los hijos del fiscal Lozano tienen en su dormitorio. Hasta se salvaron del saqueo los 200 euros en metálico que la familia tenía guardados en un bolso.

Los agentes de la Policía Científica que inspeccionaron la vivienda no hallaron, en principio, ninguna pista sólida que permita conducir a una rápida identificación y detención de los autores. De hecho, todo indica que no lograron sacar huellas dactilares de la persiana y de la ventana violentadas, como tampoco del mobiliario interior, ya que las pocas señales que dejaron los asaltantes indican que llevaban guantes.

Asaltan la casa del Fiscal Anticorrupción de Murcia


Unos desconocidos, al menos dos personas, asaltaron hace unos días el domicilio del Fiscal Anticorrupción y sólo sustrajeron su ordenador personal, en el que guarda la documentación íntegra de todos los casos de corrupción íntegra que coordina y de los que se encuentran en un estado de investigación inicial. La mayoría de estos casos salpican a cargos y políticos del Partido Popular. Además, los ladrones se llevaron las claves (PIN y PUK) del teléfono móvil de Juan Pablo Lozano. Foto: El Fiscal Anticorrupción, a la izquierda, conversa con un juez en Murcia.

Robert Charvin: Elogio de la negociación

"Reunámonos alrededor de una mesa", pide Umberto Eco, "y negociemos inteligentemente para hallar una solución que fuerce el respeto de todos"…"entre los deseos que puedo hacer para el próximo siglo, tengo esta esperanza de una nueva ética de la negociación", concluye con lucidez el profesor universitario de Bolonia, angustiado por los males que sufre Occidente en su bimilenario. La Unión Europea nos demuestra con "el embrollo de opiniones, prejuicios y jergas políticas o económicas, los parpadeos de la inteligencia". (1)
La Carta de la ONU no nos dice nada nuevo, en su estilo político-jurídico. Todas las disposiciones del capítulo VI (artículos 33 a 38) prevén que, para alcanzar un "reglamento pacífico en las controversias" entre los Estados… las partes "deben buscar una solución, sobre todo, a través de la negociación..." (art. 33). El Consejo de Seguridad es el responsable "de invitar a las partes a que arreglen sus diferencias" de esta manera (art. 34).

Este Capítulo VI es el corazón de la Carta, cuyo propósito es evitar el uso de la fuerza armada impidiendo a cada Estado su tradicional poder de declarar la guerra. No hay guerra "justa" y lícita, excepto en caso de legítima defensa cuando hay una agresión. Sólo las Naciones Unidas están legitimadas para intervenir por la fuerza, bajo la decisión del Consejo de Seguridad, si la negociación no ha podido producirse, si ha fracasado y como último recurso.

El Consejo de Seguridad interviene desde que aparece una amenaza para la paz, procediendo a hacer recomendaciones que, implícitamente, consisten en acercar a las partes y llevarlas a negociar, invitándolas a "someterse a las medidas provisionales" de naturaleza pacífica.

Estas medidas no suponen un prejuicio de los derechos de las partes interesadas que no serán reconocidos sino al final de las negociaciones (art. 40). Los artículos 41 y 42 de la Carta permiten que el Consejo de Seguridad adopte diversas medidas correspondiendo con sanciones, con la exclusión de cualquier uso de la fuerza armada.

Los artículos 43 y 44 establecen que el Consejo de Seguridad y los Estados miembros negocien un acuerdo, permitiendo tomar las medidas que apunten a evitar el conflicto o a concluirlo con una intervención policial.

Hay asimismo negociaciones que se han previsto para crear un Comité de Estado Mayor (art. 46-47) que asegure la "dirección estratégica" de las fuerzas armadas de Naciones Unidas para que la policía de la ONU no se componga de militares no cualificados, pertenecientes solo a los países del Sur, e incapaces para desempeñar un papel de interposición.

Para que la negociación sea posible, los artículos 1-2 y 2-1 de la Carta especifican que existe "igualdad de derechos de los pueblos" e "igualdad soberana" de todos los Estados. No son principios más o menos formales de cara a respetar la dignidad de los diferentes miembros de la ONU, sea cual sea su poder real. Son las herramientas básicas para que sean posibles las negociaciones. Y ellas están protegidas a fin de que garanticen el mantenimiento de la paz.

Sólo después del fracaso de las negociaciones y de todos los procedimientos concebibles para encontrar una solución al conflicto (mediación, conciliación, arbitraje, etc. - Art. 33) se aplica el Capítulo VII. Lógicamente, la Carta no prevé sanciones hasta después del posible fracaso de las negociaciones.

La negociación está también en el corazón de la producción de las normas del derecho internacional. Los tratados bilaterales o multilaterales son el fruto de las negociaciones entre los Estados, que son la expresión (más o menos fiel) de los intereses colectivos de los pueblos. (2)

A pesar de que exista una desigualdad de fuerzas entre los Estados y que el contenido de los tratados se resienta, la negociación es el método menos injusto en la situación actual del mundo, para establecer equilibrios relativos. La admisibilidad de reservas abierta a cada Estado permite salvaguardar su consentimiento y el consenso relativo que expresa el tratado.

La norma de derecho, al final de la negociación y del tratado, constata el compromiso que regula el equilibrio de poder y lo fija en una forma normativa.

Lo que la negociación ha conseguido no es lo ideal, sino el resultado menos malo imaginable en una sociedad de Estados con intereses en conflicto y que no tiene nada de "¡comunidad!".

Como subraya el profesor Jean Salmon, la mayoría de veces los Estados no resuelven así las contradicciones que les oponen. La negociación se limita a ponerlas entre paréntesis y esta puesta entre paréntesis es un avance favorable en la lenta y difícil construcción del derecho internacional.

Una extraña miopía afecta a los académicos, sobre todo anglosajones, que de hecho repudian la negociación, como si se tratara para Occidente de una noción derrotista. Se atreven a decir que desde 1945 las guerras que se han producido enfrentaron Estados democráticos con los Estados no democráticos (lo que sería perfectamente legítimo), o Estados no democráticos entre sí (lo que confirma sus fechorías), pero jamás de Estados democráticos entre sí (lo que demuestra la calidad de su civilización). (3) Los Estados democráticos serían adeptos de la "cultura del compromiso" y de la negociación. Por el contrario los Estados "no democráticos" ¡serían belicosos por naturaleza! (4)

Estos estados "no democráticos", cuya definición cojea puesto que esa etiqueta no representa más evidencia que la de Estado "democrático", ya no serían elegibles en el derecho internacional, serían susceptibles de sufrir injerencias "suaves" o armadas puesto que la "responsabilidad de proteger" a la población civil en contra de su propio Estado sería a partir de ahora un principio cuasi-legal y por lo que los Estados occidentales no considerarían la autorización de las Naciones Unidas como vinculante.

De hecho, la negociación no sería concebible más que entre los Estados relevantes del mundo occidental, es decir, ¡entre los Estados que tienen una necesidad menor de acercamiento y conciliación! ¡La negociación no tiene entre ellos más que una función económica en sus relaciones comerciales!

Además, estos Estados autoproclamados 'democráticos' se atribuyen a sí mismos la capacidad de recurrir a la fuerza contra los otros, precisamente en nombre de su calidad a fin de universalizar su sistema político. ¡El derecho ya no sería universal, sino que la política (y la economía) lo serían!

Son las potencias occidentales, es decir, los Estados que menos tienen que temer por su seguridad y su desarrollo en base a su fuerza, las que dan este "tono" en detrimento de las relaciones internacionales. Es precisamente porque tienen a su disposición medios (en dinero y armas) superiores a los demás que rechazan la negociación o violan sus conclusiones. La cultura del compromiso no es la de los poderosos, porque la violencia armada, durante siglos, les ha sido a menudo fuente de beneficios. El argumento de Kant según el cual la democracia sería por naturaleza pacífica porque los que toman la decisión de la guerra son los mismos que soportan su coste ya no se sostiene: las potencias a menudo hacen la guerra por su interés y tienen los medios de conseguir con éxito una apuesta por "cero muertos" o, si no, ¡de infinitamente menos numero de víctimas que sus adversarios!

Además, las potencias (como las minorías privilegiadas en el orden interno) rechazan radicalmente serlo menos: la riqueza, en la Historia, no ha sido compartida nunca de buen grado. El "mesianismo" atribuido a los Estados Unidos es ante todo la voluntad imperial de beneficiarse de los recursos de los demás: la OTAN no es más que el brazo armado de esta necesidad de acaparamiento, incluyendo el riesgo de múltiples conflictos de más o menos "baja intensidad" (como por ejemplo, las maniobras militares y la implantación de bases en las fronteras de Rusia en Polonia y los Estados bálticos) o hundiendo algunos países en el caos total (como por ejemplo en Irak o Libia).

Ese rechazo a la negociación o la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados (por ejemplo, el de Minsk II referente a Ucrania) (5) ¡es paradójicamente reprochado por los Estados occidentales a los que tienen los medios reales para resistirse a ellos!

Esos Estados-resistentes no tienen por consiguiente más que políticas "reactivas" (esencialmente defensivas: este es el caso de Rusia, contrariamente a las acusaciones de "provocaciones" permanentes que sufre. Se constata, es una violación del acuerdo firmado originalmente entre la OTAN y Rusia, al principio de la década de 1990 a partir del acceso a la independencia de ciertas ex repúblicas soviéticas, lo que es la causa de los problemas. La OTAN se comprometió a no instalarse en las fronteras rusas.

Sobre la cuestión siria, por la que Rusia ha sido acusada de apoyar a toda costa el régimen de Damasco, se ha podido constatar que Estados Unidos y sus aliados, particularmente Turquía, han querido utilizar Daech (EI)para derrocar al régimen de Damasco. Cuando Rusia intervino, a petición del Estado sirio, la estrategia occidental hubo de ser abandonada. La intervención militar rusa ha hecho retroceder a Daech, lo que no habían logrado los occidentales. El tráfico entre Daech y Turquía fue interrumpido, privando a los islamistas de una gran parte de sus recursos.

Rusia, acusada de combatir esencialmente a los opositores al régimen de Damasco, propuso cooperar militarmente con Estados Unidos, ha impuesto un alto el fuego al menos parcial y tratado de encontrar un modus vivendi con el régimen de Ankara, sin embargo hostil. (6)

Por otra parte, la larga serie de conflictos que se han estancado durante décadas no suscita por parte de las potencias occidentales ninguna reacción favorable a la negociación.

Más de setenta años de enfrentamientos entre israelíes y palestinos no han provocado ninguna acción fuerte para imponer una verdadera negociación entre los beligerantes en esta lucha por la independencia de Palestina.

¡Más de setenta años también de la aceptación de la división de Corea, ligada a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, y después de medio siglo de colonización japonesa feroz, sin aún siquiera una negociación para concluir un tratado de paz entre los beligerantes de la guerra de 1950-1953! (Actualmente existe en vigor una tregua entre ambas Coreas. N. del T.)

¡Cuántas décadas de separación de los pueblos en Chipre desde 1967, situados bajo la tutela de la OTAN, sin interés porque cualquier negociación se manifieste! (¡Es cierto que en Chipre del norte, sometido a los turcos, los Estados Unidos tienen importantes bases militares!).

¿Qué negociaciones se impusieron para que el conflicto, que se remonta a 1973, del Sahara Occidental finalice resolviéndose, sin esperar a que la solución de las Naciones Unidas de un referéndum de autodeterminación sea finalmente ejecutado?

¡Ninguna negociación tampoco para solventar la cuestión kurda, mientras que los vencedores de la Primera Guerra Mundial se habían comprometido a reconocer una nación kurda en 1919, cuando el desmantelamiento del Imperio Otomano!

¿Qué cooperación efectiva ha sido concebida e implementada por una negociación multilateral para poner fin al comercio ilegal de armas, el tráfico de drogas, las redes de prostitución y el terrorismo islámico que ha podido durante mucho tiempo encontrar los medios financieros y dudosas alianzas con los occidentales que han querido instrumentalizarlo antes de que empezara "por su cuenta" contra todo el mundo?

¡La Unión Europea ni siquiera ha sido capaz de negociar una política racional para los refugiados, mientras que es por una parte responsable del fenómeno migratorio a causa de las guerras apoyadas en algunos países y el saqueo económico!

¿Por qué no hay negociaciones globales o regionales sobre el desarme nuclear, si no es porque los Estados Unidos y Francia consideran las armas nucleares como elementos disuasorios, mientras que se consideran provocadoras y amenazadoras cuando se fabrican, por ejemplo, en Corea del Norte?

¿Por qué no, sobre esta cuestión, una extensa negociación en el marco de la AIEA para un desarme general, mientras que Estados Unidos y sus aliados solo quieren prohibir las armas nucleares de sus oponentes y su difusión, mientras desarrollan las suyas? (7)

La ausencia de voluntad política negociadora se debe a la profunda desigualdad entre los Estados y a la proliferación de enfrentamientos asimétricos en los que los más "fuertes" esperan sacar beneficio. Además, la negociación internacional no es exactamente un monopolio estatal. La diplomacia no escapa a la presión de los grandes grupos económicos y financieros. Es el caso, por ejemplo, de Total que presionó al Ministerio de Asuntos Exteriores (francés) y que, a cambio, patrocina algunas actividades públicas en el extranjero, por ejemplo en el ámbito cultural. (8)

El principio de la Carta de la ONU sobre la igualdad soberana de los Estados puede servir de base para el desarrollo de la negociación a condición de imponerse como realidad política.

La llamada a la "moral" internacional, a una "soberanía solidaria" suponiendo un acuerdo sobre el "bien común" que cada Estado tendría el deber de proteger revela un humanitarismo sin importancia práctica. (9)

Esta esperanza en un buena voluntad negociadora no se fundamenta ni en la historia centenaria ni en la práctica actual. Uno se pregunta qué podría hacerla emerger en las relaciones de poder… salvo que sean modificadas.

A una sociedad internacional, sujeta a un polo de poder cuasi-único, debe poderla suceder una sociedad multipolar donde los diferentes polos de poder sean capaces de equilibrarse, limitando los riesgos de conflictos como hicieron el Este y el Oeste durante la "coexistencia pacífica".

Las pretensiones occidentales de sobrevivirse en una posición de fuerza hegemónica son peligrosas. La sociedad internacional necesita contrapoderes: todos los Estados que ya desempeñan esta función son fuerzas objetivamente pacificadoras y progresistas.

Entre estos polos de poder, una vez bien establecidos e indicados claramente, la negociación podrá ser el eje de todos los progresos de la Humanidad.

Notas:
1 - Cf. Entrevistas sobre el final de los tiempos. Fayard. 1998.
2 - A destacar, aunque sean numerosos los Estados "no democráticos" y que aquellos que pretenden serlo no lo son más que de manera muy parcial, que la forma del estado sigue siendo la herramienta más ajustada para resistir a los imperios y a las tecnoestructuras burocráticas de las instituciones internacionales incontroladas.
3 - Véase, por ejemplo, D. Battistlla. Teorías de las relaciones internacionales. Presses de Sciences Po. 2003 y los numerosos juristas anglosajones citados por el autor.
4 - Esta pseudoconstatación es negada desde la antigüedad: ¡Atenas era más expansionista que Esparta!
5 - Los medios de comunicación occidentales han tenido de cara a estos acuerdos un comportamiento muy "significativo"; han sido casi silenciosos sobre su preparación, después muy dudosos de su éxito, más tarde de nuevo casi en silencio sobre su contenido (que incluye, entre otras, obligaciones para el gobierno de Kiev) y totalmente mudos sobre las violaciones de Ucrania de estas obligaciones, dando a entender que Rusia era la única responsable de los problemas que subsisten.
6 - Se puede comparar la diplomacia rusa y la de Francia. El Ministerio de Asuntos Exteriores socialista hasta finales de agosto de 2015, se opuso a que el ejército francés golpeara Daech en Siria. Impuso además un requisito previo para cualquier negociación sobre la cuestión siria, la salida de Bashar al-Assad (Ver V. Jauvert. La cara oculta del Quai d'Orsay. Investigación sobre un ministerio a la deriva . R. Laffont. 2016, p . 111.
7 - El Estado francés se niega a reconocer de iure la RPD de Corea, con el pretexto de la fabricación por parte de Pyongyang de armas nucleares, mientras que está en vías de renovar su flota de submarinos nucleares (casi 10.000 millones de euros), obviamente armados con misiles, incluyéndolos, afirma, para brillar en el Mar de China!
8 - Es sorprendente la presencia de empresarios que asistieron a Laurent Fabius durante su paso por el Quai d'Orsay: por ejemplo, Serge Weinberg, presidente de Sanofi; Lionel Zinsou, gerente de un fondo de inversión de BNP Paribas; Louis Schweitzer, ex CEO de Renault y ex líder de la MEDEF. Se constata también la actividad de ex diplomáticos pasados a lo "privado" y que representan a su empresa en el país donde habían realizado sus funciones.
9 - Algunos autores destacados apelan a responsabilizar a los titulares de los poderes públicos y privados, se trate de compañías multinacionales que "tienen una responsabilidad social", según la fórmula de la Comisión Europea, o de Estados a los cuales la OIT no cesa de repetir "que una paz duradera no puede establecerse más que sobre la base de la justicia social" (véase M. Delmas-Marty. Resistir, responsabilizar, anticipar. Cómo humanizar la globalización. Seuil. 2013.

Traducido por Carles Acózar i Gómez para Investig'Action
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dissabte, 30 de juliol de 2016

El juez cita a Rus, Llopis y el dueño de Engloba por los empleados ficticios

El próximo mes de septiembre no se presenta precisamente cómodo para el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (PP). El juez del caso Imelsa le ha citado el próximo 9 de septiembre para que dé explicaciones acerca de las contrataciones ficticias en la empresa pública, según una resolución del juzgado. El exgerente de la sociedad y principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, Marcos Benavent, reconoció ante la Guardia Civil que la empresa era una agencia de colocación para favores y compromisos varios y que Rus era conocedor de estas irregularidades. No será el único dirigente popular que se siente frente al titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Ese mismo día, unos minutos antes, acudirá su jefe de gabinete y persona de máxima confianza Emilio Llopis.

Las pesquisas de esta pieza separada han perdido cierto fuelle. El primer informe de la UCO alertaba del cobro de indemnizaciones superiores a lo que establece la Ley. La investigación implicaba a numerosos ex cargos públicos cuyo despido habría supuesto un quebranto económico para los fondos públicos. No obstante, la documentación aportada por los imputados y sus explicaciones han borrado los indicios en su contra. De tal forma que el juez decidió archivar la causa para la mayoría de los investigados.

La otra irregularidad, el pago de nóminas a trabajadores que nunca trabajaron para la empresa pública, sí se ha confirmado en las comparecencias de los propios beneficiados. Alguno admitió que trabajaba en la Diputación de Valencia, otro que cobró de Imelsa porque así se lo dijo Benavent e incluso el caso de una mujer que, ante su delicada situación económica, pidió una ayuda al gerente y este le dio una nómina sin necesidad de ir a trabajar. El exseleccionador nacional de Ciclismo, Francisco Antequera, indicó que su labor era informar de los eventos deportivos, aunque no supo precisar quién era su responsable.

Rus repetirá visita en el juzgado una semana después. El juez le ha convocado también para que explique el supuesto amaño en la adjudicación del centro telefónico de la Diputación de Valencia. Entre los comparecientes de los primeros días de septiembre también destaca José Vedri, dueño de la agencia de comunicación de Engloba. Se trata de uno de los principales investigados en la trama global de comisiones a cambio de contratos en administraciones públicas. El empresario podrá dar explicaciones acerca de por qué dos empleados de su agencia cobraban la nómina de Imelsa. Los propios asalariados admitieron que esta situación se mantuvo durante unos meses.

Una de las situaciones más extrañas es la del futbolista José Ángel Mullor, que percibía su sueldo de jugador del Olimpic de Xàtiva desde la empresa pública. El abogado del deportista pidió recientemente el archivo. El juez lo ha rechazado. La Audiencia tiene la última palabra. El caso Imelsa cuenta por el momento con tres piezas separadas. Estas irregulares contrataciones se completan con la investigación del blanqueo y delito electoral del Grupo Municipal del PP y el citado amaño del call center, informa Las Provincias.

La fiscalía pide al TS que se investigue a Rita Barberá por blanqueo


La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que abra una causa contra la exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP, Rita Barberá, por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Valencia, en el marco de la operación Taula, por la que se imputaron a nueve concejales del partido. El fiscal ha reclamado que designe un magistrado instructor para iniciar la investigación en un informe. En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Valencia: Las universidades han contratado a 125 profesores saltándose la ley


El último informe de la Intervención de la Generalitat ha revelado que las cinco universidades valencianas no respetan de manera escrupulosa la legalidad vigente. La Cuenta General, el exhaustivo dosier que analiza toda la contratación del sector público, muestra que la gestión de las instituciones académicas contiene varias irregularidades. Todas coinciden en repetir, con mayor o menor intensidad, la contratación ilegal de personal docente e investigador. Se trata, según detalla el trabajo de los auditores, de profesionales que ya han agotado el periodo de contratación máximo previsto por la ley y que ya no podrían seguir en la institución. Sin embargo, los centros quieren seguir contando con estos empleados, y los convierten en personal interino. Esto se consigue a través de la controvertida figura del «profesor contratado doctor interino», en realidad un coladero de amigos y clientelismo del PP.

Algo huele a muy podrido en el Banco de España, el FROB y el PP

Las empresas aprovechan los periodos de descanso de los españoles, en los que éstos bajan su atención de la actualidad, para sacar algunos muertos de sus armarios. Las vísperas de las vacaciones de agosto, Navidad o Semana Santa, así como los puentes festivos largos, siempre deparan sorpresas. Este viernes nos desayunamos con la destitución del consejero delegado del Popular, Francisco Gómez, después de que el banco tuviese que recurrir a una ampliación de capital y anunciase un desplome del 50% en su beneficio. ¿Qué sabe y esconde Restoy para irse ahora del Banco de España?

Gómez fue ascendido a consejero delegado por Ángel Ron procedente del área de control de riesgos, pero una empresa no puede sobrevivir sólo gracias a los ajustes. No supo deshacerse a tiempo de la cartera inmobiliaria y descuidó la inversión en nuevas tecnologías en la relación con sus clientes, entre otros aspectos. El negocio típico del Popular funciona, aunque con márgenes más ajustados, y una vez recapitalizado Ron logrará enderezar el rumbo de la entidad. La segundo sorpresa provino del Banco de España. El subgobernador, Fernando Restoy, en el ojo del huracán desde hace meses, anunció su retirada por la puerta de atrás. Restoy se va a presidir el Instituto de Estabilidad Financiera, uno de los muchos organismos dependientes del Banco Internacional de Pagos (BPI), sin apenas relevancia.

No se sabe si el exgobernador, Jaime Caruana, y actual presidente del BIS, le echó una mano a instancias del Gobierno o él mismo decidió poner tierra por medio, ante la complicada deriva de los interrogatorios que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, celebró esta semana con varios directivos del Banco de España sobre la salida a bolsa de Bankia. Restoy presidió la reunión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aprobó la salida a bolsa de Bankia en 2011, en ausencia del presidente del organismo, Julio Segura, ausente por enfermedad.

En junio de 2012, Luis de Guindos aceptó su nombramiento a propuesta del PSOE, como subgobernador, y luego accedió a presidir el Frob, el fondo para la reestructuración de las antiguas cajas de ahorro. Bajo su mandato, el Frob emitió un informe favorable a la salida a bolsa de Bankia, que contradice el documento elaborado por los peritos a petición del magistrado. Andreu mostró esta semana una gran beligerancia en el interrogatorio a Julio Durán, actual director de Estabilidad Financiera y uno de los redactores del melifluo informe sobre Bankia encargado por el Frob.

-"¿Le parece bien instrumentalizar instituciones públicas en su beneficio?", preguntó Andreu sobre una maniobra que apunta al propio Restoy. La Asociación de Inspectores también pidió en febrero su dimisión en un comunicado, después de la demoledora sentencia del Supremo sobre el debut de Bankia en el parqué. El exdirector de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, salió también esta semana en apoyo del Banco de España. ¡Faltaría más! Si fue responsable de la debacle del sistema financiero, junto con el ex subgobernador, Javier Arístegui, y el exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo).

Así lo atestigua un informe del FMI conocido el viernes, que pone los pelos como escarpias entre los implicados. El FMI desvela que, primero en 2006 y luego en 2010 y 2011, se expresó a la ex vicepresidenta, Elena Salgado, y al gobernador Ordóñez "las dudas sobre la suficiencia de las ayudas para restablecer la solvencia de las cajas de ahorro". Cada vez existen más evidencias de que Salgado y Ordóñez, con la connivencia de acólitos como Restoy o Martínez Tello, instrumentaron una operación política para sacar a bolsa Bankia, haciendo caso omiso de las advertencias del organismo internacional. Tanto Mafo como Martínez Tello mienten cuando aseguran que nadie previó la crisis y el derrumbe del sector.

Restoy es la primera de las cabeza de turco que puede cobrarse el juez Andreu, al autorizar desde la CNMV la operación de Bankia. Por eso huye. El Banco de España quedaría en muy mal lugar ante su posible imputación o inhabilitación. Es incomprensible que el actual gobernador, Luis María Linde, proteja a los anteriores autores materiales de la quiebra de gran parte de las cajas de ahorro y del engaño bursátil de Bankia. Sólo cabe una explicación: que gran parte de la dirección del Banco de España estaba en el ajo.

Mariano Herrera, director de Supervisión, fue el otro firmante del informe sobre Bankia a instancias de Restoy. Y para colmo de males, el subdirector de Supervisión, Pedro Comín, fue el encargado de la inspección de Bankia previa a su estreno bursátil. ¿Cómo es posible que el sistema financiero español siga bajo su supervisión? La marcha de Restoy debería ser la punta de lanza de una remodelación más profunda en la cúpula de Banco de España. Algo huele a podrido, informa El Economista.

¿Qué sabe Restoy para irse ahora del Banco de España?

Fernando Restoy abandona el Banco de España, donde ocupaba el cargo de subgobernador. Se va como presidente del Financial Stability Institute (FSI), que depende del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS), que dirige Jaime Caruana. Restoy cierra un círculo, para abrir otro, al encontrarse, precisamente, con Caruana, ex gobernador del Banco de España, y ex jefe de Restoy. Los dos guardan todos los secretos del sistema financiero español, que ha cambiado por completo desde el inicio de la crisis en 2007-2008. ¿Porque, qué sabe Restoy para irse ahora del Banco de España? Sabe lo suficiente para "apoyar a los supervisores de todo el mundo en su tarea de mejorar y fortalecer los sistemas financieros", como se apunta en la página del Banco Internacional de Pagos.

Y es que Restoy fue el hombre determinante en todo el proceso de reestructuración y saneamiento del sistema bancario español durante los últimos cinco años. Fue, como subgobernador del Banco de España el presidente del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Entre 2012 y 2015 presidió el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), --negoció con los consejeros autonómicos para fusionar las cajas de ahorro- y, desde enero de 2014 es miembro del Consejo Supervisor del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE).

Es decir, tiene todo el análisis de la situación real de cada una de las entidades financieras europeras, de sus fortalezas, y, principalmente, de todas sus debilidades. Pero el papel de Restoy es más importante, si se quiere atender lo que ha sucedido en España desde los años 2000. En esa época gobernaba el PP, como ahora. Y, como en la legislatura 2011-2015, gobernaba por mayoría absoluta.

Eran años de ingresos enormes por parte del Estado, con el sector de la construcción a todo trapo, y con los bancos en una posición boyante y generosa, con facilidades de todo tipo para conceder créditos a particulares y a grandes promotores de la construcción. Y Restoy se atrevió en el Boletín Económico del Banco de España en septiembre de 2003 a explicar que "la magnitud de la sobrevaloración podría llegar al 20%". Se refería a los precios de los inmuebles, y a la excesiva 'generosidad' de los bancos.

¿Pero qué ocurrió? El ministro de Economía, Rodrigo Rato, estalló y mostró su colera por el atrevimiento del Banco de España. No había burbuja inmobiliaria, no pasaba nada, el Estado seguía ingresando cantidades ingentes, y el patrimonio de los españoles aumentaba con la adquisición de viviendas, aunque lo que ocurría es que se estaba produciendo una enorme bola de endeudamiento. Rato mostró sus quejas de inmediato ante Jaime Caruana, exigiendo explicaciones inmediatas por tal atrevimiento. Y Caruana hizo lo propio con Fernando Restoy. Los 'jefes' políticos, el Gobierno, pretendían anular la tan cacareada independencia del Banco de España. Pero Restoy no se arrugó, y Caruana hizo lo que pudo para contentar a Rato, pero se motró firme al lado de Restoy.

Fernado Restoy, que ahora acude a la llamada de su ex jefe en el Banco de España, era uno de los autores del artículo del Boletín. Formaba parte del núcleo duro del servicio de estudios del Banco de España. Y le explicó a Caruana que el análisis que se había realizado se basaba en un enorme número de datos macroeconómicos y estimaciones, como se hacía siempre. No había dudas de la certeza del informe. Rato acabó con el asunto. "No creo que estemos ante una situación de burbuja. Los propios datos del Banco de España fijan un exceso de precios de la vivienda, pero que no se pueden entender como una burbuja como la que vivimos con los valores tecnológicos en 2000", señaló el ministro, adalid durante décadas, por parte de los dirigentes del PP, de la seriedad en las políticas económicas.

También se debe recordar que, junto a Rato, aparecieron algunos banqueros, como Emilio Botín, presidente del Banco Santander, quien dio cobertura al ministro. "No hay burbuja, y en este sentido el informe del Banco de España, que yo he leído a fondo, no ha sido bien interpretado". Restoy mantuvo sus tesis. Caruana también, pero el poder político se impuso. Caruana dejó el Banco de España en 2006. Luego llegó Miguel Angel Fernández Ordóñez, que tampoco pudo –o no quiso- frenar la tormenta que amenazaba la economía española. Ahora los dos se reencuentran. Saben perfectamente todas las grandezas y miserias del sistema bancario español, informa Economía Digital.

ERC i CDC tiren endavant BCN World malgrat la CUP

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha reunit amb les empreses preseleccionades per a desenvolupar el projecte turístic del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, el nou BCN World, que no té el suport de la CUP. Els representants de Melco, Hard Rock i Grup Peralada han reafirmat el compromís d'inversió en el que treballen des de fa més de dos anys. Avui han signat un acord amb l'Incasòl, empresa pública que el desembre del 2014 va fer efectiva una opció de compra amb La Caixa per garantir el control del sòl per part de la Generalitat. L’acord garanteix que l’empresa o empreses guanyadores del concurs de llicències de casino adquiriran els terrenys del CRT.

Cadascuna de les empreses ha fet efectiu un dipòsit de 2,5 milions d'euros amb la signatura. Aquests terrenys del CRT són els que el Pla Director Urbanístic (PDU) preveu per a usos hotelers, comercials, de joc i de convencions. Els encarregats de fer efectiu aquest pagament han estat el director executiu de Melco, Frank Tsui; el vicepresident de Hard Rock, Nelson Parker, i el president del Grup Peralada, Miquel Suqué. "Avui és el moment més trascendental dels que hi ha hagut fins ara amb el projecte: arribem més lluny que mai, és el pas més sòlid", ha subratllat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. També ha insistit en el fet que en el projecte del CRT hi ha hagut en tot moment un "control públic permanent" gràcies a la llei, el propi PDU, el concurs de llicències i el control del sòl.

El titular de Territori també ha destacat que es tracta d'una iniciativa que genera "moltes esperances a Tarragona i les Terres de l'Ebre" i que l’acord per la compra del sòl demostra que Catalunya “genera solvència, credibilitat i seguretat jurídica”entre els inversors internacionals. “Per als ciutadans suposa llocs de treball i la Costa Daurada serà encara més un referent turístic perquè es podrà diversificar l’oferta i desestacionalitzar-la”, ha descrit. Els operadors han celebrat una reunió de treball amb el president Puigdemont, que els ha agraït el compromís i interès demostrat durant els darrers mesos. L'ha acompanyat el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.

Hard Rock, Melco i Grup Peralada són empreses qualificades en la primera fase del concurs de llicències de casino de la Generalitat. Una vegada s'aprovi definitivament el PDU, previst pel novembre, s'encetarà la segona fase del concurs de casinos, ha recordat el conseller Josep Rull després de la reunió. Això es resoldrà abans de l'estiu del 2017 i es preveu que els treballs d’urbanització i edificació comencin per aquestes dates.

El conseller ha concretat que el proper 27 de setembre finalitza el període d’exposició pública i que, una vegada s’obri la segona fase del concurs, la Generalitat donarà 90 dies a les empreses preseleccionades perquè puguin presentar els seus projectes. “Això ens permet igualment mantenir el calendari que ja teníem previst”, ha aclarit Rull. Tal com estableixen les bases del concurs publicades al DOGC el 10 de setembre de 2015, hi ha un seguit de condicions per aconseguir l'autorització de casino relacionades amb la contractació de personal, acords amb el SOC i les universitats, així com requeriments mediambientals o reinversions socials i culturals en benefici del territori, informa é-notícies.

La fiscalía pide al TS que se investigue a Rita Barberá por blanqueo

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que abra una causa contra la exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP, Rita Barberá, por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Valencia, en el marco de la operación Taula, por la que se imputaron a nueve concejales del partido. El fiscal ha reclamado que designe un magistrado instructor para iniciar la investigación en un informe. En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

El magistrado consideraba en su exposición que, habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al TS, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, que tiene la condición de aforada, informa Público.

La ruina de los grandes proyectos de ocio valencianos


Radiografía de un pozo sin fondo. Así podría resumirse el contenido de los informes de auditoría de empresas públicas recogidos en la Cuenta General de la Generalitat valenciana que acaba de publicar la Conselleria de Hacienda. El retrato contable y financiero actualizado de los grandes proyectos arquitectónicos y de ocio que deslumbraron (algunos siguen haciéndolo hoy) al conjunto de los españoles por la audacia de sus diseños y la osadía de sus promotores no puede ser más desalentador. Pasarán años, puede que hasta dos o tres generaciones, antes de que las arcas autonómicas puedan digerir el volumen de deuda, quebrantos económicos y consecuencias judiciales de iniciativas que, incluso, están condenadas a desaparecer, como puede ser la Ciudad de la Luz de Alicante. La Ciudad de las Artes pierde 100 millones, el Circuito de Cheste no podría sobrevivir sin oxígeno público y la Ciudad de la Luz aún generará indemnizaciones millonarias a expropiados.

Sevilla pide sacar al asesino y traidor Queipo de la Macarena

Sevilla condena el golpe de Estado fascista de julio de 1936. La ciudad certifica su compromiso con la Memoria Histórica y el reconocimiento a las víctimas de la represión franquista. El Ayuntamiento en pleno repudia además al general "genocida" Gonzalo Queipo de Llano y rechaza "que los restos de este militar golpista continúen enterrados en la Basílica de la Macarena". Todo de forma unánime excepto el punto de sacar a Queipo de la Macarena, un punto que ha contado con la oposición del PP y la abstención de Ciudadanos.

La declaración institucional llega tras una moción con motivo del 80 aniversario del alzamiento golpista contra la II República que, con su fracaso, provocó la guerra civil española. Una propuesta que ha sido aprobada de forma unánime por todos los partidos con representación local: PP, PSOE (que gobierna en solitario y en minoría), Participa Sevilla, Ciudadanos e IU, proponentes del acuerdo. Excepto en la cuestión exhumatoria de Queipo de Llano. "No podemos enterrar en el olvido a quienes padecieron la barbarie fascista, a los miles de hombres y mujeres que fueron asesinados por defender sus ideales de democracia, justicia y libertad", dice la declaración institucional. Un manifiesto que pide la necesidad de "que se respete y se dé un tratamiento digno a los lugares donde reposan los restos de miles de víctimas del genocidio y la posterior represión franquista".

Queipo, un maníaco asesino enterrado donde su familia quiere, según el PP


La concejal de IU, Eva Oliva, pide tratar la memoria democrática "sin tapujos y sin ser maquillada". El régimen franquista "contó su versión de la historia y condenó al olvido las violaciones de derechos humanos", sostiene. España es, como ha recordado Oliva, el segundo lugar del mundo con más desaparecidos, tras Camboya. El concejal de C's, Javier Moyano, valora por su parte que se pueda seguir trabajando en la dignificación de las personas tras lo sucedido en el país. Mientras, la edil de Participa Sevilla, Cristina Honorato, ha relatado el "desgarrador periodo de la historia" a través de la lectura de los testimonios de dos personas del movimiento memorialista.

La responsable municipal de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales de Sevilla, Adela Castaño, ha recordado que el Ayuntamiento está trabajando en la mesa de Memoria Histórica. El Consistorio busca, en ese foro, la participación ciudadana y de los expertos desde "el consenso, el diálogo y el entendimiento, buscando la verdad, la justicia y la reparación". Así, junto al cambio de nombre de las calles, se abordará la señalización de las fosas del cementerio y su análisis. "Es de justicia que los familiares sepan donde está su familia, que los puedan enterrar con dignidad", concluye.

La moción ha sido aprobada de forma unánime en todos los puntos, salvo el relativo a sacar de la Basílica de la Macarena los restos de Queipo de Llano, un punto en el que C's se ha abstenido y el PP ha votado en contra. El portavoz adjunto del PP, Gregorio Serrano, ha señalado que "cualquiera que lea la biografía de Queipo de Llano no puede más que repudiarlo". "Traicionó a su rey, a la República y al propio Franco", añade.

Entienden los populares, sin embargo, que el exgeneral está muerto y enterrado "donde su familia y su hermandad han determinado". "Nosotros no somos nadie como Ayuntamiento para mostrar nuestro rechazo a lo que diga su hermandad y su familia, que quieren que esté allí, igual que hay multitud de familias que tienen a sus familias en fosas comunes y que están deseando poder enterrarlos con dignidad", ha dicho.

Con la moción aprobada, el Ayuntamiento de Sevilla declara:
1. Nuestra más firme condena al golpe de Estado militar llevado a cabo el 18 de julio de 1936, que en la ciudad de Sevilla se cobró la vida de miles de personas, siendo imposible todavía hoy, transcurridos 80 años, reconstruir las cifras y los nombres de las víctimas.

2. Nuestro compromiso con la dignificación de la memoria de todas las personas que murieron en Sevilla como consecuencia de esta sublevación militar golpista y la posterior represión franquista.

3. Nuestro reconocimiento a las y los milicianos republicanos que dieron su vida luchando por la libertad y la democracia y, de forma muy especial, a las columnas de mineros procedentes de Huelva que vinieron a Sevilla a combatir a los golpistas y a defender a la República.

4. Nuestro repudio al general genocida Queipo de Llano, que ordenó fusilar a cientos de ciudadanos junto a la muralla de la Macarena, y nuestro rechazo más absoluto a que los restos de este militar golpista continúen enterrados en la Basílica de la Macarena, al constituir esto una clara ofensa para los familiares de las víctimas del franquismo y para el conjunto de los y las demócratas.
El estallido "militar fascista" acabó, "tras tres años de cruenta guerra civil, con el legítimo Gobierno instaurado por las urnas y dio paso a casi cuatro décadas de una brutal dictadura encarnada en la figura de Francisco Franco".

Reconocer "el pasado negro de nuestra historia"


El régimen franquista, continúa el texto, en ese periodo "impuso una historia oficial que ocultó las cifras de la represión y condenó al olvido los hechos acontecidos y las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población civil". De ahí, "mientras no se afronte la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación moral y jurídica de expresos, guerrilleros, represaliados, exiliados y enterrados clandestinamente, no existirá en nuestro país una democracia plena".

La moción aprobada por unanimidad del plenario sevillano reconoce "el pasado negro de nuestra historia" y tiende a garantizar "tres derechos universales como son la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas". En España, prosigue la exposición de motivos, "aún permanecen zonas de olvido y continúan conservando su validez los procesos ante los tribunales militares franquistas por los que fueron perseguidas y condenadas las personas demócratas que no sólo resistieron legítimamente el golpe de Estado, sino que fueron víctimas de las atrocidades de la dictadura".

divendres, 29 de juliol de 2016

Fuerzas sirias expulsan al EI de una estratégica aldea en Hama

El Ejército de Siria ha tomado el control de la localidad de Tell al-Tut, una sede estratégica de takfiríes del EI en la provincia occidental de Hama. Según muestran imágenes exclusivas de la agencia rusa de noticias Sputnik News, emitidas el jueves, en el marco de las operaciones antiterroristas de fuerzas sirias en las zonas desérticas de Al-Badia, la referida localidad fue limpiada de la presencia de elementos de EIIL (Daesh, en árabe). EEUU: Al-Qaeda busca convertir Siria en su sede de operaciones contra Occidente.

La región de Al-Badia es de suma importancia tanto para los terroristas como para el Ejército sirio, ya que por ella pasa uno de los oleoductos de vital importancia estratégica de Siria. El pasado domingo, las fuerzas sirias avanzaron hacia el pueblo Aqarib en el este de la provincia de Hama con el fin de hacerse con el control del oleoducto de esta zona. En el marco de esas operaciones, fueron abatidos un sin número de elementos terroristas

Washington considera que el grupo terrorista Al-Qaeda planea extender su dominio en Siria y convertir este país en sede para sus operaciones contra el Occidente. “EE.UU. cree que el grupo Al-Qaeda está planeando hacerse con el control de Siria y utilizar este país como su centro de operaciones contra el Occidente”, así explica un artículo emitido este viernes por el diario británico The Times.

Como indica la nota, para conseguir tal objetivo, Al-Qaeda necesita primero lograr la expulsión del presidente sirio, Bashar al-Asad, y la eliminación del grupo terrorista takfirí EIIL (Daesh, en árabe). A este respecto, destaca que documentos de EE.UU. confirman el inicio del traslado de la mayoría de los altos cabecillas de esa banda a Siria y recuerda que Al-Qaeda espera el momento en que colapse el sistema de Al-Asad y Daesh.

Para el Gobierno de EE.UU. y la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) la inédita aparición del líder del Frente Al-Nusra y el anuncio de su ruptura con Al-Qaeda “no es nada más que uno de los pasos del plan de Al-Qaeda para reforzar su control regional y rivalizar con Daesh”, señala el artículo. Ayer jueves, el líder del Frente Al-Nusra, Abu Mohamad al-Yolani, anunció la ruptura de cualquier vínculo con la red Al-Qaeda y comunicó la formación de un nuevo grupo que operará bajo el nombre de ‘Frente Fath al-Sham’.

El anuncio respondía a la autorización del líder del grupo terrorista Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, para una eventual ruptura del Frente Al-Nusra, si eso sería beneficioso para la unidad de los combatientes y la lucha en Siria. La decisión del líder del Frente Al-Nusra ha conllevado la reacción inmediata de Washington. El vocero del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby, indicó en la misma jornada que Washington sigue considerando al Frente Al-Nusra como un grupo terrorista pese a que este haya cambiado de nombre, informa HispanTv.

La economía española frena su crecimiento en el segundo trimestre

La economía española ha frenado levemente su crecimiento en el segundo trimestre del año, cuando creció el 0,7 % entre abril y junio respecto al trimestre anterior, una décima menos que en los tres trimestres precedentes, según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa coincide con el incremento avanzado por el Banco de España en su boletín económico del pasado 28 de junio. La variación anual del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre del año fue del 3,2 %, frente al 3,4 % del primer trimestre. El Banco de España sostiene que hay incertindumbres sobre la evolución al alza de la economía, pero que a pesar de la ligera ralentización de una décima en el PIB trimestral, continúa el crecimiento "robusto" de la actividad.

Asimismo, señala que la evolución favorable del mercado de trabajo y la mejora de las condiciones financieras sustentan la expansión del consumo de los hogares, a un ritmo muy similar al de los trimestres anteriores. También destaca que la inversión empresarial experimenta una cierta ralentización, aunque conserva su pauta expansiva. En todo caso, la evolución de la economía española sigue siendo una de las mejores de Europa. Según el dato preliminar publicado este viernes por Eurostat, la economía de la zona euro experimentó en el segundo trimestre de 2016 una expansión del 0,3% con respecto a los tres primeros meses del año, cuando el PIB del bloque del euro aumentó un 0,6%. De este modo, la economía europea ralentizó tres décimas su crecimiento en el periodo comprendido entre abril y junio y vuelve a crecer al mismo ritmo que en el tercer trimestre de 2015.

En comparación con el segundo trimestre del año pasado, la economía de la zona euro creció a un ritmo del 1,6%, lo que supone una décima menos que el 1,7% registrado tanto en los tres últimos meses de 2015 como en los tres primeros de 2016. En el conjunto de la Unión Europea (UE), el PIB creció un 0,4% en el segundo trimestre del año, frente al 0,5% del primero, mientras que la expansión interanual de la economía de los Veintiocho se mantuvo estable por segundo trimestre consecutivo en el 1,8%, informa El Periódico.

El TC declara nulas las tasas judiciales a personas jurídicas de la era Gallardón

El Tribunal Constitucional ha declarado nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en su momento por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, según han informado fuentes jurídicas. En una sentencia adoptada por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que dichos gravámenes, aprobados en noviembre de 2012, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva. En concreto el TC anula los incisos del artículo 7.1 de la ley que prevé las cuotas fijas de 200 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo ordinario. Declara nula también la cuota de 800 euros para promover recurso de apelación, la de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden civil y las tasas para el recurso de suplicación (500 euros) y el de casación, en cualquiera de sus modalidades (750 euros).

El tribunal tumba también el artículo 7.2 que impone una cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, en sintonía con lo demandado por profesionales del mundo de la judicatura, sindicatos y consumidores que rechazaron la normativa desde el mismo momento de su aprobación llegando incluso a crear la plataforma 'Justicia para Todos' en su contra.

No obstante el TC, que advierte que los efectos de su decisión afectarán a nuevos supuestos o procedimientos donde no haya resolución firme, considera que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera, en sí mismo, el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, no incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia.

Ahora bien, tal y como recoge la resolución, entiende que la cuantía de las tasas (tanto en la cuota fija como en la variable) resultan "desproporcionadas" y puede producir un "efecto disuasorio" en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales de Justicia. Así, añade que los fines perseguidos por la ley recurrida son "constitucionalmente legítimos", en referencia al objetivo de evitar situaciones de abuso por parte de los que no buscan tutela judicial sino ventajas mediante la dilación de los procedimientos.

Y también respecto a la financiación mixta de la justicia, en tanto su legitimidad se debe a que el hecho imponible gravado por la tasa no es el servicio público de la Justicia sino el "ejercicio de la potestad jurisdiccional", según explica el tribunal que matiza que esto no debe implicar la implantación de unas tasas excesivas que acaben dificultando el acceso a la justicia.
Por tanto, concluye que la medida no es idónea para conseguir la finalidad de acabar con los recursos abusivos si bien sí que lo es para conseguir el fin de la financiación mixta de la justicia. Y aclara que, el hecho de que se trate de un sistema de tasas en el que todos pagan lo mismo, implica en algunos casos que no se consiga evitar recursos abusivos.

"Su objetivo de prevenir de dichos recursos se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes y, sin embargo, perjudica al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir", reza la resolución, que añade que, al final, el perjudicado se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno.
En cuanto a las tasas exigidas para interponer recursos, el Tribunal Constitucional se ampara en la justificación contenida en la memoria económica de la ley que se limita a señalar que es legítimo fijarlas en cuantías superiores a las de la primera instancia y que su recaudación no es suficiente para cubrir los costes generados por la segunda instancia.

A este respecto la sentencia afirma, por un lado, que "el objetivo de la financiación mixta de la justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental" y, por otro, que la cuantía de las tasas para recurrir resoluciones judiciales "no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, las cuáles resulta excesiva " por lo que concluye que, dichos gravámenes, vulneran el derecho protegido por el artículo 24,1 de la Constitución al poder disuadir la de interposición de recurso, informa El confidencial.

dijous, 28 de juliol de 2016

La Fiscalía investiga si Oriol Puig -hermano de Felip- prevaricó

La Fiscalía ha emprendido una investigación para aclarar si Oriol Puig, director del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y hermano del ex consejero Felip Puig, cometió prevaricación y fraude adjudicando contratos a empresas cercanas a la familia Pujol Ferrusola y a Convergència. Oriol Puig Godes, director del Servicio Meteorológico de la Generalitat, mantenía peligrosas relaciones financieras con el subastero Jordi Cuxart. La CUP denuncia el otorgamiento de cuatro contratos sin justificar, uno de ellos a Pere Pujol Ferrusola.

Las indagaciones se inician a raíz de una denuncia de la CUP, según la cual se realizaron pagos a cuatro empresas por estudios jurídicos y ambientales sin justificación. La denuncia cupaire señala que Oriol Puig, pese a saber que el proyecto de construcción de un centro meteorológico en el Turó de l'Home, del que colgaban estos contratos, no podría culminarse por las restricciones urbanísticas derivadas de su ubicación en una zona protegida del Montseny, promovió trámites para, supuestamente, "beneficiar a empresas afines". La CUP sostiene que se adjudicaron los contratos de manera arbitraria e ilegal.

Una de las cuatro empresas referidas -que se llevaron parte de los 248.000 euros aprobados en relación a este proyecto- es Entorn SA, una consultora controlada por Carles Sumarroca y Pere Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. Otra beneficiada es Ubbu Arquitectura, relacionada con Marc Paré, quien coincide con Oriol Puig en el consejo de administración de otra empresa, informa El Triangle.

El Parlament aprova la regulació de les associacions de consum de cànnabis

Tots els grups polítics, excepte el PPC, han votat a favor de la Iniciativa Legislativa Popular perquè el Parlament tramiti la regulació de les associacions de consum de cànnabis que ha presentat l'exalcalde de Rasquera, Bernat Pellisa, i que compta amb gairebé 55.000 signatures. “És una tramitació necessària i urgent”, ha afirmat Pellisa, qui ha remarcat que “amb setanta anys de prohibicionisme no s’ha està capaç ni d’eradicar ni un sol consumidor ni d’eradicar les màfies del narcotràfic”. L'encarregat de defensar la ILP també ha assegurat que “no busca banalitzar el consum del cànnabis”.

La diputada d'Esquerra Republicana, Alba Vergés, ha defensat la postura de Junts pel Sí argumentant que la regulació de les associacions de cànnabis és la solució per donar resposta a l'actual “buit jurídic” que “genera una inseguretat injustificable”. “Regular per oferir una seguretat jurídica que ara no tenen cap dels actors, evidentment consumidors, evidentment associacions i els seus clubs”, ha explicat. “Hem de deixar de ser presoners de les lleis”, ha reblat Vergés, alhora que ha plantejat la disjuntiva entre “dret “ i drets”. “Què triem? Un marc, unes parets, que és el dret, o triem voler garantir els drets, la llibertat individual, la col·lectiva, el dret a la salut, que és bàsic i important en la nostra societat?”, ha dit la diputada del grup parlamentari de Junts pel Sí.

Segons la seva opinió, amb la regularització de les associacions de cànnabis “podem posar criteris de salut pública, podem augmentar el coneixement sobre els riscos i conseqüències que el consum pot generar sobre la salut física i mental dels consumidors”. “Tot aquest abordatge el necessitem, en primer lloc, perquè les polítiques dutes a terme fins ara no han complert els objectius, molts judicis i pocs beneficis. I, en segon lloc, per tenir una societat més informada, més conscient dels riscos i, en conseqüència, més lliure”, ha conclòs Vergés, informa é-notícies.

Valencia: Las universidades han contratado a 125 profesores saltándose la ley

El último informe de la Intervención de la Generalitat ha revelado que las cinco universidades valencianas no respetan de manera escrupulosa la legalidad vigente. La Cuenta General, el exhaustivo dosier que analiza toda la contratación del sector público, muestra que la gestión de las instituciones académicas contiene varias irregularidades. Todas coinciden en repetir, con mayor o menor intensidad, la contratación ilegal de personal docente e investigador. Se trata, según detalla el trabajo de los auditores, de profesionales que ya han agotado el periodo de contratación máximo previsto por la ley y que ya no podrían seguir en la institución. Sin embargo, los centros quieren seguir contando con estos empleados, y los convierten en personal interino. Esto se consigue a través de la controvertida figura del «profesor contratado doctor interino», en realidad un coladero de amigos y clientelismo del PP.

Las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana recurrieron a esta fórmula durante el año 2015. En total, 125 empleados docentes e investigadores se vieron beneficiados por esta argucia administrativa que les permitió seguir sin que se les realizaran pruebas de mérito para acceder a estos puestos laborales. Lo que se consigue de esta forma es «restringir el acceso a estos puestos al personal que previamente venía prestando servicios en la Universitat en una determinada relación laboral de carácter temporal». De este modo, se vulneran tanto los principios constitucionales de igualdad y publicidad de acceso al empleo público como la Ley Orgánica de Universidades, según recogen los informes publicados por la Intervención de la Generalitat.

La Universitat de València se sitúa a la cabeza de esta práctica. El informe detalla que 66 profesores fueron contratados a través de este método. La Universidad de Alicante le sigue con 27 contrataciones en este sentido. La Jaume I (16 profesores) y la Politécnica (12) completan el listado de irregularidades. Casi de manera testimonial aparece la Miguel Hernández, con sólo cuatro casos detectados. Precisa el informe que el hecho de que esto, en algún centro, fuera aprobado por el director general de Universidades de la Conselleria de Educación «no subsana las anteriores deficiencias».

En otros casos las irregularidades son de mayor calado. En la Universitat de València, la de Elche y el Politécnico se efectuaron las contrataciones del personal sin que la Conselleria de Hacienda las autorizara, de forma que se incumplió la Ley de Presupuestos de la Generalitat. Lógicamente una de las principales recomendaciones de los auditores en sus investigaciones es la convocatoria de oposiciones para estas plazas, aunque sean de carácter temporal.

El método restringe los posibles aspirantes a los profesionales que ya estaban en los centros colocados a dedo por amiguismo

Las irregularidades también afectan a los salarios por encima del máximo permitido por la Ley. Esto ocurre en la Universidad de Alicante. Lo más llamativo es que esta irregularidad ya fue advertida por los especialistas el año anterior, pero sigue sin corregirse. El centro no aplicó en su día (2010) el recorte de un cinco por ciento en las nóminas como medida extraordinaria para la disminución del déficit público. El incumplimiento de esta orden ha hecho que se abonen casi 700.000 euros de más.

Existe otra deficiencia que se repite de años anteriores. La mayor parte de las personas que presentan el escrito de solicitud de compatibilidad lo hacen con posterioridad a que comience su actividad o incluso se llega a cobrar antes de que se autorice. Otra coincidencia de todos los centros públicos se da con determinados procesos de contratación. Existe un «inadecuado» seguimiento, control y justificación de algunas de las adjudicaciones. En este sentido, recuerdan los interventores que los centros al contar con un gran entramado de escuelas, facultades e instituciones adjudican sin la transparencia que sería deseable en un organismo de este tipo, informa Las Provincias.

Vicenç Navarro: ¿Existe la clase trabajadora?

Uno de los libros escritos en el Reino Unido que sería de desear que fuera ampliamente leído en España (al ser especialmente relevante para este país) es el excelente libro de Owen Jones Chavs. La demonización de la clase obrera. En este libro, el autor detalla cómo en la sociedad británica, caracterizada por una estratificación muy acentuada por clase social, la clase dominante que controla los mayores medios de información ha configurado una cultura que ensalza a tal clase, mientras que menosprecia y discrimina a la clase trabajadora, utilizando en su lenguaje expresiones ofensivas para definir a dicha clase. Un ejemplo es la utilización del término “chavs” para definir a miembros de tal clase, la palabra utilizada en el título del libro, que en la cultura española (incluyendo la catalana) equivaldría a definir a miembros de la clase trabajadora como miembros de la “clase baja”.

En cierta manera, la situación es incluso peor en España, pues aquí ni siquiera aparece el término de clase trabajadora. En realidad, la clase trabajadora ha desaparecido prácticamente en el discurso político, literario y mediático del país, y raramente aparece en los medios. Las series televisivas tienen como protagonistas profesionales de la clase media de renta alta (frecuentemente de la clase media profesional), que reflejan esta visión (errónea) de que la mayoría de la población es y se siente de clase media. En España el término de clase trabajadora definitivamente ha dejado de existir, de manera que en la estratificación social más utilizada en los medios (incluyendo los académicos) se distinguen tres clases: la clase alta, la clase media y la clase baja, utilizándose este último término para definir a la clase trabajadora, la cual se considera que está desapareciendo, encontrándose próxima a su extinción. Hoy incluso dirigentes de izquierdas son reacios a utilizar el término de clase trabajadora por considerarlo anticuado, y en su lugar utilizan el término clase media (o en ocasiones clase baja) para definirla.

El origen de la desaparición del discurso de clases: la Guerra Fría continúa viva en la cultura del país

El país donde se hizo este cambio de definiciones fue EEUU, en el cual, ya en los años cincuenta, se dejaron de utilizar los términos de clase capitalista, clase media y clase trabajadora, siendo sustituidos por los de clase alta, media y baja. Este cambio en la utilización del lenguaje ocurrió en los años cincuenta en plena efervescencia de la Guerra Fría, cuando se intentó barrer en toda la sociedad estadounidense cualquier elemento que sonara a socialismo o a comunismo. Lo último que quería la estructura de poder era que se conservara una conciencia de clase por parte de la clase trabajadora.

Fue en aquel periodo cuando en los centros intelectuales del país, universidades y fundaciones, y en los mayores medios, se redefinió el concepto de clase, definiéndolo por el nivel de renta del individuo, independientemente del origen de tal renta. El objetivo era evitar por todos los medios que se estableciera una conciencia de clase, ocultando o intentando evitar cualquier percepción que significara el reconocimiento de la existencia de clases sociales que pudieran estar en conflicto. En su lugar, se enfatizó el rol de los individuos en busca del “sueño americano”, según el cual todo individuo podría subir por la escala social en base al mérito y a la oportunidad. De esta manera, el lenguaje de conflicto colectivo, incluido el conflicto de clases, desaparecería, desapareciendo con ello incluso el concepto de clases.

Lo que era permisible en la narrativa y en el lenguaje dominante era agrupar a los individuos según la jerarquía social, tomando el nivel de ingresos como indicador del lugar que dichos individuos ocupaban en aquella escala. De ahí la redefinición de las clases en clase alta, clase media y clase baja, que sustituían los términos de clase capitalista, clase media y clase trabajadora, un cambio de gran importancia para enmascarar la dinámica de poder del orden capitalista. La sociedad de clases se presentaba como la sociedad de niveles de renta, siendo el más bajo el que correspondería a la que objetivamente continuaba siendo la clase trabajadora, la clase que adquiere sus rentas a base del trabajo, en una relación subordinada con la clase capitalista, mediada esta relación por la clase media, que objetivamente no era la mayoría de la población, siendo ésta la clase trabajadora.

Últimamente esta clase capitalista, que en EEUU se le llama la clase corporativa (The Corporate Class) y que incluye los propietarios y gestores del gran capital (las mayores corporaciones financieras y económicas de los distintos sectores económicos del país), ha pasado a definirse como el 1% (señalando con ello el grado de concentración tan elevado de la propiedad del capital), situándose frente a todos los demás, el 99% de la población. Esta visión del capitalismo, que movimientos sociales contestatarios, como el Occupy Wall Street, han hecho suya, tiene algo de verdad, pero no de toda la verdad, pues este 1% necesita para el sostenimiento de su dominio un sector de la población que tiene como función garantizar dicho dominio. Este sector juega un papel clave en la reproducción del sistema y está constituido por la clase media de renta alta (incluyendo la clase media profesional), que tiene intereses distintos a los de la mayoría de la población, pues su poder depende de su relación con el 1% superior. El 1% no estaría donde está sin la existencia y apoyo de este sector cuyo tamaño va del 15% al 20% de la población. Se incluyen en esta población todos los gerentes y profesionales de dirección, por ejemplo, de los medios de información, comunicación y persuasión. De ahí que el conflicto no sea solo del 1% frente al 99% restante, sino del (1+19)% frente al 80% restante.

¿Existe conciencia de clase?


Parece una paradoja que, aun cuando los medios de información casi nunca utilizan los términos y conceptos de clases sociales, estas persistan en la conciencia de la población. Así, si a la población en EEUU (y lo mismo en España) se le pide su identificación social presentando como alternativas clase alta, clase media o clase baja, la gran mayoría de la población contesta que clase media, de lo cual se deduce erróneamente que la mayoría de la población se considera clase media. Ahora bien, si la elección es entre clase alta, clase media o clase trabajadora, hay más personas en EEUU (y en España) que se definen de clase trabajadora que de clase media. En EEUU, por ejemplo, la gran mayoría (56%) de personas entre los 18 y 35 años se definen como de clase trabajadora (porcentaje que ha ido subiendo durante los años de crisis). Solo un 33% se sienten de clase media.

La gran mayoría de los que se definen como clase trabajadora apoyaron la candidatura del socialista Bernie Sanders, el candidato del Partido Demócrata que explícitamente se refirió a la clase trabajadora, utilizando dicho término para definirla. El otro candidato, este del Partido Republicano, Donald Trump, también habla a y de la clase trabajadora, y el gran empuje de estos dos candidatos en las primarias de ambos partidos ha cogido al establishment (el 20% de la población con renta superior) por sorpresa, pues ignoraba o quería ignorar que existía tal clase social y desconocía o quería desconocer la gran reducción de los estándares de vida de tal clase que ha ido ocurriendo desde que se inició la revolución (o mejor dicho, contrarrevolución) neoliberal en los años ochenta.

La proletarización de la clase media


Las nuevas generaciones, que en EEUU siempre creyeron que la educación, incluyendo la universitaria, les garantizaría un futuro mejor que el de sus padres, han visto que ello no era cierto, pues, después de haber realizado sus estudios y endeudarse hasta la médula para poder alcanzar el título y los conocimientos que creían que les garantizarían el futuro mejor, no lo han alcanzado. En realidad, los salarios para los puestos de trabajo a los que aspiran son mucho más bajos que hace treinta años. Y en muchas ocasiones ni siquiera encuentran tales trabajos, teniendo que aceptar otros trabajos muy por debajo de lo que aspiran. Esta situación ha sido incluso más marcada durante la Gran Recesión (2008-2016).

Esta es la causa de su gran enfado y su radicalidad, que explica, de nuevo, el éxito de las candidaturas de Bernie Sanders (que cogió por sorpresa al establishment del Partido Demócrata, representado por Hillary Clinton) y de Donald Trump (que también cogió por sorpresa al establishment del Partido Republicano). Hoy la estructura de poder está altamente cuestionada, pues las instituciones mal llamadas representativas han perdido su credibilidad y su legitimidad para la gran mayoría de la clase trabajadora, cuyo tamaño, objetiva y subjetivamente, ha ido aumentando.

Y esto es también lo que está ocurriendo en Francia (donde el partido con mayor apoyo electoral entre la clase trabajadora es el partido de Marine Le Pen), en el Reino Unido (donde la mayoría de la clase trabajadora apoyó el Brexit), en España (donde la mayoría de los jóvenes apoyan a Unidos Podemos), y así un largo etcétera. Créanme que la clase trabajadora, aunque no aparece en los medios, continúa existiendo. Y si no se lo creen, esperen la evolución de los acontecimientos políticos en Europa y lo verán.
De Público.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra.

Vicenç Navarro: ¿Es el crecimiento del desempleo y de la precariedad consecuencia de la revolución digital?

Hace unos días que publiqué un artículo (La falacia del futuro sin trabajo y de la revolución digital como causa del precariado, Público, 12.07.16) en el que indicaba que los datos empíricos existentes no avalan la ampliamente extendida creencia de que la revolución digital es una de las causas (sino la mayor causa) del elevado desempleo y precariedad en los mercados de trabajo de los países capitalistas más desarrollados, creencia que vaticina que en un futuro próximo casi el 50% de los puestos de trabajo existentes hoy habrán sido destruidos, creando un futuro sin trabajo. En el artículo mostré datos que no apoyaban tal creencia.

Un constructor admite ante el juez que financió ilegalmente al PP

Alfonso García-Pozuelo, exgerente de Constructora Hispánica, admitió ante el juez José de la Mata, en el marco de la instrucción del caso Gürtel, que financió ilegalmente al PP con 30.050 euros durante la campaña electoral de 2003. Además, reconoce que pagó 1,3 millones de euros a políticos populares para conseguir adjudicaciones en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. En el escrito de defensa que ha presentado ante el juez, el empresario de la construcción detalla que abonó mordidas a antiguos cargos del partido por un importe total de 1.338.485 euros. A cambio, el constructor conseguía adjudicaciones en Boardilla del Monte, uno de los municipios centrales en la trama de corrupción.

Entre los beneficiarios de esas prebendas están el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, el exdiputado regional del PP Alfonso Bosch, el exconcejal popular Gerardo Galeote y el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla. El empresario también confirma en el escrito otras acusaciones de la Fiscalía: el pago de 30.050 euros al PP durante la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003. García-Pozuelo admite de esta manera que financió ilegalmente al partido.

García-Pozuelo busca con este escrito una reducción de la condena, porque añade, tras confirmar esos hechos, que está "arrepentido" de haberlos cometido y recuerda que ya ha pagado la multa que se le impuso como medida cautelar, y que alcanzaba los 670.000 euros. El constructor, que aparece en los papeles de Bárcenas como donante de 234.122 euros a la caja B del PP, se negó a declarar cuando comenzó la instrucción del caso de las donaciones ilegales. Sin embargo, con el avance de las investigaciones García-Pozuelo cambió de estrategia. En mayo del año pasado, en otro escrito de defensa dirigido al juez Pablo Ruz admitió que reconoció que había pagado comisiones a cambio de adjudicaciones, en este caso en la localidad de Pozuelo de Alarcón, informa eldiario.es.

La jueza procesa al PP por destruir los ordenadores de Bárcenas

El PP está a solo un paso de tener que sentarse en el banquillo de los acusados por uno de los tentáculos del 'caso Bárcenas'. La titular de juzgado de instrucción número 32 de Madrid ha procesado al partido de Mariano Rajoy por la presunta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero de la formación en la sede nacional. Lo ha hecho en un auto por el cual se declara concluida la instrucción y se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado, mediante el cual también propone juzgar a la tesorera y gerente, Carmen Navarro; al asesor jurídico, Alberto Durán; y al director del sistema de información del partido, José Manuel Moreno. A todos les imputa los mismos delitos que al PP.

Asaltan la casa del Fiscal Anticorrupción de Murcia


Unos desconocidos, al menos dos personas, asaltaron hace unos días el domicilio del Fiscal Anticorrupción y sólo sustrajeron su ordenador personal, en el que guarda la documentación íntegra de todos los casos de corrupción íntegra que coordina y de los que se encuentran en un estado de investigación inicial. La mayoría de estos casos salpican a cargos y políticos del Partido Popular. Además, los ladrones se llevaron las claves (PIN y PUK) del teléfono móvil de Juan Pablo Lozano.

El TC confirma la condena a Tasio Erkizia por un acto de recuerdo a ‘Argala’ en 2008

El Tribunal Constitucional del fascismo español ha ratificado la condena de un año de cárcel y siete de inhabilitación contra Tasio Erkizia por su participación en un acto de recuerdo a José Miguel Beñaran ‘Argala’ en 2008. Los magistrados argumentan que el acto fue «una manifestación del conocido como discurso del odio», obviando que ‘Argala’, además de miembro de ETA, fue víctima de la guerra sucia del Estado. Un juez ha emitido un voto particular. El TC de la dictadura no admite el recurso interpuesto por Tasio Erkizia contra su condena a un año de cárcel y siete de inhabilitación impuesta por la Audiencia Nacional por su participación en un acto de recuerdo a José Miguel Beñaran «Argala» en el 30 aniversario de su muerte en un atentado reivindicado por el Batallón Vasco Español (BVE). Los magistrados del Alto Tribunal no toman en consideración el carácter de víctima de la violencia terrorista del Estado de ‘Argala’, sino que consideran que su recuerdo puede inscribirse en el «discurso del odio».

La sentencia considera que no se vulneró el derecho de Erkizia a la libertad de expresión. Argumenta que en su discurso, el militante independentista abogó por «el camino más idóneo, el camino que más daño le haga al Estado que conduzca a este pueblo a un nuevo escenario democrático», lo que es interpretado como una «instigación a la violencia» ya que, en su opinión, estas acciones «crean un determinado caldo de cultivo, una atmósfera o ambiente social proclive a acciones terroristas, antesala del delito mismo». De hecho, la sentencia llega a calificar las palabras de Erkizia de expresión de «nacionalismo agresivo» con «inequívoca presencia de hostilidad hacia otros individuos».

Para justificar la condena, el TC franquista se escuda en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se asegura que la libertad de expresión «no es ilimitada» y que la limitación puede estar justificada cuando se perciba «un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito». En su voto particular, el ponente, Juan Antonio Xiol, cree que la condena «no era necesaria ni proporcionada desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión» y aboga por estimar el recurso de Erkizia, informa Naiz.

dimecres, 27 de juliol de 2016

Els lletrats del Parlament alerten de les "implicacions" de la 'desconnexió'

Els lletrats del Parlament han fet arribar a la presidenta, Carme Forcadell un escrit, al que ha tingut accés e-notícies, en el que remarcaven abans de la votació de l’inici de la ‘desconnexió’ que “abans de prendre cap decisió sobre l’ampliació de l’ordre el dia, cal que el Parlament tingui coneixement del significat i les implicacions” de la interlocutòria del Tribunal Constitucional. El tribunal, en efecte, remarcava que “és la pròpia cambra autonòmica a la que li correspon vetllar perquè la seva actuació es desenvolupi en el marc de la Constitució” alhora que també recordava que “tots els poders públics estan obligats al compliment del que el Tribunal Constitucional resolgui”.

La interlocutòria del TC del passat 19 de juliol deixava clar que no era “constitucionalment admissible” que el Parlament obris un procés destinat a la creació “de la futura Constitució catalana i d’un estat català independent”. L’alt tribunal també recordava a la Mesa del Parlament del seu deure “d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir” aquests manaments. Els lletrats, que són funcionaris, podrien ser inhabilitats en cas de no fer-ho.

Diversos portaveus contraris a la independència han demanat a Carme Forcadell que, a més de la interlocutòria del TC donés a llegir abans de la votació l’informe dels lletrats, però Forcadell ho ha rebutjat. En sortir, e-notícies ha presenciat com la secretària general d’ERC, Marta Rovira, mostrava el seu disgust al secretari general del Parlament, Pere Sol, considerat proper a Esquerra, informa é-notícies.

72 vots a favor i 11 en contra: el parlament obre la via unilateral cap a l'independència


El Parlament de Catalunya ha aprovat les conclusions de la comissió del procés constituent, malgrat les amenaces del Tribunal Constitucional. El resultat de la votació ha estat de 72 vots a favor i 11 en contra. El PSC no ha participat en la votació i el PP i Ciutadans han abandonat el parlament. El debat i aprovació s’ha pogut fer després d’una forta pugna entre els grups per la inclusió a l’ordre del dia. Amb aquesta votació, el parlament aprova un ‘mecanisme unilateral d’exercici democràtic que servirà per activar la convocatòria de l’Assemblea Constituent’.

Asaltan la casa del Fiscal Anticorrupción de Murcia

Unos desconocidos, al menos dos personas, asaltaron hace unos días el domicilio del Fiscal Anticorrupción y sólo sustrajeron su ordenador personal, en el que guarda la documentación íntegra de todos los casos de corrupción que coordina y de los que se encuentran en un estado de investigación inicial. La mayoría de estos casos salpican a cargos y políticos del Partido Popular. Además, los ladrones se llevaron las claves (PIN y PUK) del teléfono móvil de Juan Pablo Lozano. Foto: El Fiscal Anticorrupción, a la izquierda, conversa con un juez en Murcia.

Este fiscal viene impulsando desde hace años la acusación pública en algunas de las causas de corrupción más relevantes de la Región de Murcia. Una de ellas es el ‘caso Novo Carthago’, que investiga una supuesta trama de corrupción instalada en el antiguo gobierno ‘popular’ de Ramón Luis Valcárcel, en la que están ya imputados algunos de los familiares del expresidente regional y tres de sus exconsejeros: Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués. El asunto incluso podría acabar con Valcárcel imputado.

Otro asunto es el caso ‘Umbra’, en el que están ya procesados el exalcalde ‘popular’ de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y su exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena, informa informa La Verdad.

Valencia: Agrede con hacha y cuchillo a un hombre en la calle por una deuda de 10 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito de Patraix a un hombre de 41 años, de origen español, como presunto autor de los delitos de amenazas graves y contra la salud pública, tras reclamarle a un vecino un dinero y ante la negativa golpearle y minutos después regresar con un hacha y un cuchillo, no consiguiendo su propósito ya que en el lugar se encontraba la policía. Los agentes han intervenido un cuchillo de unos 36 centímetros y un hacha de unos 20 centímetros. Los hechos ocurrieron cuando los agentes que realizaban labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091 de que se estaba produciendo una pelea entre dos hombres en una calle del distrito de Patraix, en Valencia.

Inmediatamente, los policías se dirigieron al lugar donde observaron a varias personas, así como averiguaron que momentos antes una de ellas había mantenido una fuerte discusión con un vecino que al parecer le exigía que le pagase 10 euros por la compra de unas dosis de diazepanes y ante la negativa de darle el dinero comenzó a golpearle, propinándole puñetazos en la boca y patadas en la rodilla, por lo que pidió auxilio.

Varios familiares de la víctima bajaron a socorrerle, momento en que el sospechoso se marchó, manifestándoles que no se moviesen que enseguida volvería. Mientras los agentes se encontraban en el lugar de los hechos, observaron como se aproximaba hacia ellos un hombre que empuñaba en una mano un cuchillo de grandes dimensiones y en la otra un objeto contundente que parecía un hacha, por lo que los policías se identificaron al mismo tiempo que le daban el alto policía, haciendo caso omiso.

Tras varias negativas a las instrucciones de los actuantes, el sospechoso lanza el hacha al suelo y baja el cuchillo, que uno de los policías le arrebató, así como tras realizar diversas comprobaciones lo detuvieron como presunto autor de los delitos de amenazas graves y contra la salud pública. El ahora detenido tanto cuando era conducido al hospital como a dependencias policiales, trató de autolesionarse así como propinó patadas al vehículo policial. El detenido, con numerosos antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial, informa Las Provincias.